Carla Estefani Granda Jara

Expediente 1112/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1112/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Carla Estefani Granda Jara
  • Ángel Luis Fonseca Ojeda

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la Ciudad de Saltillo, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1094/2022, de su índice, dado que ese juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto. 1.1 Acuerdo. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de veintiocho de septiembre de este año, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se desechó la demanda de garantías, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. 1.2 Anexo. Por tanto, a fin de no duplicar actuaciones, se ordena integrar a este sumario las diversas que hasta el momento no obran en el mismo, y en cuanto al resto se ordena formar el Anexo I, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad remitente, por lo que continúese actuando en este tomo, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio 19719/2022, de veintiocho de julio del año en curso, que remite la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, y Secretario de su adscripción, con el cual acompaña vía electrónica los autos de su juicio de amparo 1094/2022 de su índice, promovida por ...contra actos de la Estación Migratoria con sede en esta ciudad, y otras autoridades, en virtud de que se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma. 1.1 Competencia. Con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese esta determinación al tribunal declinante; acúsese recibo de estilo correspondiente. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1112/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Análisis previo. Sin embargo, vista la certificación secretarial de cuenta, y a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo 1. De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/42 .La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 4. Actos reclamados. En el caso a estudio, la aquí parte quejosa reclama medularmente de la Estación Migratoria con sede en esta ciudad, y otras autoridades, los actos consistentes en: i. La incomunicación de los quejosos. ii. La detención sin haber llevado a cabo un procedimiento en el que se ordene de manera fundada y motivada la razón del arresto. iii. La retención en la Estación Migratoria de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila o lugar de detención del Instituto Nacional de Migración sin haber cometido ninguna acción delictiva. iv. El traslado a cualquier Estación Migratoria. v. La deportación, expulsión, proscripción o destierro. 1 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a fin de nombrar abogado o persona de su confianza. vii. La omisión por parte de las responsables de brindar o proporcionar información respecto de los detenidos. viii. La negativa de hacer válido el derecho a solicitar y recibir asilo, el derecho a otorgar la condición de refugiado, autorizarles estancia de visitante por razones humanitarias; y, el derecho a tener representación y asistencia legal. ix. El impedimento de transitar libremente por territorio nacional. x. La omisión de substanciar de manera legal el procedimiento administrativo migratorio de los quejosos y sus consecuencias. xi. El hacinamiento con personas positivas a COVID 19, así como la omisión de cumplir con las normas mínimas de salud respecto de la pandemia provocada por el virus SARS COV-2. xii. La omisión de recibir la solicitud verbal de los quejosos de su reconocimiento como refugiados. xiii. La omisión de dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sobre la necesidad de registro y tramitación de la solicitud de la condición de refugiadas de las quejosas. xiv. La inconvencionalidad de los artículos 101, 102 y 111 de la Ley de Migración. 5. Improcedencia de la demanda de amparo. Ante ello, este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es improcedente, respecto de los actos reclamados por los quejosos ...de acuerdo a lo expresado por la parte promovente, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII3 , de la Ley de Amparo, como se explicará a continuación; por lo que, precluyó su derecho de acudir nuevamente en sede constitucional a reclamar, en esencia, los mismos actos controvertidos en un juicio de amparo previo. Del contenido del numeral antes citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa reclame actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el consentimiento expreso o la manifestación de voluntad que entrañe el mismo, se produce cuando el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, como se asentó en la certificación de cuenta, debe destacarse que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que ante este juzgado de Distrito se encuentra radicado el juicio de amparo 870/2022, promovido por... 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.).4 Registro digital 232527, consultable en la página 13, Volumen 139-144, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. Jorgue Calzadilla, los menores de edad de identidad reservada con iniciales C.A.O.J. y A.B.O.J, ...respecto de los mismos actos y autoridades. Así entonces, debe ponerse de manifiesto que en el referido juicio de amparo, en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se tuvieron a los quejosos ...por no ratificando la demanda de garantías promovida a su favor, por así convenir a sus intereses. Como consecuencia, se tuvo por no presentada la demanda y en esa misma fecha causó estado.Las constancias antes relacionadas permiten constatar que los quejosos además de la promoción del presente juicio de amparo, intentaron otro, reclamando los mismos actos aquí combatidos, en el que manifestaron su voluntad de no ratificar dicha demanda de garantías. En esos términos, queda evidenciado un consentimiento expreso por la parte quejosa de los actos aquí reclamados, pues desde el momento en el que decidieron voluntariamente no ratificar la demanda en el primer juicio de amparo, demostraron su intención de dar por terminada la acción de amparo en su perjuicio, lo que conlleva la aceptación de las consecuencias jurídicas que generaron los actos reclamados, que son los mismos de los que aquí se duelen. Ante esa circunstancia, es claro que tal decisión repercute no solamente en aquel juicio promovido, sino también en el segundo o ulteriores que hayan promovido o promuevan para combatir los mismos actos reclamados, toda vez que la acción de amparo fue concluida por su voluntad y en su perjuicio, aceptando las consecuencias de los actos reclamados. Por lo tanto, se estima que la no ratificación de la instancia constitucional por parte de los quejosos en el juicio de amparo citado en párrafos que anteceden, demuestra en este asunto un consentimiento expreso de los actos reclamados, que son los mismos que combate en esta instancia constitucional. De ahí que la preclusión impida que se reestablezca su derecho y que puedan impugnar a través de este juicio de amparo nuevamente las trasgresiones a sus prerrogativas alegadas previamente en sede constitucional, si la parte quejosa cuando resintió la afectación y acudió a promover juicio de amparo que no ratificó el mismo por así convenir a sus intereses; por lo que, ni aun bajo el entorno constitucional y la óptica de los derechos humanos, puede hacer que sus planteamientos se vuelvan analizables en esta sede, es decir, que los actos que consintió sean sujeto a estudio. Se invocan en este asunto como hecho notorio las actuaciones del juicio de amparo 870/2022, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2° de esta última, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes al juicio de amparo antes anotado. Resulta aplicable, en lo que interesa, la tesis P./J. 3/965 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la jurisprudencia 1a./J. 21/20026 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.1 Cesación de efectos. Así también, respecto a los diversos quejosos directos ...se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo 7. 5.1.1 Premisas argumentativas con relación a la improcedencia. El citado 5 Registro digital: 200197, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Febrero de 1996, página 22, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento - que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados. 6 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002, página 314, Novena Época, con el registro digital 187149: PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. 7 Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).precepto legal establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. En ese sentido, de las constancias que obran agregadas en el juicio de amparo 870/2022, se desprende que el quince de agosto del año en curso, se proveyó respecto del informe rendido por la autoridad responsable, en el que comunicó que los quejosos antes mencionados ya no se encuentran retenidos o alojados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por haberles otorgado documentos provisionales de visitantes por razones humanitarias, lo que implica que no continúan restringidos en su libertad con motivo del alojamiento; por lo que se sobreseyó fuera de audiencia dicho asunto, bajo la causal de improcedencia advertida. Determinación que inclusive causo estado el cinco de septiembre del año actual, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. Circunstancia suficiente para concluir que los actos reclamados cesaron en sus efectos, así los quejosos recuperaron el goce de su derecho a la libertad de tránsito en este país, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sobre el tema se cita la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 .Aunado a ello, no se soslaya que además, previo a que obtuviera su libertad, es decir, de la razón actuarial de veinte de julio del año actual, que obra agregada en este expediente, con motivo de la formación del juicio de amparo declinante de la competencia, se puede advertir que los mismos no expresaron su deseo de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. 6. Conclusión. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracciones XIII y XXI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia antes invocadas, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. 7. Autorizado para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado Armando Benjamín Andrade Salado, por encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 7.1 Correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte quejosa proporcionando como correo electrónico y número telefónico los que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 8 Consultable en la página 71, Tomo VI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 197367, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 7.2 Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, así como la práctica de notificaciones subsecuentes, al solicitante con nombre de usuario "lic.armandoandrade". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 7.3 Instrucción para Oficial Judicial "A". Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 10. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 11. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 12. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 13. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos

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