Carbajal Bermudez, Sociedad Civil

Expediente 1536/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1536/2014
Año
2014
Actuaciones
12
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Carbajal Bermudez, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, quince de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por ***********, representante legal de la quejosa en el juicio de amparo 7535/2015 acumulado al en que se actúa; atento a su contenido y a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados en términos amplios a **********, toda vez que tienen inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, con fundamento en el segundo párrafo del precitado artículo de la ley de la materia, téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que precisa y por lo que respecta a *********, se le tendrá con dicho carácter, hasta en tanto acredite haber registrado su cédula profesional en el referido sistema. Por lo que respecta a las autorizaciones conferidas a **********, se deberá de estar a lo acordado en proveído de veintidós de junio del año en curso y respecto de ************, a lo acordado en los diversos de diez de mayo de dos mil dieciséis y diez de marzo de dos mil diecisiete, en los que se acordó en sus términos lo conducente a las autorizaciones otorgadas. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el representante legal de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista ordenada en auto de trece de junio del año en curso y al efecto realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia, mismas que serán tomadas en consideración más adelante; por tanto, se tiene por desahogada la vista, y se procede a resolver lo conducente. Vistas las copias certificadas del oficio remitido por la autoridad responsable, los autos de nueve y treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y demás constancias relativas al Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, mismas que obran en autos, de las que se advierte que en relación con todos los quejosos y juicios de amparo respecto de los que fue requerida la responsable, a fin de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señala que al contribuyente en este juicio de amparo, no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Por tanto, si la autoridad responsable no realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes en este asunto, no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Asimismo, son infundadas las manifestaciones de la parte quejosa en las que señala que la ejecutoria de amparo no está cumplida debido a que la autoridad hacendaria debió emitir una comunicación vinculante, en la que se comprometa a no aplicar a la quejosa la norma contra la cual se concedió el amparo. En efecto, lo anterior resulta infundado debido a que conforme al artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los efectos de la protección constitucional contra la norma general se traducen en su inaplicación en la esfera jurídica de la quejosa; por lo que para lograr el exacto cumplimiento de una sentencia de amparo no es necesario ordenar a la autoridad responsable a que se comprometa a no aplicar la norma impugnada, toda vez que las ejecutorias de amparo se encuentran investidas de la autoridad de cosa juzgada, cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo, y 17, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; y, como tal, tiene fuerza suficiente para obtener lo reconocido en la sentencia ejecutoria. Dicho en otros términos, el hecho de que no obre en autos alguna comunicación de la autoridad responsable en la que se comprometa a no aplicar la norma impugnada a la quejosa en subsecuentes ocasiones, no se traduce en un incumplimiento de la sentencia de amparo, toda vez que dichas resoluciones, al gozar de la calidad de cosa juzgada, en términos del artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, tienen eficacia propia y suficiente para lograr el exacto cumplimiento de sus efectos. Aunado a lo anterior, en la hipótesis de que las responsables apliquen de nueva cuenta a la quejosa en una norma contra la cual se le concedió la protección constitucional, ello, en todo caso, sería motivo de impugnación a través del medio de defensa que resulte idóneo de los contemplados en el Título Tercero de la Ley de Amparo. En consecuencia, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Por lo que hace a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténgase por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Finalmente, vista la certificación de cuenta, téngase como autorizado de la quejosa en amplios términos del artículo 12 de la ley de amparo a xxxxxxxxxxxxx, en virtud de tener debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y para el único efecto de oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala, hasta que acrediten tener registrada su cédula en el referido sistema. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, el cual contiene la transcripción de la resolución dictada en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el toca relativo al recurso de inconformidad 208/2018 y devuelve el juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo y estese a lo resuelto por el tribunal que determinó: "CONSIDERANDO. (.) De ahí, que al no haberse observado las reglas que rigen el procedimiento para el cumplimento de la sentencias de amparo, en el caso se impone declarar FUNDADO el presente recurso de inconformidad, a efecto de que el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 1536/2014 de su índice, deje insubsistente el acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho y reponga el procedimiento de ejecución, a afecto de que ordene dar vista a la parte quejosa con el oficio 600-04-01-00-00-2018-36085 de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, por el plazo de tres días, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, lo que deberá hacerle del conocimiento de manera personal. Hecho lo anterior, transcurrido el plazo y desahogada o no la vista otorgada, dicte la resolución que en derecho corresponda, en la cual deberá de observar el procedimiento que disponen los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, en el entendido de que si determina la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ya sea por una cuestión material o jurídica, deberá proceder en términos del artículo 196, último párrafo, del ordenamiento en cita y de la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (.) Y en los puntos resolutivos determinó: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de inconformidad planteado por ********** quejosa en el juicio de amparo 1536/2014, del sumario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Háganse las anotaciones respectivas, y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formados con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se deja insubsistente el acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho, y con fundamento en el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, con copia del oficio 600-04-01-00-00-2018-36085 de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dése vista a la quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, respecto de lo informado por la responsable; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito se pronunciará respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, once de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio que remite el Tribunal Colegiado de Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio con el que se remitió el expediente principal relativo al juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, con motivo del recurso de inconformidad interpuesto e informa que lo admitió a trámite. De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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