Carla Fuentes Ramírez
Expediente 10/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carla Fuentes Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, como de la certificación secretarial se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera recurrido la sentencia de treinta de enero del año en curso, emitida por este Juzgado Federal en el presente juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha en que se decreta su archivo,
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo.
- Principal
téngase rendido su informe justificado en el presente juicio de garantías, intégrese para que surta sus efectos legales procedentes, con su contenido y constancias que apoyan dicho informe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga y relaciónese en la audiencia constitucional.
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por la quejosa ***********, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta localidad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 1°, fracción I, 2°, 3°, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, al advertirse que se reúnen los requisitos a que hacen alusión dichos dispositivos, no obstante la cita de algunos preceptos de la ley de la materia anterior, se admite la demanda en sus términos; regístrese en el libro de juicios que se tramitan en este Juzgado Federal con el número consecutivo 10/2015-I y fórmese expediente. Sin tramitarse incidente de suspensión de los actos reclamados, en razón de no haber sido solicitado por la parte quejosa; y no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción en que proceda de oficio, conforme al numeral 127 de la Ley de Amparo. Se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio, a la cual se cita a las partes por si desean comparecer. Con copia de la demanda de garantías, pídase a la autoridad señalada como responsable informe con justificación, mismo que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe ... Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." "Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que:.- II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley;.-." Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les aplicará una multa equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Los citados preceptos en su orden establecen: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." "Artículo 251. En el caso del artículo 64 de esta Ley, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa de treinta a trescientos días." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Valentín Fuentes, número dos mil quinientos cincuenta y nueve (2559), de la colonia Infonavit Casas Grandes, en esta ciudad; y acorde a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley de la materia, que al efecto señala: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Como sus autorizados en términos amplios del citado numeral a los licenciados ************, **********, **************, *************y *************. Apoya lo considerado, sin oponerse a lo dispuesto en la ley en aplicación, la Tesis 1a. CCXVIII/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 184, del Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN SE ENTENDERÁ OTORGADA DE MANERA AMPLIA CUANDO NO SE ACOTE EXPRESAMENTE Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE ESE NUMERAL." Con apoyo en el diverso numeral 5°, fracción III, inciso b) de la ley de la materia que al efecto establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:.- III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:.- b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;.-." Téngase como tercera interesada a la persona moral oficial Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Avenida Licenciado *************, conocido como Anillo Envolvente del PRONAF, número tres mil novecientos setenta (3970), casi esquina con Avenida Adolfo López Mateos, en esta ciudad; en tal virtud, con apoyo en los numerales 26, fracciones I, inciso b), y 27 de la ley en aplicación, se ordena a uno de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal se constituya en el domicilio indicado y con copia simple de la demanda la emplace a juicio a través de quien legalmente la represente; asimismo, les haga del conocimiento el contenido del presente auto. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia: 1a./J. 90/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado."
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