Candido Gomez Vega
Expediente 109/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Candido Gomez Vega
- Adriana y/o Rosa Adriana Vilchis Leyte
- O. H. P. P.
- José Antonio Godínez Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 113 y 114), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 118 y 119). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinte de mayo de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a ********************, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. En su lugar, dicte otro en el que: 1. Reitere su determinación en el sentido de que no prosperó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el instituto; lo anterior, en virtud de que el enjuiciado no se inconformó con esa determinación a través del juicio de amparo correspondiente. 2. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria considere que, con la prueba de inspección ofrecida por el actor, se demostró su fecha de ingreso y baja del instituto, el número de semanas que adujo haber cotizado, así como que el mismo se encontraba dentro de su periodo de conservación de derechos al cumplir los sesenta años que exige la ley para obtener la pensión de cesantía en edad avanzada. 3. Niegue valor probatorio a la hoja de certificación de derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección. 4. En consecuencia, ante los hechos demostrados por el actor, condene al instituto demandado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, por reunir los requisitos para obtener tal derecho, con la precisión de que realice un juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló el trabajador en la demanda de origen y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, sin necesidad que ordene la apertura del incidente de liquidación; en el entendido de que deberá tomar en cuenta los referentes siguientes: la categoría y puesto del obrero; salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeñó el accionante, así como el salario real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral. En el supuesto que estime que el salario promedio indicado por el actor resulte inverosímil para cuantificar la pensión, deberá observar las disposiciones del artículo 168 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, en cuanto prevén que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general." (fojas 49 y 50). I. Mediante resolución de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, la Presidencia de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, determinó que la ejecutoria de amparo no fue cumplida cabalmente, bajo el argumento que al realizar el estudio sobre la verosimilitud del salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización indicado por el actor en la ampliación de demanda, la Junta responsable no observó los parámetros establecidos en el fallo constitucional para tal fin. II. Del examen de las constancias que ahora remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el laudo de diecisiete de junio anterior, y ordenó remitir los autos al auxiliar de su adscripción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente (foja 95). El veintidós de septiembre de la propia anualidad, pronunció otro fallo en el que: 1. Reiteró su determinación en el sentido de que no prosperó la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el instituto; lo anterior, en virtud de que el enjuiciado no se inconformó con esa determinación a través del juicio de amparo correspondiente (fojas 102 vuelta a 103 vuelta). 2. Consideró que, con la prueba de inspección ofrecida por el actor, se demostró su fecha de ingreso y baja del instituto, el número de semanas que adujo haber cotizado, así como que el mismo se encontraba dentro de su periodo de conservación de derechos al cumplir los sesenta años que exige la ley para obtener la pensión de cesantía en edad avanzada (foja 105 vuelta). 3. Negó valor probatorio a la hoja de certificación de derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección (foja 104 frente). 4. Al considerar que el enjuiciante acreditó los elementos de la acción ejercida y después de realizar las operaciones aritméticas que estimó conducentes para calcular el monto de la pensión de cesantía en edad avanzada, condenó al instituto demandado al pago de la misma, por la suma de ******************** pesos ******************** centavos ($********************) mensuales, y de las prestaciones accesorias a tal beneficio, consistentes en incrementos a la pensión, aguinaldo anual y asistencia médica (foja 111 frente y vuelta). 5. Realizó un análisis de verosimilitud del salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización que señaló el accionante, para lo cual expuso lo siguiente: a. El actor preciso que el último patrón para el que prestó servicios fue ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, de dos mil nueve a dos mil dieciocho, en el puesto de mecánico. De la consulta de la tabla de salarios mínimos vigentes en el Estado de Tlaxcala, durante los años dos mil catorce a dos mil dieciocho (periodo que corresponde a los cinco años anteriores a la fecha en que culminó la vida laboral del asegurado), se advierte la categoría de mecánico, a la que correspondieron los sueldos siguientes: Año Salario mínimo general Mecánico (a) en reparación de automóviles y camiones, oficial 2014 $67.29 $96.60 2015 $70.10 100.65 2016 $73.04 $110.40 2017 $80.04 $114.71 2018 $88.36 $119.18 Total: $378.83/5 $541.54/5 Salario promedio últimas 250 semanas $75.76 $108.30 b. Al sumar los salarios asignados a la categoría de mecánico en reparaciones de automóviles y camiones, y dividir el resultado entre cinco se obtiene el promedio de las últimas doscientas cincuenta cotizaciones semanales, cuyo monto es de ciento ocho pesos treinta centavos ($108.30). c. No se toma en cuenta el salario promedio precisado por la parte actora en la ampliación de demanda, que asciende a ******************** pesos ($********************), toda vez que es excesivo de acuerdo con la categoría de mecánico que desempeñó ante el último patrón para el que laboró, es decir, dicho salario es superior al que percibe una persona que realiza las actividades inherentes a ese puesto. 6. Hecho lo anterior, procedió al cálculo de la pensión de cesantía en edad avanzada a que condenó al enjuiciado, tomando en cuenta el salario mínimo general vigente en dos mil dieciocho (anualidad a la que se retrotrae la litis), que asciende a ochenta y ocho pesos treinta y seis centavos ($88.36). Una vez que realizó las operaciones aritméticas conducentes, advirtió que el resultado ($********************) es inferior a la pensión mínima garantizada en dos mil dieciocho, cuya cuantía es de ******************** pesos ******************** centavos ($********************), por lo que con fundamento en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social aplicable (el cual prevé que la pensión no podrá ser inferior al cien por ciento del salario mínimo general), determinó que el Instituto demandado debe otorgar esta última al accionante. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Amparo en revisión
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual se acusa recibo del diverso 7044/2021 del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso b) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo el escrito de expresión de agravios, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2021, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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