Candy Estefany Noh Quintal
Expediente 538/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Candy Estefany Noh Quintal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio número 6435/2023 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, recibido vía interconexión, mediante el cual comunica a este juzgado federal, en esencia, que se admitió el recurso de revisión interpuesto por ******************** parte quejosa en este asunto, en contra de la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado en los presentes autos, mismo que quedó registrado bajo el número 457/2023 de su índice. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito presentado mediante el uso de la FIREL de Candy Estefany Noh Quintal, quejosa en este asunto, con el que interponen RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día diez de abril siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Candy Estefany Noh Quintal, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos al Gobernador del Estado de Yucatán, Congreso del Estado de Yucatán, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, agente Francisco M. Velázquez Uribe, adscrito a la citada Secretaría y Titular de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, todos con domicilio en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 538/2023-VIII-A y se admitió a trámite la misma, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables, fundamentalmente, lo siguiente: Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. La promulgación del decreto que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado, el veintidós de febrero de dos mil once, específicamente los artículos 75, 76, 77, 78 y 79, así como la promulgación del decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado, el veintiuno de junio de dos mil once, específicamente los artículos 197, 443, 446, 447, 448, 451, 463, 68, 470 y la tabla de sanciones 3-B. Del Congreso del Estado de Yucatán. La promulgación del decreto que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado, el veintidós de febrero de dos mil once, específicamente los artículos 75, 76, 77, 78 y 79. Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y del agente Francisco M. Velázquez Uribe, adscrito a la citada Secretaría. La boleta de infracción número 752100 de trece de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se impuso una multa por treinta y siete unidades de medida de actualización (UMAS). Del Titular de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. El cobro y ejecución de la multa por treinta y siete unidades de medida de actualización (UMAS), equivalente a la cantidad de $3,838.38 (tres mil ochocientos treinta y ocho pesos, 38/100 moneda nacional), cantidad que quedo estipulada en la boleta de infracción con número de folio 752100 de trece de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad (promoción 5787), pues así lo señaló al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por dicha autoridad y acto, por inexistencia; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917818, mismo Apéndice, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO.- Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Yucatán (registro 6789), Congreso del Estado de Yucatán (registro 6229), Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (registro 7424) y agente Francisco M. Velázquez Uribe, adscrito a la citada Secretaría (registro 7424), todos con domicilio en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." os actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negó su existencia, realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el Consejero Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, señala que se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII del numeral 61, en relación con la fracción II del artículo 5°, todos de la Ley de Amparo. Respecto de la contenida en la fracción XII de la citada ley, la responsable refiere que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional, en atención a que únicamente exhibió copia simple de la tarjeta de circulación y licencia de conducir. Resulta infundada la causal de improcedencia en comento, pues de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se aprecia que mediante memorial con registro 6252, de veinte de abril el presente año, la quejosa exhibió los originales de la licencia de conducir 180034928, de la tarjeta de circulación YUC250402, así como el original de la boleta de infracción 752100 de trece de marzo de dos mil veintitrés, que fue expedida efectivamente a nombre de la hoy impetrante del amparo Candy Estefany Noh Quintal; de ahí que, contrario a lo que señala la autoridad responsable, deviene inconcuso que dicho acto reclamado afecta los intereses de la quejosa, al haberse impuesto la multa a ésta de manera directa. Por otra parte, respecto a la inexistencia del acto reclamado que invoca la responsable, pues aduce que la quejosa reclama como primer acto de aplicación la supuesta boleta de infracción con folio 727475, la cual es una facultad o atribución de otras autoridades señaladas como responsables, la misma se trata de una causa de sobreseimiento y no de una causal de improcedencia (XXIII del numeral 61, en relación con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo) como refiere. No obstante ello, es infundado lo señalado por la responsable, ya que si bien se reclama como primer acto de aplicación la emisión de la boleta de infracción 752100 de trece de marzo de dos mil veintitrés, no menos cierto es que se impugnó la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, acto que aceptó en cuanto a su promulgación, al rendir su informe con justificación. Por su parte, la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VI, de la Ley de Amparo, por cuanto la quejosa sólo formula conceptos de violación sin sustento, haciendo afirmaciones generales e imprecisas. Al respecto debe decirse que los argumentos que señala la responsable por los que estima que se actualiza dicha causal, son infundados, ya que la operatividad o no de los conceptos de violación se analizan al estudiar el fondo del asunto, por lo cual no se puede invocar dicha causal bajo ese razonamiento. Sin que tampoco se advierta que se actualiza por una ausencia total de conceptos de violación ya que de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que contrario a lo señalado por la referida autoridad, la impetrante de amparo sí formuló conceptos de violación, a fin de controvertir la inconstitucionalidad de los dispositivos legales que impugnó por esta vía. Lo anterior, porque aduce que contraviene el artículo 16 Constitucional, relativo a la falta de motivación al imponerle el monto máximo de las multas, sin motivar ello. De ahí que contrario a lo que expone la autoridad de mérito, la impetrante de amparo sí formuló conceptos de violación en ese sentido, motivo por el que debe desestimarse dicha causal de improcedencia. SEXTO. Inexistencia de diversa causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Análisis de la Litis Constitucional en relación a los preceptos legales tildados de inconstitucionales. En primer término se analizará el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como de su Reglamento, concretamente los artículos 118, 197, 443, 446, 447, 448, 451, 463, 68 y 470 y la tabla de sanciones contenida en el Anexo I, Grupo 3-B y 2-C. En sus conceptos de violación, la parte quejosa aduce que las normas reclamadas violan el principio de reserva de ley, tipicidad, legalidad, y subordinación jerárquica debido a que es en la Ley en donde deben estar tipificadas las infracciones y establecidas las sanciones que se deben imponer por una infracción administrativa y no así en un Reglamento, pues el Congreso es el órgano facultado para legislar sobre estas cuestiones y no el Gobernador del Estado, en su carácter de Titular del Ejecutivo del Estado. De igual manera aduce que al no advertirse disposición alguna en la ley que establezca la sanción a imponer, resulta ilegal que el artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, remita al Reglamento de la citada ley para establecer las multas y demás sanciones que se deben aplicar, puesto que éstas deben emanar de una ley material y formal emitida por el Congreso del Estado, sin que sea suficiente que en la aludida ley se mencione la multa para entender que el legislador estableció dicha sanción, ya que para ello es necesario que se fijen y detallen los montos con los que los particulares pueden ser sancionados. También refiere que la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales violan el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 16 de la Constitución de Política del Estado de Yucatán, e igualmente el principio de subordinación jerárquica y reserva de Ley. Devienen infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, sin que en el caso proceda la suplencia de la queja al no encuadrar el caso en alguno de los supuestos a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada respecto a inconstitucionalidad reclamada. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el derecho administrativo sancionador participa de la naturaleza del derecho punitivo, por lo que cobra aplicación el principio de legalidad contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que las infracciones y las sanciones deben estar plasmadas en una ley, tanto en sentido formal como material, lo que implica que sólo esa fuente democrática es apta para la producción jurídica de ese tipo de normas. De ahí que el legislador deba definir los elementos normativos de forma clara y precisa para permitir una actualización de las hipótesis previsible y controlable por las partes. Ahora bien, para determinar el alcance de su aplicación, hay que considerar que el objetivo del principio es doble, ya que, en primer lugar, debe garantizarse la seguridad jurídica de las personas en dos dimensiones: I) para permitir la previsibilidad de las consecuencias de los actos propios y, por tanto, la planeación de la vida cotidiana; y, II) para proscribir la arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las personas; y, en segundo lugar, preservar al proceso legislativo como sede de creación de los marcos regulatorios generales y, por ende, de la política punitiva administrativa. En el entendido de que adoptó un entendimiento evolutivo concluyendo que ninguna de las dos finalidades cancela la posibilidad de que la autoridad administrativa desarrolle ciertas facultades de apreciación al ejercer sus potestades de creación normativa en este ámbito, cuyo alcance se determina de acuerdo con las necesidades de la función regulatoria del Estado en cada época. Así, lo relevante desde la perspectiva de la seguridad jurídica, es adoptar un parámetro de control material y cualitativo que busque constatar que la conducta infractora, como está regulada, ofrece una predeterminación inteligible. Desde el principio democrático de reserva de ley, se reconoce la posibilidad del legislador de prever formas de participación de órganos administrativos o del Ejecutivo para desarrollar una regulación especializada y técnica sobre temas constitucionalmente relevantes, siempre que el proceso democrático haga explícita esa voluntad de delegación y preserve su control mediante la generación de lineamientos de política legislativa que la autoridad administrativa debe cumplir, tanto en la emisión de normas, como en los actos de aplicación, lo que permite el reconocimiento de un ámbito de proyección de espacios regulatorios adaptables a cada época. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 573, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2007407, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD A LA LUZ DE SUS FINES. El derecho administrativo sancionador participa de la naturaleza del derecho punitivo, por lo que cobra aplicación el principio de legalidad contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que las infracciones y las sanciones deben estar plasmadas en una ley, tanto en sentido formal como material, lo que implica que sólo esa fuente democrática es apta para la producción jurídica de ese tipo de normas. De ahí que el legislador deba definir los elementos normativos de forma clara y precisa para permitir una actualización de las hipótesis previsible y controlable por las partes. Ahora bien, para determinar el alcance de su aplicación, hay que considerar que el fin del principio es doble, ya que, en primer lugar, debe garantizarse la seguridad jurídica de las personas en dos dimensiones: i) para permitir la previsibilidad de las consecuencias de los actos propios y, por tanto, la planeación de la vida cotidiana; y, ii) para proscribir la arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las personas; y, en segundo lugar, preservar al proceso legislativo como sede de creación de los marcos regulatorios generales y, por ende, de la política punitiva administrativa. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó un entendimiento evolutivo concluyendo que ninguna de las dos finalidades cancela la posibilidad de que la autoridad administrativa desarrolle ciertas facultades de apreciación al ejercer sus potestades de creación normativa en este ámbito, cuyo alcance se determina de acuerdo con las necesidades de la función regulatoria del Estado en cada época. Así, lo relevante desde la perspectiva de la seguridad jurídica, es adoptar un parámetro de control material y cualitativo que busque constatar que la conducta infractora, como está regulada, ofrece una predeterminación inteligible; desde el principio democrático de reserva de ley, se reconoce la posibilidad del legislador de prever formas de participación de órganos administrativos o del Ejecutivo para desarrollar una regulación especializada y técnica sobre temas constitucionalmente relevantes, siempre que el proceso democrático haga explícita esa voluntad de delegación y preserve su control mediante la generación de lineamientos de política legislativa que la autoridad administrativa debe cumplir, tanto en la emisión de normas, como en los actos de aplicación, lo que permite el reconocimiento de un ámbito de proyección de espacios regulatorios adaptables a cada época." De igual forma, es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 572, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2007406 cuyo rubro y texto siguiente: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio." Atendiendo a lo anteriormente expuesto, es que se concluye que no le asiste la razón a la parte quejosa debido a que como se ha visto se reconoce la posibilidad del legislador de prever formas de participación de órganos administrativos o del Ejecutivo para desarrollar una regulación especializada y técnica sobre temas constitucionalmente relevantes, siempre que el proceso democrático haga explícita esa voluntad de delegación y preserve su control mediante la generación de lineamientos de política legislativa que la autoridad administrativa debe cumplir. Lo que en el caso acontece, debido a que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, sí delega las funciones para establecer los parámetros para aplicación de las sanciones establecidas en el Reglamento (clausula habilitante), toda vez que como podemos observar en el último párrafo del artículo 793 de la citada ley, establece que el Reglamento de esa Ley, establecerá los parámetros para la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley. Además, precisa que las sanciones que se aplicarán por contravenir las disposiciones a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, y las demás reglamentarias serán la amonestación o apercibimiento, multa, arresto hasta por treinta y seis horas, suspensión de licencia o permiso de conducir, revocación de licencia o permiso de conducir, retención de vehículos, y las demás que determine el reglamento. Aunado a lo anterior, en el artículo 404 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se prevé que los conductores deberán obedecer los dispositivos para el control del Tránsito y la Vialidad fijados para la autoridad correspondiente, las indicaciones de los agentes y respetar los límites de velocidad que establezca el Reglamento correspondiente, con lo cual es en la propia Ley donde se refiere la obligación de los gobernados de respetar los dispositivos para el control de Tránsito y la Vialidad fijados por la autoridad correspondiente y la sanción de multa por no hacerlo, por lo que no se presumen esas circunstancias en el Reglamento tal y como lo afirma la parte quejosa en su escrito de demanda. Por tanto, sí se le está delegando la facultad al Ejecutivo del Estado en la Ley para que pueda reglamentar los dispositivos para el control de tránsito y vialidad y las multas que en su caso se puedan llegar a imponer por infringir las normas de tránsito, entonces, el Reglamento no excede en su propio ámbito, y por tanto, no violenta el principio de legalidad, pues es la propia ley la que delega esa función al Reglamento para que la desarrolle en el ámbito sancionatorio correspondiente. Debido a lo anterior, es que no se consideran inconstitucionales los artículos artículo 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como de su Reglamento, concretamente los artículos 118, 197, 443, 446, 447, 448, 451, 463, 68 y 470. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos respecto a los artículos tildados de inconstitucionales, se niega a la quejosa Candy Estefany Noh Quintal el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicito. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto de aplicación (boleta de infracción). Resultan infundados en parte y fundados en otra los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante del amparo. En el caso, toda vez que no se consideraron inconstitucionales los artículos reclamados por la parte quejosa, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En sus conceptos de violación, la quejosa aduce en cuanto a la imposición de la infracción, que resultan insuficientes los razonamientos que la autoridad plasma en el apartado de infracciones cometidas, "por utilizar aparatos de telefonía móvil durante la conducción"; así como en lo referente al haber presentado una licencia no vigente; lo que refiere, no se encuentra suficientemente motivado puesto que no se dan los pormenores de ello, aunado a que señala no es verdad que el agente responsable le hubiera solicitado la licencia en algún momento, con la cual cuenta de manera física, desde su fecha de expedición, que lo fue el diez de febrero de dos mil veintidós con vigencia al diez de febrero de dos mil veinticuatro, y que se encuentra vigente hasta el diez de febrero de dos mil veinticuatro; así como que tampoco es verdad que estuviera utilizando algún aparato de comunicación de telefonía móvil. Lo argumentado en esos términos deviene infundado, ya que por una parte, contrario a lo señalado por la quejosa, el acto reclamado en la parte correspondiente a la infracción, se encuentra debidamente fundado y motivado, al señalar los artículos que contienen las conductas señaladas por la ley respectiva como infracciones a las reglas de tránsito; así como también se detalló en qué consistieron éstas, las cuales se adecuan a los fundamentos citados; de manera que en este aspecto la boleta de infracción se encuentre fundada y motivada correctamente. Ahora bien, igualmente es dable establecer que en el particular, la parte promovente del amparo no exhibió prueba alguna para desvirtuar lo asentado en dicha boleta en cuanto a lo sostenido por el agente de tránsito responsable en relación a la comisión de la infracción, el cual tiene la presunción de legalidad al ser expedido por una autoridad competente en el ramo; pues únicamente se limita a señalar que no cometió las infracciones sin desvirtuar lo asentado en la misma; ya que si bien en el presente juicio exhibió su licencia en original y de la que se constató está vigente, lo cierto es, que en modo alguno demostró que al momento en la que se le impuso la infracción la tenía en su poder y la exhibió al oficial de tránsito responsable. Pues contrario a lo que afirma la quejosa, el motivo de la multa no derivó del hecho de que no se encontrara vigente sino porque se encontraba conduciendo un vehículo automotor sin la licencia correspondiente; de ahí que aun y cuando exhibió el original ante este juzgado, lo cierto es, que no quedó demostrado que la tuviera en su poder al momento de la infracción, así como que no hubiere estado conduciendo o que no estuviera haciendo uso de algún aparato de telefonía móvil a su alcance en el momento de los hechos; pues ello, se insiste no lo desvirtúo en forma alguna, por lo que deben quedar subsistentes los motivos que llevaron a la imposición de la infracción; los cuales se detallan claramente en la boleta respectiva, y dada su naturaleza no requieren de una mayor motivación que referir la causa por la que se actualizaron los supuestos previstos en la ley citados en el acto reclamado. En un diverso concepto de violación refiere la parte promovente que la boleta de tránsito transgrede sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que no se encuentra debidamente fundada y motivada en lo que respecta a la imposición de la multa, lo que transgrede sus derechos de legalidad y seguridad jurídica, dejándola en un estado de incertidumbre jurídica. Al respecto, resultan fundados los conceptos de violación, ya que de un análisis al presente asunto, se advierte que existe violación a los derechos de fundamentación y motivación del acto reclamado, de conformidad con el artículo 16 Constitucional. A mayor abundamiento, es menester atender ahora el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo dispone lo que a continuación se transcribe: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Se entiende por fundar el que la responsable exprese con precisión, el o los preceptos legales aplicables al caso y, por motivar, señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en cuenta para emitir el acto combatido, existiendo además adecuación entre las normas aplicables con los motivos aducidos. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 204, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el mismo contexto, es necesario señalar que el derecho de legalidad tutelado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales y en la expresión de los motivos que se aduzcan en su aplicación por parte de la autoridad, al atender el valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla los requisitos legales necesarios. Por otro lado, la motivación de la causa legal del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto. Sin dicha adecuación se violaría, por ende, la citada prerrogativa que, conjuntamente con la de fundamentación legal, integra el derecho de legalidad. En atención a lo anterior, y emprendiendo ahora el estudio de los derechos humanos contemplados en el artículo 16 Constitucional, se tiene que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado y el Reglamento respectivo, sanciona a los conductores que transiten haciendo uso de dispositivos móviles como señala el artículo 197, fracción I, del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado, que indica: Artículo 197. Los conductores, sin perjuicio de las demás previstas en la Ley y en este Reglamento, tendrán las siguientes prohibiciones: I. Utilizar durante la conducción dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar a través de un dispositivo de manos libres. Se exceptúa de lo dispuesto en esta fracción el uso de los dispositivos de radio comunicación por los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública en ejercicio de sus funciones, los conductores de los vehículos de emergencia y los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros; . De igual manera, sancionan a las personas que conduzcan vehículos de combustión, híbridos o mixtos o eléctricos, en el Estado de Yucatán, sin contar con el permiso o la licencia respectiva vigente, concesionada y expedida por la Secretaría de Seguridad Pública, tal como se observa en el artículo 118 del Reglamento señalado que dice: Obligatoriedad de contar con el permiso o la licencia respectiva Artículo 118. Ninguna persona podrá conducir vehículos de combustión, híbridos o mixtos o eléctricos, en el Estado de Yucatán, sin contar con el permiso o la licencia respectiva vigente, concesionada y expedida por la Secretaría, previa satisfacción de los requisitos que establece este Reglamento. De igual forma se prohíbe la conducción de vehículos de combustión, híbridos o mixtos o eléctricos, con un permiso o licencia de conducir de clasificación distinta al tipo de vehículo que se conduce. Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo este artículo, los casos en que el conductor cuente con la licencia vigente expedida por la autoridad competente de otra entidad federativa o del extranjero, cuando éste se encuentre de paso por el Estado y corresponda al tipo de Vehículo que conduce. En ese sentido, los artículos 13, fracción I, y 463, del reglamento vial del Estado de Yucatán, establecen la facultad de los agentes de tránsito para prevenir y sancionar las infracciones viales, así como requisitos de validez que deben observarse para la emisión de la boleta de infracción que contenga una sanción en materia de tránsito. Por su parte, el artículo 451 del citado reglamento de tránsito, dispone la forma en que serán calificadas las infracciones de tránsito para determinar la cuantía de multa. Establece que las infracciones leves serán sancionadas con multa de uno hasta quince Unidades de Medida y Actualización; las graves con multas de dieciséis a veintiún Unidades de Medida y Actualización; y las muy graves, de noventa y cinco a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en el Catálogo de Sanciones, previsto en el Anexo I del Reglamento. Asimismo, dispone que la cuantía de la multa se determina aplicando la cantidad en pesos que corresponda a una unidad de medida y actualización, al día de la comisión de la infracción, multiplicada por el número de días fijado en el Catálogo de Sanciones. Respecto al monto de la multa, establece que los parámetros para fijar la cuantía: Si un conductor contraviene una disposición de tránsito o vialidad por vez primera, y no contraviene algunas de las disposiciones previstas en la fracción IV del artículo 449 del Reglamento, se le podrá aplicar el monto mínimo previsto para esa conducta en el Catálogo de Sanciones. Si el conductor contraviene por segunda ocasión la misma disposición de tránsito o vialidad de un nivel de la clasificación, señalada en el artículo 444 del reglamento, y además, contraviene alguna de las disposiciones, establecidas en las fracción IV del artículo 449 del reglamento, se le podrá aplicar el monto que resulte de dividir entre dos, la suma de la sanción mínima y máxima correspondiente. En el caso de que un conductor contravenga por tercera ocasión la misma disposición de tránsito o vialidad de un nivel de la clasificación, señalada en el artículo 444 del reglamento, y contravenga lo dispuesto en la fracción IV del artículo 449 del propio Reglamento, se le podrá aplicar el monto máximo que corresponda a la infracción. En todos los casos señalados, la autoridad competente podrá aplicar multas diversas a la mínima, media y máxima, conforme a las circunstancias particulares del hecho o accidente de tránsito, pero no deberá rebasar el parámetro de clasificación de la infracción que corresponda a la misma. Ahora, del análisis de las constancias allegadas al juicio de amparo, se obtiene que el Policía de Tránsito suscribió la boleta de infracción reclamada, porque consideró que la quejosa infringió el artículo 197, fracción I, y 118 párrafo primero, del Reglamento de Tránsito de la Entidad, al utilizar su teléfono móvil mientras conducía y conducir sin la licencia vigente respectiva; en consecuencia, la responsable precisó que las infracciones de tránsito eran sancionadas con multa en términos del artículo Anexo I, Grupo 3-B y 2-C, a que hace alusión el artículo 470 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, por lo que impuso la multa de veinticinco y doce Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 38/100 moneda nacional. La actuación del oficial de tránsito vulnera el derecho de legalidad, ya que el Anexo I, Grupo 3-B y 2-C, a que hace alusión el artículo 470 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, establece que las multas por incurrir en la acción prohibida por la fracción I del artículo 197 del Reglamento, oscilan entre diecinueve y veinticinco Unidades de Medida y Actualización y la diversa contenida en el artículo 118 del indicado reglamento, entre nueve y doce Unidades de Medida y Actualización. Sin embargo, en parte alguna de la boleta de infracción reclamada, expresó los motivos y razones que tomó en consideración para determinar el monto equivalente a las veinticinco y doce unidades, es decir la sanción máxima por cada infracción cometida. Así, en lo relativo a la individualización de la sanción impuesta, la autoridad responsable no colmó los requisitos formales de fundamentación y motivación, lo que provoca incertidumbre jurídica en el gobernado, pues el vicio formal detectado le impide conocer los preceptos legales en los cuales dicha autoridad apoyó su actuación, así como las razones, motivos y elementos que consideró para graduar la multa, situación que incuestionablemente constituye una violación al principio de legalidad que consagra el artículo 16 del Pacto Federal. Es así, pues como se precisó, la norma constitucional invocada impone a todas las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, lo que se traduce en que se deben expresar los fundamentos de derecho y los motivos de hecho que sean considerados para su dictado; además debe existir siempre adecuación entre unos y otros, todo lo anterior con la finalidad de que el gobernado conozca los hechos que se le atribuyen, así como la ley aplicada por la autoridad para emitir en su contra el acto de molestia, para el efecto de que esté en posibilidad de impugnarlo si considera que la cita y aplicación de dichos fundamentos fueron incorrectos, o bien, que los hechos no fueron acordes con la motivación citada. En ese contexto, es evidente la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el principio de legalidad establecido en el numeral 16 de la Carta Magna, pues al realizar la determinación de la cuantía de la multa no expresó motivo que justificara la imposición de la máxima, ya que no motivó la individualización de la multa impuesta. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "TRANSITO, MULTAS DE. Las infracciones levantadas a los conductores por cruzar la línea de alto después de cambio de luz, derivan de una apreciación muy subjetiva del conductor y del agente de tránsito, pues se trata de fracciones de segundo en que se debe apreciar si la distancia de la línea, la velocidad del auto y la duración de la luz ámbar da oportunidad o no de detener el vehículo antes de la línea sin crear una situación de peligro, y si la luz ámbar da oportunidad de terminar de cruzar antes de la luz roja. Y en esas condiciones, ante la ineludible disyuntiva en que se coloca el juzgador entre aceptar una versión u otra, y ante los evidentes peligros de error que hay en aceptar una de las versiones, lo menos que puede exigirse es que las actas de infracción sean cuidadosamente motivadas en estos casos, de manera que de ellas se desprende claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por el agente de tránsito, quien resulta Juez y parte en la imposición de la multa, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la forma relativa. Y si el acta de infracción es demasiado lacónica y no proporciona elementos de juicio al respecto para que el Juez forme su criterio, no puede sino estimarse que hay una falta de motivación que se traduce en una violación del artículo 16 constitucional, conforme al cual se deben exponer los motivos que actualizan la hipótesis normativa y hacen aplicable la consecuencia pertinente. Y aunque esto implica una carga legal para los agentes de tránsito, ello se justifica, en primer lugar, porque se trata de una carga que les impone la Constitución Federal y, en segundo lugar, porque la prevalencia de su dicho puede dar lugar a arbitrariedades, que se deben tratar de reducir al mínimo posible." Igualmente, tiene aplicación a lo anterior en interpretación contraria, la tesis aislada IV.1o.A.30 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA. El artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos y dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresen las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Ahora bien, de los artículos 1, 2, fracción IV y 9 del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, se advierte que el territorio de ese Municipio deberá ceñirse a lo establecido por el citado reglamento para la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito que se susciten; asimismo, que los oficiales de tránsito son los servidores públicos facultados para la aplicación de dicho reglamento y los supuestos en los cuales los servidores públicos pueden imponer las multas cuando se cometan infracciones. De lo anterior se obtiene que para que una boleta de infracción se encuentre fundada y motivada, es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. En ese tenor, si la responsable cumple con lo anterior, no se debe exigir mayor extensión en los argumentos vertidos para sustentar el acto reclamado, además de que sus actos gozan de la presunción de legalidad, para cumplir con la garantía prevista en el numeral 16 de la Constitución Federal." Por lo anterior, la imposición de la sanción consistente en la multa efectuada a la parte quejosa en la boleta de infracción 752100, de trece de marzo de dos mil veintitrés, vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto por el artículo 16 de la Carta Magna, por lo que debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal. Se cita al caso, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1239, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2008753, de rubro y texto siguiente: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo." Se cita de igual manera, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1350, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con registro 187531 de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código." En las relatadas circunstancias, al carecer el acto reclamado en la parte correspondiente a la imposición de la multa, de motivación lo procedente es conceder el amparo de la justicia federal a Candy Estefany Noh Quintal, para el efecto siguiente: - La responsable deje insubsistente la boleta de infracción 752100 de trece de marzo de dos mil veintitrés, únicamente en su parte relativa a la imposición de la multa, y hecho ello, con libertad de jurisdicción, emita una nueva, debidamente motivada, sobre la multa que corresponde de acuerdo a la gravedad real de la infracción cometida. NOVENO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2 Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO PRIMERO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Candy Estefany Noh Quintal, respecto del acto reclamado al cobro atribuido a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con residencia en Mérida, por las razones expresadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a Candy Estefany Noh Quintal, respecto del acto reclamado al Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Yucatán, por las razones indicadas en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Candy Estefany Noh Quintal, respecto del acto reclamado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y Agente de Tránsito adscrito a dicha Secretaría, por las razones señaladas en el considerando octavo de este fallo. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
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Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a esto autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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