Candido Espinoza Castillo

Expediente 1245/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1245/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Candido Espinoza Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Posibilidad de plantear causas de impedimento. Se hace del conocimiento de las partes que en sesión de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó por unanimidad de votos la adscripción de la Jueza Claudia Gabriela Villeda Mejía, como Titular de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, lo que fue notificado por oficio SEADS/691/2022, de la misma fecha, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción. Por tanto, con fundamento en los artículos 52, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se da vista a las partes dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la designación de la suscrita. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Cándido Espinoza Castillo, por propio derecho, contra actos que reclama de la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Ecatepec con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Registro. Fórmese expediente y regístrese en este juzgado con el consecutivo 1245/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio del escrito de demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo así como el escrito aclaratorio, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Causal de improcedencia Del estudio integral de la demanda de amparo y anexos, y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo vigente, en relación con la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la materia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, respecto del acto reclamado consistente, esencialmente, en el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 730/2022, del índice de la responsable, promovido por María Zoraida Jiménez Cárdenas, en contra de Leticia Espinosa Corona. Lo anterior porque, de las manifestaciones de la parte quejosa, se advierte los actos de ejecución causan molestias en el domicilio del cual se ostenta como propietario. Bajo tales consideraciones, este Juzgado Federal estima que la resolución reclamada, no puede ser considerada como de imposible reparación, en virtud de que el promovente de amparo no forma parte del juicio de origen y, por tanto, lo ahí ordenado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Por tal motivo, a juicio de esta juzgado se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo vigente, en relación con la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la ley de la materia. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "ARTICULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;. Así también, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se llega a la conclusión de determinan la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación (de acuerdo al inciso b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional), o que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo), entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En tales condiciones, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Asimismo tiene aplicación, la jurisprudencia V.2o. J/68, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 66, Junio de 1993, página 46, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 114, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, en el caso, el peticionario de amparo reclama el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 730/2022, del índice de la responsable, promovido por María Zoraida Jiménez Cárdenas, en contra de Leticia Espinosa Corona; sin embargo, tal determinación no vulnera por sí los derechos fundamentales del impetrante, al no generase una afectación a los derechos sustantivos, porque según sus propias manifestaciones, no forma parte de dicho juicio. De lo anterior se obtiene que la resolución reclamada por la impetrante no es de imposible reparación, en función de que lo ordenado en el juicio de origen no vincula a la parte quejosa a cumplir ninguna determinación dado que no tiene acreditado ningún interés en el juicio de origen. Asimismo la determinación reclamada en esta instancia, no es de aquellas hipótesis previstas por la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política, ni en lo establecido por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se repuso el procedimiento, ha trascendido tal violación al resultado de la sentencia. Estas consideraciones encuentran sustento en la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se identifica con el número P./J. 17/91, y que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, Página 25, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Asimismo, se observa del contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, que la intención del Legislador, fue incluir dicho precepto, otorgándole una naturaleza casuista, de ahí, que al no haber contenido la hipótesis de procedencia en tratándose de resoluciones, como ocurre en la especie, que repone el procedimiento para llamar a juicio a un litisconsorte pasivo, dentro del catálogo contenido en el referido precepto legal, este juzgador no puede a priori, hacer procedente el juicio de amparo indirecto, en contra de un determinado acto que no tenga sustento normativo (procedencia). Además de lo anterior, no debe pasar desapercibido para este órgano jurisdiccional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 13/2011, estableció que si bien es procedente el juicio de amparo en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio; sin embargo, también es cierto que estableció que esta procedencia es de naturaleza excepcional, dado que la constriñó únicamente a aquellos casos en los cuales, el acto tenga sobre las personas una ejecución de imposible reparación, con la cual se afecte sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal. Asimismo, estableció que los actos dentro de juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, y por ende, impugnables mediante el juicio de amparo indirecto, deben cumplir con dos notas distintivas a saber: a) que afecten derechos sustantivos de las personas, y, b) que la afectación de esos derechos no desaparezca ni aun en el supuesto de obtener un fallo favorable a sus intereses, dado que si la afectación desaparece con el dictado de la sentencia, el palmario que no provocó un daño real directo en la esfera jurídica del gobernado; en el entendido de que dichas hipótesis deben actualizarse concomitante para que esté ante la presencia de actos de imposible reparación. De igual forma, nuestro Máximo Tribunal de la Nación, estableció que si bien, en ciertos criterios jurisprudenciales, de manera "excepcional" contempla la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de resoluciones, como la que en este caso, constituye el acto reclamado, cuando se considere que se afecte a las partes en grado predominante o superior; sin embargo, en la ejecutoria a la cual se ha vendido haciendo referencia (solicitud de modificación de jurisprudencia 13/2011); el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, estableció que los conceptos en grado predominante, de gran entidad, o algún otro de esta naturaleza, al no tener sustento constitucional, así como que no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo vigente, no pueden servir como fundamento o justificación para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Con base en lo hasta aquí expuesto, y al considerar que la sentencia de primera instancia que fue objeto de recurso de apelación, en el cual se determinó la reposición procedimiento, que no afecta a la parte quejosa, se concluye que la resolución reclamada, no es de aquellos actos que contemple el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, dentro de su listado de casos de procedencia del amparo indirecto, de igual forma, no se está en algún caso de excepción establecido en alguna jurisprudencia emitida por los Órganos del Poder Judicial de la Federación, como ya quedó precisado en párrafos precedentes. Se desecha demanda de amparo En consecuencia, al haberse configurado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente y con la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar la demanda de amparo promovida por Cándido Espinoza Castillo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Si bien es cierto que la lista que se fija en este órgano jurisdiccional no puede considerarse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones; no obstante, dado que así lo solicita, se tiene dicho medio para los efectos que señala. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de juicio en línea, es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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