Caritina Moctezuma Panadero

Expediente 1292/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1292/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Caritina Moctezuma Panadero

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; remitido constancias relativas a fin de materializar el cobro de las multas impuestas a Joaquín Leonel Aguilar Leguizamo, en su carácter de representante del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 235/2010, sin que dichas actuaciones se obtuviera resultados favorables, en razón de lo anterior, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en resolución de seis de enero de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Remitir las constancias con las que acredite que, fueron cobradas y materializadas las multas impuestas al representante del ayuntamiento demandado, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 235/2010. 2. Actuaciones de este Juzgado. Mediante determinación de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable. En proveído de once de marzo de dos mil veinte, se ordenó vincular al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Director General de Cobro Coactivo y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 3. Trámites de la responsable y autoridades vinculadas. De las constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, remitieron los oficios con los que acreditaron la imposibilidad que tuvieron para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 4. Verificación del cumplimiento. Analizadas que han sido las actuaciones remitidas por la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y autoridad vinculada Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de las que se desprende la imposibilidad que tuvieron para realizar el cobro de las multas impuestas a Joaquín Leonel Aguilar Leguizamo, en su carácter de representante del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, en autos de veintitrés de abril, tres y veintisiete de junio, nueve de agosto y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 235/2010. De lo anterior, el suscrito arriba a la conclusión que existe la imposibilidad material y jurídica para que la autoridad responsable y vinculada de referencia cumplan con los deberes impuestos en el fallo que se analiza, en razón de que no cuenta con elementos para cumplir con los lineamientos establecidos en la ejecutoria, no obstante a las actuaciones realizadas a fin de lograr el cumplimiento. Aunado a lo anterior, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este juzgado de Distrito, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 469/2022, promovido por Mónica Margarita Figueroa Martínez, por conducto de su apoderado Rufino Luca Luna, contra actos de los Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; del que se aprecia que tiene como origen el juicio laboral 235/2010 y en proveído de primero de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la referida autoridad remitiendo copias como complemento a su informe justificado copias certificadas de las actuaciones del juicio laboral 235/2010, entre las que destacan diversas actuaciones posteriores a las referidas, en los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y en treinta de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo para el efecto siguiente: En complemento al proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio laboral 235/2010, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas (o quienes ocupen dicho cargo), estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes. Luego, mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a José Rodrigo Figueroa Millán, en su carácter de Síndico Procurador del tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, por apersonado al presente juicio de amparo. Actuaciones que constituyen un hecho notorio para este juzgador, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, divulgada en la Novena Época dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de mil novecientos noventa y siete, consultable a página doscientos noventa y cinco, que es del rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese orden de ideas, de las constancias de referencia se demuestra que la existencia de otro juicio de amparo teniendo como origen el juicio laboral 235/2010; asimismo, se advierte que Joaquín Leonel Aguilar Leguizamo, ya no es síndico procurador del ayuntamiento demandado en el juicio de origen, razón por la cual la autoridad responsable y vinculada no pudieron materializar las multas referidas en el sentencia dictada en el presente juicio de amparo, lo cual no fue impedimento para el juicio de origen continuara con su secuela procesal, máxime que dicha determinación no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, en razón de que en el juicio de amparo que se tomó como hecho notorio, ya se está dando impulso procesal al juicio de origen con la administración municipal actual. 6. Conclusión. En virtud de lo expuesto, SE DECLARA EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA CUMPLIR CON LA EJECUTORIA DE AMPARO. 7. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado remitiendo diversas copias certificadas relativas al juicio laboral ******************. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes en razón de lo acordado a continuación. Ahora bien, previo al análisis de las constancias que remite la responsable, es necesario destacar que la parte quejosa hizo consistir esencialmente su acto reclamado en el siguiente: "LA OMISIÓN DE DESAHOGAR LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE RECONOCIMIENTO DE BENEFICIARIO Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, en términos de los artículos 81 de la ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De igual forma, del capítulo de antecedentes se desprende que la parte quejosa manifestó: "Con fecha 12 de enero de 2022, se interpuso incidente de reconocimiento de beneficiario, por el fallecimiento del actor ELOY MENDEZ SALAZAR. 7.- Con fecha 22 de junio de 2022, se solicitó fecha para desahogar la audiencia de dicha incidencia". Ahora bien, las constancias remitidas por la responsable a las que este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se advierte que ha cesado en sus efectos el acto reclamado, consistente en la omisión de acordar la promoción de seis de julio de dos mil veintiuno, presentada ante la responsable en la misma fecha dentro del juicio laboral *****************; por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Improcedencia que en el caso cobra vida jurídica, toda vez que al momento de acudir a la instancia constitucional en treinta de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa reclamó en esencia lo siguiente: "Con fecha 12 de enero de 2022, se interpuso incidente de reconocimiento de beneficiario, por el fallecimiento del actor ELOY MENDEZ SALAZAR. 7.- Con fecha 22 de junio de 2022, se solicitó fecha para desahogar la audiencia de dicha incidencia. Lo cual resulta de lo contenido en la demanda de amparo, así como de las documentales que remite la autoridad responsable se advierte que mediante escrito presentado el doce de enero del año en curso, se interpuso incidente de reconocimiento de beneficiario, por el fallecimiento de Eloy Méndez Salazar, y a través del diverso ocurso de veintidós de junio del mismo año, solicitó fecha para desahogar la audiencia del incidente en cuestión, sin que al momento de promover el presente juicio de amparo la responsable haya emitido el acuerdo correspondiente. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta del tribunal laboral, se advierte que el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dio contestación a los escritos aludidos; cuya omisión se dolía en esta vía constitucional la parte quejosa. En esa tesitura, tomando en cuenta que la demanda de amparo se tiene que interpretar en su totalidad, adminiculando las constancias que remita la autoridad responsable en su informe justificado; se tiene que, la quejosa reclamó en esencia la omisión de acordar las promociones de doce de enero del año en curso, en el que se interpuso incidente de reconocimiento de beneficiario, por el fallecimiento de ********************, y el de veintidós de junio del mismo año, en el que solicitó fecha para desahogar la audiencia del incidente respectivo; las cuales cual ya fueron acordadas mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós; pues se ordenó practicas una investigación encaminadas a averiguar que personas dependían económicamente de ***************, por lo que se ordenó fijar aviso en las oficinas que ocupa el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero, lugar donde fue la última fuente de trabajo del antes nombrado, para que en el término de treinta días comparecieran ante el tribunal laboral, a deducir sus derechos, y una vez transcurrido dicho término, se procedería a señalar fecha para el desahogo de la audiencia incidental. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los aquí agraviados que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que para el caso sea procedente esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio del auto de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, toda vez que el análisis de éstos deben realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia analizada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón levantada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa Lilia Castro Casarrubias, el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación de mérito, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, háganse a dicha parte procesal por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional. Notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, así como el diverso de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal.

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