Carla Priscila Real Rodriguez
Expediente 1268/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/12/2023
Partes del expediente
- Carla Priscila Real Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
VISTO. POR NO ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA, A FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; EN CONSECUENCIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL CITATORIO QUE SE DEJO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; POR LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y POR LISTA EN LA PAGINA ELECTRONICA http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 29 Y 30 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFIQUESE.
- Principal
Ciudad de México; doce de diciembre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, mediante el cual remite diversa promoción dirigida a estos autos, con la misma, acuérdese lo que en derecho corresponda. Ahora, agréguese a los autos el oficio signado en representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por medio del cual rinde su informe justificado; y toda vez que mediante proveídos de veintiocho de noviembre de este año, se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto sea resuelto el recurso de queja interpuesto en autos. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Finalmente, aun cuando el presente procedimiento se encuentra suspendido, este Juzgado considera que lo acordado en los párrafos que anteceden no causa perjuicio a las partes, habida cuenta de que no tiende a impulsar la tramitación del juicio que nos ocupa. Notifíquese.
- Incidental
Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ******************, promovido por Carla ********************************; y R E S U L T A N D O PRIMERO. La parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que menciona tanto en el escrito inicial de demanda de amparo, como en los ocursos aclaratorios, los cuales se transcriben a continuación: Demanda: Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que subsanara las irreguridades del escrito inicial de demanda, por lo que desahogó lo siguiente: SEGUNDO. Admitida la demanda de amparo, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe previo; se negó y se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo; así como en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/29/2021, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Actos reclamados y medida suspensional solicitada en la demanda. Previo al análisis de la suspensión definitiva, debe precisarse que el proceso legislativo de las normas reclamadas no forman parte de los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la medida cautelar, por lo que no será objeto de estudio en este incidente. Asentado lo anterior, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión para los efectos y consecuencias de los actos reclamados consistentes en: a. Para que no se disminuyan las prestaciones consistentes en el pago de utilidades, aguinaldo, incapacidades y prima vacacional, en los ejercicios fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós con motivo de la aplicación de las siguientes normas: 1. Leyes Federales de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, diecinueve de abril de dos mil diecinueve y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 2. Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales dos mil diecinueve y dos mil veinte; y 3. Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones, aplicables al Personal de Confianza del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo; b. Y con efectos restitutorios, solicita se suspendan las órdenes entre las autoridades responsables -del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo-, a fin de que se le pague las utilidades generadas en los ejercicios fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós. Por razón de técnica jurídica, este órgano jurisdiccional se avocará inicialmente al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el incidente de suspensión en que se actúa, luego, y sólo en el caso de que se declare su existencia, estudiará de conformidad con la naturaleza de los efectos y consecuencias del mismo, si éstos son susceptibles de suspenderse, y en el supuesto de que así sea, entonces analizará si es procedente o no conceder la suspensión definitiva, atendiendo a si se surten los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 128 de la Ley de Amparo y, finalmente, en el caso de que proceda, se fijará la garantía correspondiente, en términos de lo establecido en el diverso numeral 144 del ordenamiento de referencia, siguiendo los lineamientos establecidos en los diversos preceptos 146, 147 y 148 de la ley en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia I. 1o. A.2, visible en la página 856, del Semanario Judicial de la Federación, del tomo I, segunda parte-2, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época, que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica, en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: A).- Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa). B).- Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). C).- Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales), y D).- Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Director General del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, consistentes en la negativa para autorizar el pago de las utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós y en la disminución de las prestaciones de aguinaldo, prima vacacional e incapacidad por enfermedad general durante esos ejercicios fiscales, derivado de la aplicación de la ley de remuneraciones y presupuestos de egresos combatidos, ya que al rendir su informe previo, así lo indicó expresamente. Esa negativa no se encuentra desvirtuada con el material probatorio ofrecido por la parte quejosa. En efecto, la propia parte quejosa señaló que el oficio DFH/SR/GGNP/2541/2023, de once de septiembre del año en curso, emitido por el Director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo; se le indicó que, de acuerdo con el contenido de los artículos 4, 5, 30, 40, primer párrafo, 42 y 43 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con los artículos 1, 4 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, no se está en posibilidad de autorizar el pago de las prestaciones relativas al pago de utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós, dado su deber de ajustarse a los lineamientos establecidos en el oficio 100.-278 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido, esa manifestación, adminiculada con los recibos de pago exhibidos, a los cuales se les otorga valor probatorio al tenor del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al presentar cadena y sello digital, únicamente se evidencia que el Director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo, le informó las causas por las que no se le autorizó el pago de utilidades generadas en los citados ejercicios fiscales; pero de ellas no se advierte que dicha autoridad responsable haya disminuido las prestaciones relativas al pago de aguinaldo, prima vacacional e incapacidades en general. Por ende, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva sobre esos actos reclamados. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado al Director General del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, consistente en la emisión del Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones, aplicables al Personal de Confianza del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo (BANJERCITO). Lo anterior, ante la omisión de rendir su informe previo, se presume la certeza de ese acto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Igualmente, se tiene por cierto el acto consistente en la emisión del oficio DFH/SR/GGNP/2541/2023, de once de septiembre del año en curso, atribuido al Director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo; dado que del propio contenido del informe previo, se advierten manifestaciones de la responsable en el sentido del por qué no se está en posibilidad de autorizar el pago de las prestaciones relativas al pago de utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós. Incluso ante la negación de esa autoridad responsable, se tiene por cierto ese acto reclamado, dado que esa negativa está sustentada en cuestiones que atañen al fondo del juicio principal. Véase el contenido de la tesis aislada de registro digital: 175199, Novena Época, identificada con este rubro -el cual contiene el criterio de interpretación-: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA NEGATIVA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME PREVIO CON APOYO EN CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FONDO DEL JUICIO, NO ORIGINA LA DENEGACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR." Asimismo, se tiene por cierto el acto reclamado consistente en la emisión del oficio 100.-278 de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, atribuido al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por así manifestarlo en su informe previo. QUINTO. Análisis de la solicitud de Suspensión. Analizada la certeza del acto reclamado en la presente instancia incidental, esta juzgadora procederá a verificar si resulta o no procedente la suspensión definitiva solicitada, por lo que por cuestión de técnica jurídica, se debe analizar en el orden en el que se asientan los aspectos siguientes: A) Si su naturaleza permite su paralización. B) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo; y, en su caso, C) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión porque existe un tercero interesado o se trata de contribuciones. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. XXIII/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1376, del Tomo II, correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciséis, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." En ese sentido, cabe destacar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, debido a su naturaleza declarativa tiene el carácter negativo, por lo que no llevan implícito un principio de ejecución material, y no produce un hacer positivo por parte de la autoridad responsable, pues como se apuntó, consiste en el oficio DFH/SR/GGNP/2541/2023, de once de septiembre del año en curso, donde se le informó a la quejosa las razones del por qué no se está en posibilidad de autorizar el pago de las prestaciones relativas al pago de utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós. No obstante lo anterior, resulta de capital importancia destacar que a partir de la reforma constitucional del seis de junio de dos mil once, la figura de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tuvo un cambio significativo al reformarse el artículo 107, fracción X, pues a partir de esa data se establece la obligación de rango constitucional del juzgador de amparo, para que al analizar si los actos reclamados pueden ser objeto de suspensión, realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. En observancia a ese mandato constitucional, la Ley de Amparo al regular lo relativo a la suspensión del acto reclamado, establece que promovida ésta, el órgano jurisdiccional deberá realizar el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social para resolver si concede o niega la suspensión provisional y, en el primer caso, fijar los requisitos y efectos de la medida (artículo 138, fracción I). Por su parte, en el artículo 147 de la Ley de Amparo se establece que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juez ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. De lo anterior, se pone de manifiesto que la nueva regulación de la suspensión del acto reclamado la dotan de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: La apariencia del buen derecho; Las posibles afectaciones al interés social; y, La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Significativo resulta destacar que los presupuestos de las medidas cautelares como la suspensión, son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es decir, se deben sustentar en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, mediante el examen preliminar que se hace al fondo del asunto (fumus boni iuris), así como en la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora). Y las notas distintivas de tales medidas son la instrumentalidad y la provisoriedad, entendidas la primera, en el sentido de que la medida sirve a un proceso principal, del cual depende su existencia; y la segunda, no simplemente como algo temporal, sino sobre todo como lo que está destinado a durar hasta en tanto sobrevenga un evento sucesivo: la resolución definitiva, en que se determine con certeza sobre el derecho alegado. Ahora bien, tratándose de actos omisivos, existe la posibilidad de conceder la medida cautelar de los mismos, siempre que de la demanda y sus anexos se advierta, prima facie, elementos que puedan llegar a formar convicción suficiente en el Juez, sobre un aparente buen derecho, así como sobre la actualización del peligro en la demora, de tal forma que se justifique una tutela anticipada, situación que en la especie no se advierte actualizada. En efecto, en el presente asunto se desprende que la parte quejosa solicita la medida cautelar para el efecto de que la autoridad señalada como responsable autorice el pago de utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós, por lo que pretende que se den efectos constitutivos a la suspensión y que de esta manera anticipadamente se le reconozca un derecho que en su caso sería materia de análisis en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Al respecto, cabe significar el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL.", en el que se determinó que para verificar si procede conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión. Es decir, la Sala del Máximo Tribunal Constitucional del país determinó que resulta procedente conceder la medida cautelar con efectos restitutorios cuando ante una eventual negativa de amparo, puedan retrotraerse los efectos de la medida cautelar. Situación que en el caso concreto no se actualiza, ya que como se evidenció, en el supuesto sin conceder que se otorgue la medida cautelar para los efectos solicitados se dejaría sin efectos la materia del presente juicio, pues ya se le habrían pagado las utilidades a refiere en su demanda. De ahí que, ante una posible sentencia de sobreseimiento o de negativa del amparo dictada en el expediente principal, sería material y jurídicamente imposible retrotraer los efectos de la concesión de la suspensión definitiva, con lo que no se respetarían los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.); de ahí que no sea factible su aplicación a favor del quejoso. En este punto, cabe destacar que si bien es obligación del Juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que, la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que es procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en el caso que nos ocupa, dado que de concederse la medida cautelar de referencia, se estaría resolviendo el fondo del juicio de amparo y en consecuencia, se le estaría constituyendo un derecho a la parte quejosa que actualmente no posee, lo que sólo podrá obtener en el fondo del asunto. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Octava Época, visible en el tomo III, Segunda Parte, enero a junio de 1989, visible en la página 1059, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS. La suspensión del acto reclamado únicamente tiene efectos suspensivos y no constitutivos de derechos; de manera tal que, si se solicita la suspensión para el efecto de que no se paralice el servicio público de transporte que se viene prestando y los promoventes del amparo no acreditan, en el incidente de suspensión, que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de que se trata o con permisos provisionales para ello, la suspensión debe negarse; pues lo contrario, o sea, conceder el beneficio suspensional, sin la exhibición de dichos documentos, equivaldría a constituir el derecho a prestar el servicio en favor de los agraviados, lo que implicaría, a su vez, sustitución del juez de amparo en facultades exclusivas de las autoridades administrativas." De modo que, como se expuso, si bien la nueva regulación de la suspensión del acto reclamado prevé el establecimiento de medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), lo cierto es que para los efectos del presente incidente, no se advierte que la parte quejosa ostente un derecho aparente para conceder la medida cautelar, respecto del pago de utilidades reclamado a que hace referencia en el oficios DFH/SR/GGNP/2541/2023, de once de septiembre del año en curso. En esas condiciones, la medida suspensional resulta improcedente en los términos en que fue solicitada. En ese sentido, si bien es obligación del Juez de Distrito tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, es decir, que primeramente tiene que observarse que la medida cautelar solicitada reúna los requisitos que contempla el artículo 128 de la ley de la materia; lo que como ya se apuntó, no ocurre en el caso que nos ocupa. En consecuencia, con fundamento en el ordinal 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por ***********************, en relación con los efectos y consecuencias de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 128, 132, 136, 138, 144, 146, 147 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA a *******************, la suspensión definitiva, por lo motivos expuestos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta resolución interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Informes Previos. Agréguense al sumario incidental en que se actúa, los oficios signados en representación de la Cámara de Diputados y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, así como del Secretario de Hacienda y Crédito Público, por medio de los cuales rinden sus informes previos, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo relaciónense en la audiencia incidental. Notificación por interconexión. En atención a la solicitud del Secretario de Hacienda y Crédito Público se INSTRUYE al personal encargado del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", hacer los ajustes necesarios a efecto de habilitarle la notificación vía interconexión y a partir de la presente determinación judicial se pueda notificar por dicho medio las determinaciones que por su trascendencia así lo requieran. Domicilio y delegados. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que designan en los informes de cuenta y por lo que hace a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, téngase como domicilio procesal el que señalan. Sin embargo, por lo que hace al Secretario de Hacienda y Crédito Público no se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, en virtud de que se le autorizó que las subsecuentes notificaciones se le realicen vía interconexión. Estado procesal. Del estado procesal de autos y de la segunda certificación, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y ocho que señala el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como Director General, Director de Factor Humano ambas del Banco del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, rindan su respectivo informe previo, con relación al proveído de dieciséis de noviembre del año en tránsito, mediante el cual se dictó la suspensión provisional en el sumario incidental en que se actúa, por lo cual, no se encuentra debidamente integrado. Diferimiento. Por tal motivo con fundamento en el citado dispositivo legal, este Juzgado Federal difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar fija las ONCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notificación a las autoridades responsables y a la parte quejosa. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables y a la parte quejosa, por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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