Caridad Lays Guerra Díaz
Expediente 855/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 30 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 06/09/2023
Partes del expediente
- Caridad Lays Guerra Díaz
- Ramón Ricardo Mendoza Verdecia
- Caridad Lays Guerra Díaz y Otros.
- Titular y/o Encargado de la Estación Migratoria. Matamoros, Tamaulipas.
- José Enrique Tornes Olivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que no se interpuso recurso de inconformidad en contra del auto de once de agosto de este año, en el que se declaró sin materia el trámite del cumplimiento a la sentencia emitida dentro del juicio en que se actúa; en consecuencia, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que el presente expediente es susceptible de conservación, ya que se concedió la protección constitucional. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá realizar su transferencia al depósito documental designado para tal efecto, de conformidad en lo dispuesto por el numeral 26 del referido acuerdo. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el telegrama enviado por la delegada de la Secretaría de Gobernación y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en Ciudad de México, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a través del cual informa sobre el acatamiento a la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda sin necesidad de realizar mayor pronunciamiento al respecto, puesto que el once de agosto del año en curso, se declaró sin materia el trámite de cumplimiento. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el telegrama enviado por la licenciada ********************, delgada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a través del cual informa sobre el acatamiento a la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda sin necesidad de realizar mayor pronunciamiento al respecto, puesto que el once de agosto del año actual, se realizó el estudio de cumplimiento dentro del presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el diecisiete de marzo de dos mil veinte (fojas 172 a 195), se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio por las razones que han quedado expresadas en los considerandos tercero (inexistencia de la autoridad Titular del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México), cuarto (totalidad de actos reclamados por ********************), quinto (actos consistentes en orden de deportación y/o expulsión reclamados al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad) y séptimo (actos combatidos a la Secretaria de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación) de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en relación con los artículos 77, 97, párrafo primero, 98, 99, 100, 111 y 121 de la Ley de Migración (no viola el derecho de igualdad y no discriminación) y el acto que hicieron consistir en la omisión de resolver el procedimiento migratorio respectivo, por las razones expuestas en los considerandos décimo y décimo primero de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en relación con el artículo 111 de la Ley de Migración (detención no puede exceder de treinta y seis horas) y su primer acto de aplicación consistente en el aseguramiento, alojamiento y/o detención, por las razones y para los efectos precisados en los considerandos décimo segundo y décimo tercero de este fallo." Además, en el considerando séptimo dice: "En atención a las consideraciones que anteceden, con fundamento en los artículos 74, fracciones IV, V y 77, fracción II, ambos de la ley de la materia, se concede el amparo a ********************, para que el Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, así como aquellas autoridades que estén vinculadas con el cumplimiento: 1. Desincorporen de la esfera jurídica de los quejosos los plazos previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, tomando en cuenta que, respecto al alojamiento de personas en una estación migratoria, de conformidad con el artículo 21 Constitucional, la privación de la libertad no puede exceder de treinta y seis horas, tanto en el acto de aplicación con motivo del cual reclamaron la norma, así como en futuros actos hasta en tanto no sea reformada; sin perjuicio de que se dicten medidas que aseguren que los quejosos no evadan el cumplimiento de las leyes como podrían ser, entre otros, el control de firmas o la figura de la custodia previsto en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración. Lo anterior, en el entendido de que en virtud del análisis realizado al artículo 111 de la Ley de Migración, se consideró que vulnera el plazo previsto en el artículo 21 de la Constitución, no así el principio de igualdad ni el derecho a la libertad de tránsito, por las razones expuestas en el considerando décimo primero de la presente sentencia.." b) En contra de la citada determinación el Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México y el autorizado en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la parte quejosa, interpusieron recurso de revisión, el cual fue registrado en el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, bajo el número ********************, quien en sesión de catorce de julio de dos mil veintidós, determinó lo siguiente (fojas 200 a 235 y 283 a 299): "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento a que se refiere el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se reserva jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de los presentes recursos de revisión interpuestos respectivamente por la propia parte quejosa, así como por el Presidente de la República." c) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, registró el amparo en revisión ********************, quien resolvió (fojas 403 a 492): "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************." Además, en su punto "IV. DECISIÓN", dice: "La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, al resultar fundados los agravios de la parte quejosa-recurrente, y esencialmente fundados los conceptos de violación, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: a) Desincorporación de su esfera jurídica los artículos 97, 98, 99 y 111, en sus porciones normativas "quince días hábiles" y "sesenta días hábiles", de la Ley de Migración. b) Al aplicar sobre su esfera jurídica el artículo 111 de la Ley de Migración, hacerlo a la luz de la interpretación conforme que sobre esa disposición normativa se establece en la presente ejecutoria (vid. (2.2.1) Interpretación conforme del artículo 111 de la Ley de Migración"); c) Aplicar sobre su esfera jurídica el artículo 121 de la Ley de Migración, hacerlo a la luz de la interpretación conforme que sobre esa disposición normativa se hace en la presente ejecutoria (vid. (2.2.1.1.) Interpretación conforme del artículo 121 de la Ley de Migración, a la luz de la interpretación correspondiente al diverso 111") d) Reponer en su integridad el procedimiento administrativo migratorio instaurado sobre su esfera jurídica, garantizando desde su inicio el nombramiento de una persona defensora de sus intereses, capacitada específicamente en materia migratoria. Misma que deberá ser designada a su elección; y, de no ser electa personalmente, nombrada por la autoridad migratoria competente de conformidad con los estándares de garantía y protección indicados en la presente ejecutoria (vd. "/2.2) El estándar de protección del derecho a una defensa adecuada en materia migratoria." y "(3) La irrenunciabilidad del derecho a una defensa adecuada en materia migratoria.")" d) En auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 537 y 538). c) Por oficio terminación 576/2023, el Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, comunicó el impedimento que tiene para dar cumplimiento al fallo protector, ya que no puede localizar y notificar a los quejosos ********************, de la reposición del procedimiento administrativo migratorio instaurado sobre su esfera jurídica, puesto que el veintisiete de enero de dos mil veinte, fue la última fecha en que éstos se presentaron ante esa oficina a plasmar sus firmas en el libro de asistencia respectivo, acompañando además copia del acta circunstanciada ********************, de veinte de febrero de ese mismo año, en la que el Coordinador de la Unidad de Áreas de Servicios Migratorios adscrito a esa oficina, al acudir al domicilio proporcionado por éstos en el acuerdo de custodia de veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, le hicieron saber que las personas en mención ya no vivían ahí, en virtud de que habían cruzado el Río Bravo y se encontraban en la ciudad de Brownsville, Texas, lo cual se puso a la vista de las partes en auto de veintiséis de julio del año en curso (fojas 544 a 559). d) En relación a la vista precisada en el inciso que antecede, la licenciada ********************, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, reiteró la información proporcionada por la autoridad responsable, pues de las constancias que integran el expediente interno de esa defensoría, advirtió que ya no se tuvo comunicación con los nombrados quejosos, incluso el número telefónico que éstos proporcionaron se encuentra fuera de servicio, sin contar con algún otro dato para su localización (fojas 560 y 561). Por lo tanto, este tribunal procede a realizar el análisis previsto por el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. Ahora bien, en el presente asunto se otorgó la protección constitucional en esencia para que se repusiera el procedimiento administrativo migratorio instaurado en contra de ********************, garantizando desde su inicio el nombramiento de una persona defensora de sus intereses, capacitada específicamente en materia migratoria. Sin embargo, como se vio, la autoridad responsable, de quien está a cargo el procedimiento administrativo instaurado en contra de los nombrados agraviados, manifestó su imposibilidad para acatar la ejecutoria de amparo, puesto que el veintisiete de enero de dos mil veinte, fue la última fecha en que éstos se presentaron ante esa oficina a plasmar sus firmas en el libro de asistencia respectivo, además, al acudir al domicilio que proporcionaron en el acuerdo de custodia, le hicieron saber al Coordinador de la Unidad de Áreas de Servicios Migratorios adscrito a esa oficina, que ya no vivían ahí, en virtud de que habían cruzado el Río Bravo y se encontraban en la ciudad de Brownsville, Texas. Información anterior que fue corroborada por su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, puesto que también se perdió comunicación con ellos. Ahora bien, debido a que dejó de existir la materia del acto reclamado, al haber dejado de acudir a la oficina a plasmar sus firmas en el libro de asistencia respectivo, incluso ya no fueron localizados por su defensora pública, por lo que en el caso, no existe derecho fundamental que reparar. Por tanto, se declara sin materia el trámite del cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. En efecto, ante la imposibilidad del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, ante quien se encuentra instaurado el procedimiento administrativo en contra de ********************, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada. Lo anterior encuentra apoyo por las consideraciones que contiene en la jurisprudencia 2a./J. 27/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro digital, de la Undécima Época, Materias Común, cuyos rubro y texto son: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE EL ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho al analizar, en el trámite de cumplimiento de la sentencia de amparo, un supuesto de inexistencia de materia debido al desistimiento de la acción por la parte actora y/o por convenio entre las partes en el juicio de origen. La persona juzgadora de amparo declaró sin materia el cumplimiento y envió el incidente de inejecución de sentencia al órgano revisor, quien emitió pronunciamiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en caso de desistimiento de la acción por la parte actora y/o convenio de las partes en el juicio de origen, la persona juzgadora de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada al efecto, debe declarar sin materia el cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. Justificación: El operador de amparo debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; empero, no se actualiza tal figura en el supuesto de que la materia haya dejado de existir y, por ende, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Así, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Así, previa vista a las partes para que estén en condiciones de hacer valer lo que a su derecho corresponda conforme al artículo 201 de la Ley de Amparo, en su oportunidad ordenará el archivo del expediente. Consecuentemente, por regla general es innecesario que la persona juzgadora abra un incidente de inejecución de sentencia y es improcedente su trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. En ese sentido se proporciona congruencia al sistema de cumplimiento, ejecución e inejecución a que se contraen los artículos contenidos en el título tercero de la Ley de Amparo, la doctrina jurisprudencial y, en general, la normatividad aplicable, esto es, los acuerdos generales emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Sin que pase desapercibido que la totalidad de las autoridades haya informado sobre el acatamiento a la sentencia protectora, ya que no se hace necesario su espera, puesto que como se dijo, la concesión en esencia lo fue para el efecto de que la responsable ante quien se encuentra instaurado el procedimiento administrativo, repusiera éste bajo los términos que han quedado precisados. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
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