Carla Damaris Guerrero Izaguirre
Expediente 2034/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2034/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carla Damaris Guerrero Izaguirre
- Carla Damaris Guerrero Izaguirre y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Director General de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual, informa las gestiones realizadas como superior jerárquico a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICA
- Principal
Ciudad de México, a once de enero de dos mil veintitrés. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter PERSONAL
- Principal
- Ciudad de México, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual remite el expediente original del juicio de amparo indirecto 1699/2022, en un tomo, en cumplimiento a lo ordenado el veintidós de noviembre del año en curso, por el que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carla Damaris Guerrero Izaguirre, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Carla Daniela y Arturo Fernando, ambos de apellidos Martínez Guerrero. En este sentido, vista la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 2034/2022-IX. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía interconexión. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señaló como actos reclamados, y autoridad responsable, los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO El oficio número CJCDMX-SG-PL-23744-2022, emitido por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y el contenido del Acuerdo General Plenario 13-42/2022, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Dicho oficio y el contenido del acuerdo en cuestión fueron del conocimiento a la parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Dictado por el Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual fue publicado el día veinticuatro de octubre del presente año y surtió sus efectos el día veintiséis de octubre de la misma anualidad. No obstante, cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, del rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 200), Materia Común, página 32) Ahora bien, a efecto de proveer lo que conforme a derecho corresponda, es pertinente señalar, en primer lugar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta: a) Por materia b) Por territorio c) Por grado Ahora bien, las razones que expuso el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el auto dictado el veintidós de noviembre del año en curso, en el juicio de amparo indirecto 1699/2022-V, para declinar competencia legal para conocer de dicho asunto, son las siguientes: [.] [.] Es decir, estimó carecer de competencia legal por razón de materia, toda vez que aduce, que la autoridad y los actos reclamados por la parte quejosa, son de naturaleza netamente administrativa, ya que en ellos no se resuelve contienda alguna, ni se realiza acto jurisdiccional alguno en su materia, sino que se impugna una resolución emita por una autoridad en relación a sus funciones y conductas administrativas. Ahora bien, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito entre ellos: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; etcétera. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo antes transcrito. Ahora, de la interpretación de los citados artículos, se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de las autoridades responsables. Los criterios señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), que es del rubro y datos de localización siguientes: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296) En este tenor, si bien como lo sostiene el juzgado declinante, la autoridad responsable y los actos reclamados señalados en la demanda de amparo que se atiende, son de naturaleza administrativa; sin embargo, importa destacar que estos fueron emitidos en cumplimiento a la sentencia de apelación resuelta por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que como se advierte de la demanda de amparo resolvió lo que a continuación se digitaliza: Entonces, para dilucidar sobre la legalidad del acto reclamado consistente en la resolución de cumplimiento, contenida en el oficio CJCDMX-SG-PL-23744, se deben analizar los alcances y efectos de la resolución contenidos en el recurso de apelación emitido por la supra citada Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, estudio que obliga a analizar directrices en esa materia, que son ajenas a la materia administrativa. En efecto, la autoridad competente para resolver si con el acto que aquí se reclama, se cumplió con la resolución de apelación emitida por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es la misma que resolvió la apelación, o en su caso, por un Juzgado especializado en esa materia civil, al derivar de una resolución emitida por una Sala Familiar, razón por la cual resulta inconcuso que este juzgado no es competente por razón de materia. Por las consideraciones que la sustentan, se cita la Tesis 279240, que es del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA EN AMPARO CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE UNA SENTENCIA CIVIL POR PARTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Si en segunda instancia se dicta sentencia, aumentando la pensión mensual alimenticia que debe percibir la cónyuge; el demandado ocurre en la vía de amparo contra el fallo y la actora pide copia certificada de la ejecutoria de la Sala y la presenta a la Tesorería General de la Federación, pidiendo su ejecución, y la propia Tesorería ordena al pagador respectivo que, en cumplimiento de la ejecutoria, haga los descuentos correspondientes al demandado; y este último promueve amparo contra el Juez ejecutor del Juzgado a que, por negarse a reiterar la orden para que solamente se descuenten las pensiones acordadas en primera instancia y por haberse ordenado que se descontara mayor suma sin que haya recibido la ejecutoria de la Sala ni mediar requerimiento de pago; contra actos del citado tesorero, por haber ordenado los descuentos de que se trata, sin orden judicial para ello; contra el tribunal de alzada, por haber expedido la copia certificada de referencia y contra actos del pagador, por ejecutar una orden inmotivada, sólo aparentemente puede decirse que no existe conexión alguna entre los actos reclamados de las autoridades administrativas y de las judiciales, ya que si la sentencia pronunciada en apelación no había salido, para los efectos de ejecución, de la órbita de los procedimientos judiciales, y el tesorero general de la Federación, de propia autoridad, proveyó el cumplimiento de la sentencia, tal parece que sus actos son independientes de los judiciales: pero si el fundamento del amparo consiste en que las autoridades administrativas están ejecutando una sentencia del orden judicial civil, fuera de los términos de la ley, o sea cuando aún no se ha dictado por la autoridad correspondiente, las disposiciones del caso, se trata de resolver si el acto de ejecución por parte de la tesorería, está fundado legalmente en las disposiciones civiles relativas y, por consiguiente, corresponde también a conocer del juicio de garantías, promovido contra las autoridades administrativas, a un Juez de Distrito, en materia civil, conforme el artículo 39, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente en la época en que se promovió el amparo, y 43, fracción VI, de la ley orgánica actualmente en vigor; pues si bien dichos preceptos hablan de resoluciones judiciales del orden civil, y en el caso no hay una resolución de esa naturaleza, no por eso no resulta comprendido el acto reclamado en los propios preceptos, porque, de todos modos, se objeta la omisión de esa determinación y las autoridades administrativas designadas como responsables, son las ejecutoras del fallo judicial y no puede tratarse de un asunto de la competencia del Juez del Distrito en materia administrativa, porque no resulta comprendido exactamente en los artículos 38 de la anterior Ley Orgánica de los Tribunales Federales y 42 de la en vigor, ya que no se reclama que la autoridad administrativa esté ejecutando actos propios de su jurisdicción. (Registro:279240, Quinta Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LII, página 1423, Tipo: Aislada). Se estima pertinente recordar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil, conocerán y resolverán de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo; y de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de la citada ley orgánica. De lo anterior se desprende una fuerza atractiva de la competencia del Juez de Distrito en materia civil, que se da por exclusión de la competencia que atañe a los Jueces en materia penal, administrativa y laboral, al indicar expresamente que conocerá de los asuntos en materia de amparo que no estén enumerados en los referidos artículos 51, 52 y 55 que regulan la competencia de los Jueces de Distrito en materias penal, administrativa y laboral, respectivamente. Apoya lo expuesto la tesis I.14o.C.8 K, emitida por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página mil setecientos setenta y tres, del Tomo XVIII, Agosto de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro siguiente: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Entonces, si lo que define la competencia para conocer del asunto no es la naturaleza de la autoridad a la que se le atribuyen los actos reclamados, sino el contenido y naturaleza del acto que se controvierte, el cual, como ya se vio, incide preponderantemente en el ámbito civil; en consecuencia, resulta inconcuso que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para tales efectos, con independencia de que la autoridad responsable tenga naturaleza administrativa. En razón de lo anterior, éste órgano judicial no acepta la competencia planteada; por lo tanto, se ordena devolver el presente asunto a su lugar de origen, al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, solicítese atentamente se sirva acusar de recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Se forma cuaderno de antecedentes, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3, fracción III, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se entienden integradas las constancias que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. En atención a la solicitud de la quejosa, con fundamento en el artículo 3, 26, fracción IV, 30, párrafo primero fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, numerales 35, a 38 y 55, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto de los usuarios brunovelaz y edgar_benitez, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorización que de conformidad con el último párrafo del artículo 57 del Acuerdo citado, lleva implícita la necesaria consulta del expediente electrónico. Toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del código invocado, se le autoriza su uso en el presente sumario. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro y datos de identificación: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRES A EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página 2847). Se autorizan en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que tengan inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y téngase por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, pueden proporcionar un usuario para que les sea autorizada la consulta del expediente electrónico respectivo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese
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