Carla Dalila Macias Barqueño
Expediente 459/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2021
Partes del expediente
- Carla Dalila Macias Barqueño
Actuaciones
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Síndico y Representante Legal en funciones del Municipio de Jala, Nayarit -autoridad vinculada-, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de amparo 2048/2018. Por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, dése vista a las demás partes para que dentro del término de tres días contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído señalen las constancias que deberán remitirse al Tribunal Colegiado que deba resolver, a efecto de remitirlas a la Superioridad para lo que tenga a bien resolver sobre la queja interpuesta; transcurrido el plazo, envíese el oficio del recurso, copia del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, las constancias que se estimen pertinentes para resolver ese medio de impugnación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
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TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, respecto al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector dictado en autos, sin que la parte quejosa y tercera interesada hicieran manifestación alguna al respecto. Luego, tomando en consideración que este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a RUBÉN FLORES GUTIÉRREZ, para el efecto de que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, una vez que causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, procediera de inmediato a declarar cerrada la instrucción en el juicio laboral 300/2016 y dictara el laudo correspondiente, debiendo cerciorarse además, de que la citada resolución fuera debidamente notificada a las partes dentro de los términos de ley En cumplimiento a ello, la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante oficio 76/2021 recibido en este Juzgado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del laudo emitido el dieciséis de febrero del presente año, en el juicio laboral 300/2016, y mediante diverso oficio 87/2021, recibido el diecisiete de marzo del año en curso, remitió las constancias de notificación realizadas a las partes respecto al citado laudo; restituyendo de esta manera a la parte quejosa en el disfrute de sus derechos violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, el día de hoy, se hace efectivo el apercibimiento de que fueron objeto la parte quejosa y tercera interesada en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de garantías en que se actúa. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, el cual este Órgano Jurisdiccional determina que es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por CARLA DALILA MACIAS BARQUEÑO, por su propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal acusatorio y Oral, con residencia en Tepic, Nayarit, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 459/2021. Ahora, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo, en principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si este Juzgado de Distrito tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo en relación con el acto reclamado, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, cuyo rubro es: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por materia. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 183,506, de rubro: JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Ahora bien, los artículos 48, 49, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen y regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo entre otros Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito, deben analizarse, como se dijo, los hechos narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cosas, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos resulta ser el adecuado para conocer del asunto respectivo, como serían en este caso, el que se deba analizar la demanda de garantías. A efecto de analizar la competencia de este Juzgado, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de la materia consisten en la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o la naturaleza de la causa, es decir, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso atendiendo a las diferentes ramas del derecho sustantivo. En ese contexto, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo que promueve CARLA DALILA MACIAS BARQUEÑO, por su propio derecho, en contra del acto que reclama del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral y de la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal acusatorio y Oral, con residencia en Tepic, Nayarit, se advierte que la parte promovente reclama la resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno pronunciada en los autos de la causa penal 1365/2017 del registro de la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal acusatorio y Oral, con residencia en Tepic, Nayarit, en la que se determinó que quedó firme la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte dentro del toca penal 19/2020 del registro de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, residente en Tepic, mediante la cual se concedió la suspensión condicional del proceso a favor del imputado JOSÉ MAUEL SÁNCHEZ GÓMEZ, ello al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto 626/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad. Por tanto, es evidente que por razón de la materia, el Juez competente para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, por encuadrar dicho acto en lo previsto por el ordinal 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: Artículo 51.- Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El numeral y fracción transcrita, establece la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, para resolver de los asuntos, entre otros, emitidos contra resoluciones judiciales del orden penal, a más que, de la interpretación sistemática de dicha fracción, se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo; en ese sentido, el acto reclamado es de naturaleza penal, ya que las autoridades responsables despliegan sus diligencias conforme a las leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, como en el presente caso acontece en relación al acto reclamado derivado de un procedimiento del orden penal promovido por la aquí parte quejosa en contra del imputado JOSÉ MAUEL SÁNCHEZ GÓMEZ Es por ello, que debe tenerse en cuenta para establecer la competencia por razón de materia, el planteamiento que en el juicio se hace, porque al advertirse que el acto reclamado emana de un procedimiento penal que se atribuye a la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal acusatorio y Oral, con residencia en Tepic, Nayarit, dentro de los autos de la causa penal 1365/2017 de su control, y siendo ello así, esa sola circunstancia de origen determina la legal competencia en favor de un juzgador de amparo en materia penal, como en la especie acontece, razón por la cual este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para avocarse al conocimiento del presente juicio de amparo. Sustenta a lo anterior, la Tesis I, 3. C. 100 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil cuatrocientos treinta y uno, Tomo XXXII, Noviembre de dos mil diez, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia. Además, resulta aplicable en lo conducente la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 89/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintidós, del Tomo XX, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto.". En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3 y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el suscrito juzgador considera que carece de competencia legal por razón de la materia para conocer de la demanda de amparo promovida por CARLA DALILA MACIAS BARQUEÑO, por su propio derecho, en contra del acto que atribuye a la Jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal acusatorio y Oral, con residencia en Tepic, Nayarit, y otra autoridad; por lo que se ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos expuestos. Por otra parte, como en el presente caso no se trata de actos de los mencionados en el artículo 17 de la Ley de la Amparo; entonces, sin proveer sobre su admisión, remítase sin demora alguna la demanda de amparo al órgano jurisdiccional que se menciona en líneas que anteceden, a quien se le solicita comunique a este Juzgado Federal, si acepta o no la competencia para conocer de la mencionada demanda de amparo. Como lo solicita el peticionario de amparo, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. En la inteligencia de que, de ser necesario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículos 2, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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