Cándido Vilchis Vilchis y Otros.
Expediente 1400/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1400/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Cándido Vilchis Vilchis
- Cándido Vilchis Vilchis y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
R e s o l u c i ó n... Por ende, en apariencia del buen derecho que asiste a los quejosos y en atención a las sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México: a) Cite a las partes a una audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en donde, en observancia a los principios de oralidad e inmediación que rigen al sistema penal, en un control ex officio del artículo 19 constitucional, decrete el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta a los quejosos. b) Posteriormente, deberá abrirse el debate a efecto de que la representación social pueda solicitar la imposición de las medidas cautelares de las que contempla el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estime pertinentes e idóneas, a fin de que en el controvertido la defensa pueda aportar tanto los argumentos como los datos de prueba que justifiquen las circunstancias que presente e invoque en relación a las condiciones personales de los imputados. c) Luego, deberá resolver lo conducente a la imposición de las medidas cautelares que estime legalmente pertinentes a fin de que pueda asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, proteger la seguridad de la ofendida, los testigos y la comunidad o evitar la obstaculización del procedimiento. ... Requerimiento y apercibimiento a autoridad responsable. Requiérase al Juez responsable para que una vez realizado lo anterior, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la celebración de la referida audiencia, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento que haya dado a la presente medida suspensional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 140, y 144 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: ÚNICO. Se concede a ********************y********************, ambos de apellidos ********************, la suspensión definitiva solicitada contra el acto atribuido a la autoridad responsable, precisados en el considerando primero de esta interlocutoria en los términos expuestos en similar último de esta resolución.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se difiere audiencia Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, a través del auto de veintiuno de noviembre de la presente anualidad, a fin de que rinda su informe justificado, pues de la misiva que se le envió para tal efecto, le fue notificada el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, a efecto de permitir que transcurra el plazo que le fue concedido para que rinda su respectivo informe de ley, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Desahoga Intégrese el escrito signado por los quejosos ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, a través del cual, en cumplimiento al auto de diez de octubre del año en curso, señalan como nueva autoridad responsable, a la siguiente: ********************, Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. De quien reclama: "La audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, tocante a la revisión y modificación de medida cautelar dictada en la causa de juicio ********************, del índice del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de valle de Bravo, Estado de México, donde se negó la modificación de la medida cautelar dictada en contra los quejosos, relativa a la prisión preventiva oficiosa de que son objeto." Ampliación de demanda Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, admítase la ampliación de demanda. Incidente de suspensión Por haberse solicitado, se tramita el incidente de suspensión. Ministerio público federal Dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación por lo que se deja a disposición copia de la ampliación de demanda en la sección de actuaria. Audiencia constitucional Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en proveído de diez de noviembre pasado, se señalaron las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. Requerimiento de autoridades Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que, de ser omisas en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se harán acreedoras a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. Domicilio Finalmente, respecto a la solicitud de los quejosos en torno a que las notificaciones se les realicen en el lugar de su reclusión, dígaseles que únicamente habrán de efectuarse aquéllas que el suscrito considere necesarias en el lugar de su reclusión; de lo contrario las mismas se ordenaran por conducto de su autorizado. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Fuente: Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable."
- Incidental
Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura de Incidente de Suspensión Atento a la admisión de la ampliación de demanda, no es necesario crear el incidente de suspensión, ello en razón de que mediante auto de ocho de septiembre de la presente anualidad, se ordenó formar el cuaderno en que se actúa, derivado del juicio de amparo número 1400/2023-VI-B. Audiencia Incidental Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Informes Previos Con apoyo en lo dispuesto por los artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia de la demanda de amparo. Informe en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen; asimismo, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado. Bajo apercibimiento que de ser omisas en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá a la persona que ostente el cargo, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Precisión del Acto Reclamado Los quejosos ********************y ********************ambos de apellidos********************, reclaman de las autoridades responsables: La audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, tocante a la revisión y modificación de medida cautelar dictada en la causa de juicio ********************, del índice de la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, donde se negó la modificación de la medida cautelar dictada en contra los quejosos, relativa a la prisión preventiva oficiosa de que son objeto. Determinación de la suspensión provisional respecto a las consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora con relación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el caso, se encuentra involucrado el derecho al respeto de la libertad personal de los quejosos, la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, y la sociedad está interesada en el respeto de los derechos humanos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dando oportunidad al gobernado de comparecer con la responsable a hacer valer las garantías para su protección, evitando que se sustraiga de la acción de la justicia y la suspensión de un procedimiento. Por ende, en apariencia del buen derecho que asiste a los quejosos y en atención a las sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México: a) Cite a las partes a una audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en donde, en observancia a los principios de oralidad e inmediación que rigen al sistema penal, en un control ex officio del artículo 19 constitucional, decrete el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta a los quejosos. b) Posteriormente, deberá abrirse el debate a efecto de que la representación social pueda solicitar la imposición de las medidas cautelares de las que contempla el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estime pertinentes e idóneas, a fin de que en el controvertido la defensa pueda aportar tanto los argumentos como los datos de prueba que justifiquen las circunstancias que presente e invoque en relación a las condiciones personales de los imputados. c) Luego, deberá resolver lo conducente a la imposición de las medidas cautelares que estime legalmente pertinentes a fin de que pueda asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, proteger la seguridad de la ofendida, los testigos y la comunidad o evitar la obstaculización del procedimiento. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, visible en la página 4670 de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados". Requerimiento y apercibimiento a autoridad responsable. Requiérase al Juez responsable para que una vez realizado lo anterior, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la celebración de la referida audiencia, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento que haya dado a la presente medida suspensional. Domicilio Asimismo, respecto a la solicitud de los quejosos en torno a que las notificaciones se les realicen en el lugar de su reclusión, dígaseles que únicamente habrán de efectuarse aquéllas que el suscrito considere necesarias en el lugar de su reclusión; de lo contrario las mismas se ordenaran por conducto de su autorizado. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Fuente: Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Sin que haya lugar a tener como tales los correos electrónicos proporcionados, en virtud de que dichos medios de comunicación no se encuentran contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. Exhorto a los quejosos para señalar usuario para oír y recibir notificaciones En aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a los quejosos para que, designen un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal. Instrucciones a los quejosos para la creación de usuario electrónico. A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. , que da fe.
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