Carla Eva Martinez Lopez
Expediente 1386/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1386/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/01/2022
Partes del expediente
- Carla Eva Martinez Lopez
Actuaciones
- Principal
. La certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. ARCHIVO . Notifíquese.
- Principal
SE LISTA CITATORIO DE LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carla Eva Martínez López, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 1386/2021-III. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la ????????????? lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 632/2021 del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante la cual revocó la sentencia definitiva de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de El Oro, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil 777/2020; y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se llamará a juicio a Rita Emilia López García, con el carácter de litisconsorte pasivo necesario; procedimiento en el que la quejosa figura como parte actora. Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así pues del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo Guillermo González Torres 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.dd.6c 30/01/23 13:47:31 4 resulta improcedente, toda vez que dicha determinación que no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en ??????????????? juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: ....Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. ??????????????? Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos que afecten materialmente derechos lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 632/2021 del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante la cual revocó la sentencia definitiva de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de El Oro, Estado de México, dentro del juicio ordinario civil 777/2020; y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se llamará a juicio a Rita Emilia López García, con el carácter de litisconsorte pasivo necesario; procedimiento en el que la quejosa figura como parte actora, no tiene efectos de imposible reparación debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a la aquí peticionaria de amparo, el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará afectar sus defensas. Máxime que sus efectos pueden ser retrotraídos en caso que obtengan una resolución de acuerdo a sus intereses al resolverse el juicio de origen, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que les hubiese causado el acto que reclaman; y, de no ser así, dicho acto, así como sus consecuencias, pueden ser impugnados contra la nueva resolución que se emita en el juicio natural. Lo anterior es así porque en dicha determinación, la autoridad responsable ordenó la reposición del procedimiento, por los motivos expuestos, no produce una afectación directa e inmediata a algún derecho sustantivo en su perjuicio. Máxime que a partir de dicha reposición, incluso podría obtener una determinación acorde a sus intereses, con lo ??????????????? que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se les hubiese causado en un primer momento, y, de reiterar la responsable el sentido ya conocido de la determinación, dicho acto, así como sus consecuencias, podrá ser impugnado mediante el recurso ordinario y para el caso de que dicha resolución le fuera adversa, podría promover juicio de amparo directo que en su caso promueva contra la resolución que en definitiva. No pasa inadvertido que en relación a este tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 97/2015, consideró que la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso jurídico en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual, podría afirmarse que la resolución de segunda instancia, que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, tiene efectos meramente procesales o adjetivos. Sin embargo, también destacó que establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los cuales los efectos de una reposición del procedimiento sí puedan afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. Enfatizando que el análisis de la procedencia del juicio de amparo, en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que se producen en el procedimiento, así como en las cosas y en las personas, Asimismo, consideró que debe tenerse en cuenta que cuando una de las partes en el juicio promueve amparo contra la resolución de segunda instancia, que ordena la reposición del procedimiento, en el particular desde audiencia inicial, su finalidad principal es que se declare inconstitucional el acto reclamado y el tribunal responsable resuelva en definitiva la controversia de origen; con lo que, lejos de querer dilatar el procedimiento, éste pretende su conclusión. En este sentido, es factible afirmar que, en el caso particular, los efectos del acto reclamado no inciden de manera directa en algún derecho sustantivo de la peticionaria de amparo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sin que sea válido admitir que esa reposición implica una afectación directa a algún derecho sustantivo de la peticionaria con motivo de la dilación en la impartición de justicia, toda vez que si bien existen garantías elevadas a rango constitucional, como lo es el acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional; ello, no implica per se, que cualquier determinación relacionada con esa garantía en concreto, implique una violación directa a derechos sustantivos. De ahí que se insista que la resolución reclamada no tiene efectos de imposible reparación, debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual la parte quejosa, el ejercicio de un derecho, por el contrario, tienden a garantizar su efectividad. ??????????????? Se suma a lo anterior que, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados (como aquí sucede) no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia (X Región) 4o.2 C (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, visible en la página 2480 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2015272, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: ...Además, dichas violaciones son impugnables mediante el amparo directo, pues en caso de que la sentencia no le sea favorable, podrá hacer valer tal situación como una violación procesal en amparo directo en términos del artículo 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo, que establecen: "... Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Carla Eva Martínez López, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo.
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...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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