Cándido Francisco Gálvez
Expediente 887/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Cándido Francisco Gálvez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Yareth Sarahi Pineda Arce, Cándido Francisco Gálvez y Mesías González Reyes, por propio derecho y en su carácter de Presidenta Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública, respectivamente, del Ayuntamiento de municipal de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, contra actos del Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 887/2023-V, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de amparo. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. En el caso, es necesario dilucidar cuál es el acto que la parte quejosa reclama y estar así en aptitud de decidir si resulta procedente el juicio de amparo indirecto y en consecuencia, si este Juzgado resulta competente para conocer del mismo. Así, del análisis íntegro del escrito en comento, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "Acto Reclamado: Lo es la multa impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, a los suscritos mediante acuerdo de fecha quince de junio del dos mil veintitrés, dentro del expediente TJA/SS/071/2018." Asimismo, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa manifestó, en su apartado denominado capítulo especial de legitimación para presentar juicio de amparo manifestó lo siguiente: "Los suscritos nos encontramos legitimados para presentar el juicio amparo, esto en virtud de que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante acuerdo de fecha QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, emitido dentro de un Procedimiento de Justicia Administrativa de la Sala Superior con el número de expediente TJA/SS/071/2018 impuso a los suscritos en nuestro carácter de PRESIDENTA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOACHISTLAHUACA, GUERRERO, UNA MULTA DE CIENTO VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) a razón de $103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N.) Equivalente a la cantidad de $12,448.80 (DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N). Por un supuesto incumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente antes referido. Por lo que al tener los suscritos actualmente las categorías de Presidenta, Director de Seguridad Publica y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, se entiende que la multa es impuesta en nuestra calidad de persona física, no así al Ayuntamiento, por lo que dicha multa tendremos que cubrirla de nuestro propio peculio, motivo por el cual dicho acuerdo violenta nuestra esfera jurídica, de ahí que estemos legitimados para promover el juicio de amparo indirecto." Ahora bien, en congruencia con lo anterior, se advierte que la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos siguientes: "Con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125 de la Ley de Amparo; solicitamos a usted C. Juez de Distrito, concedernos los beneficios de la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva del acto reclamado, es decir que no se ejecute dicha sanción consistente en la multa de los suscritos, puesto que consideramos que con dicha medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y si en cambio serian de imposible reparación e igual forma de daños y perjuicios que se ocasionarían en caso de que dichos actos se llegaran a consumar en nuestro perjuicio, afectando a nuestra familia y patrimonio personal, por lo que solicitamos se ordene mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto esa autoridad federal, determine la inconstitucionalidad de los actos reclamados." De lo anterior, se tiene que el juicio de amparo indirecto fue instado por Yareth Sarahi Pineda Arce, Cándido Francisco Gálvez y Mesías González Reyes, por propio derecho, toda vez que como personas físicas, en su carácter de Presidenta Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública, respectivamente, del Ayuntamiento de Municipal de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, en el acuerdo reclamado de quince de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente TJA/SS/071/2018, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, les impuso una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización (UMA), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), equivalente a la cantidad de $12,448.80 (doce mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional). En este sentido, es de señalarse que la multa constituye una medida de apremio que tiende a hacer cumplir las determinaciones emitidas en el procedimiento administrativo o, como en el caso, en la etapa de ejecución de sentencia, en el entendido de que se impone al servidor público en su carácter de persona física, debiendo ser cubierta que su propio peculio y no del correspondiente al de la entidad que representa, toda vez que la finalidad de dicha medida es evitar la repetición de la conducta omisiva sancionada. Por tanto, si la multa fue impuesta a Yareth Sarahi Pineda Arce, Cándido Francisco Gálvez y Mesías González Reyes, como personas físicas al ostentar el carácter de Presidenta Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública, respectivamente, del Ayuntamiento de municipal de Tlacoachistlahuaca, Guerrero; es innegable que la misma se hará efectiva precisamente en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. Ello, porque se trata del lugar de residencia habitual de los promoventes del amparo, si se toma en cuenta que en términos del artículo 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, una de las obligaciones del presidente municipal es no ausentarse más de tres o cinco días de su Municipio cada mes, sin autorización del Ayuntamiento o del Congreso del Estado. Y respecto de los quejosos que ostentan el cargo de Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública, respectivamente, del Ayuntamiento de municipal de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, aun cuando la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, no establece la obligatoriedad de solicitar la autorización del Ayuntamiento o del Congreso del Estado, para ausentarse de la sede en que se encuentra dicho Ente municipal, es de considerarse que en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, se encuentra su principal asiento, por lo tanto, será en dicho lugar donde se lleve a cabo la ejecución del cobro de la multa impugnada, dado que serán requeridos como personas físicas, máxime que de las constancias que exhibieron en autos no se observa que, como personas físicas funjan con algún carácter en el expediente laboral del que emana el acto reclamado (TJA/SS/071/2018). En efecto, se toma en consideración que los quejosos a Yareth Sarahi Pineda Arce, Cándido Francisco Gálvez y Mesías González Reyes, como personas físicas al ostentar el carácter de Presidenta Municipal, Tesorero Municipal y Director de Seguridad Pública, respectivamente, del Ayuntamiento de municipal de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, lo que hace considerar sin lugar a dudar que todo lo relacionado con la materialidad de la multa impugnada, se llevará a cabo en el Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, pues los quejosos tienen su asiento de trabajo en dicha municipalidad, en virtud de ostentar el cargo antes referido, por lo que, la ejecución del mandato se llevará a cabo en dicho lugar, de ahí que deba declinarse la competencia al juzgado que ejerza jurisdicción en el mismo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.8/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 5, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." También tiene aplicación por las razones que la sustentan, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2ª./J.68/2015 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legítima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Al igual, aplica por las razones que ahí se expresan, la Jurisprudencia PC.II.J/9(10ª.) emitida por el Pleno del Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Página 1083, Materia Común, Laboral, de rubro y texto que sigue: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RETENCIÓN DE LAS CUOTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU ENTERO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO DONDE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESTEN SUS SERVICIOS. Conforme al artículo36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, si el acto reclamado en un juicio de amparo requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. De ahí que si en el juicio de amparo indirecto se reclaman la retención de las cuotas de los servidores públicos y su entero al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en términos de los artículos 32, fracciones I y II, 33, 34, fracciones I, II y IV, 84, párrafo segundo, 88, 91, 93, párrafo primero y 100 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, reformados mediante decreto publicado en la Gaceta de Gobierno el 19 de diciembre de 2012, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio donde los servidores públicos presten sus servicios, y no el del domicilio de la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa, que es la autoridad que aplica los descuentos, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, dado que la retención y el entero a que se ha hecho mención se efectúan desde la fuente de trabajo de éste, pues el pago de cuotas a que alude la mencionada ley está intrínsecamente ligado al domicilio del centro de trabajo del quejoso, por ser el lugar donde materialmente se ejecuta dicha retención, mismas que se cubren al instituto de referencia." Por tanto, si en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, resulta inconcuso que, en el caso, el Juez de Distrito en Turno en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer del juicio de amparo promovido por Yareth Sarahi Pineda Arce, Cándido Francisco Gálvez y Mesías González Reyes, por propio derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el citado precepto 37 de la Ley que rige el juicio Constitucional y los numerales Primero, Segundo y Cuarto, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues es quien ejerce jurisdicción en donde el acto reclamado tendrá ejecución material en el lugar de residencia del quejoso, esto es, en el Municipio de Ometepec, Guerrero. El anterior criterio se sustenta además, con la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegido en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Esta Ciudad, en el conflicto competencial entre jueces de distrito 5/2023, derivado del juicio de amparo indirecto 1679/2022, del índice de este órgano de control constitucional, el cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y declina su competencia a favor del Juzgado de Distrito en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, por ende, envíese el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en Turno, con residencia en aquella ciudad, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, al que en que reciba el oficio de notificación de la presente determinación, manifieste si acepta o no la competencia planteada, atento a lo establecido en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese al órgano judicial de referencia el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, con fundamento en el artículo 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase designado como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este órgano jurisdiccional, en virtud de no haber proporcionado domicilio procesal para tal efecto. Asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo Silva Vargas, Nayeli Urbano Juárez, Ana Gabriel Antúnez Núñez y Ernesto Romero Pastor, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Adamaris Silva Encarnación, Jesús Armando Silva Encarnación y Benjamín Brito Nava; por no contar con el anterior requisito Asimismo con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se autoriza consultar el presente expediente electrónicamente que incluye, la consulta y presentación de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, al usuario "EDUAR_99" corresponde a Eduardo Silva Vargas. Por tanto, gírese instrucciones al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado, a efecto de que autorice al nombre de usuario "EDUAR_90", el acceso electrónico solicitado. Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE AL OFICIAL JUDICIAL A ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". En otro orden, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto al número telefónico que refiere, en virtud que no señala el motivo para el cual lo asienta. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.
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