Cándido López Ventura

Expediente 983/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
983/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
03/03/2015

Partes del expediente

  • Cándido López Ventura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI B Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa y terceros interesados hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de veintiocho de enero de dos mil quince (fojas 148 a 151), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Devuélvase a la autoridad responsable juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la copia certificada de la causa penal 151/2013, de su índice, con la que se ordenó formar el anexo I de este expediente (foja 29). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Notificación personal por lista. MESA VI B Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre su cumplimiento. Por sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso CÁNDIDO LÓPEZ VENTURA, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, dejara insubsistente la orden de captura librada el diez de marzo de dos mil catorce, en la causa penal 151/2013 de su índice, en la que con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban (fojas 61 a 76), los cuales se le destacaron, en los siguientes términos: "(.) - - - 1) Reseñado lo anterior, la juez responsable deberá indicar de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento ya citado, y como es que el activo realizó la conducta de privación ilegal de la libertad de Lucía Aída José Pérez, Liborio Silva García y Alberto Gregorio García Soto. (.) - - - Medios de prueba a los que acertadamente la juez de instancia, otorgó valor probatorio en términos de los artículos 354, 355 y 356 del Código de Procedimientos Penales del Estado, sin embargo, únicamente se constriñó a hacer una relación de las constancias, sin especificar que acreditaba con cada una de ellas, incumpliendo con la obligación de fundar y motivar que exige cualquier acto de molestia, pues no basta la relación de constancias para que se entienda que un acto de esta naturaleza esté fundado y motivado, sino es menester que se realice un verdadero análisis de las pruebas y los datos que cada una aporta para que se arribe a alguna conclusión. (.) - - - 2) Por otra parte, el diverso delito que se atribuye al quejoso denominado ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA POR EQUIPARACIÓN, es de señalarse que la juez de instancia, al delito por el cual se ejerció acción penal y que está previsto en el artículo 349 en relación con el diverso 362, fracción III, del Código Punitivo del Estado (foja 111 cuaderno de pruebas), lo denominó "robo calificado con violencia por equiparación"; determinación que es inexacta, debido a que no por el hecho de que el último numeral citado contemple la violencia por equiparación, se debe nombrar en la forma anotada, porque la nominación técnica surge del tipo básico con los nuevos elementos que se le agreguen, verbigracia, la violencia física o moral y demás aspectos equiparables (de noche, dos o más ladrones); así, cuando en el robo se ejercen actos equiparables a la violencia, debe denominarse robo con violencia por equiparación; pues la calificativa queda implícita en el aspecto de equiparación, por consiguiente, de ser el caso de que la conducta se haya cometido por dos o más personas, en vía de consecuencia la autoridad responsable deberá prescindir de la denominación que señaló. (.) - - - 3) Con base en esos lineamientos, la juez responsable deberá indicar de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento (aquí mencionado).(.) - - - 4) Con base en esos lineamientos, y conforme a la mecánica de los hechos probados, la autoridad responsable necesariamente tendrá que motivar cómo es que los activos realizaron la conducta de apoderamiento respecto de los muebles consistentes en un 1) teléfono celular marca Black Berry color negro, modelo CERBE9220, 2) teléfono celular marca Black Berry, color negro modelo CURBE 9220, 3) teléfono celular marca NOKIA, color GRIS modelo STAR TAC, y 4) teléfono celular marca LG, color negro modelo LGP500H PANTALLA TÁCTIL y también de que pruebas se demuestra el apoderamiento de los citados objetos.(.) - - - 5) En otro sentido, la autoridad responsable, en lo relativo al bien jurídico protegido (foja 122 vuelta cuaderno de pruebas), solamente relacionó el dictamen pericial contable emitido por Gabriel Rolando Méndez García, perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (fojas 53 a 55 cuaderno de pruebas), pero omitió valorarlo. (.) - - - 6) Como se ve, la autoridad responsable expresó que la probable responsabilidad del aquí quejoso se encuentra demostrada en términos de la fracción II del artículo 11 del Código Penal estatal, la que se refiere a la autoría material, sin embargo de las constancias se advierte que en la comisión del antijurídico reclamado intervinieron otras personas (coautores), aspecto que deja en estado de indefensión, dado que se estableció que es autor material del hecho, sin que haya razonado ese proceder, motivo por el cual se constriñe a la autoridad responsable para que establezca que hipótesis se actualiza en la especie. (.) - - - 7) En otro aspecto, la juez responsable soslayó motivar porque la conducta de los quejosos fue dolosa (foja 149 vuelta cuaderno de pruebas), ya que solamente se fundó en el artículo 8°, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, pues debe partir de la base de que obra con dolo el que conoce y acepta el resultado de la conducta; así, la Juez del proceso debe ponderar que el dolo directo se acredita con la prueba circunstancial para efectos de determinar que el inculpado conocía las circunstancias que integran la descripción legal, quiso y aceptó la realización de la conducta. - - - 8) Sin embargo, del artículo transcrito se advierte que, como primer elemento del hecho delictuoso, requiere que se haya cometido un delito, y como segundo elemento, que sea en contra de un funcionario público o agente de la autoridad en el acto de ejercer sus funciones; por tanto, es inexacta la apreciación de la juzgadora de primera instancia al considerar esta figura como un tipo básico e independiente de los dos diversos ya estudiados, sin tomar en cuenta que la figura típica entraña una calificativa a otro delito. Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en virtud de no haber sido impugnado por vicios propios. En cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante oficio PGJE/DAJ/D.A./6304/2014, remitió copia certificada del diverso de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, por el que ordenó al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones dejaran sin efecto la orden de aprehensión de diez de marzo de esa anualidad (fojas 92 a 95). Por su parte, mediante oficio 5030, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil catorce, dictada en el proceso penal 151/2013 de su índice; de la que se advierte dejó insubsistente la orden de aprehensión de diez de marzo de ese año, emitida contra el aquí quejoso CÁNDIDO LÓPEZ VENTURA, en la causa penal citada, y emitió otra en la que de nueva cuenta libró orden de aprehensión contra el citado agraviado como probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, robo calificado con violencia por equiparación y delitos cometidos contra servidores públicos (fojas 99 a 139). Ahora, el análisis que se practica a la resolución en comento, permite conocer que la autoridad responsable, respecto al estudio del cuerpo del delito: 1.-Precisó de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento del cuerpo del delito y, como es que el activo realizó la conducta de privación ilegal de la libertad de Lucía Aída José Pérez, Liborio Silva García y Alberto Gregorio García Soto. 2.- Prescindió de la denominación de robo calificado con violencia por equiparación, para en su lugar tener como delito "robo con violencia por equiparación, sin que obste que en los puntos resolutivos no lo haya acatado, pues la sentencia se rige por sus considerandos. 3.- Precisó de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento del ente corpóreo del delito de robo con violencia por equiparación. 4.- Motivó como es que los activos realizaron la conducta de apoderamiento respecto de los muebles consistentes en un 1) teléfono celular marca Black Berry color negro, modelo CERBE9220, 2) teléfono celular marca Black Berry, color negro modelo CURBE 9220, 3) teléfono celular marca NOKIA, color GRIS modelo STAR TAC, y 4) teléfono celular marca LG, color negro modelo LGP500H PANTALLA TÁCTIL, y la prueba que demostró tal apoderamiento. 5.- Respecto del dictamen pericial contable emitido por Gabriel Rolando Méndez García, le concedió valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Ahora, en el apartado relativo a la probable responsabilidad, con motivo de la ejecutoria de amparo de que se trata, la autoridad responsable: 6.- Expuso los razonamientos por los cuales consideró que la probable responsabilidad se actualizó en términos del artículo 11, fracción III del Código Penal Vigente en el Estado, y no conforme a la fracción II que señaló en la resolución combatida. 7.- Motivó porque la conducta del quejoso fue dolosa, en términos del artículo 8, fracción I del Código Penal vigente en el Estado, en virtud de que tuvo la capacidad de actuar y querer manifestar el hecho delictivo. 8.- Por último acreditó como agravante la conducta realizada a delitos contra servidores públicos. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VI B Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, transcurrió sin que hubiesen hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre su cumplimiento. Por sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso CÁNDIDO LÓPEZ VENTURA, para el efecto de que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, dejara insubsistente la orden de captura librada el diez de marzo de dos mil catorce, en la causa penal 151/2013 de su índice, en la que con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban (fojas 61 a 76), los cuales se le destacaron, en los siguientes términos: "(.) - - - 1) Reseñado lo anterior, la juez responsable deberá indicar de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento ya citado, y como es que el activo realizó la conducta de privación ilegal de la libertad de Lucía Aída José Pérez, Liborio Silva García y Alberto Gregorio García Soto. (.) - - - Medios de prueba a los que acertadamente la juez de instancia, otorgó valor probatorio en términos de los artículos 354, 355 y 356 del Código de Procedimientos Penales del Estado, sin embargo, únicamente se constriñó a hacer una relación de las constancias, sin especificar que acreditaba con cada una de ellas, incumpliendo con la obligación de fundar y motivar que exige cualquier acto de molestia, pues no basta la relación de constancias para que se entienda que un acto de esta naturaleza esté fundado y motivado, sino es menester que se realice un verdadero análisis de las pruebas y los datos que cada una aporta para que se arribe a alguna conclusión. (.) - - - 2) Por otra parte, el diverso delito que se atribuye al quejoso denominado ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA POR EQUIPARACIÓN, es de señalarse que la juez de instancia, al delito por el cual se ejerció acción penal y que está previsto en el artículo 349 en relación con el diverso 362, fracción III, del Código Punitivo del Estado (foja 111 cuaderno de pruebas), lo denominó "robo calificado con violencia por equiparación"; determinación que es inexacta, debido a que no por el hecho de que el último numeral citado contemple la violencia por equiparación, se debe nombrar en la forma anotada, porque la nominación técnica surge del tipo básico con los nuevos elementos que se le agreguen, verbigracia, la violencia física o moral y demás aspectos equiparables (de noche, dos o más ladrones); así, cuando en el robo se ejercen actos equiparables a la violencia, debe denominarse robo con violencia por equiparación; pues la calificativa queda implícita en el aspecto de equiparación, por consiguiente, de ser el caso de que la conducta se haya cometido por dos o más personas, en vía de consecuencia la autoridad responsable deberá prescindir de la denominación que señaló. (.) - - - 3) Con base en esos lineamientos, la juez responsable deberá indicar de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento (aquí mencionado).(.) - - - 4) Con base en esos lineamientos, y conforme a la mecánica de los hechos probados, la autoridad responsable necesariamente tendrá que motivar cómo es que los activos realizaron la conducta de apoderamiento respecto de los muebles consistentes en un 1) teléfono celular marca Black Berry color negro, modelo CERBE9220, 2) teléfono celular marca Black Berry, color negro modelo CURBE 9220, 3) teléfono celular marca NOKIA, color GRIS modelo STAR TAC, y 4) teléfono celular marca LG, color negro modelo LGP500H PANTALLA TÁCTIL y también de que pruebas se demuestra el apoderamiento de los citados objetos.(.) - - - 5) En otro sentido, la autoridad responsable, en lo relativo al bien jurídico protegido (foja 122 vuelta cuaderno de pruebas), solamente relacionó el dictamen pericial contable emitido por Gabriel Rolando Méndez García, perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (fojas 53 a 55 cuaderno de pruebas), pero omitió valorarlo. (.) - - - 6) Como se ve, la autoridad responsable expresó que la probable responsabilidad del aquí quejoso se encuentra demostrada en términos de la fracción II del artículo 11 del Código Penal estatal, la que se refiere a la autoría material, sin embargo de las constancias se advierte que en la comisión del antijurídico reclamado intervinieron otras personas (coautores), aspecto que deja en estado de indefensión, dado que se estableció que es autor material del hecho, sin que haya razonado ese proceder, motivo por el cual se constriñe a la autoridad responsable para que establezca que hipótesis se actualiza en la especie. (.) - - - 7) En otro aspecto, la juez responsable soslayó motivar porque la conducta de los quejosos fue dolosa (foja 149 vuelta cuaderno de pruebas), ya que solamente se fundó en el artículo 8°, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, pues debe partir de la base de que obra con dolo el que conoce y acepta el resultado de la conducta; así, la Juez del proceso debe ponderar que el dolo directo se acredita con la prueba circunstancial para efectos de determinar que el inculpado conocía las circunstancias que integran la descripción legal, quiso y aceptó la realización de la conducta. - - - 8) Sin embargo, del artículo transcrito se advierte que, como primer elemento del hecho delictuoso, requiere que se haya cometido un delito, y como segundo elemento, que sea en contra de un funcionario público o agente de la autoridad en el acto de ejercer sus funciones; por tanto, es inexacta la apreciación de la juzgadora de primera instancia al considerar esta figura como un tipo básico e independiente de los dos diversos ya estudiados, sin tomar en cuenta que la figura típica entraña una calificativa a otro delito. Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en virtud de no haber sido impugnado por vicios propios. En cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante oficio PGJE/DAJ/D.A./6304/2014, remitió copia certificada del diverso de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, por el que ordenó al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones dejaran sin efecto la orden de aprehensión de diez de marzo de esa anualidad (fojas 92 a 95). Por su parte, mediante oficio 5030, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de diciembre de dos mil catorce, dictada en el proceso penal 151/2013 de su índice; de la que se advierte dejó insubsistente la orden de aprehensión de diez de marzo de ese año, emitida contra el aquí quejoso CÁNDIDO LÓPEZ VENTURA, en la causa penal citada, y emitió otra en la que de nueva cuenta libró orden de aprehensión contra el citado agraviado como probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, robo calificado con violencia por equiparación y delitos cometidos contra servidores públicos (fojas 99 a 139). Ahora, el análisis que se practica a la resolución en comento, permite conocer que la autoridad responsable, respecto al estudio del cuerpo del delito: 1.-Precisó de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento del cuerpo del delito y, como es que el activo realizó la conducta de privación ilegal de la libertad de Lucía Aída José Pérez, Liborio Silva García y Alberto Gregorio García Soto. 2.- Prescindió de la denominación de robo calificado con violencia por equiparación, para en su lugar tener como delito "robo con violencia por equiparación, sin que obste que en los puntos resolutivos no lo haya acatado, pues la sentencia se rige por sus considerandos. 3.- Precisó de manera fundada y motivada con qué medio de prueba se acredita cada elemento del ente corpóreo del delito de robo con violencia por equiparación. 4.- Motivó como es que los activos realizaron la conducta de apoderamiento respecto de los muebles consistentes en un 1) teléfono celular marca Black Berry color negro, modelo CERBE9220, 2) teléfono celular marca Black Berry, color negro modelo CURBE 9220, 3) teléfono celular marca NOKIA, color GRIS modelo STAR TAC, y 4) teléfono celular marca LG, color negro modelo LGP500H PANTALLA TÁCTIL, y la prueba que demostró tal apoderamiento. 5.- Respecto del dictamen pericial contable emitido por Gabriel Rolando Méndez García, le concedió valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Ahora, en el apartado relativo a la probable responsabilidad, con motivo de la ejecutoria de amparo de que se trata, la autoridad responsable: 6.- Expuso los razonamientos por los cuales consideró que la probable responsabilidad se actualizó en términos del artículo 11, fracción III del Código Penal Vigente en el Estado, y no conforme a la fracción II que señaló en la resolución combatida. 7.- Motivó porque la conducta del quejoso fue dolosa, en términos del artículo 8, fracción I del Código Penal vigente en el Estado, en virtud de que tuvo la capacidad de actuar y querer manifestar el hecho delictivo. 8.- Por último acreditó como agravante la conducta realizada a delitos contra servidores públicos. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    MESA VI B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil catorce (fojas 42 a 46), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

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