Carla Hernández de Garay

Expediente 105/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
105/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Carla Hernández de Garay

Actuaciones

  1. Principal

    II. citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el proveído del seis de mayo de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de mayo de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del dieciocho de marzo de este año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********************, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. En congruencia con lo anterior, requiérase a la peticionaria de amparo para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos originales que presentó en su escrito inicial, apercibido que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el proveído del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Téngase a la quejosa desahogando la prevención formulada por auto del uno de marzo de este año. Ahora, de la lectura integra de la demanda así como del escrito aclaratorio se advierte que en esencia la solicitante de amparo se duele de los siguientes actos: 1. La determinación de suspensión de la licencia de construcción ************, emitida por la Directora General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que le fue notificada el quince de diciembre de dos mil veinte. 2. La omisión por parte de la Directora General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de contestar las manifestaciones vertidas en el escrito el diez de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el arquitecto ******************************, en su calidad de coordinador de obra y proyecto de la casa habitación ubicada en avenida ******************************. Ahora bien, por lo que hace al acto que se precisa en el arábigo 1, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho dispositivo se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra resoluciones judiciales o administrativas, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y precisamente dicha hipótesis se actualiza en este asunto por las razones que a continuación se exponen: En términos del artículo invocado, el juicio biinstancial es improcedente cuando se den los siguientes supuestos: a) Que la autoridad responsable no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Supuesto que acontece en la especie, en razón de que la autoridad responsable a quien se atribuye es la Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otras autoridades de ese mismo municipio. Por lo que resulta inconcuso que las autoridades señaladas como responsables no tienen el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". b) Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa. Este último requisito también está plenamente acreditado, toda vez que contra el acto reclamado (indicado en el número 1) a las autoridades responsables, procede el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad emisora de la resolución reclamada, o bien, el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en términos de los artículos 186 y 187 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Circunstancia por la que el acto reclamado en esta instancia constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, en virtud de que respecto del citado acto impugnado se debió interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad omisa, o bien, el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, como lo establece el ordinal 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que atendiendo a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone la parte quejosa en su escrito inicial, el acto que combate en esta vía reviste la característica de un acto administrativo respecto del cual, al no haberse interpuesto dicho medio de defensa ordinario, se actualiza plenamente la causal de improcedencia en estudio. c) Que conforme a las leyes aplicables se suspendan los efectos del acto, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevea la Ley de amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Igualmente se encuentra satisfecho, puesto que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado en análisis. Es irrelevante que el acto pudiera ser considerado como de imposible reparación, lo cual no se afirma, pues debe estimarse que aun contra actos que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio. Además no se da ningún supuesto de excepción dado que la aquí quejosa no es tercera extraña a juicio, además el acto reclamado al haberse exhibido como anexo de la demanda no se desprende que tenga ausencia de fundamentación y motivación. Por otra parte, por lo que hace al diverso acto indicado en el numeral 2, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de dichos preceptos se desprende que la base de la solicitud de amparo debe ser un agravio personal y directo que recaiga sobre alguno de los derechos que el Estado reconoce a todo individuo, lo que constituye el interés jurídico. Sin embargo, la afectación a esa prerrogativa debe derivar de un acto de autoridad que, por su propia naturaleza, esté dirigido a causar un demérito, es decir, que por sus características revele la finalidad de menoscabar el derecho que se pretende proteger, lo que se traduce en una afectación directa y objetiva, capaz de sustentar la base de la acción de amparo, que puede conducir a una restitución en el goce de la garantía violada. De ahí que la omisión atribuida a la Directora General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no ocasiona a la quejosa un agravio personal y directo que recaiga sobre alguno de los derechos que el Estado reconoce a todo individuo. Lo anterior es así dado que a la fecha de presentación de la demanda que nos ocupa no transcurren los treinta días hábiles que se precisan en el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para considerar que la autoridad ha incurrido en dilación en responder sus peticiones derivadas del escrito de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico". Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Téngase a la quejosa desahogando la prevención formulada por auto del uno de marzo de este año. Ahora, de la lectura integra de la demanda así como del escrito aclaratorio se advierte que en esencia la solicitante de amparo se duele de los siguientes actos: 1. La determinación de suspensión de la licencia de construcción ************, emitida por la Directora General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que le fue notificada el quince de diciembre de dos mil veinte. 2. La omisión por parte de la Directora General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de contestar las manifestaciones vertidas en el escrito el diez de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el arquitecto ******************************, en su calidad de coordinador de obra y proyecto de la casa habitación ubicada en avenida ******************************. Ahora bien, por lo que hace al acto que se precisa en el arábigo 1, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho dispositivo se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra resoluciones judiciales o administrativas, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y precisamente dicha hipótesis se actualiza en este asunto por las razones que a continuación se exponen: En términos del artículo invocado, el juicio biinstancial es improcedente cuando se den los siguientes supuestos: a) Que la autoridad responsable no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Supuesto que acontece en la especie, en razón de que la autoridad responsable a quien se atribuye es la Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otras autoridades de ese mismo municipio. Por lo que resulta inconcuso que las autoridades señaladas como responsables no tienen el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". b) Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa. Este último requisito también está plenamente acreditado, toda vez que contra el acto reclamado (indicado en el número 1) a las autoridades responsables, procede el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad emisora de la resolución reclamada, o bien, el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en términos de los artículos 186 y 187 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Circunstancia por la que el acto reclamado en esta instancia constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, en virtud de que respecto del citado acto impugnado se debió interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad omisa, o bien, el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, como lo establece el ordinal 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que atendiendo a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone la parte quejosa en su escrito inicial, el acto que combate en esta vía reviste la característica de un acto administrativo respecto del cual, al no haberse interpuesto dicho medio de defensa ordinario, se actualiza plenamente la causal de improcedencia en estudio. c) Que conforme a las leyes aplicables se suspendan los efectos del acto, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevea la Ley de amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Igualmente se encuentra satisfecho, puesto que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado en análisis. Es irrelevante que el acto pudiera ser considerado como de imposible reparación, lo cual no se afirma, pues debe estimarse que aun contra actos que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio. Además no se da ningún supuesto de excepción dado que la aquí quejosa no es tercera extraña a juicio, además el acto reclamado al haberse exhibido como anexo de la demanda no se desprende que tenga ausencia de fundamentación y motivación. Por otra parte, por lo que hace al diverso acto indicado en el numeral 2, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de dichos preceptos se desprende que la base de la solicitud de amparo debe ser un agravio personal y directo que recaiga sobre alguno de los derechos que el Estado reconoce a todo individuo, lo que constituye el interés jurídico. Sin embargo, la afectación a esa prerrogativa debe derivar de un acto de autoridad que, por su propia naturaleza, esté dirigido a causar un demérito, es decir, que por sus características revele la finalidad de menoscabar el derecho que se pretende proteger, lo que se traduce en una afectación directa y objetiva, capaz de sustentar la base de la acción de amparo, que puede conducir a una restitución en el goce de la garantía violada. De ahí que la omisión atribuida a la Directora General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no ocasiona a la quejosa un agravio personal y directo que recaiga sobre alguno de los derechos que el Estado reconoce a todo individuo. Lo anterior es así dado que a la fecha de presentación de la demanda que nos ocupa no transcurren los treinta días hábiles que se precisan en el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para considerar que la autoridad ha incurrido en dilación en responder sus peticiones derivadas del escrito de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintiuno. Requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efecto la legal notificación de este auto, y bajo protesta de decir verdad, desahogue las prevenciones: 1.- Deberá manifestar si la omisión que por esta vía reclama (autorizar las modificaciones a la licencia *************** y/o ***************, para seguir realizando las obras que fueron validadas previamente) la hace depender de las manifestaciones vertidas ante la responsable el diez de ********************* mil veintiuno, por la arquitecta *********************, y en caso de ser así, exhiba el original del escrito que contenga el sello de recepción por parte de la Dirección General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 2.- Deberá manifestar si señala como acto destacado el acuerdo de suspensión de su licencia emitido en el expediente ********************* de fecha quince de septiembre de dos mil quince, por la Directora General de Desarrollo Territorial del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México 3.- Precise si ha promovido algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, o bien, un diverso juicio de amparo, y de ser afirmativa su respuesta, deberá mencionar ante qué autoridad se tramita, el número de expediente con el cuál fue registrado y el estado procesal en el que se encuentre. Se apercibe a la quejosa que de no cumplir con los requerimientos referidos con antelación dentro del lapso que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito.

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