Cándido Monreal Ávila

Expediente 485/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
485/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Cándido Monreal Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, once de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Cándido Monreal Ávila, por propio derecho, contra actos del Administrador Titular Jurídico y de Recepción adscrito a la Oficina de Atención Regional Bajío del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 485/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA POR CONOCIMIENTO PREVIO. De la certificación asentada por la Secretaria de Juzgado, se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se constató que el juicio de amparo 159/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, fue promovido por Cándido Monreal Ávila, en el que reclamó: Del Director General; Coordinador de Administración de Bienes; y Administrador Titular Jurídico y de Recepción, todos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, los dos primeros con residencia en la Ciudad de México, y el último en Santiago de Querétaro, Querétaro: I. La omisión de realizar la entrega de los bienes muebles propiedad del quejoso, consistentes en: 1. Una báscula marca Revuelta Mazda, con número de fabricación; 2. Dos ventiladores empotrables; 3. Una fumigadora de plástico; 4. Medidores e interruptores de electricidad, así como el cableado o instalación eléctrica; 5. Cuatro Hornos con sus respectivas estructuras para deshidratar chile; 6. Cuatro motores eléctricos marca Siemens; 7. Cuatro ventiladores para túneles para deshidratar chile; 8. Dos tanques estacionarios de gas, con capacidad para 4,979 litros, marca Tatsa; 9. Un tanque estacionario de gas con capacidad para 490 litros, marca Tatsa; 10. Tres reguladores para tanques estacionarios de gas; 11. Tres tanques estacionarios de gas, con capacidad para 5,000 litros, marca Tatsa; 12. Tres medidores de temperatura (manómetros); 13. Dos montacargas mecánicos; 14. Una llanta al parecer de tractor; 15. Tres llantas usadas en regular estado; 16. Un implemento agrícola, para esparcir fertilizante; 17. Un implemento agrícola, marca John Deer Max Emergez 7200; 18. Un tanque de agua; 19. Dos bombas de extracción de agua, marcas Siemens e Iem; 20. Quince cajas de plástico; 21. Siete carros que contienen charolas para deshidratar chile; 22. Varios carros que contienen charolas para deshidratar chile, empotradas en los muros; 23. Una báscula electrónica marca Torrey, modelo EQM-200/400, con capacidad para doscientos gramos; 24. Documentación diversa de contabilidad de la empresa determinada "Deshidratadora y Comercializadora de Productos del Campo San Felipe", así como a nombre de Cándido Monreal Ávila, facturas de los avíos, entre otros; que refirió el quejoso se encontraban en el inmueble edificado sobre los lotes 1, 2, 3 y 4, manzana 59, fraccionamiento El Palmar, e identificado como calle Reforma número 2, sur, colonia Benito Juárez, en la comunidad de Río Florido, municipio de Fresnillo, Zacatecas, con una superficie de 6,027 metros cuadrados, de su propiedad; y II. La omisión de entregar los frutos y rendimientos obtenidos con motivo de la administración del citado inmueble. Circunstancia la anterior que constituye un hecho notorio para esta Juzgadora, acorde a lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, en atención a que se trata de información obtenida del módulo de sentencias del aludido Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en la que aparece la versión electrónica de la resolución aludida, lo que genera certeza de lo resuelto en ese juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.16/2018(10a.), pronunciada por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 10, libro 55, tomo I, materia común, junio de 2018, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital registro 2017123, de contenido siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por otro lado, de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, promovida por el quejoso Cándido Monreal Ávila, se advierte que señala como autoridades responsables a las siguientes: Administrador Titular Jurídico y de Recepción adscrito a la oficina de Atención Regional Bajío del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación Estatal de Zacatecas, de la ahora Fiscalía General de la República, a cargo de la entonces Agencia del Ministerio Público de la Federación Especializada en Delito contra la Salud de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas, quien actuó dentro de la Averiguación Previa AP/PGR/ZAC/128/II/CS/2009 con sede en Zacatecas, Zacatecas, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación Estatal en Zacatecas de la ahora Fiscalía General de la República, a cargo de la entonces Agencia del Ministerio Público de la Federación en Delitos Diversos de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas, quien actúo dentro de la Averiguación Previa AP/PGR/ZAC/127/II/CS/2009 con sede en Zacatecas, Zacatecas; y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación Estatal en Zacatecas, de la ahora Fiscalía General de la República a cargo de la entonces Agencia Única Investigadora del Ministerio Público de la Federación de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas, quien actuó dentro de la Averiguación Previa PGR/ZAC/144/CS/II/2009 con sede en Fresnillo, Zacatecas. De quienes reclamó medularmente lo siguiente: I. La OMISIÓN o NEGATIVA de DEVOLVERME / RESTITUIRME / ENTREGARME los BIENES MUEBLES de mi PROPIEDAD consistentes en: UNA BÁSCULA marca Revuelta Mazda; DOS VENTILADORES empotrables; UNA FUMIGADORA de plástico; MEDIDORES e INTERRUPTORES de ELECTRICIDAD, así como el cableado o instalación eléctrica correspondiente; CUATRO HORNOS con sus respectivas ESTRUCTURAS para DESHIDRATAR CHILE; CUATRO MOTORES ELÉCTRICOS marca Siemens; CUATRO VENTILADORES para TÚNELES para DESHIDRATAR CHILE; DOS TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS, con capacidad para 4,979 litros, marca Tatsa; UN TANQUE ESTACIONARIO DE GAS con capacidad para 490 litros, marca Tatsa; TRES REGULADORES para tanques estacionarios de gas; TRES TANQUES estacionarios de gas, con capacidad para 5,000 litros, marca Tatsa; TRES MEDIDORES de temperatura (manómetros); DOS MONTACARGAS mecánicos; UNA LLANTA al parecer de tractor; TRES LLANTAS usadas en regular estado; UN IMPLEMENTO AGRÍCOLA, para esparcir fertilizante; UN IMPLEMENTO AGRÍCOLA, marca John Deer Max Emergez 7200; UN TANQUE de agua; DOS BOMBAS de extracción de agua, marcas Siemens e Iem; QUINCE CAJAS de plástico; SIETE CARROS que contienen charolas para deshidratar chile; VARIOS CARROS que contienen charolas para deshidratar chile, empotradas en los muros; UNA BÁSCULA electrónica marca Torrey, modelo EQM-200/400, con capacidad para doscientos gramos; DOCUMENTACIÓN diversa de contabilidad de la empresa determinada "Deshidratadora y Comercializadora de Productos del Campo San Felipe", así como a nombre de Cándido Monreal Ávila, facturas de los avíos, entre otros). Que de acuerdo a lo señalado por el quejoso en su demanda se encontraban en el inmueble edificado sobre los lotes 1, 2, 3 y 4, manzana 59, fraccionamiento El Palmar, e identificado como calle Reforma número 2, sur, colonia Benito Juárez, en la comunidad de Río Florido, municipio de Fresnillo, Zacatecas, con una superficie de 6,027 metros cuadrados, de su propiedad. II. La OMISIÓN o NEGATIVA de RECONOCER que los BIENES MUEBLES antes pormenorizados le fueron TRANSFERIDOS para su ADMINISTRACIÓN y demás ACTOS propios de su función por las diversas AUTORIDADES RESPONSABLES señaladas en los incisos b), c) y d). En ese contexto, del análisis de la demanda de amparo que conforma el presente juicio de amparo, así como de los datos obtenidos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto al juicio de amparo 159/2000 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, resulta inconcuso que el primero guarda relación estrecha con el último, en atención a que ambos fueron promovidos por el quejoso Cándido Monreal Ávila, en contra de actos provenientes del mismo expediente, bienes que fueron asegurados por parte del Ministerio Público de la Federación, en la averiguación previa AP/PGR/ZAC/128/II/CS/09, que dio origen a la causa penal 11/2009, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Así pues, de la sentencia dictada del juicio de amparo 159/2020, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio, fueron materia de Litis constitucional en el mencionado juicio de derechos fundamentales que conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas. Prueba documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995de epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, se infiere, que en ambos juicios de amparo, son los mismos actos reclamados, los cuales deriven del mismo procedimiento. Al respecto, conviene remitirnos a lo establecido en el artículo 46, Fracción II y párrafos sexto y séptimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, que dice lo siguiente: "Articulo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos ; (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicara su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que plantee, formulará consulta de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." De lo anterior se sigue que, la demanda de amparo que se promueva respecto de actos que tenga origen en un mismo expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, deberá turnarse al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de ese mismo expediente, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación. Por tanto, si el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, conoció previamente del juicio de amparo 159/2020, que al igual que en el que se actúa, tuvo su origen en actos derivados de la averiguación previa AP/PGR/ZAC/128/II/CS/09, que dio origen a la causa penal 11/2009, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, resulta evidente que dicho órgano jurisdiccional es quien debe conocer del presente asunto, por contar con el último antecedente. Lo anterior es así, pues solo de esa manera se cumplirá el fin previsto por el acuerdo general de referencia, atinente a que, al relacionarse un asunto de nuevo ingreso con uno ya existente que derive de las hipótesis mencionadas, se aprovecha el conocimiento previo, sea de manera general o específica, sobre el hecho común que dio origen al acto reclamado, además de que se evita el dictado de sentencias contradictorias; sin que esa circunstancia tenga excepción o límite en su aplicación, más allá de la estipulada en la fracción III del referido artículo 46, especificada para los Tribunales Colegiados cuando deban de conocer de los recurso de queja que se interpongan en contra de la suspensión provisional. En ese tenor, resulta aplicable la tesis aislada XVII.2o.2K (10a.), visible en la página 3342, libro 52, tomo IV, marzo de 2018, materia común, registro 2016445, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL TURNO DE LOS ASUNTOS. El acuerdo general mencionado, fue modificado, entre otros, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, el cual retomó el contenido del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado por el diverso Acuerdo General 48/2008, en el que se instauró el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las oficinas de correspondencia común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 46 del acuerdo citado en primer término, entre ellos, el que refiere su fracción III, respecto de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo al que tenga el antecedente del que deriva, conocido por cualquier vía, con la única excepción de que se trate de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio, relativo a utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias, sino que implica, además, aprovechar ese conocimiento previo, por haber conocido de otro acto relacionado o vinculado, de manera general o específica, que constituye el antecedente o hecho común que dio origen al acto impugnado correspondiente, que implica un conocimiento previo. En ese sentido, en términos del artículo 46, fracción III, indicado, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin excepción o límite a su aplicación, salvo la prevista en la parte final de la fracción III referida, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos. Lo anterior toda vez que, se itera, la finalidad del returno se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional, ya sea por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; o bien, cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo." Por tanto, como lo prevé el indicado numeral del citado acuerdo general, sin proveer sobre la admisión de la demanda, remítase el presente juicio de amparo, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, para que tenga a bien determinar lo conducente respecto a la competencia planteada, solicitándosele el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de dicha demanda a fin de formar el cuaderno de antecedentes correspondiente HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS.Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados César Ambriz Puente y Salvador Lara Martínez. Asimismo, con fundamento en los artículos 6, 36 a 41, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo-, se le autoriza para realizar la consulta del expediente así como para oír y recibir notificaciones, con nombre de usuario "AMBRIZPC"; en consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. Igualmente, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 y 29, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se autoriza la continuación del presente como "Juicio en Línea", con el nombre de un usuario que proporciona, en cual se podrá llevar a cabo la consulta y el seguimiento de las actuaciones que deriven del presente asunto. Finalmente, téngase como medio de comunicación no procesal el correo electrónico y número telefónico que proporciona, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, a efecto de agilizar la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021.

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