Carla Diaz Paniagua

Expediente 1346/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1346/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Carla Diaz Paniagua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. En acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con relación a los puntos 7.1, 7.1.1 numeral 1 y 8.1.2, numeral 3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración ya que se otorgó el amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual informa las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para tal efecto, exhibe el laudo emitido en el expediente laboral *****. En ese tenor, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable para que en el término de veinticuatro horas, remita la constancia de notificación realizada a la parte quejosa, respecto al laudo emitido el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho del mes y año que transcurre. Reiterando a la responsable, que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, al ser de orden público deberá acatarse de inmediato. Para ello, se informa que a través de correo electrónico institucional tramite2@correo.cjf.gob.mx deberá remitir lo que se le solicita (confirmando al teléfono 7222360500, extensión 3267). En la inteligencia de que, la responsable se encuentra constreñida a realizar todas aquellas gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia amparadora; ello atendiendo a que su objetivo primordial es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Además, en caso de conducta contumaz, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: Dicte el laudo en el expediente laboral 990/2009 de su índice, en el sentido que conforme a derecho corresponda. Notifique dicha determinación a la aquí quejosa. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. La anterior información deberá ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite2@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3267. En la inteligencia de que, la responsable se encuentra constreñida a realizar todas aquellas gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia amparadora; ello atendiendo a que su objetivo primordial es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Se hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en párrafos que anteceden, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo. **

  4. Principal

    Sentencia: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1346/2022-II-A promovido por ********** por propio derecho; y, Resultando: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; Carla Díaz Paniagua, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y el acto reclamado siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. C. Presidente de la H. Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA; 1.- Se reclama de la responsable la OMISIÓN DE DICTAR LAUDO EN EL JUICIO LABORAL NÚMERO 990/2009 a pesar de que en dicho juicio se ha cerrado la instrucción, además sea excedido del término concedido a la responsable por el numeral 916 de la Ley Federal del Trabajo para resolver el juicio laboral antes referido. Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados entre otros el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1346/2022-II-A, por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se requirió el informe de ley a la autoridad responsable, se señaló día y hora para celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta correspondiente. Considerando: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 49 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse una omisión a una autoridad del trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal. De conformidad con el análisis contextual señalado, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa sustancialmente reclama del Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad el acto siguiente: La omisión de emitir el laudo en el expediente laboral 990/2009. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su informe con justificación, lo aceptó. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Aunado a que de la constancia que adjuntó al mismo, se advierte su certeza, toda vez que mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 990/2009 de su índice, se refiere "...con fundamento en el artículo 885 de la Ley federal del Trabajo, declara cerrada la instrucción ordenado turnar los autos a proyecto de resolución."; constancia a la cual, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". No obstante, es menester señalar que no existen causas de improcedencia que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la peticionaria de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La quejosa en esencia aduce que la responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. El concepto de violación que hace valer la quejosa, es fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado. A fin de apoyar la afirmación anterior, en principio conviene puntualizar que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De lo transcrito, se advierte que el citado precepto constitucional garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en que la impartición de ésta debe ser pronta y expedita. Lo anterior, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos establecidos por las leyes procesales respectivas. En ese tenor, están obligadas a observar los derechos que integran la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional, todas aquéllas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución para dirimir conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, Octubre de dos mil siete, página doscientos nueve, cuyo rubro es: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". En ese orden de ideas, la Junta responsable, de conformidad con el artículo 17 Constitucional está obligada a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama el quejoso en esta vía constitucional, obligación que incluye impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Entonces, debe velarse el derecho fundamental de todo gobernado garantizado por el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, cuyo objetivo principal es preservar la obligación de las autoridades a impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, por la innegable necesidad de que los procedimientos, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos administradores de justicia; se efectúen dentro del tiempo fijado por la ley especial, que debe ser suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que los plazos y términos procesales lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Ahora bien, el procedimiento del que deriva el acto reclamado es de naturaleza laboral, que se rige por las disposiciones que al efecto contiene la Ley Federal del Trabajo. Dicha norma, en sus artículos 837, fracción III, 840, 885, 886 y 887 contienen las reglas que deben seguir los integrantes del Tribunal laboral al momento de que se integre el expediente y se emita el laudo, los cuales son del tenor: "Artículo 837.- Las resoluciones de los tribunales laborales son: .III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto..". Artículo 840.- El laudo contendrá: I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie; II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes; III. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en su caso, de la reconvención y contestación a la misma, que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos; IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; V. Extracto de los alegatos; VI. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y VII. Los puntos resolutivos. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.) Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Del contenido de los preceptos citados, se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto y una vez aprobada la resolución la elevará a la categoría de laudo, inmediatamente se firmará y notificará a las partes. En esa tesitura, se considera que la Junta responsable vulnera en perjuicio de la quejosa la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, toda vez que como se advierte de la documental allegada, por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, turnó para la emisión del laudo respectivo los autos del expediente 990/2009, sin que dictara el mismo -en un plazo no mayor de diez días-, como lo establece la ley de la materia, lo que denota una dilación o demora contraria al espíritu del artículo 17 constitucional, o sea una trasgresión al principio de celeridad con que debe de estar revestido el procedimiento laboral. En ese tenor, resulta inconcuso que a la fecha, como se puede observar han transcurrido más de cinco meses el término previsto para el dictado del laudo. Luego, la omisión que reclama la promovente del amparo, consistente en la no emisión del laudo, vulnera la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, pues la Junta responsable, debe acatar lo dispuesto en el citado precepto, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, como las que aduce tener, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso tan prolongado para dictarse el laudo. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de dos mil cinco, página mil doscientos ochenta y tres, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES.". Aunado a lo anterior, es de considerarse la circunstancia de que tal conducta contraviene el principio constitucional de prontitud y expedites en la administración de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, atendiendo a que no se ha dictado el laudo correspondiente y con ello se le causan perjuicio de difícil reparación, para ambas partes -trabajador y patrón-. Por lo que este órgano de control constitucional concede la razón a la inconforme, toda vez que la responsable efectivamente no ha respetado el principio de justicia pronta que como garantía individual concede al gobernado el artículo 17 constitucional al no hacer uso de sus facultades y medios establecidos en la Ley Federal del Trabajo para cumplir con su obligación de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, lo que procede es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia -de no haberlo hecho- dicte el laudo en el expediente laboral 990/2009 de su índice, en el sentido que conforme a derecho corresponda. Notifiquen dicha determinación a la aquí quejosa. Se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia no ha transcurrido el plazo otorgado a las partes para que se impusieran del contenido del informe justificado; en virtud a que es inconcuso que la presente sentencia no afecta a la quejosa, mientras que las autoridades responsables no están legitimadas para combatir la decisión aquí adoptada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II y 107 de la Ley de Amparo; se, Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ************, con la autoridad y acto reclamado en el considerando segundo, para los efectos precisados en el diverso último de esta resolución.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano