Carla María Maggi Medina

Expediente 1762/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1762/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Carla María Maggi Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, así como el anexo que adjuntó consistente en un legajo de copias certificadas de la carpeta administrativa 395/2023 de su índice y un disco compacto en formato DVD; por ende, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichas documentales a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, de la revisión las constancias que la autoridad acompañó a su informe, se advierte que le recae el carácter de tercera interesada en este asunto a ********************, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el predio número trescientos noventa de la calle diez por cinco y tres "C", de la colonia Gonzalo Guerrero, de esta ciudad de Mérida, y proceda a emplazarla entregándole copia simple de la demanda de amparo y del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio en su carácter de tercera interesada, si así conviniera a sus intereses. Asimismo, prevéngale para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, para oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento para que en caso de no hacerlo, las demás notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Hágasele del conocimiento de la aludida tercera interesada que la audiencia constitucional en este asunto, está señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente a la tercera interesada ********************. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    citatorio.- Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, así como el anexo que adjuntó consistente en un legajo de copias certificadas de la carpeta administrativa 395/2023 de su índice y un disco compacto en formato DVD; por ende, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichas documentales a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, de la revisión las constancias que la autoridad acompañó a su informe, se advierte que le recae el carácter de tercera interesada en este asunto a ********************, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el predio número trescientos noventa de la calle diez por cinco y tres "C", de la colonia Gonzalo Guerrero, de esta ciudad de Mérida, y proceda a emplazarla entregándole copia simple de la demanda de amparo y del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio en su carácter de tercera interesada, si así conviniera a sus intereses. Asimismo, prevéngale para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, para oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento para que en caso de no hacerlo, las demás notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Hágasele del conocimiento de la aludida tercera interesada que la audiencia constitucional en este asunto, está señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente a la tercera interesada ********************. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    En Mérida, Yucatán, a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y con la lectura de las constancias existentes en autos; así como da cuenta con el informe previo rendido por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, el cual obra agregado en autos. Por otra parte, se da cuenta que el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, fue omisa en rendir su informe previo en el presente asunto, a pesar de estar debidamente notificado, según se advierte de la boleta de notificación que obra en autos. Por lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido en tiempo y forma, el informe previo de la citada Juez, para que sea tomado en consideración como corresponda, y por omiso en rendir su informe previo a la restante autoridad responsable. Abierto el período de pruebas y alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se declara cerrada dichas etapas; en tal virtud, no habiendo promociones pendientes de proveer, a continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1762/2023-VI, promovido por ********************, contra un acto que reclama del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán y otra autoridad; y, ANTECEDENTES. ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de amparo 1762/2023-VI, se dio trámite al presente incidente de suspensión; se pidió a las autoridades responsables sus respectivo informes previos; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo este día, en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Resolutora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto que el quejoso ********************, reclama de las autoridades señaladas como responsables, y por el cual solicitó la suspensión definitiva, el cual medularmente consiste en: Al Fiscal responsable, la omisión de emitir el no ejercicio de la acción penal, en la Carpeta de Investigación ********************, de su índice. Al Juez responsable, la resolución que confirmó la determinación del Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica número Tres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, de entregar el vehículo de la ********************. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, en virtud de que no rindió su informe previo en el presente incidente, a pesar de estar debidamente notificado, según se advierte de las constancias de notificación que obra en autos. Por otra parte, de la lectura del informe previo rendido por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, se advierte que es cierto el acto reclamado que específicamente se le reclama. CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Ahora, en cuanto al acto antes señalado reclamado al Fiscal responsable, con fundamento en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva instada, toda vez que dicho acto tiene la naturaleza de omisivo, por tanto, no requiere de ejecución material alguna, por lo que es improcedente otorgar respecto del mismo tal medida. Así, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, es menester señalar que el Máximo Tribunal del País, emitió la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) cuyos datos se citarán posteriormente, en la que consideró que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. Consideró que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, por lo que la naturaleza negativa de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Concluyó que la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, por lo que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. La jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) fue emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2021263, fuente Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Común), publicada el viernes 06 de diciembre de 2019 y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 y señala lo siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Bajo las consideraciones de la jurisprudencia citada, se estima que en el caso no es procedente otorgar la medida cautelar que se solicita, pues lo primero que debe determinarse son las consecuencias que en cada caso pueden producir los actos reclamados, a fin de determinar si el efecto que podría darse a la suspensión es alguno de los dos escenarios posibles, esto es, mantener las cosas en el estado que se encuentran o restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En el caso, el contenido del acto reclamado, consiste en la omisión de emitir el no ejercicio de la acción penal, en la Carpeta de Investigación ********************, de su índice, por lo que sus efectos implican que subsista la omisión de emitir el no ejercicio de la acción penal; por tanto, conforme a ese supuesto no es aplicable la hipótesis de conceder la suspensión para mantener las cosas en el estado que se encuentran, ya que el acto al no tener ejecución, ningún efecto provocaría. Por otro lado, tampoco es factible conceder la suspensión con la finalidad de restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado y en su caso se dicte el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación de origen, pues en caso de hacerlo así, inevitablemente se prejuzgaría sobre el fondo del asunto y además, coincidiría con una eventual sentencia concesoria de amparo, lo que agotaría y dejaría sin materia el juicio de amparo, siendo que ese no es el objetivo de la suspensión y la jurisprudencia citada impide tal proceder, por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por otra parte, en cuanto al acto antes citado reclamado al Juez responsable, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio a la impetrante del amparo, esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. En el caso, el primero de los requisitos se encuentra colmado, ya que la quejosa solicitó expresamente la medida cautelar relativa y, además cuenta con interés suspensional pues fue ella quien solicitó el control judicial que a la postre concluyó con la resolución ahora reclamada. Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos citados, se advierte que no se satisface toda vez que de las propias manifestaciones vertidas en la demanda de amparo se advierte que el sentido de la resolución reclamada se sostuvo al considerar el Juez responsable que existía un aparente derecho de propiedad a favor de la aquí tercera interesada por contar con la factura original del vehículo en cuestión, lo cual, a su consideración, generaba un mejor derecho que el que ostentó la aquí quejosa. De lo anterior, se obtiene que existe un pronunciamiento por parte de la autoridad responsable en el que se realizó un análisis de los documentos exhibidos por las partes y se reconoció el mejor derecho de la parte tercera interesada a efecto de ser nombrada depositaria del bien mueble en cuestión, por lo que de concederse la suspensión definitiva se contravendrían disposiciones de orden público, anteponiéndose el interés particular de la quejosa sobre el interés social que reconoce como un derecho sustantivo el de la propiedad. Así, de concederse la medida cautelar ahora solicitada, implicaría privar de la posesión concedida a la parte tercera interesada sin tomar en cuenta el derecho que ostenta y reconociendo a través de esta resolución cautelar prelación de derechos que son ajenos a la materia del incidente de suspensión. Cabe citar, por analogía, la Jurisprudencia, bajo el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." En consecuencia, por no encontrarse reunidos los requisitos del precepto legal invocado, se niega la suspensión definitiva que solicita la aquí quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y esta Juzgadora Federal, RESUELVE ÚNICO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva de los actos reclamados al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres de la Fiscalía General del Estado, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe previo rendido por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo, al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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