Canuto Acuña Haro
Expediente 205/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Canuto Acuña Haro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el que suscribe Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del cuatro al diecisiete de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, dentro del juicio de amparo número 205/2018; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que si existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil de la Capital del Estado de Zacatecas. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, el dieciséis de marzo del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Canuto Acuña Haro; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil de la Capital del Estado de Zacatecas, las constancias que remitió en su momento con su informe justificado, consistentes en las copias certificadas del expediente 391/2015. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE 16 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y DEL AUTO DE 22 DE MARZO DE 2018, DICTADO POR ESTE JUZGADO FEDERAL, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva, así como las copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo 391/2015; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo." "San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 205/2018, promovido por Canuto Acuña Haro, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas [foja 2], Canuto Acuña Haro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Acto reclamado: La resolución interlocutoria de once de enero de dos mil dieciocho, pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 391/2015. El quejoso señaló como artículos vulnerados, los diversos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de demanda]. Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho [fojas 7 a 10], el Secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró el juicio con el número 205/2018, admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el uno de marzo de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a foja 19. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 22/2018, de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho [recibido en este órgano jurisdiccional a las quince horas del nueve de marzo del año en curso], signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 205/2018, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 117/2018-I, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución de once de enero de dos mil dieciocho [fojas 100 a 102 del anexo], en la cual, se declaró improcedente el recurso de revocación planteado por el demandado Canuto Acuña Haro y se confirmó el auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró improcedente la figura de la caducidad. Acto que se atribuye al Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, consistente en la resolución de once de enero de dos mil dieciocho, emitida en los autos del juicio ejecutivo mercantil 391/2015, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado [foja 16], lo que se corrobora con las copias certificadas del referido expediente, de las que se advierte la resolución que por esta vía se impugna [fojas 100 a 102 del anexo], las cuales tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, en términos de lo previsto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO [Improcedencia del juicio]. Las partes en este juicio de amparo no invocaron causas de improcedencia, ni se advierte alguna que este juzgador tuviera que analizar oficiosamente. QUINTO [Estudio de fondo]. Se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. El solicitante del amparo expresó los conceptos de violación que enseguida se sintetizan: I. Que la resolución reclamada vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales, porque contrario a lo expuesto por la juez responsable, el artículo 373, fracción IV del Código Federal de Procedimientos Civiles, sí es supletorio del Código de Comercio, por tanto, en términos de ese precepto legal opera la caducidad en el juicio ejecutivo mercantil. II. Que la juez responsable dejó de advertir que ante la deficiencia en la regulación de la prescripción en materia mercantil, y dado que el actor no impulsó el procedimiento por más de un año, entonces, ello actualiza la caducidad del juicio ejecutivo mercantil. III. Que al no existir otra opción en el Código de Comercio en relación a la falta de impuso procesal de la parte actora, entonces, sí resulta aplicable el artículo 373, fracción IV del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula con mayor amplitud la figura de la caducidad. IV. Que la consideración de la juez responsable en el sentido de que el artículo 1076 del Código de Comercio regula la figura de la caducidad la cual podrá declararse desde el primer auto que se emite en el proceso y hasta la citación para oír sentencia, es ilegal, porque dejó de advertir que sí se actualiza la supletoriedad al no existir figura jurídica en el Código de Comercio que regule la falta de impulso procesal por más de un año, cuestión que sí se prevé el artículo 373, fracción IV del Código Federal de Procedimientos Civiles. QUINTO [Análisis sistemático de los conceptos de violación]. Los conceptos de violación antes sintetizados, que se analizan conjuntamente dada la estrecha vinculación que guardan entre sí, son infundados. Previamente debe puntualizarse que, la caducidad constituye una figura extintiva del proceso cuando las partes no lo impulsan después de transcurrido cierto lapso de tiempo. Por tanto, la sanción es para las partes a virtud de la inactividad procesal. Ahora bien, el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su fracción IV, establece que el proceso caduca cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente. Dicho precepto legal no prevé expresamente la etapa procesal en que puede actualizarse la figura de la caducidad. Por su parte, el artículo 1076 del Código de Comercio prevé que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, cuando: a) hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b) no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Como se advierte, aun cuando las referidas legislaciones regulan la figura de la caducidad, difieren en relación al momento de su actualización, pues para el Código Federal de Procedimientos Civiles será "en cualquier etapa del proceso", mientras que para el Código de Comercio se actualizará desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia. Sobre esas premisas, debe decirse que son infundados los conceptos de violación, pues contrario a lo aducido por el quejoso, no aplica la supletoriedad del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su fracción IV, al Código de Comercio, en relación a la figura de la caducidad. Ello, porque la supletoriedad consiste en un sistema de corrección de vacíos legislativos o el complemento de una legislación especial, por lo que es necesaria la demostración de la existencia del vacío, así como también que la norma con la cual se pretende llenar no contravenga el sistema, normas o principios rectores del ordenamiento a suplir. En el caso concreto, la figura de la caducidad en materia mercantil se encuentra expresamente regulada en el artículo 1076 del Código de Comercio, en el que el legislador estableció expresamente el momento a partir del cual inicia -desde el primer auto que se emita en el juicio- y el momento en que concluye -hasta la citación para oír sentencia-, lo que pone de relieve que la intención del legislador es que esa figura procesal únicamente se actualice durante el procedimiento y no en el período de ejecución de sentencia, de ahí que en relación a esa figura procesal no se debe aplicar de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo referente a la caducidad, pues dicha institución jurídica se encuentra completa y suficientemente regulada en el Código de Comercio. Además, el hecho de que la caducidad no se actualice en el período de ejecución de sentencia no contraviene el debido proceso legal ni la seguridad jurídica que rige en los juicios mercantiles, pues al emitirse una sentencia definitiva que constituye cosa juzgada, entonces, surge el derecho de la parte que obtuvo a su favor una condena, de pedir la ejecución de la sentencia, por tanto, la facultad de exigir lo sentenciado constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Por tanto, la institución jurídica apta para actualizar la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, al tratarse aquél de un derecho de naturaleza sustantiva, lo que pone de manifiesto que la intención del legislador de no regular la caducidad en esa etapa, tiene como finalidad fundamental privilegiar el derecho sustantivo de la parte que obtuvo sentencia favorable. Apoya lo expuesto, por la idea jurídica que contiene, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes. Época: Décima Época Registro: 2008097 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. CDXIV/2014 (10a.) Página: 230 EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL DERECHO PARA PEDIRLA ES LA PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN. La facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante un procedimiento de ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Así, a partir de esa premisa, se deduce que esa facultad de exigencia se rige por la prescripción y no por la preclusión, pues si bien ambas instituciones constituyen medios extintivos de las relaciones jurídicas, la primera de ellas, entre otras de sus notas distintivas opera, por regla general, respecto de derechos sustantivos en los que existe una relación de derecho-deber identificable en la sentencia de condena que, en sentido civil, es siempre una conducta que el ejecutado debe realizar y que el ejecutante puede recibir; mientras que la segunda, responde a la necesidad de dar certidumbre jurídica al interior de un proceso o procedimiento jurisdiccional y, en tal virtud, parte del supuesto de que el proceso está dividido en etapas previamente definidas en donde, si las partes no cumplen con las cargas prescritas en la ley, deben someterse a los efectos perjudiciales de su no hacer que pueden trascender al resultado del juicio. Luego, si en la sentencia definitiva se define una relación derecho-deber respecto de los que formaron parte de la relación procesal y ésta se encuentra dotada de la calidad de cosa juzgada, sus efectos no son potestativos ni se dirigen a tutelar la certeza jurídica que debe regir en el proceso, antes bien, con el dictado de la sentencia que acoge sus pretensiones, el beneficiario de la condena habrá obtenido un título nuevo diferente del que fue materia del juicio, por virtud del cual comenzará para él una nueva prescripción, la de la actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la sentencia. Por tanto, el derecho para ejecutar la sentencia no puede ser objeto de la preclusión, ya que la institución jurídica apta para actualizar la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, al tratarse aquél de un derecho de naturaleza sustantiva. En tal virtud, aun cuando la parte actora haya dejado de actuar por más de un año -como lo aduce el quejoso- no procedería la actualización de la caducidad, pues en términos del artículo 1076 del Código de Comercio, esa figura no procede durante el período de ejecución de sentencia. Además, como ya se precisó, la figura apta para actualizar la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia es la prescripción, la cual se encuentra debidamente regulada en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, que establece que el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil prescribe en el término de tres años, de ahí que tampoco proceda la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación a la figura de la prescripción. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes. Época: Novena Época Registro: 162860 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Febrero de 2011 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 99/2010 Página: 292 EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE TRES AÑOS. El derecho para solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual se extingue mediante la figura de la prescripción. Así, el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil prescribe en el término de tres años, conforme al artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, que prevé una norma específica para tal supuesto frente al término genérico de diez años contenido en el artículo 1047 del mismo Código, el cual debe aplicarse en los casos en que no se señalen plazos más cortos para la prescripción. En tales circunstancias, es jurídicamente correcto que la juez responsable haya considerado que no procedía la caducidad en los términos planteados por el recurrente, pues como ya quedó de relieve, dicha figura procesal no se actualiza en el período de ejecución de sentencia, ni opera la supletoriedad de esa figura en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles al encontrarse expresamente regulada en la legislación mercantil, de ahí que la resolución reclamada no vulnera los derechos fundamentales del impetrante del amparo. En las relatadas circunstancias, lo que procede es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales, 74, 75, 77, 78 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Canuto Acuña Haro, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, por las razones establecidas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase."
- Principal
El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 5895 con anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva, así como las copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo 391/2015; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE.
- Principal
El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la constancia de emplazamiento del tercero interesado Carlos Palacios Frausto, de la que se advierte que el antes nombrado señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se tiene domicilio del mencionado tercero interesado el ubicado en calle de la Torre número 62, colonia La Herradura, de esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
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