Carla Teresa Azuara Ramírez

Expediente 648/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 30 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
648/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Carla Teresa Azuara Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual devuelve el cuaderno original del juicio de amparo 648/2020 del índice de este juzgado, anexando a su vez el testimonio de la ejecutoria dictada en la inconformidad 39/2022, de su índice, se advierte que el citado Tribunal declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído en que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, acúsese recibo, agréguese a los autos originales el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del expediente citado, glosando únicamente aquellas constancias que sean originales e indispensables, a fin de mantener un mejor manejo del expediente en que se actúa, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del juicio de amparo en el que se actúa y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias allegadas por la autoridad responsable en cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, misma que se tuvo por desahogada en auto de dieciocho de los cursantes, por lo que se procede a analizar si, sobre constancias, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1. El acto reclamado respecto del cual se concedió el amparo en el juicio, fue: ? El oficio número SSP/DGTE/DJ/3781/2020, de veintisiete de octubre de dos mil veinte, signado por el Delegado Jurídico de la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, mediante el cual dio respuesta a la petición realizada por la quejosa en la que negó la expedición de la licencia permanente tipo "C". 2. Por sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en lo que interesa, se sobreseyó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, respecto del acto anteriormente citado. 3. Inconforme con dicha resolución, por escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. 4. Por resolución de catorce de julio de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 27/2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, revocó la sentencia dictada en autos y, en lo que interesa, concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: a) Dejara insubsistente el oficio número SSP/DGTE/DJ/3781/2020, de veintisiete de octubre de dos mil veinte, signado por el Delegado Jurídico de la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. b) Emitiera otro en el que, con libertad de jurisdicción, diera respuesta al escrito de catorce de octubre de dos mil veinte, en el cual la quejosa solicitó se le expidiera una licencia permanente de automovilista tipo "C" para conducir automóviles de servicio particular, debiendo fundar su decisión en la legislación vigente en dicha data. 5. Por lo que, por auto de dos de agosto de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, mismo que se calificó como incumplido el veinticuatro de agosto siguiente, requiriéndose nuevamente a la responsable para tal efecto. 6. En ese sentido, en virtud de la imposibilidad manifestada por la responsable para dar cumplimiento a la sentencia emitida, mediante proveído de uno de septiembre del actual, se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, a fin que diera trámite al incidente de inejecución de sentencia relativo, mismo que fue desechado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 7. Por lo cual, atendiendo a lo indicado por el órgano revisor, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional analizó la imposibilidad jurídica que el Director General de Trasporte del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dijo tener para dar cumplimiento a la sentencia amparadora en este asunto, determinándose que no se actualizaba la misma y, en consecuencia, se requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. 8. Así, mediante acuerdo de diez de octubre del actual, se tuvo al Director General de Transporte del Estado, remitiendo las constancias con las que refirió dar total cumplimiento a la ejecutoria que ocupa, por lo que se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, vista que se tuvo por desahogada en auto de dieciocho de los cursantes. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a verificar si, contra constancias, la ejecutoria de amparo está cumplida. En ese sentido, se tiene que, mediante oficio SSP/DGTE/DJ0488/2022 de seis de octubre de dos mil veintidós, el Director General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad, en principio, estableció que mediante diverso SSP/DGTE/DJ/0362/2022, había dejado sin efectos el contenido del oficio SSP/DGTE/DJ/3781/2020 de veintisiete de octubre de dos mil veinte. Y, posteriormente, dio respuesta a la solicitud presentada por la quejosa ante dicha autoridad el catorce de octubre de dos mil veinte, por el que solicitó la expedición de una licencia permanente de automovilista, tipo C para conducir automóviles de servicio particular, refiriendo dicha autoridad que no se encontraba en posibilidad de proceder en dicho sentido. Lo anterior, en virtud de sostener que, del análisis de lo dispuesto por los artículos 56 a 64 de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, vigente al momento de la presentación de la solicitud aludida, no se advertía que dichas porciones normativas establecieran la posibilidad de expedir una licencia de conducir con el carácter de permanente; por lo que, al no proveerse así, de hacerlo, excedería de las facultades que tenía conferidas. Asimismo, indicó que si bien el artículo 15, inciso D, fracción III y segundo transitorio del Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz, estableció un cobro de derechos por el concepto de "Expedición de licencia permanente de automovilista, tipo C para conducir automóviles y motocicletas de servicio particular, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, previo examen médico y pericial.", lo cierto era que la propia Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial no preveía la expedición de dicha licencia en esos términos. Y aseveró que, en atención a que las normas contenidas en el referido Código de Derechos, únicamente tenían por objeto regular las disposiciones emanadas de la Ley y, ni en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial ni en alguna otra diversa, se preveía la expedición de la licencia de conducir en los términos que se peticionaba, atento al principio de jerarquía normativa, que implica que una norma de rango inferior no podía contradecir ni vulnerar lo que establece una de rango superior, no era posible la expedición de la licencia permanente solicitada. Ahora bien, como se obtiene de lo descrito en líneas precedentes, en el oficio sometido a análisis, la autoridad responsable, previa insubsistencia del diverso combatido por la parte quejosa, dio contestación, con libertad de jurisdicción, a la solicitud efectuada por ésta mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, fundando su decisión únicamente en la legislación vigente en esa data. Es decir, como lo ordenó el órgano revisor, la autoridad responsable únicamente sustentó y consideró lo establecido por el artículo 15, inciso D), fracción III, del Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz, en su reforma publicada en la Gaceta Oficial del Estado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte y los diversos 56 a 64 de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz para la emisión de su respuesta. Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable acató los lineamientos establecidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa al momento de desahogar la vista otorgada, en el sentido de que la autoridad responsable incurrió en un cumplimiento defectuoso, al no aplicar en su favor el contenido del artículo 15, inciso D), fracción III, del Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz y al citar de forma dogmática los diversos 56 a 64 de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, desconociendo el contenido que en su conjunto formulan. Refiriendo que dicha autoridad sólo contaba con libertad de jurisdicción respecto de las consecuencias jurídicas de la aplicación de los preceptos legales anteriormente citados, es decir, que en la sentencia amparadora no se autorizó a la responsable a inaplicar tales artículos. Por lo que, indica, la concesión del amparo no podía quedar en la simple exigencia de una respuesta, sino que ésta debía ser emitida de forma fundada, motivada y congruente, aplicando la legislación vigente al momento de la presentación de la solicitud, en su favor. Pues se estima que la responsable efectuó lo que, en acatamiento de la sentencia amparadora, estaba obligada a realizar; esto es, emitir una respuesta fundamentada en la legislación aplicable y resolver lo concerniente a la petición formulada con libertad de jurisdicción. En razón que en la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, el tribunal amparador indicó que la respuesta que otorgara el Director General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad, a la petición formulada por la aquí quejosa, debía ser sustentada en las normas jurídicas vigentes en ese momento, siendo aplicables el artículo 15, inciso D), fracción III, del Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz y los diversos 56 a 64 de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz. Sin que en parte alguna de la resolución que amparó a la quejosa, se determinara que el contenido de dichas disposiciones debían interpretarse y aplicarse en favor de su solicitud. Por el contrario, de la sentencia protectora, se advierte de forma clara que el Tribunal Colegiado amparó a la quejosa, únicamente, debido a que, en el oficio que constituyó el acto reclamado, la autoridad responsable fundamentó el sentido de su respuesta en legislación que no se encontraba vigente en esa temporalidad. Sin que el tribunal revisor analizara el sentido de la respuesta otorgada por el Director General de Transporte del Estado; pues incluso, precisó, que en atención a que la contestación realizada se fundó en normas derogadas, se dejaba en estado de indefensión a la peticionaria del amparo, toda vez que no estuvo en posibilidad de controvertir los razonamientos que pudieron haber sustentado lo determinado por dicha autoridad. Por lo que, ante tal circunstancia, no se encontraba en condiciones de examinar el fondo del asunto, al ser deber de la responsable agotar su jurisdicción y subsanar las deficiencias formales; pues, de lo contrario, se substituiría en su competencia. De lo que se obtiene que, contrario a lo sostenido por la quejosa, la libertad de jurisdicción que se otorgó a la autoridad responsable para responder su petición fue en relación con la interpretación y aplicación de la legislación vigente, así como con el sentido de la respuesta. Por lo cual, no es factible exigir a la autoridad que aplique el contenido de las disposiciones legales relativas, en beneficio de la quejosa, como se pretende, ni interpretar que, al ser desfavorable la contestación brindada a los intereses de ésta, la autoridad "inaplicara" tales dispositivos, contraviniendo lo dispuesto en la sentencia amparadora y, en consecuencia, calificar como defectuoso su cumplimiento. Entonces, bajo los razonamientos expuestos y al tener en cuenta que la respuesta otorgada por la autoridad responsable se emitió con base en las disposiciones legales aplicables que la sentencia amparadora puntualizó, aunque con libertad de jurisdicción, lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en este asunto. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la legalidad y/o constitucionalidad de lo decidido por la autoridad responsable al acatar la sentencia protectora, ya que al otorgarse libertad de jurisdicción, no es factible analizarlo en el fondo. En ese sentido, dese vista a la parte quejosa con esta resolución e infórmesele que cuenta con el término de quince días, legalmente computado, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del juicio de amparo en el que se actúa y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias allegadas por la autoridad responsable en cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, misma que se tuvo por desahogada en auto de dieciocho de los cursantes, por lo que se procede a analizar si, sobre constancias, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1. El acto reclamado respecto del cual se concedió el amparo en el juicio, fue: ? El oficio número SSP/DGTE/DJ/3781/2020, de veintisiete de octubre de dos mil veinte, signado por el Delegado Jurídico de la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, mediante el cual dio respuesta a la petición realizada por la quejosa en la que negó la expedición de la licencia permanente tipo "C". 2. Por sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en lo que interesa, se sobreseyó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, respecto del acto anteriormente citado. 3. Inconforme con dicha resolución, por escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. 4. Por resolución de catorce de julio de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 27/2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, revocó la sentencia dictada en autos y, en lo que interesa, concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: a) Dejara insubsistente el oficio número SSP/DGTE/DJ/3781/2020, de veintisiete de octubre de dos mil veinte, signado por el Delegado Jurídico de la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. b) Emitiera otro en el que, con libertad de jurisdicción, diera respuesta al escrito de catorce de octubre de dos mil veinte, en el cual la quejosa solicitó se le expidiera una licencia permanente de automovilista tipo "C" para conducir automóviles de servicio particular, debiendo fundar su decisión en la legislación vigente en dicha data. 5. Por lo que, por auto de dos de agosto de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, mismo que se calificó como incumplido el veinticuatro de agosto siguiente, requiriéndose nuevamente a la responsable para tal efecto. 6. En ese sentido, en virtud de la imposibilidad manifestada por la responsable para dar cumplimiento a la sentencia emitida, mediante proveído de uno de septiembre del actual, se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, a fin que diera trámite al incidente de inejecución de sentencia relativo, mismo que fue desechado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 7. Por lo cual, atendiendo a lo indicado por el órgano revisor, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional analizó la imposibilidad jurídica que el Director General de Trasporte del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dijo tener para dar cumplimiento a la sentencia amparadora en este asunto, determinándose que no se actualizaba la misma y, en consecuencia, se requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto. 8. Así, mediante acuerdo de diez de octubre del actual, se tuvo al Director General de Transporte del Estado, remitiendo las constancias con las que refirió dar total cumplimiento a la ejecutoria que ocupa, por lo que se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, vista que se tuvo por desahogada en auto de dieciocho de los cursantes. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a verificar si, contra constancias, la ejecutoria de amparo está cumplida. En ese sentido, se tiene que, mediante oficio SSP/DGTE/DJ0488/2022 de seis de octubre de dos mil veintidós, el Director General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad, en principio, estableció que mediante diverso SSP/DGTE/DJ/0362/2022, había dejado sin efectos el contenido del oficio SSP/DGTE/DJ/3781/2020 de veintisiete de octubre de dos mil veinte. Y, posteriormente, dio respuesta a la solicitud presentada por la quejosa ante dicha autoridad el catorce de octubre de dos mil veinte, por el que solicitó la expedición de una licencia permanente de automovilista, tipo C para conducir automóviles de servicio particular, refiriendo dicha autoridad que no se encontraba en posibilidad de proceder en dicho sentido. Lo anterior, en virtud de sostener que, del análisis de lo dispuesto por los artículos 56 a 64 de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, vigente al momento de la presentación de la solicitud aludida, no se advertía que dichas porciones normativas establecieran la posibilidad de expedir una licencia de conducir con el carácter de permanente; por lo que, al no proveerse así, de hacerlo, excedería de las facultades que tenía conferidas. Asimismo, indicó que si bien el artículo 15, inciso D, fracción III y segundo transitorio del Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz, estableció un cobro de derechos por el concepto de "Expedición de licencia permanente de automovilista, tipo C para conducir automóviles y motocicletas de servicio particular, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, previo examen médico y pericial.", lo cierto era que la propia Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial no preveía la expedición de dicha licencia en esos términos. Y aseveró que, en atención a que las normas contenidas en el referido Código de Derechos, únicamente tenían por objeto regular las disposiciones emanadas de la Ley y, ni en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial ni en alguna otra diversa, se preveía la expedición de la licencia de conducir en los términos que se peticionaba, atento al principio de jerarquía normativa, que implica que una norma de rango inferior no podía contradecir ni vulnerar lo que establece una de rango superior, no era posible la expedición de la licencia permanente solicitada. Ahora bien, como se obtiene de lo descrito en líneas precedentes, en el oficio sometido a análisis, la autoridad responsable, previa insubsistencia del diverso combatido por la parte quejosa, dio contestación, con libertad de jurisdicción, a la solicitud efectuada por ésta mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, fundando su decisión únicamente en la legislación vigente en esa data. Es decir, como lo ordenó el órgano revisor, la autoridad responsable únicamente sustentó y consideró lo establecido por el artículo 15, inciso D), fracción III, del Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz, en su reforma publicada en la Gaceta Oficial del Estado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte y los diversos 56 a 64 de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz para la emisión de su respuesta. Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable acató los lineamientos establecidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa al momento de desahogar la vista otorgada, en el sentido de que la autoridad responsable incurrió en un cumplimiento defectuoso, al no aplicar en su favor el contenido del artículo 15, inciso D), fracción III, del Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz y al citar de forma dogmática los diversos 56 a 64 de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, desconociendo el contenido que en su conjunto formulan. Refiriendo que dicha autoridad sólo contaba con libertad de jurisdicción respecto de las consecuencias jurídicas de la aplicación de los preceptos legales anteriormente citados, es decir, que en la sentencia amparadora no se autorizó a la responsable a inaplicar tales artículos. Por lo que, indica, la concesión del amparo no podía quedar en la simple exigencia de una respuesta, sino que ésta debía ser emitida de forma fundada, motivada y congruente, aplicando la legislación vigente al momento de la presentación de la solicitud, en su favor. Pues se estima que la responsable efectuó lo que, en acatamiento de la sentencia amparadora, estaba obligada a realizar; esto es, emitir una respuesta fundamentada en la legislación aplicable y resolver lo concerniente a la petición formulada con libertad de jurisdicción. En razón que en la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, el tribunal amparador indicó que la respuesta que otorgara el Director General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad, a la petición formulada por la aquí quejosa, debía ser sustentada en las normas jurídicas vigentes en ese momento, siendo aplicables el artículo 15, inciso D), fracción III, del Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz y los diversos 56 a 64 de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz. Sin que en parte alguna de la resolución que amparó a la quejosa, se determinara que el contenido de dichas disposiciones debían interpretarse y aplicarse en favor de su solicitud. Por el contrario, de la sentencia protectora, se advierte de forma clara que el Tribunal Colegiado amparó a la quejosa, únicamente, debido a que, en el oficio que constituyó el acto reclamado, la autoridad responsable fundamentó el sentido de su respuesta en legislación que no se encontraba vigente en esa temporalidad. Sin que el tribunal revisor analizara el sentido de la respuesta otorgada por el Director General de Transporte del Estado; pues incluso, precisó, que en atención a que la contestación realizada se fundó en normas derogadas, se dejaba en estado de indefensión a la peticionaria del amparo, toda vez que no estuvo en posibilidad de controvertir los razonamientos que pudieron haber sustentado lo determinado por dicha autoridad. Por lo que, ante tal circunstancia, no se encontraba en condiciones de examinar el fondo del asunto, al ser deber de la responsable agotar su jurisdicción y subsanar las deficiencias formales; pues, de lo contrario, se substituiría en su competencia. De lo que se obtiene que, contrario a lo sostenido por la quejosa, la libertad de jurisdicción que se otorgó a la autoridad responsable para responder su petición fue en relación con la interpretación y aplicación de la legislación vigente, así como con el sentido de la respuesta. Por lo cual, no es factible exigir a la autoridad que aplique el contenido de las disposiciones legales relativas, en beneficio de la quejosa, como se pretende, ni interpretar que, al ser desfavorable la contestación brindada a los intereses de ésta, la autoridad "inaplicara" tales dispositivos, contraviniendo lo dispuesto en la sentencia amparadora y, en consecuencia, calificar como defectuoso su cumplimiento. Entonces, bajo los razonamientos expuestos y al tener en cuenta que la respuesta otorgada por la autoridad responsable se emitió con base en las disposiciones legales aplicables que la sentencia amparadora puntualizó, aunque con libertad de jurisdicción, lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en este asunto. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la legalidad y/o constitucionalidad de lo decidido por la autoridad responsable al acatar la sentencia protectora, ya que al otorgarse libertad de jurisdicción, no es factible analizarlo en el fondo. En ese sentido, dese vista a la parte quejosa con esta resolución e infórmesele que cuenta con el término de quince días, legalmente computado, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda."

  4. Principal

    Xalapa, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en autos relativa al cumplimiento otorgado por la autoridad responsable al fallo protector emitido en este asunto; por tanto, tómense en cuenta las manifestaciones que efectúa al momento de resolver lo conducente. Notifíquese como corresponda.

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