Carina Javier Jiménez

Expediente 656/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
656/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Carina Javier Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 2 artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Carina Javier Jiménez, interpusieran recurso de queja en contra del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 3 valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 4 Documentos originales. Ahora bien, advirtiéndose que la parte actora adjuntó a su demanda de amparo el recibo de Declaración General de Pago de Derechos y recibo del pago número 1218 de diez de julio de dos mil nueve, entre otros; en consecuencia, póngasele a su disposición, por el plazo de noventa días naturales para que acuda a recogerlos; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en ese plazo, será destruido junto con el expediente o con las actuaciones de éste cuando se trate de su depuración. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 5 Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que la quejosa Carina Javier Jiménez ratificó su escrito presentado el veintiséis de septiembre del año en curso, por lo que cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de siete de septiembre de la anualidad que se cursa; en su atención, téngasele por hecha su manifestación en el sentido de que se desiste de la acción intentada contra los actos del atribuidos al Procurador Federal de Protección al Ambiente, que hizo consistir en: ". Del Procurador Federal de Protección al Ambiente, se reclama cualquier orden que emita tendente a impedir que desarrolle la actividad a la que me dedico, ya que cuento con autorización para el uso y goce de una superficie de 400 m2 de zona federal marítimo terrestre, de la cual se pagan los derechos correspondientes." Por otra parte, téngasele precisando el domicilio donde dice desarrolla su actividad comercial, siendo, el ubicado en calle Principal sin número, colonia Agua Blanca, código postal 70944, Municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se expondrá a continuación. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustente consideraciones profundas o de gran amplitud. Es aplicable la tesis aislada XXIV.2o.11 K (10a.) (registro 2021089), que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO." Para ello, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de amparo, pues constituyen un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." De la lectura integral a la demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama del Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros. a). La resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, mediante la cual le niegan la concesión para el uso y aprovechamiento de una superficie de 499.43 m² de zona federal marítimo terrestre, ubicada en calle Principal S/N, colonia Agua Blanca en Santa María Tonameca, Oaxaca. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes de los actos reclamados, que bajo protesta de decir verdad narra la impetrante de amparo, se advierten los siguientes antecedentes que dieron origen a la emisión del acto reclamado: 1. Carina Javier Jiménez, el seis de junio de dos mil diecinueve, solicitó a Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, concesión para el uso y aprovechamiento de una superficie de 499.43 m² de zona federal marítimo terrestre, localizada en Calle Principal SIN, Colonia Agua Blanca, Municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, para uso general. 2. Como la aludida dependencia no atendió su petición dentro del plazo de treinta días, promovió juicio de amparo indirecto tocando conocer al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el cual lo radicó bajo el número de expediente 978/2021. 3. Seguido el trámite procesal del referido juicio de amparo 978/2021, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió el amparo a la impetrante, para los siguientes efectos: ? Cese en la omisión reclamada y conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vias Navegables, Playas, Zona Federal Maritimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, resuelva sobre la improcedencia o no de la solicitud de concesión presentada por la quejosa. 4. En cumplimiento a lo anterior, la Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, remitió copia certificada de la resolución 056/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós, pronunciada en el expediente 629/OAX/2019 en el que determinó: "Es por todo lo anterior que esta Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, determina procedente NEGAR el otorgamiento de la concesión a la C.CARINA JAVIER JIMÉNEZ, dado que la solicitante no cumplió con todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable en materia de Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar, o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas. Por lo anteriormente fundado y motivado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros: RESUELVE PRIMERO.- Se NIEGA la Solicitud de Concesión formulada por la C. CARINA JAVIER JIMENEZ, respecto de una superficie de 499.42 m2 de Zona Federal Marítimo, localizada en la Calle Principal sin número, Colonia Agua Blanca, Localidad 0033, Municipio de Santa María Tonameca, Estado de Oaxaca, con el objeto de darle un uso para poner mesas desmontables de servicio y hacer uso de las palmas para poner amacas para descansar y dar servicio de comodidad, Uso General, con base en los motivos y fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- Se apercibe a la C. CARINA JAVIER JIMÉNEZ, a no ocupar, usar o aprovechar la zona federal maritimo terrestre, que esta resolución se resuelve y otro bien de uso común del que no se tenga concesión, permiso o autorización respectiva ya que de lo contrario, se podría hacer acreedora a las sanciones penales y administrativas que correspondan. TERCERO.- Se hace del conocimiento de la C. CARINA JAVIER JIMÉNEZ, que la presente resolución administrativa podrá ser impugnada a través del recurso de revisión previsto en los artículos 83, 85 y 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o intentar la vía jurisdiccional que corresponda." Circunstancia que constituye el acto reclamado en este juicio. En el caso particular, este juzgador considera que por cuanto hace al acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los numerales en cita, a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)" Efectivamente, la causal de improcedencia contenida en los numerales aludidos, consiste en el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio constitucional, al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos humanos, es improcedente si previamente no se acude a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos en tales numerales. Lo anterior, pues el juicio de amparo al ser un medio de control jurisdiccional extraordinario que tiene por objeto analizar la regularidad constitucional de actos u omisiones de autoridades o de particulares en funciones de autoridad que vulneren derechos humanos; y, en tal medida, procede exclusivamente contra los actos respecto de los cuales la ley no conceda medio de defensa, pues, de lo contrario, se convertiría en un recurso ordinario más e implicaría una suplantación de las funciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia. De ahí que -por regla general- la parte quejosa debe promover los medios de defensa que procedan contra los actos que pretenda reclamar mediante juicio de amparo antes de promoverlo -a menos que- reclame disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o bien, a menos que se actualice a su favor algunas de las excepciones mencionadas en los numerales transcritos. Es decir, no debe agotar dicho principio cuando: La ley de la materia no prevea el otorgamiento de la suspensión con la interposición del medio de defensa ordinario ni que pueda ser "decretada oficiosamente" por la autoridad respectiva; tampoco cuando la contemple pero no con los mismos alcances que establece la Ley de Amparo, o bien, con mayores requisitos que los establecidos en ésta (incluidos existencia y naturaleza del acto); ni cuando el plazo para concederla (veinticuatro horas) sea mayor que el dispuesto para la concesión de la suspensión provisional o no esté previsto. Tampoco debe agotarse el principio de definitividad cuando el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación, pues sería imposible jurídicamente obligar a promover un medio ordinario de defensa si no conoce las disposiciones normativas en las que está sustentado ni, por ende, la legislación que lo regula; además, dicha ausencia implicaría una violación constitucional directa. Por lo contrario, si se reclama una indebida o deficiente fundamentación no se actualiza la excepción porque dicha parte podría agotar tales medios de defensa y, la indebida fundamentación, es un problema de mera legalidad. Además, tampoco está obligada a agotar recursos legales cuando únicamente se alegue violaciones directas a la Constitución Federal, siempre que no medie interpretación ni aplicación de preceptos secundarios, ya que, en tal caso, la falta absoluta de fundamentación y motivación le impediría promover el medio ordinario de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado. De ahí que se le dejaría en estado de indefensión si no se le permitiera impugnar éste de manera excepcional mediante el juicio de amparo sin agotar aquél. Tampoco debe agotarse dicho principio cuando el recurso o medio ordinario de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley de la materia contemple su existencia, es decir, en una disposición normativa en sentido formal y material, puesto que debe ser una "ley" y no cualquier otro ordenamiento general el que señale la procedencia de dichos medios de defensa; ni cuando es tercera extraña al procedimiento del que derive el acto reclamado porque no le son aplicables las restricciones impuestas a las personas que sí lo son. CASO CONCRETO En efecto, como ya se dijo, la quejosa Carina Javier Jiménez, reclama del Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, mediante la cual le niegan la concesión para el uso y aprovechamiento de una superficie de 499.43 m² de zona federal marítimo terrestre, ubicada en calle Principal S/N, colonia Agua Blanca en Santa María Tonameca, Oaxaca. Bajo esa línea, resulta indispensable mencionar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en sus artículos 83, 85 y 86, prevé que los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán ser recurridas mediante el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Lo anterior, pone de manifiesto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé un medio de defensa mediante el cual puede ser modificado, revocado o confirmado el acto de que se duele la parte quejosa en esta vía de control constitucional. Pero además, dicha normativa en su artículo 87 prevé la suspensión del acto reclamado. "Artículo. 87.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión." En ese orden de ideas, se considera que contra la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, mediante la cual le niegan la concesión para el uso y aprovechamiento de una superficie de 499.43 m² de zona federal marítimo terrestre, ubicada en calle Principal S/N, colonia Agua Blanca en Santa María Tonameca, Oaxaca, que reclama en este juicio, existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual aquél puede ser modificado, revocado o anulado; por lo que en observancia al principio de definitividad, resultaba necesario que la parte quejosa agotara dicho medio de defensa, previamente a acudir al juicio de amparo. Amén de que no se actualiza ninguna de las excepciones antes mencionadas. Es decir, no se actualizan las excepciones referidas a la suspensión del acto reclamado ya que con la presentación del recurso o medio ordinario de defensa establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la quejosa puede solicitar la suspensión del acto de que se duele, sin más requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En lo conducente, es aplicable el criterio de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PUEDE PROMOVERSE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTARLO, SI UN RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA ES IDÓNEO PARA REVOCAR, MODIFICAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO, PERO NO RESULTA EFICAZ PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL QUEJOSO. Hechos: El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo indirecto porque estimó que la quejosa no agotó el principio de definitividad, motivo por el cual interpuso el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un recurso o medio ordinario de defensa, aunque sea idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado no resulte eficaz para salvaguardar los derechos del quejoso, por su propia naturaleza, por la forma en que se regule su sustanciación o por las circunstancias especiales que se presenten en determinado caso concreto, el particular podrá promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad. Justificación: Lo anterior, porque el principio de definitividad deriva de lo previsto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es uno de los principales ejes rectores de la procedencia del juicio de amparo y que ratifican su naturaleza como medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser solucionada por otros medios. Este principio se encuentra regulado, como causa de improcedencia de la acción constitucional, en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; hipótesis normativa que sólo resulta aplicable a los procedimientos jurisdiccionales y no para los actos propiamente administrativos, pues respecto de éstos se regula en forma específica en la fracción XX del mismo precepto. Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, consagrados en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación o carga procesal de agotar el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, lleva inmersa la lógica de que el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos: I. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y, II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe: i. Permitir al particular el despliegue pleno de su derecho de defensa; y, ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad. Por lo que si el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la legislación procesal no satisface cualquiera de los anteriores requisitos, no existirá obligación de la quejosa de interponerlo antes de acudir al amparo." Tampoco se actualiza la excepción relacionada con el principio de fundamentación del acto reclamado, pues en ningún momento la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de invocar precepto legal alguno; pues incluso, lo que alega es una indebida fundamentación de los actos de molestia al señalar que los mismos son contrarios a lo establecido en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en relación con el diverso 26 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. Además, porque del análisis integral de la demanda de amparo indirecto, de los argumentos plasmados en ella y, de sus anexos, se advierte que la parte quejosa no alega violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, por lo contrario, plantea violaciones indirectas a los derechos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales exclusivamente con base en cuestiones de legalidad. Incluso, porque de la demanda de amparo, no se advierte que la solicitante de amparo bajo protesta de decir verdad, hubiere señalado que agotó medio de defensa ordinario alguno en contra del acto reclamado. En ese sentido, la causa de improcedencia se actualiza de manera manifiesta e indudable, pues este juzgador concluye que el acto reclamado, no es de imposible reparación ya que no afecta directa e inmediatamente, derechos sustantivos. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, este juzgador con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, desecha de plano la demanda de amparo indirecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese la promoción de cuenta que se dice presentada por ***, considerando que la firma ahí estampada, a simple vista diverge de la que calza el escrito de demanda, presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el dos de los corrientes; en consecuencia, requiérasele para que se presente en este juzgado debidamente identificada con documento oficial con fotografía y vigente, a las diez horas del tres de octubre del año en curso, a efecto de manifestar si ratifica o no el contenido y firma que calza el escrito de cuenta; en la inteligencia que en caso de no hacerlo se le tendrá por no planteada la solicitud ahí contenida, con las subsecuentes consecuencias Recábese el código QR correspondiente, para que la quejosa esté en aptitud de ingresar en la fecha y hora señaladas para llevar la diligencia correspondiente. Notifíquese por lista a la parte quejosa

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón de imposibilidad asentada por la actuaria de la adscripción, de la que se aprecia que el domicilio de la quejosa Carina Javier Jiménez, que señaló para recibir notificaciones no fue localizado, además que vecinos de ese lugar refirieron no conocer a la impetrante o alguno de sus autorizados, por lo que no pudo notificar el proveído de siete de septiembre del año en curso. En consecuencia, al no existir en autos otro domicilio para realizar notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena que dicho proveído, así como las subsecuentes notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. En el entendido que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente proveído así como el diverso de siete del actual. insercion auto de siete de septiembre del dos mil veintidós.- Número de expediente: 656/2022 Acuerdo: Salina Cruz, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintidós. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros y del Procurador Federal de Protección al Ambiente, ambos con sede en la Ciudad de México, que hace consistir literalmente en Del Director General de Zona Federal Marítimo terrestre y Ambientes Costeros, se reclama la resolución emitida con fecha 18 de abril de 2022, mediante la cual niega a la suscrita, otorgar el título de concesión para el uso y aprovechamiento de una superficie de 499.43 m² de zona federal marítimo terrestre, localizada en Calle Principal S/N, Colonia Agua Blanca, Municipio de Santa María Tonameca, Estado de Oaxaca, para uso general. Del Procurador Federal de Protección al Ambiente, se reclama cualquier orden que emita tendente a impedir que desarrolle la actividad a la que me dedico, ya que cuento con autorización para el uso y goce de una superficie de 400 m² de zona federal marítimo terrestre, de la cual se pagan los derechos correspondientes.". (sic) ANOTACIONES Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 656/2022. PREVENCIÓN A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los arábigos 108 fracción III y V, en relación con el ordinal 114, fracción IV, ambos de la legislación aplicable, requiérase al promovente, para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Desahogue los siguientes requerimientos: PRIMERO. Precise concretamente qué acto le reclama al Procurador Federal de Protección al Ambiente, con sede en la Ciudad de México. Lo anterior, tomando en consideración que en el capítulo de acto reclamado, precisó: ".del Procurador Federal de Protección al Ambiente, se reclama cualquier orden que emita tendente a impedir que desarrolle la actividad a la que me dedico." En tanto que, en el apartado del capítulo de suspensión, reclama de la aludida autoridad substancialmente una orden de clausura, pues refiere: ".ordene la clausura, suspensión o cierre del establecimiento donde comercializo los alimentos." Circunstancia que constituye una ambigüedad en el acto reclamado. Lo anterior a efecto de establecer correctamente la litis constitucional y que la aludida autoridad responsable esté en aptitud de rendir su informe con justificación. Se invoca en apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393 del tomo CVIII del tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." SEGUNDO. Precise exactamente la población y/o domicilio y/o lugar en el que refiere desarrolla su actividad comercial. Dado que únicamente refiere: ".cuento con autorización para el uso y goce de una superficie de 400 m² de zona federal marítimo terrestre." Sin embargo, fue omisa en proporcionar domicilio o datos de localización del lugar en el que menciona desarrolla su actividad económica correspondiente. 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 5 ??A???????????? TERCERO. Requiérase al promovente para que dentro del mismo plazo de cinco días, siguientes a su legal de notificación exhiba una copia más de su demanda de amparo, ya que, en el caso, son necesarias cinco, y únicamente exhibió cuatro, las que se distribuirán de la siguiente manera: dos para cada una de las responsables, una para dar al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete y dos para el incidente de suspensión. Se invoca en apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a/J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 170 del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 177046, con el epígrafe y texto siguientes: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 6 acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." En el entendido de que si la parte quejosa no llegare a exhibir la copia solicitada para dar cauce al incidente de suspensión, dentro del plazo legal concedido, se tramitará, en su caso, la demanda, pero la apertura del incidente respectivo se postergará, como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 86/2002, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la foja 245 del tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere: 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 7 ??A???????????? "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 8 autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." CUARTO. Ahora bien, en caso de cumplimiento, se le requiere exhiba cinco copias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, a saber: dos para cada una de las responsables, una para dar al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete y dos para el incidente de suspensión. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 36/2001, registro 189977, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, a foja 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Las copias del desahogo son con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la Litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer el contenido íntegro del escrito de la demanda, así como en el caso el diverso aclaratorio, y por disposición 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 9 ??A???????????? expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia parte quejosa. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. Hágase del conocimiento del promovente que deberá ser el quien desahogue las irregularidades anotadas, toda vez que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" requerida en la fracción V del numeral 108 de la normativa de la materia, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueva la demanda, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal del quejoso o mandatario, y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En efecto, el requisito de la protesta de decir verdad que exige el arábigo 108, fracción V, de la legislación aplicable únicamente compete cumplirlo al quejoso -como persona física, o al representante legal, en tratándose de una persona moral-, precisamente, por referirse a hechos o abstenciones de conocimiento personal del impetrante o mandatario que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 10 Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario 1 Visible en la página 1079, libro 3, febrero de 2014, tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174745, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar el auto de prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del numeral 12 de la normativa de la materia, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. 21/03/24 15:16:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.2e ROSA MARIA JIMENEZ MENDOZA 11 ??A???????????? Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, página 68 de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." APERCIBIMIENTO En el entendido que de no desahogar cabalmente la prevención formulada dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, tomando en consideración que ante dichas irregularidades no podría establecerse correctamente la Litis constitucional; y, por ende, se dejaría en estado de indefensión a algunas de las partes que integran el juicio de amparo (autoridades responsables y agente del Ministerio Público). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda y como autorizados para tal fin a Enrique López Camacho y Óscar Alfredo Sánchez Osorio. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa a José Francisco Arroyo Paredes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. FEDATARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que la notificación dirigida a las partes y que tenga que hacer de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, tendrán que realizarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de él y aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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