Canek Juventino Zambrano Salinas
Expediente 578/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juventino Zambrano Maravilla
- Canek Juventino Zambrano Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, remitido por el autorizado en términos amplios del quejoso, mediante el cual cumple el requerimiento efectuado en autos al progenitor del menor quejoso en el sentido de que remitió vía correo electrónico la mayoría de los documentos y estudios que le fueron solicitados por el Instituto Nacional de Pediatría, asimismo solicita a este órgano jurisdiccional que requiera al Director del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Charo, Michoacán, para que de inmediato expida, el certificado médico solicitado, en el cual se realice la valoración médica integral con la condición respiratoria, neurológica, infecto-contagiosa y hemodinámica con la que cuenta el menor, dado que la madre del menor quejoso fue informada, que dicho documento se lo entregarían a más tardar dentro del plazo de cuatro días hábiles y manifiesta que "resulta un HECHO NOTORIO para este Juzgador que el menor quejoso fue trasladado recientemente en fecha 30 de junio del año en curso, desde la ciudad de Morelia, Michoacán, hacia la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Jalisco, e incluso se le agendó diversa cita para el día 28 de julio del mismo año, para los servicios de neumología y neurología. Asimismo, dentro de dicho correo electrónico, el padre del menor quejoso le hizo saber a la Autoridad Responsable, la disposición con la que cuenta incluso para él mismo erogar lo correspondiente al traslado de dicho menor hacia ese nosocomio, con tal de que su menor hijo sea valorado por el Instituto Nacional de Pediatría y se inicie con el tratamiento más eficaz para la enfermedad que padece. Lo anterior, para el efecto que sea tomado en consideración por parte de su Señoría sobre la viabilidad de dicho traslado"; en consecuencia, téngasele parcialmente por cumplido el requerimiento formulado en proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, toda vez que acredita que el diez de julio del año en curso remitió algunas documentales que le fueron solicitadas desde el cinco de julio pasado por la autoridad responsable, en el entendido de que subsiste el requerimiento para que una vez que remita la totalidad de los estudios solicitados por la autoridad responsable lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, a fin de estar en posibilidad de requerir el informe a la autoridad responsable, la cual requiere de dichas documentales para emitirlo. Ahora bien en relación con su petición de que se requiera al Instituto Mexicano del Seguro Social para que de inmediato expida el certificado médico relativo a la valoración integral sobre la condición respiratoria, neurológica, infecto-contagiosa y hemodinámica que detenta el menor, dado que la madre del infante quejoso se presentó ante dicho instituto el día trece de julio de dos mil veintiuno (como lo acredita con la solicitud de datos personales contenidos en el expediente clínico) y fue informada, que dicho documento se lo entregarían a más tardar dentro del plazo de cuatro días hábiles; no ha lugar a proveer de conformidad su petición, en principio porque en un sentido lógico el plazo de cuatro días hábiles que refiere el Instituto en mención resulta un plazo razonable y prudente para realizar los estudios necesarios al infante a fin de emitir el certificado médico solicitado por la responsable, máxime que se advierte que la autoridad responsable requirió al progenitor del menor el citado certificado entre otros documentos desde el día cinco de julio del año en curso, estando en posibilidad los padres del menor de conseguir dicho certificado desde esa fecha, empero como lo expone el propio promovente y se acredita con la documental que anexa, la madre del quejoso formuló la solicitud respectiva hasta el trece de julio sin manifestar la imposibilidad que tuvo para solicitarlo con antelación y con mayor prontitud; por lo tanto, se exhorta a ambos progenitores para que en la medida de sus posibilidades efectúen las acciones que a ellos correspondan para que aporten, a la autoridad responsable y, en su caso, a este órgano jurisdiccional, los elemento primarios y necesarios que se requieren para proveer gestiones relacionadas con la suspensión de plano concedida en autos al menor quejoso, en el entendido que sobre la base de una pronta gestión de su parte y ante la imposibilidad que tengan para obtener las documentales que requiere la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional está presto para proveer lo conducente en aras de garantizar los derechos fundamentales del menor quejoso a la vida y a la salud. Por otra parte, respecto de las manifestaciones que formula el promovente en el sentido de que el progenitor del menor quejoso está en posibilidad de erogar los gastos correspondientes al traslado del menor a las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México; téngansele por hechas y resérvese proveer lo conducente hasta el momento en el que la autoridad responsable informe sobre la viabilidad de dicho traslado, según las condiciones de salud y médicas del infante. En otro aspecto, agréguense los oficios signados por el Subdirector de Asuntos Jurídicos, en representación del Director General de Instituto de Pediatría, registrados con los folios antes mencionados, mediante el primero de ellos hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante oficio DM/MMP/1216/2021, con motivo del diverso juicio de amparo 288/2021 se designó a la ********************, Jefa del Servicio de Neurología y Clínica de Epilepsia del citado Instituto a efecto de que emita la opinión que le fue solicitada por la Secretaría de Salud en su carácter de autoridad responsable dentro del referido juicio de amparo 288/2021 del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo solicita, a efecto de no duplicar información, que una vez que dicha opinión sea rendida por la Secretaría de Salud en el juicio de amparo 288/2021 se tomen en consideración las manifestaciones de la especialista en el presente juicio amparo. En el segundo oficio de cuenta signado por la citada autoridad promueve incidente de acumulación del presente juicio de amparo al diverso 288/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, con sustento en los articulo 49 y 66 de la Ley de Amparo 71, 72, 73, 75 y 76 del Código Federal del Procedimientos Civiles, lo que sustenta en las consideraciones siguientes: 1.- Existe identidad del acto reclamado en ambos juicios, el cual se hace consistir en la falta de intención médica respecto del mismo padecimiento (atrofia muscular espinal AME tipo 1) y respecto del mismo menor de identidad reservada con iniciales ********************Además señala que los actos reclamados en ambas demandas están íntimamente ligados, pues como se dijo devienen de la misma enfermedad que sufre el mismo quejoso. 2.- Que los artículos 71, 72, 73, 75 y 76 del Código Federal del Procedimientos Civiles, son de observancia obligatoria para este juzgado y permiten que se ordene la acumulación solicitada por que existe identidad en el acto reclamado, identidad en la persona quejosa, identidad en la solicitud de falta de atención médica e identidad en el padecimiento del menor quejoso; razones por las cuales solicita la acumulación, sumado a que las pruebas, informes y documentos que se exhiban por todas las partes tanto del quejoso como de las autoridades responsables, están encaminadas el tratamiento requerido por el menor para el padecimiento que le fue diagnosticado y como consecuencia de ello evitar que se dicten sentencias que pueden ser contradictorias. 3.- Que la importancia de que se acumulen los juicios radica incluso en que, a petición de la Secretaría de Salud, la Jefa del Servicio de Neurología y Clínica de Epilepsia, ******************** (adscrita al Instituto Nacional de Pediatría) fue designada para emitir su opinión técnica como experto respecto del padecimiento del menor en el diverso juicio 288/2021 al que se solicita la acumulación, juicio en el que la Secretaría de Salud y demás instituciones son parte como autoridades responsables siendo éste un hecho indispensable por el cual se solicita el incidente de acumulación, pues reitera que de continuar conociendo de ambos juicios, pueden existir determinaciones contrarias que pueden afectar de manera directa la vida e integridad del menor de iniciales ******************** 4.- Acumulación que de conformidad con el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles debió ser analizado de oficio por este Juzgado, al existir identidad en el acto reclamado respecto de la misma persona. En relación con la solicitud efectuada por la responsable así como respecto de la acumulación promovida del presente juicio amparo al diverso ********************, ambos del índice de este órgano jurisdiccional y atendiendo a sus peticiones, SE RESUELVE DE PLANO LA ACUMULACIÒN MISMA QUE RESULTA PROCEDENTE del presente juicio al diverso mencionado, por las razones siguientes: De la constancia secretarial se advierte que resulta un hecho notorio que en este órgano jurisdiccional se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ******************** mismo que fue registrado con el número ********************, donde se señalan como actos reclamados los siguientes: ".La negativa de las autoridades señaladas de proporcionarle a mi menor hijo la TERAPIA ZOLGENSMA, con un costo DE MÁS DE $2.000.000.00 (DOS MILLONES DE DÓLARES), QUE CONSISTE EN DOSIS DE UNA VACUNA, QUE SE HA RECOMENDADO Y APROBADO POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA PACIENTES CON ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (AME TIPO 1) o también conocido como "SÍNDROME DE WERDNIG HOFFMANN", bajo los argumentos falaces de que no es un tratamiento aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y que el IMSS no cuenta con el mismo, aunado a que según no hay recursos para el mismo. Es falso que no haya sido aprobado por la COFEPRIS, cuando este tratamiento ya ha sido aplicado en el Hospital Infantil de la Ciudad de México para niños con el mismo problema de mi menor hijo, con lo que sé contradice el dicho de las Autoridades Señaladas como responsables, ya que ese tratamiento en otra Dependencia del Sector Público, fue suministrado a una menor con el mismo padecimiento de mi bebé, como se acredita con la nota periodística que adjunto." El presente juicio ******************** fue promovido también en favor del menor de iniciales ******************** por conducto de su padre de nombre ********************, en el que se señalan como actos reclamados: la omisión de garantizar el derecho a la salud del menor quejoso al no proporcionarle el tratamiento médico adecuado para su enfermedad de atrofia muscular espinal, ni proporcionarle el servicio de atención medica que requiere. Lo anterior pone de manifiesto que, tanto en el juicio en que se actúa, como en el diverso ********************, se reclaman actos estrechamente vinculados, que agravian al menor quejoso de iniciales ******************** toda vez que los actos reclamados tanto en dicho juicio de amparo como en el presente, se traducen en la falta u omisión de garantizar y proporcionar la atención y el tratamiento médico adecuado a la enfermedad que padece el menor (atrofia muscular espinal AME TIPO 1). Incluso cabe señalar que en ambos juicios de amparo se encuentra concedida la suspensión de plano para los efectos siguientes: En el amparo ********************, donde se reitera fueron señaladas como actos reclamados los relativos a la negativa de las autoridades responsables de proveerle al menor quejoso directo la terapia relativa a su padecimiento de atrofia muscular espinal AME Tipo 1, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito modificó los efectos de la suspensión decretada de oficio y de plano, en el recurso de queja 53/2021 de su índice para quedar en los términos siguientes: ".las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia y bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento a que alude o uno análogo que sea útil para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, podría ser o no el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del menor identificado con las siglas ********************, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes.". En el presente juicio, la medida cautelar de plano fue otorgada para los efectos que a continuación se transcriben: "Que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia y bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato, revisen y certifiquen si el medicamento a que alude la parte quejosa consistente en SPINRAZA (NUSINERSEN) o uno análogo que sea útil para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, podría ser o no el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del menor identificado con las siglas ********************, comparado con otras alternativas que estén o no incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, lo que además deberá ser acorde con el estado del paciente y su edad; y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento apuntado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la institución deberá otorgarlo de inmediato, y para ello deberá realizar los trámites correspondientes. Para lo anterior, es menester que el Director del Instituto Nacional de Pediatría ordene a quien corresponda para que en el término de veinticuatro horas se pongan en contacto con el progenitor del menor quejoso, cuyo nombre es ********************, a través del número telefónico que proporciona en la demanda de cuenta [********************] para que se proceda a trasladar al menor quejoso de iniciales ********************con todas las seguridades médicas y bajo su más estricta responsabilidad al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, para que en dicha unidad le sea brindada la atención médica necesaria durante el tiempo que resulte necesario para preservar la salud, integridad y la vida del menor quejoso directo acorde con el padecimiento que detenta, y le sean practicados todos los estudios necesarios para certificar si el medicamento a que aluden como SPINRAZA (NUSINERSEN) o uno análogo que sea útil para el tratamiento de la atrofia muscular espinal AME TIPO 1 que padece el menor quejoso, es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del menor de iniciales ********************comparado con otras alternativas que estén o no incluidas en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud o en sus propios catálogos institucionales; estudios que las autoridades responsables deberán efectuar de manera inmediata y en el tiempo estrictamente indispensable para ello. Cabe precisar que el traslado del menor quejoso debe realizarse con las medidas de seguridad y de salud necesarias, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, en la que la parte promovente afirma se encuentra el menor quejoso, a la diversa Ciudad de México, cuyo traslado y estudios no deberán exceder del término de ocho días siguientes, o bien, las autoridades responsables deberán informar sobre los avances en el traslado y estudios necesarios, para determinar el medicamento y tratamiento adecuado para el padecimiento de atrofia muscular espinal AME tipo 1, o también conocido como "SINDROME DE WERDNIG HOFFMANN", en los términos ya apuntados. En el entendido de que a fin de garantizar el derecho humano a la salud, las autoridades responsables deberán adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr por todos los medios apropiados, su plena efectividad." Sumado a lo anterior, constituye un hecho notorio que en el amparo ******************** se gestiona el traslado del menor a la Ciudad de Guadalajara para que sea atendido en el Centro Médico de Occidente de Guadalajara y se certifique si el tratamiento con el medicamento Zolgensma o uno análogo es útil para el padecimiento que presenta el menor consistente en atrofia muscular espinal (AME tipo 1). En el presente juicio de amparo, la pretensión es que el menor sea trasladado a la Ciudad de México para ser atendido en el Instituto Nacional de Pediatría y se certifique si el tratamiento con el medicamento ESPINRAZA (NUSINERSEN) o uno análogo es útil para el citado padecimiento. De ello se advierte que las pretensiones en uno y otro juicios de amparo son homogéneas por cuanto hace a que el objetivo buscado a través de la vía constitucional en ambos juicios de amparo es que se determine el medicamento más útil para el tratamiento de la atrofia muscular espinal que padece el menor quejoso directo y una vez certificado ello se le proporcione de inmediato, ante lo cual y toda vez que los actos reclamados derivan de los mismos hechos y antecedentes, resulta indispensable que la tramitación y resolución de ambos juicios se efectúe de forma acumulada con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia del solicitante de amparo y evitar resoluciones en el trámite y en definitiva que resulten irreconciliables y contradictorias, pues de lo contrario la falta de compatibilidad y homogeneidad procesal podría derivar en determinaciones que contrario a garantizar la salud y la vida del propio menor quejoso, éstas sean puestas en riesgo. Cabe señalar que de lo manifestado por la autoridad aquí responsable en el oficio de cuenta y en oficios que anteriormente ha remitido a este órgano jurisdiccional, se desprende no solo la viabilidad de la acumulación de ambos juicios de amparo, sino la necesidad de ésta, pues en diversas ocasiones ha manifestado que resulta necesaria la actuación coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social radicado en esta ciudad de Morelia [autoridad que figura como responsable en el diverso amparo ********************], en principio, para que, ésta última como unidad tratante del menor y por detentar su historia clínica desde que le fue diagnosticado el padecimiento al menor, efectué un resumen clínico pormenorizado que no exceda de setenta y dos horas previas a su emisión en el que conste la valoración médica integral del menor respecto de su condición respiratoria, neurológica, infecto-contagiosa y hemodinámica, informe que requiere para valorar y ponderar la situación médica ACTUAL del menor y si es viable trasladarlo al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, sin poner en riesgo su salud y su vida. Hecho lo anterior, y en caso de concluir que es factible el traslado del menor a la Ciudad de México, la autoridad aquí responsable ha manifestado en diversas ocasiones que es el citado Instituto Mexicano del Seguro Social el que deberá proporcionar los elementos necesarios para su adecuado traslado en las condiciones médicas que sen necesarias para salvaguardar la salud y vida del menor paciente al momento del traslado, pues dice que el propio Instituto Nacional de Pediatría no cuenta con los recurso material en condiciones que garanticen la salud y la vida del solicitante de amparo. Sumado a lo anterior, como lo dice la propia autoridad responsable, la acumulación resulta indispensable, puesto que como ella misma lo explica, las pruebas, informes y documentos que se exhiban por todas las partes tanto del quejoso como de las autoridades responsables, en uno y en otro juicios de amparo, están encaminadas al tratamiento requerido por el menor para el padecimiento que le fue diagnosticado y como consecuencia de ello evitar que se dicten requerimientos, resoluciones y sentencias que sean contradictorias. Incluso, a manera de ejemplo, la autoridad en cita evidencia que a petición de la Secretaría de Salud, la Jefa del Servicio de Neurología y Clínica de Epilepsia, ******************** (adscrita al Instituto Nacional de Pediatría) fue designada para emitir su opinión técnica como experto respecto del padecimiento del menor en el diverso juicio 288/2021 (al que se solicita la acumulación), juicio en el que la Secretaría de Salud y demás instituciones figuran como autoridades responsables, y en ese contexto a efecto de no duplicar información, solicita que una vez que dicha opinión sea rendida por la Secretaría de Salud (en la que se contendrá la opinión de la referida Dra. Ruiz García) en el juicio de amparo 288/2021, también se tome en consideración en el presente juicio amparo. Todo lo cual, en palabras de la autoridad responsable, tiene por objeto evitar determinaciones contrarias que pueden afectar de manera directa la vida e integridad del menor de iniciales ********************, lo que este órgano jurisdiccional comparte, como ya quedó expuesto en párrafos precedentes. Lo hasta aquí expuesto, evidencia la estrecha vinculación que existe entre los actos reclamados en uno y otro juicios de amparo. Al respecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". De lo anterior, deriva que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento; que el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Ahora bien, la figura procesal de la acumulación, obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto; de ahí, que cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Luego, si bien la Ley de Amparo no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento. En esa tesitura, los artículos 71 a 76 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, disponen: "Artículo 71.- Después de que se haya admitido, por un tribunal, demanda para la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, otro proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso, salvo cuando se presente, dentro del juicio iniciado, nueva demanda ampliando la primera a cuestiones que en ella fueron omitidas. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya dado entrada a otra demanda, procederá la acumulación que, en este caso, no surte otro efecto que el de la total nulificación del proceso acumulado, con entera independencia de la suerte del iniciado con anterioridad. La ampliación a que se refiere el párrafo anterior sólo puede presentarse una vez, hasta antes de la audiencia final de la primera instancia, y se observarán las disposiciones aplicables como si se tratara de un nuevo juicio". "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero". "Artículo 73.- Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental". "Artículo 74.- Cuando los juicios se encuentren en diferentes tribunales, la acumulación se substanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquella proceda, o devolverá, a cada tribunal, los que haya enviado, en caso contrario. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable". "Artículo 75.- El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando esté para verificarse, en ella, la audiencia final del juicio". "Artículo 76.- Es válido lo practicado por los tribunales competentes antes de promoverse la acumulación. Lo que practicaren después será nulo, salvo lo dispuesto sobre providencias precautorias o disposición contraria de la Ley". Los artículos transcritos, establecen la figura de la acumulación, señalando que cuando los juicios se encuentran en el mismo órgano jurisdiccional, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte. Conforme a dicha codificación, la cual resulta aplicable de manera supletoria a la Ley de Amparo, dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia; casos en los que la acumulación se hará del juicio más nuevo al más antiguo. Es aplicable, la jurisprudencia 24/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Como puede verse de lo ya expuesto, el juicio de amparo ******************** del índice de este órgano y el juicio en el que se actúa, fueron promovidos por ********************, en representación de su menor hijo de iniciales ********************y, en ambos, los actos reclamados se reducen en su sustancia a que se determine el medicamento más útil para el tratamiento de la atrofia muscular espinal que padece el menor quejoso directo y una vez certificado ello se le proporcione de inmediato. Acreditada la identidad entre los actos reclamados y la parte quejosa directa, así como la necesidad de emprender su análisis de manera conjunta y resolverlos en un mismo acto, resulta PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN DEL PRESENTE JUICIO ******************** AL DIVERSO ********************, ambos del índice de este juzgado de amparo. Lo anterior, a fin de evitar la posible emisión de sentencias contradictorias y garantizar el acceso a la justicia del menor quejoso en condiciones que salvaguarden su vida y su salud, derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente en nuestro país. En esas condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que haya lugar a dar de baja el presente expediente en la estadística que se lleva en este órgano federal, pues de conformidad con la circular STCCNO/1381/2013, relativa a la consulta 14/2013-I publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del Consejo de la Judicatura Federal, el egreso de los expedientes que se acumulan en un mismo órgano jurisdiccional y que se suman a otro expediente que sigue en trámite, debe darse de baja de manera conjunta y simultáneamente hasta el dictado de la resolución definitiva del juicio acumulante y en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo. En virtud de la acumulación decretada en el presente juicio constitucional al diverso expediente número ********************, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo fijada para DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO y, en su lugar, se tiene como señalada para la audiencia constitucional la misma fecha en que fue fijada en el juicio al que se acumula, es decir, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, se ordena realizar la notificación personal del presente proveído, para lo cual el actuario adscrito deberá acatar para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos los escritos de cuenta, remitidos a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, por el autorizado en términos amplios del quejoso y el promovente del presente juicio de amparo, mediante los cuales informan que el progenitor del menor quejoso dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de junio pasado, lo que efectuó el veinticinco de junio anterior y remite las documentales con las cuales lo acredita; en consecuencia, téngasele por cumplido el requerimiento formulado en autos. Ahora bien, por cuanto a las manifestaciones que realiza el progenitor del quejoso, relativas a que, en su consideración, la autoridad responsable incumplió la suspensión de plano otorgada en autos por las razones que a continuación se sintetizan: 1.- Que "la responsable refiere en su informe, en esencia, que se trata de un paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que debe hacerse responsable de él el citado instituto, ya que éste cuenta con Hospitales de Tercer Nivel, que no solo pueden atender el padecimiento del menor sino que además pueden responder a las necesidades del paciente, que se encuentran imposibilitados jurídica y materialmente para dar cumplimiento a la suspensión, ya que no cuentan con ambulancias de cuidados intensivos ni tampoco con recurso necesarios". 2.- Que la autoridad responsable no ha revisado ni certificado si el medicamento SPINZARA (NUSINERSEN) o uno análogo puede ser útil para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, podría ser o no el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del menor comparado con otras alternativas que estén o no incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, ni tampoco a que autoridad responsable correspondería aplicar. Agrega que sin haberlo revisado médicamente (al menor) lo descalifica para un tratamiento por la ventilación mecánica que presenta, ventilación que deriva de que se esta deteriorando sin tratamientos y que sus neuronas motoras se están deteriorando cada día sin un medicamento que frene la enfermedad que padece.. Que sin haberle hecho algún estudio la autoridad lo descalifica para no hacer caso a la orden judicial que se giró a favor del menor. 3.- Que la autoridad responsable no ha hecho un solo estudio médico, para soportar su dicho, no muestra documentos, sin que se pida que precise datos personales, sino cifras, pero lo cierto es qué no tiene contra que cotejar ni con qué soportar sus argumentos; pero principalmente porque el informe rendido por la responsable es meramente dogmático y especulativo que no tiene como base un análisis y certificación ordenada en autos, ya que la opinión o resultado obtenido por la responsable debió de emitirse bajo los lineamientos y directrices que se ordenó en el auto que concedió la suspensión, donde específicamente se le dijo a la autoridad responsable que debía de trasladar al menor, hecho lo anterior debía efectuarle estudios, para luego, efectuar la certificación donde debía de explicarse científicamente y bajo un método, exponiéndose debidamente motivando las razones de las conclusiones, sin embargo la autoridad responsable al momento de emitir informe se limita lisa y llanamente a señalar que el quejoso no es candidato a ningún tratamiento, sin embargo esta conclusión fue obtenida sin seguir los lineamientos y directrices que le fueron requeridas a las responsable traduciéndose ello en el incumplimiento dolo a la suspensión de plano, pidiendo se requiera nuevamente a la responsable al cumplimiento de la medida cautelar, apercibiéndola con las medidas de apremio mas eficaces con las que cuente este Juzgado y sin perjuicio de que este juzgado inicie incluso de oficio el indicen por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano. 4.- Que la autoridad responsable de manera totalmente antagónica e ilógica señala por una parte que el menor no es candidato y por otra afirma que no ha aplicado la terapia con el medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN), ósea lo descalifica para un tratamiento que supuestamente jamás ha aplicado, lo que se traduce en dos afirmaciones de la responsable que se contradicen y que por ende se excluyen, y evidencia el dolo, mala fe y maquinación con que se conduce la responsable, por ello pido se le aperciba con las medidas legales a que hace referencia la Ley de la materia, en caso de continuar con su actitud contumaz e emitir informes sin ningún sustento médico y/o prueba médicas que amparen su dicho como órgano técnico de salud. Derivado de lo anterior y contrario a lo que sostiene el promovente, no se advierte en este momento incumplimiento a la suspensión de plano por parte de la autoridad responsable y, por ende, no ha lugar a aperturar incidente alguno respecto de ello, en principio porque lo relativo al traslado del menor está supeditado a que la responsable efectué la valoración de su estado médico, mediante las documentales y estudios remitió el progenitor vía correo electrónico a dicha responsable por lo que es menester que primero se valore si la condición médica del menor permite su traslado y en caso de que éste sea viable se proveerá lo conducente, momento en el cual se atenderán los argumentos de la responsable en el sentido de la imposibilidad que tiene para trasladar al menor con recursos propios. En relación con el punto dos que antecede, no se advierte incumplimiento de la responsable por que para que ésta esté en posibilidad de certificar, el medicamento que sea útil para tratar al menor quejoso, pues precisamente es necesario que lo revise médicamente, cuestión que la autoridad responsable está en vías de efectuar, primeramente a través de los documentos y estudios que le remitió el progenitor del menor vía electrónica, en segundo lugar, a partir de lo anterior, ponderar si es factible su traslado a sus instalaciones para valorarlo médicamente y proporcionarle la atención médica que requiera. Respecto de los puntos tercero y cuarto en los que el promovente refiere que la autoridad responsable descalifica al menor quejoso para que reciba el tratamiento con base en el medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN), en virtud de que éste está asistido de ventilación mecánica, lo que no sustenta y por el contrario es dogmática en afirmarlo; dígasele al promovente que como se desprende de la constancia secretarial mediante proveído de dos de julio pasado se requirió a las autoridades Director del Instituto Nacional de Pediatría, así como a la Jefa de la División de Desarrollo y Enlace Institucional y a la autoridad que menciona el promovente como Jefa del Servicio de Neurología y Clínica de Epilepsia, todas del Instituto Nacional de Pediatría, para que de manera complementaria a su oficio SNCE/MRG/199/2021 efectúen los siguiente: "...indique la evidencia científica, médica, estudios clínicos, estudios preclínicos, publicaciones científicas en revistas, etc, en donde se haga referencia de manera expresa a que un infante con atrofia muscular espinal tipo I con ventilación asistida no se beneficiará de la administración del medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN), o que por el hecho de que un infante con atrofia muscular espinal tipo I cuente con ventilación asistida, los efectos de dicho medicamento ya no lo serían "la detención de la progresión de la enfermedad" "...si dentro de las páginas electrónicas correspondientes a la Food and Drug Administration FDA de Estados Unidos y la European Medicines Agency EMA, obra información relacionada con el medicamento conocido como EVRYSDI (RISDIPLAM) y que indique si fue aprobado para combatir la Atrofia Muscular Espinal tipo I. En caso de ser positivo lo anterior, que indique si de acuerdo al contenido de los estudios clínicos practicados en el medicamento EVRYSDI (RISDIPLAM) para lograr su aprobación, así como de la información de carácter científico contenida dentro de las ligas electrónicas correspondientes a la Food and Drug Administration FDA de Estados Unidos y la European Medicines Agency EMA, se desprende evidencia de carácter médica y científica que indique algún impedimento médico para que los pacientes con atrofia muscular espinal tipo I que cuentan con ventilación mecánica, puedan iniciar un tratamiento con el medicamento conocido como EVRYSDI (RISDIPLAM), o que por el hecho de que un infante con atrofia muscular espinal tipo I cuente con ventilación asistida, los efectos de dicho medicamento ya no le serían benéficos". Derivado de lo anterior, se advierte que las autoridades responsables no han sido contumaces en acatar la suspensión de plano, máxime que este juzgado federal, conforme a las directrices de dicha medida cautelar y conforme a lo comunicado por la autoridad responsable en su informe a la suspensión de plano ha efectuado los requerimientos conducentes en un orden lógico que permita garantizar la integridad física, la salud y la vida del menor quejoso de manera que en un primer momento es menester que la autoridad responsable valore el estado de salud y médico del menor, a través de las documentales y estudios que dicha autoridad le comunicó y requirió del progenitor del menor. Posteriormente, efectuada dicha valoración médica documental la autoridad responsable deberá pronunciarse sobre la viabilidad de que dicho menor sea trasladado a sus instalación ubicadas en la Ciudad de México (momento en el cual este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente al traslado, si éste resulta procedente); ello, para efectuar una valoración directa de su estado de salud y entonces proceda a certificar el tratamiento y el medicamento de mayor eficacia, seguridad y eficiencia para su padecimiento, en los términos apuntados en la suspensión de plano. En ese orden de ideas, y toda vez que de la constancia secretarial se desprende que en proveído de veintidós de junio pasado se concedió la suspensión de plano a efecto de que la autoridad responsable ". que el traslado del menor quejoso debe realizarse con las medidas de seguridad y de salud necesarias, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, en la que la parte promovente afirma se encuentra el menor quejoso, a la diversa Ciudad de México, cuyo traslado y estudios no deberán exceder del término de ocho días siguientes, o bien, las autoridades responsables deberán informar sobre los avances en el traslado y estudios necesarios, para determinar el medicamento y tratamiento adecuado para el padecimiento de atrofia muscular espinal AME tipo 1, o también conocido como "SINDROME DE WERDNIG HOFFMANN", en los términos ya apuntados"; y que hasta este momento en que el quejoso acredita la fecha en que remitió las documentales requeridas por la responsable, se advierte que ya transcurrió el término de ocho días concedido a la autoridad responsable para que informe sobre los avances en los estudios necesarios, para determinar el medicamento y tratamiento adecuado para el padecimiento de atrofia muscular espinal AME tipo 1, o también conocido como "SINDROME DE WERDNIG HOFFMANN", que padece el menor quejoso, y que en este momento procesal se concreta a que valore las documentales y estudios que el progenitor del menor quejoso le remitió vía correo electrónico conforme aquélla autoridad lo requirió, sin que a la fecha haya informado a este órgano jurisdiccional sobre los avances de dicha valoración, específicamente conducente a determinar a si por el estado médico que guarda el menor es factible trasladarlo de la ciudad de Morelia a las instalaciones del instituto responsable en la Ciudad de México para que lo valore y determine el medicamento y tratamiento adecuado para la atrofia muscular espinal AME tipo 1 que padece; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de veinticuatro horas siguientes al en que se quede debidamente notificada del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional si es viable trasladar al menor al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, sin poner en riesgo su salud y su vida, o bien, manifieste el impedimento que tiene para ello, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Asimismo, agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable solicita que este órgano jurisdiccional se pronuncie en torno a la manifestación que realizó mediante el oficio en el que rindió informe a la suspensión de plano, de que dicho instituto no cuenta con servicio de traslado en ambulancia de cuidados intensivos y dado que el menor es paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social, manifiesta que es a dicha institución a quien le corresponde realizar los trámites necesarios para dicho traslado ya que dicha institución cuenta con los recursos materiales y humanos para llevarlo a cabo; en consecuencia, dígasele que una vez que obre en autos el informe antes mencionado y la propia autoridad determine si es viable trasladar al menor al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, sin poner en riesgo su salud y su vida, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de pronunciarse en relación con el traslado del menor quejoso y proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, dos de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos los escritos de cuenta, remitidos por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante los cuales informa que, en su consideración, el progenitor del menor quejoso dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de junio pasado, asimismo hace manifestaciones respecto a que, en su consideración, la autoridad responsable incumplió la suspensión de plano otorgada en autos y finalmente solicita que este órgano jurisdiccional requiera a la autoridad responsable a fin de que rinda diversos informes en torno a los tópicos que precisa en sus escritos de cuenta. En relación con sus manifestaciones en el sentido de que el veinticinco de junio pasado el padre del menor quejoso dio contestación al correo electrónico que le remitió la -, Jefa de la División de Desarrollo y Enlace Institucional y dice que adjuntó todas las documentales e información que le fueron requeridas, sin que hasta este momento dicha autoridad le haya dado respuesta, incluso señala que intentó comunicarse vía telefónica a través del número que le proporcionó la citada -; ahora bien, a fin de que este tribunal esté en condiciones de proveer lo conducente y toda vez que en el auto de fecha veintinueve de junio pasado se requirió al progenitor del menor quejoso "para que en el término de tres días contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite con las documentales idóneas que ya dio respuesta al comunicado de la autoridad responsable que le remitió a su cuenta de correo electrónico ********************y que ya remitió a la responsable las documentales de referencia que ésta requiere para valorar y ponderar si es viable trasladar al menor al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, sin poner en riesgo su salud y su vida"; en consecuencia, dígasele que subsiste el requerimiento para que exhiba las constancias con las que acredite el envío del correo electrónico, así como el envío de los documentos consistentes en un resumen médico completo pormenorizado que incluya resultados de estudios de laboratorio y gabinete que sustenten el diagnóstico del menor, por parte del médico tratante, en el que también se especifique la condición clínica actual. Lo anterior, en virtud de que jurídicamente no es viable exigir de la responsable una respuesta si previamente el progenitor no acredita que efectuó lo que a su parte corresponde, a fin de que la responsable valore la situación medica del menor. Derivado de lo anterior y contrario a lo que sostiene el promovente, no se advierte en este momento incumplimiento a la suspensión de plano por parte de la autoridad responsable y, por ende, no ha lugar a aperturar incidente alguno respecto de ello, pues si bien, en el informe a la suspensión de plano que rindió la autoridad responsable en cita se advierte que únicamente hace referencia al medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN), lo cierto es dado que la autoridad responsable no ha efectuado la valoración médica respecto a las condiciones en que se encuentra el menor, en virtud a que para ello, es menester que se encuentre acreditado que el progenitor del menor quejoso remitió mediante correo electrónico las documentales y la información que le fue solicitada por la responsable y, en segundo lugar, debe valorar la pertinencia del traslado de menor a las instalaciones de la autoridad responsable en la Ciudad de México; lo que a la fecha no ha acontecido y no se advierte que ello sea atribuible a la autoridad responsable, pues en este momento no se tiene certeza de que ya recibió las documentales que requirió de la parte quejosa para efectuar las valoraciones correspondientes, por lo tanto, no está en posibilidad material de manifestar, como lo solicita el promovente, si con la administración del medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN) o con algún otro análogo, se colocaría en riesgo la vida del menor quejoso, o si como lo refirió en el oficio SNCE/MRG/199/2021, no se beneficiará de la administración del medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN)" en caso de mantenerse con ventilación asistida. En otro aspecto, tampoco se advierte incumplimiento, como lo sustenta el promovente, en relación con el traslado del menor, puesto que esté eventualmente podría tener lugar o no, dado que está condicionado a que el menor presente un estado médico que permita dicho traslado, cuestión que como se dijo con antelación depende en principio de la que la responsable esté en posibilidad de valorar el estado de salud del menor quejoso mediante la información y documentos que le requirió al progenitor. Finalmente, atento a la solicitud del promovente en el sentido de que este órgano jurisdiccional gire oficio y requiera a la Jefa del Servicio de Neurología y Clínica de Epilepsia del Instituto Nacional de Pediatría, para que de manera complementaria a su oficio SNCE/MRG/199/2021 "indique la evidencia científica, médica, estudios clínicos, estudios preclínicos, publicaciones científicas en revistas, etc, en donde se haga referencia de manera expresa a que un infante con atrofia muscular espinal tipo I con ventilación asistida no se beneficiará de la administración del medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN), o que por el hecho de que un infante con atrofia muscular espinal tipo I cuente con ventilación asistida, los efectos de dicho medicamento ya no lo serían "la detención de la progresión de la enfermedad", asimismo, para que informe "si dentro de las páginas electrónicas correspondientes a la Food and Drug Administration FDA de Estados Unidos y la European Medicines Agency EMA, obra información relacionada con el medicamento conocido como EVRYSDI (RISDIPLAM) y que indique si fue aprobado para combatir la Atrofia Muscular Espinal tipo I. En caso de ser positivo lo anterior, que indique si de acuerdo al contenido de los estudios clínicos practicados en el medicamento EVRYSDI (RISDIPLAM) para lograr su aprobación, así como de la información de carácter científico contenida dentro de las ligas electrónicas correspondientes a la Food and Drug Administration FDA de Estados Unidos y la European Medicines Agency EMA, se desprende evidencia de carácter médica y científica que indique algún impedimento médico para que los pacientes con atrofia muscular espinal tipo I que cuentan con ventilación mecánica, puedan iniciar un tratamiento con el medicamento conocido como EVRYSDI (RISDIPLAM), o que por el hecho de que un infante con atrofia muscular espinal tipo I cuente con ventilación asistida, los efectos de dicho medicamento ya no le serían benéficos"; en consecuencia, toda vez que dichas solicitudes están encaminadas a obtener información de interés para los padres del menor quejoso y que coadyuvará para que en su momento tomen una decisión informada respecto de la salud de su menor hijo; requiérase a la autoridad responsable Director del Instituto Nacional de Pediatría, así como a la Jefa de la División de Desarrollo y Enlace Institucional y a la autoridad que menciona el promovente como Jefa del Servicio de Neurología y Clínica de Epilepsia, todas del Instituto Nacional de Pediatría, para que en el término de cinco días contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen lo solicitado por la parte promovente en los términos que precisa en los escritos de cuenta, por lo tanto, para que estén en posibilidad de dar respuesta a los cuestionamientos formulados, remítaseles impresión con firma electrónica de las promociones de cuenta para que rindan los informes correspondientes; apercibidas que de no hacerlo o de no manifestar la imposibilidad que tengan para ello, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el acta de ratificación de demanda del veinticinco de junio del año en curso, en la que - ratificó expresamente todas y cada una de las partes del escrito de demanda presentada en favor de su menor hijo de iniciales- y hace suyos los antecedentes narrados en la demanda, misma que promueve en favor del citado menor quejoso, contra actos del Director del Instituto Nacional de Pediatría y enfermeras del área de urgencias del citado Instituto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la ley de la materia, se ADMITE la demanda de amparo que se promueve contra las omisiones de garantizar el derecho humano a la salud del menor quejoso al no proporcionarle el tratamiento médico adecuado y el servicio de atención médica que requiere para la enfermedad que padece, consistente en atrofia muscular espinal AME TIPO 1. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que, en proveído de veintidós de junio del año en curso, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir de que reciban el oficio de notificación respectivo, el que podrán hacerlo por escrito, y en el que deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, deberán acompañar las constancias en que se basaron para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien veces de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Amparo. Se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En términos del artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que los hechos que narra la parte quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la ley de la materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30, fracción I, de la ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo y en el artículo 23, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este órgano jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este órgano jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Se tienen por admitidas y desahogadas dada su naturaleza, las documentales que adjuntó el promovente al escrito inicial de demanda de garantías, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia. Ahora bien, respecto a los informes y documentales que el promovente solicita que este órgano jurisdiccional requiera a las autoridades Director General de Instituto de Salud para el Bienestar, Director del Centro Médico Nacional Occidente y Comisión Federal Para la Protección de Riesgos Sanitarios, con sustento en el numeral 121 de la Ley de Amparo, que dispone que la parte interesada deberá acreditar haber hecho la petición a los servidores públicos para que les expidan las copias y documentos que requieran para exhibir como pruebas en el presente juicio de amparo, previo a solicitar al órgano jurisdiccional que requiera a los servidores omisos; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que acredite haber solicitado previamente a las citadas autoridades los informes y documentales que precisa en su demanda, o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello; en el entendido que deberá tener presente el término para ofrecer dichas documentales, conforme al criterio jurisprudencial 2a./J. 79/2018 (10a.) con registro digital 2017572, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 1198, de contenido siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia." Como lo solicita la parte quejosa se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuario precisado en la constancia secretarial en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio tenga acceso al expediente electrónico y que por dicho medio le sean realizadas las notificaciones en el presente juicio de amparo. Asimismo, se tiene a la parte quejosa, por autorizadas parar para oír y recibir notificaciones a las personas a que alude y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a -, virtud a que como se desprende de la constancia secretarial, tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Cedulas Profesionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, no así la persona restante. En otro aspecto, se tiene por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable rinde su informe en relación a la suspensión de plano decretada en autos; con ello, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, se tiene la citada autoridad responsable por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere y por autorizadas para dicho efecto a las personas que señala. En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de amparo que refiere, dígasele que las autoridades responsables con fundamento en el articulo 9 de la Ley de Amparo designan delegados, por lo tanto, se le tienen designados como tales a las personas que precisa para esos efectos. Por otra parte, como del contenido de dicho informe, en especifico del apartado B2 se obtiene que la autoridad responsable, por conducto de la Jefa de División de Desarrollo y Enlace Institucional del Instituto Nacional de Pediatría, entabló comunicación con -, padre del menor quejoso directo, y le informó que los requisitos necesarios para realizar una valoración previa del menor y ponderar si éste se encuentra en condiciones para ser trasladado de forma segura a la Ciudad de México y no poner en riesgo su salud y su vida, concretamente se requiere que el padre del menor remita a la autoridad responsable un resumen médico completo pormenorizado que incluya resultados de estudios de laboratorio y gabinete que sustenten el diagnóstico del menor, por parte del médico tratante, en el que también se especifique la condición clínica actual; en consecuencia, en aras de garantizar el interés superior del menor aquí quejoso directo, requiérase a su progenitor -, para que en el término de tres días contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite con las documentales idóneas que ya dio respuesta al comunicado de la autoridad responsable que le remitió a su cuenta de correo electrónico - y que ya remitió a la responsable las documentales de referencia que ésta requiere para valorar y ponderar si es viable trasladar al menor al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, sin poner en riesgo su salud y su vida. En el entendido que el requerimiento apuntado encuentra sustento en el hecho de que a los padres corresponde, en principio, proteger de mejor manera los intereses de sus hijos y procurar en la mayor medida la satisfacción de sus derechos a la salud y a la vida; y, entratándose de contextos médicos, mientras los niños carezcan de la madurez necesaria para tomar las decisiones concernientes a su salud por sí mismos, sus tutores o padres deben asumir ese rol, buscando siempre satisfacer el mejor interés del niño. En ese sentido, con la determinación antes adoptada, este órgano jurisdiccional vela por el interés superior del menor quejoso directo, específicamente en salvaguarda de su salud y de su vida, específicamente por cuanto hace a verificar que el progenitor promovente del presente amparo lleve a cabo las acciones que a él corresponde, a efecto de que las autoridades responsables puedan proveer a la mejor opción de tratamiento para el menor. Orienta al respecto la tesis aislada 1a. VI/2019 (10a.), registrado con el número 2019238, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, materia Constitucional, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 718, de texto siguiente: DERECHO DE LOS PADRES A TOMAR DECISIONES MÉDICAS POR SUS HIJOS. Una decisión que forma parte del espectro de elecciones autónomas que toman los padres bajo el amparo de la privacidad familiar radica en la libertad de tomar decisiones médicas por sus hijos. En efecto, son los padres quienes, en principio, protegen de mejor manera los intereses de sus hijos. Dados los lazos de amor y convivencia son ellos quienes procuran en mayor medida la satisfacción de los derechos a la salud y vida de los niños; además, son ellos quienes mejor conocen sus deseos y preocupaciones. Ahora bien, en los contextos médicos, mientras los niños carezcan de la madurez necesaria para tomar las decisiones concernientes a su salud por sí mismos, sus tutores o padres deberán asumir este rol, siempre buscando satisfacer el mejor interés del niño. La libertad de tomar estas decisiones está protegida por la privacidad familiar, lo cual confiere a los padres la responsabilidad de ponderar diversas razones con base en asesoramiento médico, y elegir aquello que mejor convenga a los intereses del menor, libres de interferencias arbitrarias en su vida privada. Particularmente en el ámbito médico los padres se enfrentan a un escenario complejo, pues con base en la asesoría de los médicos, deben ponderar cuidadosamente la eficacia y los riesgos de los tratamientos de acuerdo con la condición clínica que afecte a su hijo. En esa encrucijada, están llamados a velar en todo momento por el bienestar de sus hijos, por lo que debe existir una correspondencia entre la decisión médica que asuman y las medidas terapéuticas que mejor permitan al menor mantener su integridad y recuperar su salud. Evidentemente, su deber es proteger siempre el interés superior del menor; a esta consideración deben asignar un valor fundamental y prevalente en cualquier decisión que tomen. Asimismo, resulta orientadora la tesis aislada 1a. XI/2019 (10a.), número 2019214, emitida por la Primera Sala de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 713, que a la letra dice: AUTONOMÍA PARENTAL. LINEAMIENTOS PARA SU INTERVENCIÓN POR PARTE DEL ESTADO EN UN CONTEXTO MÉDICO. El Estado puede actuar para proteger a un menor si, con base en sus creencias religiosas, los padres se oponen a que se le aplique el tratamiento idóneo para salvar su vida, en el entendido de que la intervención estatal en un contexto médico está regulada por lineamientos encaminados a preservar el interés superior del menor sin atropellar los derechos de los padres. En este sentido, dichos lineamientos son relevantes desde que el menor es presentado para recibir servicios médicos, hasta que -en caso de un riesgo para su vida- el Estado interviene con el fin de tutelar sus derechos. En primer lugar, el personal sanitario debe informar a los padres sobre los tratamientos médicos que recibirá el niño, pues son ellos quienes, en principio, tomarán una decisión; en ese sentido, los padres tienen derecho a conocer las alternativas médicas disponibles para tratar a sus hijos. Así, los médicos deben proveer a los padres con suficiente información de modo que les permita ponderar efectivamente las ventajas y los inconvenientes de diversos procedimientos, para elegir el que mejor convenga a los intereses del menor. En segundo, si los médicos advierten un riesgo para la vida del menor, tienen la obligación de hacerlo del conocimiento de las autoridades de protección de menores, lo cual ocurre si los padres pretenden impedir que se aplique el tratamiento más apto para salvar su vida, y pugnan por un tratamiento que es inferior conforme a la lex artis médica. Sin perjuicio de lo anterior, en presencia de una situación urgente, puede ser indispensable que el médico tratante intervenga sin el consentimiento con la finalidad de preservar la vida del menor. En tercero, las entidades públicas deben respetar ciertos lineamientos al intervenir en la autonomía familiar y decidir si asumen la protección provisional del menor. Al respecto, la tutela que ejercen las entidades públicas es la medida provisional o transitoria para proteger los derechos e intereses de los menores cuando se coloquen en riesgo; así, a partir de la denuncia del personal médico, las autoridades de protección a la infancia deberán realizar las actuaciones que estimen necesarias para asegurarse de la existencia o no de la vulneración o restricción a sus derechos. Concretamente, las autoridades estatales deberán indagar, inmediatamente, sobre la veracidad de los hechos denunciados y determinar si existen elementos o razones para iniciar un procedimiento administrativo de protección, y si la autoridad aprecia que existen elementos para ello, entonces deberá tomar la representación en suplencia de los menores involucrados. Como no puede ser de otro modo, las medidas provisionales que dicten las entidades públicas deberán fundarse en el interés superior del menor, ser especialmente sensibles al grado de premura con la que sea necesario actuar para salvaguardar su salud, ser provisionales y tener un efecto inmediato. Por otra parte, vistas las razones de cuenta, de las que se advierte que al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional no le fue posible realizar la notificación del proveído de veintidós de junio del año en curso a la parte promovente, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para dicho efecto, tocó a la puerta sin que hubiera respuesta alguna, asimismo le informaron que a esa hora, a saber las veintiún horas con diez minutos del veintidós de junio pasado, no había nadie; de igual forma, que no encontró persona alguna en las diversas horas del día veintitrés de junio pasado, asimismo, hizo constar que el domicilio señalado es una casa habitación con local comercial y no se observa que exista una oficina marcada con el interior 3; ahora bien, como de la constancia secretarial se advierte que en la comparecencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno la actuaria adscrita realizó la notificación de manera personal a la parte quejosa de dicho proveído, en consecuencia, agréguense únicamente para que obren como corresponde, máxime que en dicha comparecencia la parte quejoso proporcionó nombre de usuario y solicitó que las notificaciones le fueran realizadas por dicho medio. Asimismo, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante informa a este órgano jurisdiccional que efectuó la compensación de cargas ordenada en el oficio 5417 y que contabilizó a favor de este juzgado el presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa vía electrónica.
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