Cándido Luis Gomez Paxtián
Expediente 595/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cándido Luis Gomez Paxtián
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (foja 164), para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó por una parte y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ********************(fojas 117-133) para los efectos siguientes: ".En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez responsable: a). Deje insubsistente el auto dictado el ocho de junio de dos mil veintidós, en el ******************** ******************** de su índice. b). En su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación, en la que de manera fundada y motivada resuelva el fondo del recurso de reclamación que hizo valer el demandado aquí quejoso contra la pensión provisional alimenticia decretada en dicho asunto, atendiendo a las particularidades del caso sometido a su consideración, es decir, a los hechos alegados y a las pruebas ofrecidas por las partes hasta esa etapa procesal, con la obligación constitucional de exponer las causas inmediatas, razones o circunstancias particulares por las que, en su caso, declare fundado o infundado el recurso planteado. Asimismo, una vez superado ese análisis, de ser procedente, modificar la manera en que debe cubrirse la aludida pensión, ya sea en porcentaje o en cantidad líquida, conforme a las resultas de la reclamación de que se trata. Lo anterior a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 147 y 148), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de veinticuatro de enero del año en curso (foja 164), se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 366 el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, informó que dejó insubsistente la resolución de ocho de junio de dos mil veintidós (acto reclamado) mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos interpuesto por el aquí quejoso, derivado del ******************** ********************de su índice; y emitió una nueva resolución en data de veinte de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que con libertad de jurisdicción procedió a realizar el análisis correspondiente, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, bajo las siguientes consideraciones: En primer lugar se estimaron infundados e inoperantes las pretensiones del reclamante, lo anterior porque contrario a lo que aduce el señor ********************, la actora, al haber manifestado dedicarse a las labores del hogar y cuidado de su hija quien padece una discapacidad, tiene por presumida su necesidad alimentaria lo que se establecía desde el artículo 233 bis, de la Ley Sustantiva Civil (actualmente derogado, pero vigente al momento de la presentación de la demanda que nos ocupa, por lo que resulta aplicable al caso), además no pasa desapercibido lo dicho por el reclamante en el sentido de que su contraria cuenta con una negociación de alimentos (vende tacos por las tardes en su domicilio), empero no justifica que así realmente sea, ahora bien el hecho de que su contraria cuente con buena salud física y mental, lo que se podría considerar como cierto, dado que no se advierte lo contrario, ello no implica que la actora en lo principal cuente con un trabajo que le reditué económicamente los medios para solventar su propia subsistencia, y tampoco se acredita fehacientemente que cuente con un domicilio de su propiedad, y aun cuando así fuera no se aprecia que de éste obtenga algún beneficio económico que le permita obtener sus propios alimentos, por lo que será en sentencia definitiva cuando se decida con mayores elementos probatorios si la señora ******************** goza o no del derecho a recibir alimentos. Ahora, respecto a los alimentos es que se otorguen de forma continua y acorde con las necesidades de quien debe recibirlos, es decir, que deben ser de manera sucesiva y en proporción tal que reflejen seguridad para los acreedores alimentarios, pues es precisamente la discontinuidad en el otorgamiento de la pensión obligatoria, debido a que no es factible dejar al arbitrio del deudor la potestad discrecional de su pago en la fecha que estimen oportuna y, bajo su voluntad, la cantidad que se deba suministrar por ese concepto, pues ello coincide de manera directa sobre el bienestar o perjuicio de sus acreedoras al quedar supeditada la cantidad de la pensión a la voluntad del deudor alimentario, lo que es jurídicamente inadmisible. Por último, se modifica la medida provisional de alimentos decretada en fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, misma que ordena el decreto de alimentos, en favor de la señora ******************** y su hija ********************, consistente en el cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibía el demandado; quedando de la siguiente manera, un salario y medio mínimo diario, cuyo valor anualmente determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, distribuidos de la siguiente forma: tres cuartos de salario mínimo para cada una de las mencionadas acreedoras, tomando en cuenta que en dos mil veintidós el salario mínimo se encontraba a razón de ciento setenta y dos pesos 87/100 M.M., en nuestra entidad, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva. En esas condiciones, se concluye que la autoridad responsable cumplió con establecido en la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente el auto dictado el ocho de junio de dos mil veintidós, en el ******************** ******************** de su índice, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dictó una nueva determinación, en la que de manera fundada y motivada resolvió el recurso de reclamación que hizo valer el demandado aquí quejoso contra la pensión provisional alimenticia decretada en dicho asunto, atendiendo a las particularidades del caso sometido a su consideración, es decir, a los hechos alegados y a las pruebas ofrecidas por las partes hasta esa etapa procesal. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado mediante resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 66 a 68 vta), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años . Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 595/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (foja 164), para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó por una parte y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ********************(fojas 117-133) para los efectos siguientes: ".En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez responsable: a). Deje insubsistente el auto dictado el ocho de junio de dos mil veintidós, en el ******************** ******************** de su índice. b). En su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación, en la que de manera fundada y motivada resuelva el fondo del recurso de reclamación que hizo valer el demandado aquí quejoso contra la pensión provisional alimenticia decretada en dicho asunto, atendiendo a las particularidades del caso sometido a su consideración, es decir, a los hechos alegados y a las pruebas ofrecidas por las partes hasta esa etapa procesal, con la obligación constitucional de exponer las causas inmediatas, razones o circunstancias particulares por las que, en su caso, declare fundado o infundado el recurso planteado. Asimismo, una vez superado ese análisis, de ser procedente, modificar la manera en que debe cubrirse la aludida pensión, ya sea en porcentaje o en cantidad líquida, conforme a las resultas de la reclamación de que se trata. Lo anterior a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 147 y 148), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de veinticuatro de enero del año en curso (foja 164), se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 366 el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, informó que dejó insubsistente la resolución de ocho de junio de dos mil veintidós (acto reclamado) mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos interpuesto por el aquí quejoso, derivado del ******************** ********************de su índice; y emitió una nueva resolución en data de veinte de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que con libertad de jurisdicción procedió a realizar el análisis correspondiente, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, bajo las siguientes consideraciones: En primer lugar se estimaron infundados e inoperantes las pretensiones del reclamante, lo anterior porque contrario a lo que aduce el señor ********************, la actora, al haber manifestado dedicarse a las labores del hogar y cuidado de su hija quien padece una discapacidad, tiene por presumida su necesidad alimentaria lo que se establecía desde el artículo 233 bis, de la Ley Sustantiva Civil (actualmente derogado, pero vigente al momento de la presentación de la demanda que nos ocupa, por lo que resulta aplicable al caso), además no pasa desapercibido lo dicho por el reclamante en el sentido de que su contraria cuenta con una negociación de alimentos (vende tacos por las tardes en su domicilio), empero no justifica que así realmente sea, ahora bien el hecho de que su contraria cuente con buena salud física y mental, lo que se podría considerar como cierto, dado que no se advierte lo contrario, ello no implica que la actora en lo principal cuente con un trabajo que le reditué económicamente los medios para solventar su propia subsistencia, y tampoco se acredita fehacientemente que cuente con un domicilio de su propiedad, y aun cuando así fuera no se aprecia que de éste obtenga algún beneficio económico que le permita obtener sus propios alimentos, por lo que será en sentencia definitiva cuando se decida con mayores elementos probatorios si la señora ******************** goza o no del derecho a recibir alimentos. Ahora, respecto a los alimentos es que se otorguen de forma continua y acorde con las necesidades de quien debe recibirlos, es decir, que deben ser de manera sucesiva y en proporción tal que reflejen seguridad para los acreedores alimentarios, pues es precisamente la discontinuidad en el otorgamiento de la pensión obligatoria, debido a que no es factible dejar al arbitrio del deudor la potestad discrecional de su pago en la fecha que estimen oportuna y, bajo su voluntad, la cantidad que se deba suministrar por ese concepto, pues ello coincide de manera directa sobre el bienestar o perjuicio de sus acreedoras al quedar supeditada la cantidad de la pensión a la voluntad del deudor alimentario, lo que es jurídicamente inadmisible. Por último, se modifica la medida provisional de alimentos decretada en fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, misma que ordena el decreto de alimentos, en favor de la señora ******************** y su hija ********************, consistente en el cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibía el demandado; quedando de la siguiente manera, un salario y medio mínimo diario, cuyo valor anualmente determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, distribuidos de la siguiente forma: tres cuartos de salario mínimo para cada una de las mencionadas acreedoras, tomando en cuenta que en dos mil veintidós el salario mínimo se encontraba a razón de ciento setenta y dos pesos 87/100 M.M., en nuestra entidad, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva. En esas condiciones, se concluye que la autoridad responsable cumplió con establecido en la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente el auto dictado el ocho de junio de dos mil veintidós, en el ******************** ******************** de su índice, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dictó una nueva determinación, en la que de manera fundada y motivada resolvió el recurso de reclamación que hizo valer el demandado aquí quejoso contra la pensión provisional alimenticia decretada en dicho asunto, atendiendo a las particularidades del caso sometido a su consideración, es decir, a los hechos alegados y a las pruebas ofrecidas por las partes hasta esa etapa procesal. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado mediante resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 66 a 68 vta), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años . Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
En esta fecha se notifica a la parte tercero interesada por lista de acuerdos el proveído de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, misma que dice: "...Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (foja 164), para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó por una parte y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ********************(fojas 117-133) para los efectos siguientes: ".En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez responsable: a). Deje insubsistente el auto dictado el ocho de junio de dos mil veintidós, en el ******************** ******************** de su índice. b). En su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación, en la que de manera fundada y motivada resuelva el fondo del recurso de reclamación que hizo valer el demandado aquí quejoso contra la pensión provisional alimenticia decretada en dicho asunto, atendiendo a las particularidades del caso sometido a su consideración, es decir, a los hechos alegados y a las pruebas ofrecidas por las partes hasta esa etapa procesal, con la obligación constitucional de exponer las causas inmediatas, razones o circunstancias particulares por las que, en su caso, declare fundado o infundado el recurso planteado. Asimismo, una vez superado ese análisis, de ser procedente, modificar la manera en que debe cubrirse la aludida pensión, ya sea en porcentaje o en cantidad líquida, conforme a las resultas de la reclamación de que se trata. Lo anterior a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 147 y 148), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de veinticuatro de enero del año en curso (foja 164), se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 366 el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, informó que dejó insubsistente la resolución de ocho de junio de dos mil veintidós (acto reclamado) mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos interpuesto por el aquí quejoso, derivado del ******************** ********************de su índice; y emitió una nueva resolución en data de veinte de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que con libertad de jurisdicción procedió a realizar el análisis correspondiente, tomando en consideración los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, bajo las siguientes consideraciones: En primer lugar se estimaron infundados e inoperantes las pretensiones del reclamante, lo anterior porque contrario a lo que aduce el señor ********************, la actora, al haber manifestado dedicarse a las labores del hogar y cuidado de su hija quien padece una discapacidad, tiene por presumida su necesidad alimentaria lo que se establecía desde el artículo 233 bis, de la Ley Sustantiva Civil (actualmente derogado, pero vigente al momento de la presentación de la demanda que nos ocupa, por lo que resulta aplicable al caso), además no pasa desapercibido lo dicho por el reclamante en el sentido de que su contraria cuenta con una negociación de alimentos (vende tacos por las tardes en su domicilio), empero no justifica que así realmente sea, ahora bien el hecho de que su contraria cuente con buena salud física y mental, lo que se podría considerar como cierto, dado que no se advierte lo contrario, ello no implica que la actora en lo principal cuente con un trabajo que le reditué económicamente los medios para solventar su propia subsistencia, y tampoco se acredita fehacientemente que cuente con un domicilio de su propiedad, y aun cuando así fuera no se aprecia que de éste obtenga algún beneficio económico que le permita obtener sus propios alimentos, por lo que será en sentencia definitiva cuando se decida con mayores elementos probatorios si la señora ******************** goza o no del derecho a recibir alimentos. Ahora, respecto a los alimentos es que se otorguen de forma continua y acorde con las necesidades de quien debe recibirlos, es decir, que deben ser de manera sucesiva y en proporción tal que reflejen seguridad para los acreedores alimentarios, pues es precisamente la discontinuidad en el otorgamiento de la pensión obligatoria, debido a que no es factible dejar al arbitrio del deudor la potestad discrecional de su pago en la fecha que estimen oportuna y, bajo su voluntad, la cantidad que se deba suministrar por ese concepto, pues ello coincide de manera directa sobre el bienestar o perjuicio de sus acreedoras al quedar supeditada la cantidad de la pensión a la voluntad del deudor alimentario, lo que es jurídicamente inadmisible. Por último, se modifica la medida provisional de alimentos decretada en fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecinueve, misma que ordena el decreto de alimentos, en favor de la señora ******************** y su hija ********************, consistente en el cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibía el demandado; quedando de la siguiente manera, un salario y medio mínimo diario, cuyo valor anualmente determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, distribuidos de la siguiente forma: tres cuartos de salario mínimo para cada una de las mencionadas acreedoras, tomando en cuenta que en dos mil veintidós el salario mínimo se encontraba a razón de ciento setenta y dos pesos 87/100 M.M., en nuestra entidad, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva. En esas condiciones, se concluye que la autoridad responsable cumplió con establecido en la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente el auto dictado el ocho de junio de dos mil veintidós, en el ******************** ******************** de su índice, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dictó una nueva determinación, en la que de manera fundada y motivada resolvió el recurso de reclamación que hizo valer el demandado aquí quejoso contra la pensión provisional alimenticia decretada en dicho asunto, atendiendo a las particularidades del caso sometido a su consideración, es decir, a los hechos alegados y a las pruebas ofrecidas por las partes hasta esa etapa procesal. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado mediante resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 66 a 68 vta), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años . Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio con registro 1125 con su respectivo anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, para lo cual se le deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Candelaria Hernández Rivera223/2016
- Candelaria Medina Flores531/2018
- Candelaria Medina Flores958/2018
- Candelaria Melendez Ruiz381/2015
- Candelaria Tenorio Rodriguez286/2018
- Candelario Patraca Silva493/2012
- Candido Vázquez Bravo296/2014
- Caridad Gaona Zarate1255/2014
- Carina Martínez Sánchez75/2015
- Carla Gabriela Medina Lopez429/2023
- Carla Guadalupe Ruiz Reyes1058/2021
- Carla López Mijangos469/2020