Candido Sánchez María
Expediente 1537/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1537/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Candido Sánchez María
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Cándido Sánchez María y Antonio Cruz Hernández, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comisariado Ejidal de la comunidad de Texoloc, municipio de Xochiatipan, Hidalgo y otra autoridad; en su atención se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1537/2021-V, y hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se estima que se individualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal; ya que no proviene de una autoridad para los efectos del juicio constitucional. Los preceptos citados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [..]" 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." El primer artículo transcrito dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en él, sino también de las demás hipótesis que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la primera fracción del numeral 1 de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones provenientes de autoridad que quebranten los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, la procedencia del juicio de amparo se encuentra restringida, entre otros supuestos, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad. No obstante, ni los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental ni la legislación reglamentaria de los preceptos mencionados, definen con precisión qué debe entenderse por autoridad, ya que no delimitan las características que se deben reunir para ser considerada como tal, para efectos de la 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ procedencia del juicio de amparo; sino que únicamente ejemplifican las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto de protección constitucional. Por lo cual, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, definió las características que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, acordes con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado, cuyo epígrafe es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Tales aspectos distintivos son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dicho criterio jurisprudencial es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089. Con base en tales directrices, para definir el concepto de autoridad, debe atenderse primeramente a si la relación que se somete a la decisión del órgano de control de constitucionalidad, en 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ vía de amparo, se ubica dentro de las relaciones de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior En esa tesitura, es dable acudir a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crea en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, siendo que las partes están en el mismo nivel, puesto que en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ Así, los actos de autoridad gozan de unilateralidad, porque el ente público actúa motu proprio; imperatividad debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; así como coercitividad, puesto que a través de la infraestructura del Estado se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. En suma, el concepto jurídico de autoridad lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales e imperativos, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. La pate final de la porción normativa transcrita establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos anteriores, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior se desprende que la calidad de autoridad responsable se atribuye, con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto; es decir, atiende al tipo de acto que se impugne. Sobre ese tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 510, de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA." determinó que para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable, es necesario que el acto que se le atribuye: 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ Sea equivalente a los de autoridad; esto es que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral, imperativa y coercitiva, o bien que omita actuar en determinado sentido; Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas y Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio por lo general tenga un margen de discrecionalidad. En el particular, los quejoso atribuyen al Presidente del Comisariado Ejidal; y Consejo de Vigilancia; ambos de la comunidad de Texoloc, municipio de Xochiatipan, Hidalgo, la orden de retención o privación de la libertad, incomunicación, tortura o cualquier acto denigrante, así como su ejecución. Sin embargo, dichos actos no revisten las características necesarias para que sean considerados como de autoridad responsable para la procedencia del juicio de amparo; en virtud de que tales actos son relativos a la relación entre particulares, pues las aquí responsables, son órganos del ejido, no del Estado, por lo cual no pueden considerarse como autoridades, pues sus facultades son de representación y ejecución ejidales. En efecto, conforme al artículo 21 de la Ley Agrarias son órganos de los ejidos: o La Asamblea; o El comisariado ejidal; y, o El consejo de vigilancia. Asimismo, el diverso 32 de la misma legislación señala que el Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdo de la asamblea (órgano supremo del ejido), así como de la representación y gestión administrativa del ejido; se constituye por 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ un Presidente, un Secretario y un Tesorero, así como por sus suplentes. Por su parte, el Consejo de Vigilancia se trata de un órgano colegiado encargado de vigilar que los actos del comisariado ejidal se ajusten a la legislación agraria, revisar sus cuentas y operaciones para dárselas a conocer a la asamblea y denunciar las irregularidades en las que haya incurrido el comisariado; ello acorde a los numeras 35 y 36 de la ley de la materia. Como se puede ver los órganos a que se hizo referencia, es decir, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, no son órganos del Estado, no cuentan con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia, ni imponer de manera coercitiva o unilateral actos que no sean acordes con su naturaleza jurídica; ya que la relación existente entre estos con los miembros del ejido se desarrolla en un plano de coordinación, en virtud de que sus controversias deben de ser resueltas ante la autoridad formal o materialmente jurisdiccional, a través de los mecanismos que para ello prevé la ley ( por ejemplo: juicio agrario). En el caso, los quejosos manifiestan, bajo protesta de decir verdad que el veintiocho de noviembre pasado, aproximadamente a las siete horas con treinta minutos, los señalados como responsables convocaron a una reunión Texoloc, municipio de Xochiatipan, Hidalgo, en la cual se les atribuyeron determinados hechos y fueron privados de su libertad por cerca de diez horas en un espacio que califican como degradante. Con base en ello se duelen de la orden de retención o privación de la libertad, incomunicación, tortura o cualquier acto denigrante, así como su ejecución; sin embargo, estos actos no pueden asimilarse a actos de autoridad como lo pretende la parte quejosa, puesto que, para ello sería necesario (i) que dichos actos fueran equivalentes a los de autoridad, (ii) que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas y (ii) que esas funciones estuvieran determinadas por una norma general. 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ Como se puede observar, los actos de que se duelen los quejosos carecen de esas características, porque la Ley Agraria no otorga esas facultades al Presidente del Comisariado Ejidal o al Consejo de Vigilancia, puesto que las facultades de éstos se circunscriben a la actividad administrativa propia de los ejidos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), sustentada por la Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Marzo de 2015, página 2184, de rubro y texto siguientes: ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Por otra parte, no debe pasarse por alto de que los actos que se señalaron como reclamados, en su caso puedan constituir hechos con características de delito; sin embargo, ello deberá hacerse del conocimiento de la autoridad investigadora que corresponda, a fin de que se proceda a la su indagatoria y persecución. Lo que evidentemente no puede realizarse a través del juicio de amparo instado. Por tanto, es dable concluir que los actos que se atribuyen al Presidente del Comisariado Ejidal; y Consejo de Vigilancia; ambos de la comunidad de Texoloc, municipio de Xochiatipan, Hidalgo, no tienen el carácter de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; por ende, se individualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. En suma, al actualizarse de manera indudable las causales de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que los accionantes señalan como domicilio procesal un correo electrónico, con fundamento en los artículos 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo, se tiene como tal las listas. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Edwin Ledwin Guzmán Castillo. CORREO ELECTRÓNICO. También, se le tiene proporcionando a la parte quejosa la cuenta de correo electrónico isanchez_abogadoleo@hotmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dicho medio no sustituye el lugar para recibir 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) expedición de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el 29/09/22 17:37:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 RENE FUENTES MARTINEZ modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...V
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- Cándido Hernández Rodríguez489/2020
- Cándido Islas Amador330/2016
- Cándido Jiménez Sarabia141/2019
- Candido Morales Meneses996/2023
- Cándido Romero Moran881/2022
- Candido Romero Moran486/2023
- Caritina Estrada Fuentes589/2023
- Caritina Estrada Fuentes723/2023
- Caritina Estrada Fuentes1646/2022
- Caritina Flores Becerril655/2016
- Carlos Adán Barrios Benitez54/2021
- Carlos Adán Barrios Benitez57/2021