Carla Yaneth Hervert Izaguirre
Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carla Yaneth Hervert Izaguirre
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de veintisiete de mayo del año en curso que dice:"Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la peticionaria del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Por otra parte, toda vez que se encuentra un documento original que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el documento correrá la misma suerte que este expediente. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. Se precisa que el horario de atención para diligencias que ameritan ingreso al juzgado comprende de las ocho horas con treinta minutos a las quince horas. Por ello, se puntualiza que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario ya precisado. Notifíquese y personalmente."
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la peticionaria del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Por otra parte, toda vez que se encuentra un documento original que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el documento correrá la misma suerte que este expediente. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. Se precisa que el horario de atención para diligencias que ameritan ingreso al juzgado comprende de las ocho horas con treinta minutos a las quince horas. Por ello, se puntualiza que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario ya precisado. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil veintidós IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por Carla Yanet Hervert Izaguirre, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 constitucionales, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 381/2022-I-D y atento a su contenido se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsable al Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, así como a la notificadora adscrita al citado juzgado, y como acto reclamado la omisión o falta de notificación personal o emplazamiento a juicio dentro del expediente 764/2020 respecto de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, promovido por Citlali Campos Pérez, en representación de la persona moral Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple en contra de la quejosa, en la que aduce se promovió confesión judicial; así como ilegal diligencia efectuada a las doce horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil veinte, en la cual refiere se le pretendió notificar, además de una cédula de esa misma hora y fecha. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se recibe por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con la fracción I de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo, en los cuales se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como actos de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. De lo que resulta claro que la omisión o falta de notificación personal o emplazamiento a juicio dentro del expediente 764/2020 respecto de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, promovido por Citlali Campos Pérez, en representación de la persona moral Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de la aquí quejosa, en la que aduce se promovió confesión judicial; así como la ilegal diligencia efectuada a las doce horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil veinte, en la cual refiere se le pretendió notificar, además de una cédula de esa misma hora y fecha, no constituyen actos de ejecución irreparable por las razones expuestas en párrafos que anteceden. Lo anterior es así, al tomar en consideración la narrativa de los antecedentes del acto reclamado y que bajo protesta de decir verdad la quejosa adujo que tuvo conocimiento del acto reclamado el once de abril de dos mil veintidós, en virtud de que Josefa Izaguirre Mendieta, se constituyó en su domicilio particular, quien le dijo que unas personas la andaban buscando y le entregaron unos papeles para que se los diera; los cuales le entregó consistentes en unas copias fotostáticas en las que refiere se encuentra demandada en la vía ejecutiva mercantil con expediente número 343/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra, enterándose en ese momento que los documentos fundatorios de la acción del citado juicio ejecutivo mercantil, consistían en una supuesta confesión judicial decretada en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil tramitados mediante expediente 764/2020, promovido en su contra por la citada actora y ante el juzgado referido. De lo que se colige que el acto reclamado dejó de ser un acto dictado fuera de juicio, para convertirse en uno diverso dentro del juicio 343/2021, pues como lo dijo la disidente del amparo, constituyó el documento fundatorio de la acción del juicio ejecutivo mercantil; por ende, podrá combatir dichos medios preparatorios por las irregularidades que llegaren a presentar dentro del expediente que ahora, en este caso es el 343/2021, los cuales deberán ser tomados en consideración por el órgano judicial que conozca del juicio correspondiente, irregularidades que en caso de existir podrían originar que la sentencia definitiva que se dictara fuera favorable a sus intereses, y en caso que se dictara una sentencia en su contra, podrá agotar los recursos previstos por la ley procesal civil e incluso su impugnación en juicio de amparo directo como violación procesal. Es aplicable a lo anterior, lo dispuesto por la tesis I.11o.C.36 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2147, del tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165512 cuyo rubro y texto son los siguientes: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS, SI LA DEMANDA DE AMPARO SE PRESENTA CUANDO YA SE HA INICIADO EL JUICIO PRINCIPAL, DEBIÉNDOSE IMPUGNAR, EN SU CASO, EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 23/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 21, de rubro: 'MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS.', es procedente el juicio de amparo biinstancial contra la falta de emplazamiento a los medios preparatorios por considerarse como un acto dictado fuera de juicio; sin embargo, tal jurisprudencia se refiere al caso en que el afectado tenga conocimiento del mismo antes de que inicie el juicio principal que se pretende preparar, pero aquélla no resulta aplicable cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, porque en este supuesto deberá hacer valer las excepciones y defensas que procedan para combatirlo, tal y como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 131/2003-PS, en sesión de dos de junio de dos mil cuatro; en consecuencia, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la falta o ilegal emplazamiento a los medios preparatorios y el quejoso aduce que tuvo conocimiento de él a virtud del llamamiento al juicio principal iniciado con base en tales medios, ya no tiene aplicación la jurisprudencia en comento, pues el acto reclamado deja de ser un acto dictado fuera de juicio, para convertirse en un acto dentro de juicio, y por ende, para la procedencia del juicio constitucional debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues cuando se allegan dichos medios preparatorios al juicio principal, ya integran el acervo probatorio de la parte actora, debiéndose impugnar a través de las excepciones y defensas correspondientes; procediendo su impugnación en juicio de amparo directo como violación procesal, dado que ese emplazamiento no es de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, ni en grado predominante y superior las defensas del quejoso." En ese sentido, el acto reclamado que se tilda de inconstitucionalidad no es de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, y bien puede ocurrir que el quejoso obtenga sentencia favorable en el juicio ejecutivo mercantil 343/2021, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con los actos que reclama a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, quedando de manifiesto que el ilegal emplazamiento a los medios preparatorios no le causan un daño irreparable. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 2179, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 2531, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCION QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramita en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con la fracción I del numeral en cita, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, al licenciado Nemuel Castillo Antonio y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Hilario Cruz Ramírez y Griselda Martínez Santiago, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de nueve de mayo del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por Carla Yanet Hervert Izaguirre, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 constitucionales, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 381/2022-I-D y atento a su contenido se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsable al Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, así como a la notificadora adscrita al citado juzgado, y como acto reclamado la omisión o falta de notificación personal o emplazamiento a juicio dentro del expediente 764/2020 respecto de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, promovido por Citlali Campos Pérez, en representación de la persona moral Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple en contra de la quejosa, en la que aduce se promovió confesión judicial; así como ilegal diligencia efectuada a las doce horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil veinte, en la cual refiere se le pretendió notificar, además de una cédula de esa misma hora y fecha. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se recibe por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con la fracción I de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo, en los cuales se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como actos de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. De lo que resulta claro que la omisión o falta de notificación personal o emplazamiento a juicio dentro del expediente 764/2020 respecto de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, promovido por Citlali Campos Pérez, en representación de la persona moral Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en contra de la aquí quejosa, en la que aduce se promovió confesión judicial; así como la ilegal diligencia efectuada a las doce horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil veinte, en la cual refiere se le pretendió notificar, además de una cédula de esa misma hora y fecha, no constituyen actos de ejecución irreparable por las razones expuestas en párrafos que anteceden. Lo anterior es así, al tomar en consideración la narrativa de los antecedentes del acto reclamado y que bajo protesta de decir verdad la quejosa adujo que tuvo conocimiento del acto reclamado el once de abril de dos mil veintidós, en virtud de que Josefa Izaguirre Mendieta, se constituyó en su domicilio particular, quien le dijo que unas personas la andaban buscando y le entregaron unos papeles para que se los diera; los cuales le entregó consistentes en unas copias fotostáticas en las que refiere se encuentra demandada en la vía ejecutiva mercantil con expediente número 343/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra, enterándose en ese momento que los documentos fundatorios de la acción del citado juicio ejecutivo mercantil, consistían en una supuesta confesión judicial decretada en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil tramitados mediante expediente 764/2020, promovido en su contra por la citada actora y ante el juzgado referido. De lo que se colige que el acto reclamado dejó de ser un acto dictado fuera de juicio, para convertirse en uno diverso dentro del juicio 343/2021, pues como lo dijo la disidente del amparo, constituyó el documento fundatorio de la acción del juicio ejecutivo mercantil; por ende, podrá combatir dichos medios preparatorios por las irregularidades que llegaren a presentar dentro del expediente que ahora, en este caso es el 343/2021, los cuales deberán ser tomados en consideración por el órgano judicial que conozca del juicio correspondiente, irregularidades que en caso de existir podrían originar que la sentencia definitiva que se dictara fuera favorable a sus intereses, y en caso que se dictara una sentencia en su contra, podrá agotar los recursos previstos por la ley procesal civil e incluso su impugnación en juicio de amparo directo como violación procesal. Es aplicable a lo anterior, lo dispuesto por la tesis I.11o.C.36 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2147, del tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165512 cuyo rubro y texto son los siguientes: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS, SI LA DEMANDA DE AMPARO SE PRESENTA CUANDO YA SE HA INICIADO EL JUICIO PRINCIPAL, DEBIÉNDOSE IMPUGNAR, EN SU CASO, EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 23/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 21, de rubro: 'MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS.', es procedente el juicio de amparo biinstancial contra la falta de emplazamiento a los medios preparatorios por considerarse como un acto dictado fuera de juicio; sin embargo, tal jurisprudencia se refiere al caso en que el afectado tenga conocimiento del mismo antes de que inicie el juicio principal que se pretende preparar, pero aquélla no resulta aplicable cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, porque en este supuesto deberá hacer valer las excepciones y defensas que procedan para combatirlo, tal y como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 131/2003-PS, en sesión de dos de junio de dos mil cuatro; en consecuencia, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la falta o ilegal emplazamiento a los medios preparatorios y el quejoso aduce que tuvo conocimiento de él a virtud del llamamiento al juicio principal iniciado con base en tales medios, ya no tiene aplicación la jurisprudencia en comento, pues el acto reclamado deja de ser un acto dictado fuera de juicio, para convertirse en un acto dentro de juicio, y por ende, para la procedencia del juicio constitucional debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues cuando se allegan dichos medios preparatorios al juicio principal, ya integran el acervo probatorio de la parte actora, debiéndose impugnar a través de las excepciones y defensas correspondientes; procediendo su impugnación en juicio de amparo directo como violación procesal, dado que ese emplazamiento no es de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, ni en grado predominante y superior las defensas del quejoso." En ese sentido, el acto reclamado que se tilda de inconstitucionalidad no es de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, y bien puede ocurrir que el quejoso obtenga sentencia favorable en el juicio ejecutivo mercantil 343/2021, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con los actos que reclama a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, quedando de manifiesto que el ilegal emplazamiento a los medios preparatorios no le causan un daño irreparable. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 2179, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 2531, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCION QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramita en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con la fracción I del numeral en cita, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, al licenciado Nemuel Castillo Antonio y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Hilario Cruz Ramírez y Griselda Martínez Santiago, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente."
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