Cándido Josué Arizmendi Morales

Expediente 751/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
751/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
22/12/2021

Partes del expediente

  • Cándido Josué Arizmendi Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Glósese el sobre cerrado que devuelve el Administrador de Correos de la ciudad de Oaxaca, el cual contiene el oficio 29795, dirigido al Agente del Ministerio Público que interviene en la Causa Penal 621/2021, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, por las razones que expone; sin que haya lugar a dictar mayor providencia al respecto, toda vez que en sentencia de diez de septiembre de esta anualidad se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso en este juicio de amparo, y en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la misma causó ejecutoria y se ordenó el archivo de este asunto como concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia engrosada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a).- No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b).- Por lo que, transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c).- Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase al Juez responsable, el disco DVD que anexó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, así también, que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, en relación a su valoración documental y al advertirse que se negó y se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico el artículo 35 (Orden de archivo), y numeral 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), este juzgador determina: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse emitido el acuerdo de archivo (artículo 20, fracción II, inciso a). b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservándose la demanda, las resoluciones relativas al otorgamiento y en su caso, a la violación de la medida cautelar, así como el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente incidente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    PREVIO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA: - - - - -S E N T E N C I A V I S T O S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 751/2021 I-B, promovido por Cándido Josué Arizmendi Morales, contra el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta localidad, turnado a este Juzgado Federal al día siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES (sic): A).- Señalo como autoridad ordenadora: * Al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, [.] IV.- ACTO RECLAMADO: - El auto de vinculación a proceso que fue decretado en mi contra por el ciudadano Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 621/2021. - La resolución de medida cautelar de prisión preventiva que me fue impuesto por la autoridad responsable, en la resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal número 621/2021. Asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído doce de julio de dos mil veintiuno, se ordenó formar el expediente, quedando registrado con el número 751/2021 I-B, se admitió la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, párrafo primero, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; los diversos numerales 49 y 52, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 46/2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil once; y en el diverso Acuerdo General 3/2013 emitido por dicho Pleno, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los distrito y circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; aunado a que la autoridad señalada como responsable tiene su domicilio dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional mixto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa los actos reclamados y la autoridad responsable, en atención al contenido integral de la demanda de amparo, los cuales son los siguientes: La determinación de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, por la cual se decreta el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar, consistente en prisión preventiva, emitidas dentro de la causa penal 621/2021 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, respecto del quejoso, por los hechos que la ley califica como delito de violencia familiar, en agravio de Dulce Esmeralda García López, previsto en los artículos 404, 404 bis fracciones I y II, sancionado en el tercer párrafo del diverso numeral 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con la copia del audio y video de la audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 621/2021, remitido por la autoridad responsable de la que se advierte el dictado de los actos reclamados, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." También tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, registro 2004362, que señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa es del contenido siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En la especie, no se advierte de oficio, ni por manifestación expresa de las partes la actualización de alguna causa de improcedencia del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual procede el análisis de fondo de este expediente. QUINTO. Estudio de fondo. En este punto, es pertinente señalar que es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa expresa, esencialmente, que: Primero. - Se viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1, 14, 16 y 19 constitucionales, en razón de que se soslaya el contenido de la contradicción de tesis 412/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que para decretar un auto de vinculación a proceso únicamente debe apoyarse en los argumentos, contraargumentos y datos de investigación o datos de defensa que haya tenido la responsable para motivar su emisión. - Se transgreden los numerales 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que: a) se debe satisfacer que la autoridad judicial que emite el pronunciamiento se un juez de control -lo que estima se satisface en la especie-; b) que se haya formulado imputación -lo cual precisa que acontece con que el ministerio público efectuó la imputación por el delito previsto y sancionado en los numerales 404 y 404 bis, fracciones I y II en relación con el diverso 405, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca-; c) el imputado haya rendido declaración o manifestado su deseo de no declarar -señala que en el caso, el imputado se reservó el derecho-; d) que la resolución se emita dentro de las setenta y dos horas siguientes a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez de control -al respecto indica que fue su deseo que se emitiera la resolución dentro de ese término-; e) que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación no se advierten datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. - El auto de vinculación es ilegal porque no existen datos suficientes dado que el representante social expuso parcialmente lo declarado por la víctima del delito, sin que se advierta que el quejoso haya golpeado o realizado violencia física a Dulce Esmeralda García López -víctima en el procedimiento natural-, pues solo relata forcejeo y que se le jaló el cabello involuntariamente, por lo cual no hubo violencia física. - La declaración de la testigo Carmen López García fue reproducida por la agente del Ministerio Público en la audiencia ante la responsable, la cual se contradice, al sostener "cuando salgo veo que el señor cándido la jala de los cabellos y la empujó yo corrí para ayudar a mi hija lo pudimos sacar de mi casa cerramos la puerta", sin que la víctima refiera tal acontecer, sino únicamente que con el forcejeo se le jaló el cabello, al sostener lo que sigue: "se quiso meter a la fuerza a la casa, y yo me paré en la puerta y le dije que no iba a entrar, y él me jaló hacia el lado derecho para quitarme y meterse, y en eso se dio cuenta mi mamá y llegó rápido, y entre las dos lo empujamos hacia afuera, y en el forcejeó, me jaló el cabello,"; derivada de la contradicción anterior no se le puede otorgar valor probatorio y, por tanto, no hubo violencia física, como lo estimó la responsable. - Igualmente existe contradicción en la declaración de la víctima, la ateste a cargo y el informe de los policías municipales, debido a que en el parte informativo rendido por los policías, dado que en este se asentó: "indicándome que solicitaba el apoyo de una patrulla en la privada: Ignacio López Rayón número 204 de la Colonia Independencia perteneciente a Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, ya que reportaba a un masculino en estado de ebriedad y muy agresivo el cual pateaba la puerta de su domicilio, por lo que de inmediato nos trasladamos al lugar en mención, en donde arribamos a las 20:15 horas aproximadamente.", de lo que destaca que la víctima en ningún momento declaró que el imputado haya pateado la puerta, sino que tocó a la puerta; sin embargo, el parte es ajeno a la realidad, por lo que se le debió restar valor probatorio. Segundo. - Resulta inverosímil que el imputado haya manifestado a la víctima con matarla si no le permitía ver a su hija, pues con la máxima de la lógica y la experiencia ningún padre desea que su hijo quede huérfano, por lo cual no se le debió dar valor probatorio, debido a que el perito en el dictamen en psicología no determinó que la víctima tenga estrés por sufrir violencia familiar, ya que no se asentó que la víctima tuviera alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica, entre las que se encuentra la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio. Lo que estima que no evidencia la actualización de violencia psicológica. - Asimismo, la inspección en el lugar de los hechos realizado por los policías únicamente acredita la existencia de un inmueble, pero no del delito de violencia física o psicológica. Tercero (argumentos respecto de la medida cautelar). - La determinación relativa a la medida cautelar transgrede los artículos 19, párrafo segundo y 20 apartado B, fracción I de la Constitución Federal, dado que el primero prevé la prisión preventiva con carácter excepcional, pues ésta únicamente opera para delitos específicos y de alto impacto y debe solicitarse cuando diversas medidas cautelares sean insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima, de los testigos o la comunidad. - La medida cautelar de prisión preventiva se establece en los numerales 154, 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales -los cuales transcribe-. - El precepto 20 constitucional prevé el principio de presunción de inocencia, y que según la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó la "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, inherente a la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal, a fin de que sea tratado como inocente hasta en tanto se le declare culpable mediante sentencia condenatoria, por lo cual impone a los jueces impedir en la mayoría de las veces la aplicación de medidas que impliquen una anticipación de la pena. Lo anterior en términos de la jurisprudencia 1ª./J.24/2014 (10ª.) de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL"; asimismo, invoca como apoyo la tesis II.1°.33 P (10ª.), intitulada: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi contra Ecuador (2004), en sentencia de cuatro de septiembre de dos mil cuatro, en el sentido de que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede imponer a un imputado y, por tanto, su aplicación debe ser excepcional, limitada a los principios de legalidad, presunción de inocencia necesidad y proporcionalidad. - La prisión preventiva no puede estar determinada porque no se pudo someter al imputado de manera voluntaria al procedimiento penal, sino que acudió mediante orden de aprehensión y por la gravedad del delito, sin que en algún supuesto resulte aceptable que una persona permanezca privada de su libertad mientras se resuelve sobre su responsabilidad, como se estableció en el caso López Álvarez contra Honduras, en sentencia de uno de febrero de dos mil seis. Igualmente, destaca el caso Suárez Rosendo contra Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en la que se invocó el precepto 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé que toda persona detenida o retenida debe ser puesta en libertad, sin perjuicio de que se continúe el proceso. - En el caso, Usón Ramírez contra Venezuela, en sentencia de veinte de noviembre de dos mil nueve, la citada Corte internacional indicó que al ser la prisión preventiva una medida cautelar y no punitiva, existe una obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. - En el caso Barreto Leiva contra Venezuela, en la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, sustentó lo siguiente: "[.] La prisión preventiva desconoció el plazo razonable y la garantía de presunción de inocencia consagrados en los artículos 7.5 y 8.2 de la Convención Americana, pues dicha detención se convirtió en un medio punitivo y no cautelar". De lo que concluye que se transgrede el contenido de los preceptos 1.18, 7.19, 7.510 y 8.211 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la prisión preventiva aplicada al imputado es contraria a la razonabilidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad e idoneidad a que debe sujetarse conforme a la normativa nacional e internacional, puesto que la determinación combatida se basa toralmente en que no es suficiente otro medida cautelar, sin que se justifique en las circunstancias precisadas, dado que esa medida lesiona el derecho fundamental a la libertad, por lo que exige un estándar probatorio reforzado y para ello el Ministerio Público debe aportar datos de prueba o medios probatorios objetivos de los que se advierta el posible riesgo de fuga, sin que el hecho de que no haya comparecido por su voluntad al procedimiento penal lo justifique, ni el mínimo y máximo de pena a imponer, debido a que requiere la ponderación de mayores elementos. Se soslayó que en el caso el quejoso tiene su domicilio establecido con arraigo, conforme al artículo 168, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales; en idéntico sentido numeral 156 del citado ordenamiento legal prevé que para la imposición de las medidas cautelares es necesaria la atención de los principios de proporcionalidad e idoneidad y que el juzgador debe tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice del criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del numeral 19 constitucional. Conforme al diagnóstico de riesgo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, realizado por la Unidad de Medidas Cautelares, se advierte lo siguiente: "se sugiere la imposición de medidas cautelares bajo esquema de supervisión", por lo anterior, estima que la autoridad responsable no tomó en consideración dicho criterio profesional, a fin de imponerle una medida menos lesiva, por lo que se le debe conceder el amparo solicitado. Son infundados los argumentos anteriores, sin que en el caso se advierta causa alguna que suplir, en términos del numeral artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: -Análisis del auto de vinculación a proceso (primeros dos conceptos de violación)- Como se precisó con anterioridad el quejoso señaló como acto reclamado; la resolución de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 621/2021, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en donde vinculó a proceso al quejoso por el delito de violencia familiar, en agravio de Dulce Esmeralda García López, previsto por los artículos 404, 404 bis fracciones I y II, sancionado en el tercer párrafo del diverso numeral 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. Este juzgado federal procede analizar el acto reclamado (vinculación a proceso), así se advierte que en la especie fueron satisfechos los requisitos que exige el ordinal 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; para el dictado de un auto de vinculación a proceso, los referidos artículos, en su parte conducente establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos para la emisión de un auto de vinculación a proceso, como a continuación se transcribe: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Del análisis del mencionado texto constitucional y del dispositivo de la legislación procesal en cita, permiten establecer que para la emisión de un auto de vinculación a proceso se requiere satisfacer los siguientes extremos: 1. Se haya formulado la imputación; estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 2. Que el imputado haya sido informado de su derecho a declarar. 3. De los antecedentes de la investigación se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Del contenido del disco óptico remitido como informe justificado, se advierte que en la causa penal de origen se cumplieron los requisitos precisados en los artículos anteriormente citados. Es así, porque en el caso se acredita: 1) Se formuló imputación. Hipótesis que se configura a cabalidad en el caso que nos ocupa, pues de la audiencia inicial de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se advierte que la Agente del Ministerio Público en presencia del Juez de Control, formuló imputación en contra del ahora quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Dulce Esmeralda García López, previsto por los artículos 404, 404 bis fracciones I y II, sancionado en el tercer párrafo del diverso numeral 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca. En los términos siguientes: Se actualiza el delito de violencia familiar, en agravio de Dulce Esmeralda García López por la relación que ésta sostuvo con el imputado, pues fueron concubinos y tienen un hijo de tres años de edad, con iniciales E.S.A.G. con último domicilio conyugal en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. El quince de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve cincuenta horas la víctima se encontraba en el patio de su domicilio, ubicado en privada Ignacio López Rayón, número doscientos cuatro, colonia Independencia Santa Cruz, municipio de Xoxocotlán, Oaxaca, cuando llegó el imputado y le dijo a la víctima que quería ver a su hijo y ella le dijo que no, por lo que enojado el imputado expresó que si no lo dejaba ver a su hijo iba a llegar con su banda a matarla; posteriormente jaló a la víctima e intentó ingresar a la fuerza al domicilio, pero llegó la mamá de la víctima y entre las dos lo empujaron afuera y, en eso, el imputado jaló del cabello a la víctima y le dijo que la iba a matar porque no lo dejaba ver a su hijo y a su familia y los iba a demandar porque no le dejaban ver a su hijo. A continuación llegaron los elementos policíacos y fue detenido. La conducta asumida por el imputado causaron sobre la víctima una reacción de estrés. Por lo que la representación social estimó que se actualizaba el delito de violencia familiar previsto en los artículos 404, 404 bis fracciones I y II, sancionado en el tercer párrafo del diverso numeral 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca; grado de ejecución en el delito de consumados, conforme al numeral 10, fracción I de la legislación en comento; la naturaleza de la conducta era dolosa, en términos del precepto 8°, fracción I del Código Penal vigente; la forma de intervención del imputado era de autor material, conforme al artículo 11, fracción II del multicitado ordenamiento penal. 2) Se otorgó al imputado la oportunidad para declarar. En el caso concreto, de la audiencia se extrae que posterior a la formulación de la imputación por parte del agente del Ministerio Público respetando el principio de oralidad, el Juez de Control le dio oportunidad al imputado para declarar con fundamento en los artículos 311 y 312, del código adjetivo, quien previa consulta con su defensa, manifestó su deseo de reservarse su derecho, conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3) De los antecedentes de la investigación se desprenden datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en su comisión. Ello porque la autoridad responsable al emitir el auto de vinculación a proceso valoró los datos de prueba siguientes: 1.- Parte informativo de quince de junio de dos mil veintiuno, signado por los elementos de la policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (00:35:18 horas). 2.- Denuncia y declaración de la víctima Dulce Esmeralda García López de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, realizada ante la representación social, de la que se apreciaba la denuncia en contra del imputado que era su ex concubino y con quien empezó una relación sentimental desde hace seis años y que procrearon un hijo de tres años de edad con iniciales E.S.A.G. y que desde que empezaron a vivir juntos él ha sido violento, pues la ha golpeado y le ha dado puñetazos en el cuerpo, cachetadas, jalado el cabello, patadas, la ha tirado en el piso, arrastrado en el piso, que estando embarazada le ha golpeado, enterrado un cuchillo en los hombros y uno en la pierna, que la ha insultado diciéndole diversas groserías y ofensas hacia su persona -las que se ejemplifican-, que la ha tratado de asfixiar y que aun separados la sigue agrediendo y que por esos hecho lo ha denunciado previamente, por lo cual se contaba con una diversa carpeta de investigación 34990/FMU/UDVF/2020, pero que al ser hechos de Tlacolula, Oaxaca, fue remitida; que en cuanto a la carpeta de doce de febrero de dos mil veintiuno 4863/FMU/UDVF/2021, ya que amenazó de muerte a la víctima, la esperó en su domicilio y la tiene vigilada, dado que el quince de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve cincuenta horas llegó a la casa ubicada en privada Ignacio López Rayón, número doscientos cuatro, colonia Independencia Santa Cruz, municipio de Xoxocotlán, Oaxaca, cuando llegó tomado Cándido Josué Arizmendi Morales y tocó la puerta y salió la mamá de la víctima Carmen López García, quien le preguntó qué quería y contestó que quería hablar con su hijo y con la víctima, por lo que Carmen López García le gritó a la víctima y salió de la cocina al patio cuando vio al imputado la víctima le cuestionó qué quería y el imputado respondió que quería ver a su hijo, pero la victima contestó que no, porque estaba borracho, y él enojado respondió que si no lo dejaba ver a su hijo iba a llegar con su banda a matarlos. La mamá de la víctima se metió a su cuarto y llamó al policía de nombre Germán Vázquez, ya que tienen una medida de precaución y ese policía le fue asignado para que efectuara vigilancia y rondines en su casa; que marcó al número 9514560227, pero que cuando Cándido Josué Arizmendi Morales vio que Carmen López García se metió también pretendió ingresar a la fuerza a la casa, pero la víctima se interpuso en la puerta y le dijo que no iba a entrar y él la jaló al lado derecho para quitarla y meterse en el domicilio; en eso se dio cuenta su mamá y entre las dos empujaron al imputado y en el jaloneo le jaló el imputado el cabello y empezó a amenazarla porque no lo dejaba ver a su hijo y que iba a matar a su familia y que las iba a demandar; en ese lapso llegaron los elementos de policía y le cuestionaron si iba a proceder con la demanda (sic) y ella contestó que sí y señaló a su agresor al imputado, por lo cual fue detenido (00:35:54 horas). 3.- Dictamen psicológico de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, emitido a favor de la víctima Dulce Esmeralda García López, por la licenciada Reyna Paola Aguilar Torres, perito psicóloga adscrita a la Fiscalía Especializada, con número de cédula profesional 6709013, en cuyo dictamen se hace constar que fue solicitado para evaluar el estado emocional de la víctima en el que constaban los datos generales, metodología y técnicas utilizadas, restricción, actitud frente a la valoración, resultado, examen mental actual, descripción de los hechos, resultados y análisis de las pruebas aplicadas, mediante la cual deriva dentro de sus conclusiones que el estado emocional la víctima cursa una reacción de estrés en donde se hace presente la sintomatología de intranquilidad, preocupación y desesperación al ver que el padre de su hijo la agrede verbalmente cuando va a ver a su hijo (00:41:20 horas). 4.- Inspección del lugar de los hechos de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, signado por Cristian Emmanuel Hernández Martínez, Agente Estatal de Investigación, con número de identificación 715, la cual se complementa con tres fotografías digitales, respecto de las cuales se solicitó autorización para reproducirlas y de cuyo documento se resaltó el domicilio de la víctima y la forma de arribar a este, así como de su interior, para destacar el lugar donde fueron los hechos (00:43:00 horas). 5.- Acta de entrevista de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, realizada a Carmen López García por Cristian Emmanuel Hernández Martínez, Agente Estatal de Investigación, con número de identificación 715, de la cual se señaló que la testigo expresó que conoce a Cándido Josué Arizmendi Morales desde hace casi cinco años y que cuando se juntó con su hija era normal, pero que después de dos años se enteró que él había golpeado a su hija Dulce Esmeralda García López después de que tuviera a su nieto y que no recordaba la fecha, pero que su hija le marcó para que fuera por ella porque el señor Cándido la había golpeado y ella se preparó para ir y a los cinco o diez minutos le volvió a marcar su hija y le dijo que ya no fuera porque él la había amenazado que si llegaba Carmen López García las iba a matar, por lo cual ya no acudió al domicilio y afortunadamente le dieron su cambio de hospital a Tlacolula y ya estaban más cerca; que hablaron por teléfono con el señor Cándido, quien dijo que cambiaría, sin cumplir, y el uno de abril de dos mil diecinueve, nuevamente golpeó a su hija y lo demandó (sic), pero ya no le dio seguimiento porque el imputado le dijo que iba a cambiar sin hacerlo y siempre le dio una vida de golpes e intentó matarla; que el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, su hija llegó a su casa después de salir de su trabajo y se dio cuenta que el señor Cándido la estaba siguiendo en su taxi y que nunca la deja en paz y así fue siempre, hasta el día de ayer quince de junio de dos mil veintiuno, a las diecinueve cincuenta horas, cuando se encontraba en su casa junto con su hija cuando escuchó que llegaba un carro, después tocaron la puerta y al asomarse se percató que era el señor Cándido y le preguntó si se le ofrecía algo y él respondió que quería hablar con su hijo y con la hija de ella y, en ese momento, llamó a su hija Dulce Esmeralda García López, quien salió a hablar con él, por lo cual se retiró para que hablaran solos, pero después salió a ver a su hija porque conoce que el señor es agresivo y vio que estaba jalando del cabello a su hija y la empujó y corrió para ayudar a su hija, cerraron la puerta y él empezó a amenazarlas e intentó ingresar a la fuerza y a decir que iba a llamar a su banda para matarlos, pero previamente Carmen López García había llamado a la policía para que llegaran y les informó que el señor Cándido había golpeado a su hija y las estaba amenazando (00:46:10 horas). 6.- Acta de entrevista de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, realizada a la víctima Dulce Esmeralda García López, por Cristian Emmanuel Hernández Martínez, Agente Estatal de Investigación, con número de identificación 715, mediante la cual se exhibe un acta de nacimiento con número de folio 021124331, en copia certificada, expedida por el Oficial Itinerante del Registro de lo Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que corresponde a su menor hijo con iniciales E.S.A.G., que nació el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, y que como padres del referido menor son Cándido Josué Arizmendi Morales y Dulce Esmeralda García López, (00:50:12 horas). La defensa de la parte quejosa expresó sustancialmente que: Solicitaba no se vinculara a proceso a su defendido, pues de la entrevista de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, realizada a Carmen López García por Cristian Emmanuel Hernández Martínez, Agente Estatal de Investigación, con número de identificación 715, se advertía que la entrevistada expresó que "se encontraba en su casa junto con su hija cuando escuchó que llegaba un carro, después tocaron la puerta y al asomarse se percató que el señor Cándido"; sin embargo, en el parte informativo hizo mención de que "solicitó el apoyo a la policía pues un masculino en estado de ebriedad y muy agresivo el cual pateaba la puerta de su domicilio". Por lo cual se debía considerar la máxima de la experiencia que cuando una persona se encuentra agresiva jamás se abre la puerta para ver de quién se trata y más que existen antecedentes de violencia hacia la víctima Dulce Esmeralda García López, por lo cual resultan incongruentes las declaraciones, dado que en primer momento -en la entrevista- señala que tocó la puerta y -en el parte informativo- que golpeó la puerta; de ahí que estimaba que solo se trataba del afán de dañar al imputado, ya que nunca existió la agresión física a que se hacía alusión, porque de los hechos vertidos se podía percibir que nunca se abrió la puerta, conforme a las máximas de la experiencia y, por tanto no se debía vincular a proceso al imputado. Dichos datos de prueba, fueron valorados por el juez responsable en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, de forma lógica y libre, bajo los principios de la lógica, máximas de la experiencia, conocimientos científicos, en virtud que los cuales evidenciaron, el hecho con apariencia de delito de violencia familiar, en agravio de violencia familiar, en agravio de Dulce Esmeralda García López. Lo anterior, al considerar que el informe de los agentes de Policía Municipal de Xoxocotlán, Oaxaca, era coherente, ya que los elementos daban parte de lo que percibieron con su traslado y percatarse de lo que estaba ocurriendo en el domicilio donde sucedieron los hechos y quiénes intervenían en estos; lo que se corroboraba con la declaración de la víctima Dulce Esmeralda García López y la entrevista a Carmen López García, así como los tiempos. Por lo cual procedía otorgarle valor probatorio. Asimismo, le otorgó valor probatorio a la declaración de Dulce Esmeralda García López en su denuncia, ya que ella proporciona razón suficiente de por qué se encontraba en ese lugar, quién es Cándido Josué Arizmendi Morales, desde cuándo lo conoce, su relación y que tienen un hijo en común, lo que le daba veracidad al dicho de la referida denunciante. También se corroboraba lo anterior con el acta de entrevista de Carmen López García, que proporcionaba el conocimiento del imputado desde hace cinco años que se fue a vivir con su hija, que procrearon a un hijo y que sabía de las agresiones que sufría su hija por parte del imputado. Por lo cual existía coherencia y pertinencia en las referidas declaraciones, al ser coincidentes en lo esencial, como es el conocimiento del imputado, que era el papá del hijo de la víctima y que eran elementos objetivos que permitían llegar a esa conclusión; diverso al terreno de las creencias, como lo hizo valer el defensor en su exposición y que esa información de creer que no deba abrirse una puerta cuando están golpeando no aplica para todos, puesto que las reacciones son diferentes; además que se trataba de un hecho cometido en contra de una mujer y estaban las convenciones internacionales que prohíben las agresiones de violencia hacia la mujer, en las cuales los juzgadores deben realizar una estimación apegados a lo que se conoce como "razones de género" en las cuales entra el alejarse de estereotipos, lo que conlleva evitar considerar cómo debió actuar una víctima en determinado hecho, pues de seguir ese camino se caería en injusticias y no creer lo que dice la víctima o los testigos. Por lo que, conforme a esa objetividad y a los hechos planteados por la víctima y la declarante Carmen López García, hasta este momento era suficiente para establecer que el hecho pudo ocurrir como lo expresaron, lo cual adminiculó con el dictamen psicológico emitido por el dictamen emitido por Reyna Paola Aguilar Torres, perito psicóloga adscrita a la Fiscalía Especializada, del que destacó que el estado emocional de la víctima y que era acorde a lo que contó en el momento en que fue sometida a diversos tipos de test e instrumentos de evaluación que realizan los psicólogos y hasta el momento eran suficientes con lo narrado por la víctima. Igualmente, estaba vinculada con la inspección del lugar de los hechos de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, realizada por Cristian Emmanuel Hernández Martínez, Agente Estatal de Investigación, dado que se trasladó al lugar de los hechos; y el acta de nacimiento que exhibió la víctima, ya que era un documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus facultades. De manera que daba por establecido los hechos mencionados por la agente del Ministerio Público ocurridos el quince de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve cincuenta horas, en el patio de la casa ubicada en privada Ignacio López Rayón, número doscientos cuatro, colonia Independencia Santa Cruz, municipio de Xoxocotlán, Oaxaca; que Dulce Esmeralda García López y Cándido Josué Arizmendi Morales eran concubinos y de esa relación tuvieron un hijo con iniciales E.S.A.G. y que también tuvieron un domicilio en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; que el hecho dos ocurrió en el domicilio referido que él quería ver a su hijo y ante la oposición de ella le dice que iba a llevar a su banda y la jala y al llegar la mamá de la víctima, las dos lo empujan y el imputado jaló del cabello a Dulce Esmeralda García López y le dijo que la iba a matar y a su familia porque no le dejaba ver a su hijo y que las iba a demandar (sic) por secuestro. Bajo ese contexto, los razonamientos de la autoridad responsable, de los datos de prueba propuestos por el agente del Ministerio Público, son suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en agravio de Dulce Esmeralda García López, previsto por los artículos 404, 404 bis fracciones I y II, sancionado en el tercer párrafo del diverso numeral 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, preceptos que disponen: "Artículo 404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; II. Violencia psicoemocional. Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio; Artículo 405. [.] En el supuesto de que, se ejerza la violencia física a que se refiere la fracción I del artículo 404 Bis de este Código, la pena será de 5 a 10 años de prisión. [.] Del precepto legal transcrito, se infiere que los elementos del tipo penal en estudio acorde con la imputación son: a) El sujeto activo por acción agreda de manera física o psicológica a otra persona. b) Ello ocurra dentro o fuera del domicilio familiar. c) El sujeto activo tenga relación de parentesco por afinidad o relaciones de convivencia con la víctima. En su tipo físico, la violencia consiste en: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro. De los preceptos legales transcritos, se tiene que los elementos del tipo penal en estudio acorde con la imputación son: a) El sujeto activo por acción agreda de manera física o psicológica a otra persona. b) Ello ocurra dentro o fuera del domicilio familiar. c) El sujeto activo tenga relación de parentesco por afinidad o relaciones de convivencia con la víctima. En su tipo físico, la violencia consiste en: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro. En su tipo psicoemocional, la violencia consiste en: Acción, consistente en insultos, amenazas, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación o estrés. Puntualizado lo anterior, se tiene que, el juez responsable ponderó para acreditar el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, que la relación estaba acreditada no solo por el dicho de la mamá de la víctima, sino también por el acta de nacimiento; asimismo, la violencia física y psicológica ejercida sobre la víctima con el dicho de ésta y de Carmen López García y el dictamen psicológico Reyna Paola Aguilar Torres, perito psicóloga adscrita a la Fiscalía Especializada, y que conforme a las declaraciones la violencia se dio en el domicilio ubicado en privada Ignacio López Rayón, número doscientos cuatro, colonia Independencia Santa Cruz, municipio de Xoxocotlán, Oaxaca. Por lo cual estaban colmados los requisitos de violencia física y psicoemocional, conforme a los preceptos precisados, a título de dolo y autoría por las declaraciones de la víctima y su mamá, además del parte informativo. Por lo que determinó emitir auto de vinculación respecto de la parte quejosa. Así, de lo anterior, es legal la actuación de la autoridad responsable. Datos de prueba que concatenó el juez responsable con los razonamientos y encuadró en el tipo legal correspondiente. Por lo tanto, como bien lo indicó el juez responsable, al existir el señalamiento de la víctima, la declaración de su mamá, el informe policial y los demás datos de prueba, es dable concluir, a manera de probabilidad conforme al estándar probatorio que amerita el dictado del auto de vinculación a proceso, que en efecto, se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el quejoso lo cometió, tal como lo expuso el juez responsable en el auto de vinculación a proceso de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), con registro digital 2014800, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Penal, página 360, de contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". Bajo ese tenor, este juzgado estima acertado que la autoridad responsable indicara que los datos de prueba referidos por la fiscalía, resultan ser idóneos y pertinentes para establecer en grado probable, razonablemente la existencia del hecho delictivo materia de la imputación y la probable participación del imputado, el delito de violencia familiar previsto en los artículos 404, 404 bis fracciones I y II, sancionado en el tercer párrafo del diverso numeral 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Dulce Esmeralda García López. En ese sentido, el anterior análisis resultan infundadas las manifestaciones de la parte quejosa expuestas en los conceptos de violación reseñados e identificados como primero y segundo, puesto que contrario a lo alegado se encuentran datos de prueba suficientes para acreditar, a priori, que se ejerció violencia sobre la víctima Dulce Esmeralda García López, pues aun sin conceder -para el supuesto de violencia física- que no se le jaló su cabello deliberadamente, dado que, por regla general y atendiendo a las máximas de la experiencia, el hecho de que haya forcejeado el imputado con una persona, en el caso mujer, por sí conlleva violencia al traspasar su espacio personal, y pretender moverla en lo cual no hay contradicción alguna entre lo relatado por la víctima y su mamá; de manera que aun ante la posible contradicción existente entre la intencionalidad o no de jalar el cabello de la víctima, lo cierto es que se ejerció fuerza sobre su persona, a fin de entrar a un domicilio que no era el del quejoso, lo que implica violencia. Por idénticos razonamientos se desvirtúa lo relativo a si pateó o no la puerta el quejoso con lo asentado en el parte informativo y lo declarado por la víctima, pues se insiste, por regla general y atendiendo a las máximas de la experiencia, el ejercer una fuerza sobre otra persona para moverla e invadir su espacio personal, involucra violencia. Aunado a que, contrario a lo considerado por la parte quejosa, con el dictamen emitido por Reyna Paola Aguilar Torres, perito psicóloga adscrita a la Fiscalía Especializada, se llegó a la conclusión que el imputado le generaba alteración a la víctima, pues el estado emocional de la víctima cursaba una reacción de estrés en donde se hace presente la sintomatología de intranquilidad, preocupación y desesperación al ver que el padre de su hijo la agrede verbalmente cuando va a ver a su hijo, lo cual implícitamente conlleva una alteración autovalorativa respecto de su autoestima. Igualmente, en parte del concepto de violación segundo, la parte quejosa señala que en atención a la máxima de la lógica y la experiencia ningún padre desea que su hijo quede huérfano, por lo cual no se le debió dar valor probatorio, al dictamen en psicología; lo anterior es cierto para la generalidad, pero existen excepciones, como pudiera considerarse el caso, puesto que en autos quedó acreditado la existencia de una diversa carpeta de investigación 34990/FMU/UDVF/2020, en la cual consta el antecedente de violencia ejercida por el imputado sobre la víctima Dulce Esmeralda García López, lo que incluso generó que se emitiera una medida cautelar para que el policía de nombre Germán Vázquez, fuere asignado para que efectuara vigilancia y rondines en privada Ignacio López Rayón, número doscientos cuatro, colonia Independencia Santa Cruz, municipio de Xoxocotlán, Oaxaca. Lo anterior descarta la regla general y permite considerar un caso excepcional, a más que el antecedente es de violencia sobre la víctima nuevamente -madre de su hijo-. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimotercer Circuito, al resolver en sesión ordinaria virtual de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el amparo en revisión 46/2020, sostuvo en esencia que: Tratándose del delito de violencia familiar en su vertiente de violencia psicoemocional, la declaración de la víctima y la prueba pericial en psicología que se le practicó, entrelazadas entre sí, tienen valor preponderante para su actualización. Así el argumento relativo a que la declaración de la víctima resultaba inverosímil, en tanto que de la misma se advierte de manera indiciaria y razonable la forma en que el activo la amenazó; lo cual fue corroborado incluso con los testimonios de quienes presenciaron los hechos directamente por medio de sus sentidos, esto es, la amenaza que el hoy recurrente manifestó a la víctima por encontrarse en compañía de esta última el día y hora en que sucedieron los hechos respectivos. Mientras que la alteración a la psique de la agraviada, con motivo de la agresión llevada a cabo por el sujeto activo, como lo sostuvo la responsable, queda acreditada a través del dictamen psicológico que llevó a cabo la experta oficial, al día siguiente en que ocurrieron los hechos, en el que determina las secuelas de naturaleza anímica que sufrió; experticia a la que la responsable otorgó valor indiciario, al ser elaborada por persona con conocimientos especiales en una ciencia o arte, los cuales son útiles para comprobar el estado psicológico de la agraviada con motivo de la agresión que le infligió el activo. Por lo tanto, la declaración corroborada de la víctima en los términos anotados, tiene un valor preponderante y resulta ser un dato de prueba idóneo y pertinente para tener por establecido el hecho considerado como delito, aunado a que en asuntos de violencia familiar, la prueba pericial en psicología resulta igualmente idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, aquella pericia coadyuva a concluir si deriva de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio predominante para la acreditación de dicho delito. Se cita en lo conducente, la tesis XVII.2o.P.A.30 P, con registro digital 171561, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1896, cuyo sumario es el que sigue: "VIOLENCIA FAMILIAR. LA DECLARACIÓN DE LA CÓNYUGE OFENDIDA TIENE VALOR PREPONDERANTE, POR LO QUE DICHO ILÍCITO SE ACREDITA CON LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, ADMINICULANDO TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Para acreditar el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 190 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, la declaración de la cónyuge ofendida tiene valor preponderante, en virtud de que, por lo regular, se realiza principalmente en el domicilio de los cónyuges, generalmente ante la ausencia de testigos presenciales, por lo que este delito se acredita con la prueba circunstancial, adminiculando todos y cada uno de los hechos que van ocurriendo en determinado tiempo en la vida de los cónyuges." Consideraciones que aplican plenamente para el caso concreto a manera de argumento de autoridad que fortalece esta resolución. Por tanto, hasta el auto de vinculación a proceso, son suficientes los datos de prueba mencionados para acreditar el delito en comento. -Análisis de la medida cautelar de prisión preventiva-. Por último, de la precisión de actos reclamados se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado; la medida cautelar de prisión preventiva, dictada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 621/2021, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Como motivo de inconformidad aduce el quejoso, esencialmente en el concepto de violación tercero, que la medida cautelar fue impuesta incorrectamente porque se desatiende a la excepcionalidad que le reviste y que conforme al marco normativo que invoca tanto nacional como internacional la presunción de inocencia debe preferirse que no se le prive de la libertad a que se imponga la medida de prisión preventiva. El anterior motivo de inconformidad es infundado. En efecto contrario a lo manifestado por el quejoso, el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." Del precepto legal transcrito se advierte que, a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares, contenidas en dicho numeral, además que estas no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción anticipada. Precisado lo anterior, el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no impone obligación al agente del Ministerio Público al momento de solicitar la imposición de una medida cautelar, explicar porque no resulta suficiente alguna de las medidas cautelares, sino que únicamente establece que la solicitada sea idónea y proporcional para la consecución del fin pretendido, como en la especie ocurrió, esto es, esencialmente, de protección para la víctima y la sociedad, tal y como lo indicó la representación social en su solicitud al justificar la existencia de un peligro, de acuerdo con el numeral 168 de Ley Adjetiva Procesal. En ese sentido, si bien no existe obligación del agente del ministerio público de justificar que otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar alguna de dichas hipótesis, sino que en su caso únicamente sea idónea y proporcional para la consecución del fin pretendido. En el caso, la medida cautelar solicitada fue la de prisión preventiva al tenor de lo expuesto por la representación social. Al respecto, contrario a lo manifestado por el quejoso, la medida cautelar no se impuso sin considerar las causas particulares del caso o la posibilidad de alguna diversa, sino por el contrario la autoridad responsable impuso la medida cautelar de prisión preventiva bajo el argumento de que se debía garantizar la protección a la víctima, dado que el hecho ocurrió en su domicilio y que existen antecedentes de hechos semejantes en otras carpetas de investigación de los que dio cuenta la agente del Ministerio Público. Que para decidir sobre la medida cautelar idónea y la necesaria acudía al numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere sobre el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento en otro anterior. En el caso, al quejoso ya se habían impuesto medidas de protección con la finalidad de garantizar la seguridad de la víctima y había otras carpetas de investigación respecto del imputado por hechos semejantes contra la misma víctima. De ahí que era proporcional y necesaria la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la representación social, ya que cualquier otra como presentación periódica, que no se acerque a la víctima o a su domicilio, no era viable ante el incumplimiento efectuado por el imputado y sí era procedente la prisión preventiva para garantizar a la víctima su seguridad y estabilidad; además de que no hubiere reiteraciones semejantes; aunado a que consideraba la opinión de la unidad de medidas al respecto. Por lo cual, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el numeral 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, que debía cumplir mientras dure el proceso. Lo anterior se estime correcto, puesto que además de las consideraciones del juez responsable, resulta oportuno establecer que el derecho de la mujer a vivir en un entorno libre de violencia forma parte del catálogo de los derechos humanos que deben considerarse integrados al orden nacional, al estar reconocido en diversos tratados internacionales, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979). Asimismo, deriva de los derechos a la vida, salud e integridad física establecidos en la Constitución General. En ese sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" señala que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Además, que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, a ser libre de toda forma de discriminación, y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Asimismo, que la violencia contra la mujer es "una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres" y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. En los Casos Fernández Ortega y Otros contra México, y Rosendo Cantú y otra contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó como lo señala la Convención de Belem do Para, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres", que "trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en su recomendación general número 19, párrafo sexto, y recomendación general número 28, párrafo décimo noveno, establece que la violencia por razón de género afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida. Dicha violencia adopta múltiples formas, a saber, actos u omisiones destinados a que puedan causar o provocar la muerte o un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres, amenazas de tales actos, acoso, coacción y privación arbitraria de la libertad. Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 7 establece que la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. De ahí que, ante las condiciones particulares del caso y la normativa nacional e internacional, la medida cautelar decretada por el juzgado de primera instancia es la correcta. Ante los anteriores razonamientos resultan inaplicables las tesis invocadas por la parte quejosa, e inatendible que se debió considerar el riesgo de fuga, el hecho de que no haya comparecido por su voluntad, que se haya considerado el mínimo y máximo de pena que su domicilio está establecido con arraigo, puesto que las anteriores razones son suficientes para considerar la medida cautelar necesaria e idónea. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos y al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente determinación se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 122 y 124 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cándido Josué Arizmendi Morales, en el juicio de amparo número 751/2021 I-B, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el penúltimo considerando, ambos del presente fallo. Notifíquese y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada. Lo resolvió y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, asistido de David Jorge Siu Huerta, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

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