Candida López Escudero
Expediente 1104/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Candida López Escudero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Téngase recibido el oficio signado por el Titular de la Segunda Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, por el cual informa que el toca penal 167/2022 que fuera índice de la Tercera Sala Unitaria, fue reasignado a la Segunda Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar..M-I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Admite impedimento legal. Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual se tiene a la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio a través del cual se remitió el impedimento legal planteado por el que suscribe, así como los autos originales del juicio de amparo 1104/2023-1-A y sus anexos, e informando que se admitió a trámite y radicó bajo el número 11/2023, de su índice cronológico..M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, atendiendo las siguientes consideraciones... Impedimento. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...En ese sentido, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y en segundo término por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera; asimismo, no solo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional que en algún momento pudieran dar lugar a mermar la imparcialidad con la que el juzgador debe conducirse...En atención al mandato dirigido a los juzgadores, en el sentido de que la justicia que impartan debe ser imparcial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juzgador debe emitir una resolución no sólo apegada a derecho, sino que debe ser imparcial, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido....Así, la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa perspectiva, las leyes permiten que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional...En la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de imparcialidad -que consagra el artículo 17 de la Constitución General- es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores y consiste, en general, en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Igualmente, refirió que dicho principio presentaba dos dimensiones: Subjetiva: es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca; y, Objetiva: se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido... Dicho criterio puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 460, registro digital 160309; bajo el rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL...En ese sentido, objetivamente se podría presumir parcialidad si se tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones, a las cuales se encuentra vinculado por diversos factores, entre los que se prevén la fracción VII del artículo 51, artículo 52 y 55, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen:Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes." Artículo 52. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos." "Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Las excusas se calificarán de plano." Los preceptos legales transcritos se refieren a los impedimentos de los ministros, magistrados, jueces de distrito y autoridades que conozcan de los juicios de amparo, respecto de aquellos asuntos en los que exista alguna causa que merme la imparcialidad que la Constitución exige para la resolución de los juicios que son de su competencia. Así, la persona juzgadora tiene el deber fundamental de tomar sus decisiones con base en la legislación aplicable y no rebasar los límites que las mismas le imponen a sus atribuciones. En ese sentido, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales en todo momento tienen el deber de sujetar su actuación a la ley, con la cual se brinda seguridad jurídica a las partes que someten sus controversias a la potestad del Estado; en la inteligencia de que, si bien su decisión jurídica favorecerá a una de las partes, ello no implica que deriven de sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de ellas. Es importante mencionar que, sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver la contradicción de tesis número 4/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 36/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 105, que expresa: IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los funcionarios ahí mencionados estarán impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, si algún funcionario judicial manifiesta que tiene amistad estrecha por existir convivencia familiar frecuente con una de las partes, esta causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada..En tal criterio, que, aun cuando fue emitido con base en la Ley de Amparo abrogada, es aplicable de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual legislación de la materia, que dispone que la jurisprudencia integrada conforme al ordenamiento anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al vigente, como acontece en la especie, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que, para calificar de legal la causa de impedimento por amistad estrecha o enemistad manifiesta, se debe valorar la manifestación expresa del juzgador en el sentido de que se ubica en dicho supuesto..Esto es, que la causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como juez goza, sino porque la manifestación que éste haga al respecto tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa realizada por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto en que se originó la excusa planteada... Cabe invocar en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia X.1o.34 K del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1355, Novena Época, que a la letra dice: IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA O ENEMISTAD MANIFIESTA. CORRESPONDE PLANTEARLO AL JUEZ, TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, Y NO AL JUZGADO AL QUE PERTENECE. De acuerdo con la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, el impedimento por amistad estrecha o enemistad manifiesta debe plantearse cuando existe imposibilidad legal que atañe directamente a la persona física, concreta e individual, titular del órgano judicial federal, para conocer de determinado asunto, por lo que el juzgado no puede realizar dicha manifestación, pues es el Juez quien puede incurrir en la hipótesis planteada, al ser el funcionario encargado de ejercer la función jurisdiccional; luego, es sólo a dicho titular a quien pudiera atribuírsele la amistad estrecha o la enemistad manifiesta con alguna de las partes, de sus abogados o representantes y no al órgano jurisdiccional por ser una entidad abstracta... En el caso, la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo contra los actos y las autoridades siguientes, en lo que aquí interesa: Autoridad responsable Magistrada Titular de la Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal de Carácter Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Juez Penal de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial, con sede en Apan, Hidalgo. Acto reclamado La resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés dictada dentro del toca penal 167/2022, del índice de la Tercera Sala Unitaria del Sistema Penal de Carácter Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Dicho acto reclamado emana de un proceso penal al cual está sujeta la quejosa Cándida López Escudero. De esta manera, con fundamento en los artículos 51, fracción VII, de la Ley de Amparo y 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juez de Distrito, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se encuentra impedido para resolver el presente juicio de amparo 1104/2023-1-A, en virtud de que mantiene una relación de estrecha de amistad con el licenciado ********************, quien fue designado como defensor particular de la quejosa Cándida López Escudero en el toca penal génesis de la determinación reclamada en la presente instancia constitucional. Lo anterior, no obstante que el licenciado ********************, no está autorizado en el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, al reproducir la copia certificada del disco en formato versátil digital que contiene la audiencia en la cual se dictó la resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia, se advierte que éste fue nombrado abogado de la quejosa en el proceso penal de origen. Lo cual se corrobora con la pieza escrita remitida por la Magistrada responsable, de la cual se desprenden los siguientes datos: / Cabe precisar que la doctrina ha definido la estrecha amistad como una relación voluntaria entre dos o más personas que es duradera y en la que los involucrados tienden a preocuparse por satisfacer las necesidades e intereses de la otra persona; la amistad estrecha se desarrolla con frecuencia a través de experiencias compartidas en las que las personas involucradas aprenden que su asociación es mutuamente gratificante, es decir, está basada en la reciprocidad. Ahora, tal y como se aprecia en la jurisprudencia 2a./J. 105/2006 (cuyo origen se encuentra en la contradicción de tesis 11/2006-PL), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, tratándose de impedimento por causa manifiesta, debe atenderse a: (i) la manifestación del juzgador en el sentido de ubicarse en tal supuesto y (ii) al señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificarlo; no obstante, esos requisitos no son exigibles en el supuesto de estrecha amistad. Cabe señalar que, conforme a la doctrina desarrollada por el Alto Tribunal, las diversas causas de impedimento previstas por la Ley de Amparo (artículo 51) y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículo 126), pueden clasificarse en tres grupos: a) Razones de parentesco, amistad o enemistad con las partes, sus abogados o representantes; b) Interés que el juzgador pueda tener en el asunto; y, c) Responsabilidad que haya tenido o tenga en el asunto o haber manifestado su opinión. Como se observa el primer grupo se basa esencialmente en relaciones familiares y actividades del juzgador con las partes, sus abogados o representantes; sin embargo, se prevén tres supuestos: parentesco, amistad o enemistad, que son distintos entre sí. El primer supuesto se basa en una relación jurídica, pero los relativos a la amistad y enemistad encuentran su origen en relaciones psicoafectivas, pero son totalmente opuestas entre sí, mientras la primera se basa en el afecto, la segunda deriva de un sentimiento de animadversión; de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también les ha dado un trato distinto en su construcción jurisprudencial. Así, cuando el impedimento se sustente en la causa de enemistad manifiesta, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 46/2011 (10a.), de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UNA DENUNCIA PENAL O QUERELLA EN SU CONTRA POR UNA DE LAS PARTES, SU ABOGADO O REPRESENTANTE EN EL JUICIO DE AMPARO"; pero, cuando se invoque la causal consistente en estrecha amistad debe acudirse al criterio jurisprudencial 2a./J. 36/2002. Esta última tiene su origen en la contradicción de tesis 4/2002-SS, en la que el problema jurídico consistió en resolver si era procedente calificar de legal el impedimento planteado por el funcionario judicial únicamente con la sola manifestación que éste haga en relación con que tiene amistad estrecha con una de las partes; la Segunda Sala del Máximo Tribunal concluyó que era suficiente la manifestación de los motivos de impedimento que expresara el funcionario judicial para que tal impedimento que aduce sea valorado por la superioridad, sin necesidad de aportar pruebas de las causas invocadas. Explicó que, la amistad estrecha corresponde en gran medida al ámbito afectivo y subjetivo del juzgador impedido, de tal manera que afecta en forma directa a su ánimo y es, precisamente, ese ánimo el que debe estar desprovisto de todo elemento que pueda socavar o alterar la imparcialidad e independencia de su actuación jurisdiccional; por tanto, la manifestación del juzgador de causas que considera de influencia en su ánimo y constitutivas de algún impedimento, no requieren de prueba alguna, pues la omisión de dicha manifestación le acarrearía responsabilidad, siendo que la falta de pruebas no puede inhibir tal manifestación obligatoria. También, expuso que la amistad estrecha no se refiere a cualquier vínculo sino sólo a aquel que le impida al funcionario judicial guardar la imparcialidad que debe tener al resolver los negocios en que intervenga, o sea, que perturbe su ánimo apartándolo de la rectitud al emitir el fallo correspondiente; en consecuencia, a fin de que sea calificado de legal el impedimento planteado por el juzgador, es necesario que éste, al excusarse, manifieste el origen del vínculo de "amistad estrecha" que dice tener con alguna de las partes, para estar en posibilidad de determinar si el mismo es creador de afectos íntimos capaz de inclinar el ánimo del juzgador a favorecer a la persona con la que se tiene dicha relación Inclusive, de la referida contradicción, se advierte que, cuando el impedimento es planteado por el juzgador, es suficiente la manifestación lisa y llana del juzgador de que tiene "amistad estrecha", por existir convivencia familiar frecuente, debido a dos razones: 1. La credibilidad de la que dicho servidor público goza, dada la función jurisdiccional que ejerce. 2. Tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que lo perjudica, por persona capacitada para obligarse, hecha con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proviene de un hecho propio en relación con los asuntos de donde se originó la excusa planteada. A fin de justificar la causa objetiva y razonable de la causal invocada, se expone: la relación de amistad entre este juzgador y ******************** existe desde hace aproximadamente cuarenta años, cuando contaban aproximadamente con diez años de edad cada uno, respectivamente. Lo anterior se originó con motivo de que dicho profesional cursó la primaria con el titular de este órgano jurisdiccional; fue así como se conocieron y comenzaron a convivir de manera continua y cercana, de tal suerte que asistíamos juntos a diversos festejos, reuniones familiares, convivencias con amigos en común, convirtiéndose en parte de mi círculo social más cercano, pues incluso coincidieron cuando cursaron la licenciatura en derecho en la misma escuela aunque en distintos grupos y grado, pero se veían y convivían. La relación de afecto entre ambos se ha fortalecido con el paso de los años, generándose entre nosotros vínculos de confianza, lealtad y compromiso mutuos. Por los motivos expuestos, es que este Juzgador de Distrito considera comprometida su imparcialidad en la resolución de este asunto. En otras palabras, para el caso de que el suscrito resolviera este asunto, podría presumirse que la determinación que recayera no tenga, en apariencia, la imparcialidad que me es exigible para el correcto desempeño de la función jurisdiccional encargada. Por tanto, tales circunstancias dan lugar a la figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17, constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial; en tanto que, el artículo 51, de la Ley de Amparo, prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal y una afectación del suscrito Por tal virtud, si el Juez Óscar García Vega, coincidió de la manera descrita en líneas precedentes con el licenciado ********************, es inconcuso que se actualiza el impedimento para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo y, por ende, no está en aptitud jurídica de analizar la demanda de amparo. Lo anterior, porque se podría generar incertidumbre respecto a la posibilidad del "riesgo" de pérdida de imparcialidad, de este juzgador, en tanto la participación innegable que tiene en el proceso penal de origen. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.). de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, febrero de 2012, tomo 1, página 460; de rubro y texto siguientes: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal." De igual forma, en lo que interesa, conviene destacar el contenido de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo III, página 1918; que dice: "IMPEDIMENTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. Los supuestos de impedimento para conocer del juicio de amparo previstos en las fracciones I a VII del artículo 51 de la Ley de la materia contemplan situaciones de índole subjetiva que el Juez puede reconocer en su ánimo o probarse por otro medio. Por su parte, en la novedosa fracción VIII del mismo numeral se atiende a elementos objetivos de los que pudiera derivarse un riesgo de pérdida de la imparcialidad del juzgador, que surgen de una fuente externa a éste, es decir, que el elemento inhabilitante de su jurisdicción resulta de la prueba directa del hecho que representa el riesgo de pérdida de la imparcialidad". Por lo anterior, se estima que impide a este Juzgador resolver con objetividad e imparcialidad el asunto respectivo, lo cual tiene un peso importante en atención a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, a que está sujeta la carrera judicial, en términos del artículo 100, párrafo séptimo, de la Constitución Federal. Esa presunción de validez es reconocida en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que en su primer párrafo establece el deber de manifestar el impedimento y de invocar las causas de éste, sin establecer la obligación de aportar pruebas para acreditar el impedimento y sus causas. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 105/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2006-PL, publicada en la página 296, del tomo XXIV, agosto de 2006, materia común, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL DEBE ATENDERSE A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, ASÍ COMO AL SEÑALAMIENTO DE UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE "SUSCEPTIBLE DE JUSTIFICARLO. Los requisitos para calificar de legal el impedimento por enemistad manifiesta previsto en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo se traducen, en primer término, en la explícita consideración del funcionario judicial de que se ubica en el supuesto respectivo, que conlleva la valoración personal de que está afectado en su ánimo interno para resolver el asunto y, en segundo, en el señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia, a fin de que quien resuelva el impedimento se encuentre en aptitud de decidir si las características en que se ha producido la situación de mérito, apreciadas objetivamente, llevan a concluir que razonablemente se ha actualizado la causal respectiva. En consecuencia, la consideración del juez en el sentido de que una manifestación hostil, de animadversión, realizada por el quejoso en un juicio de amparo ha afectado su imparcialidad para fallar el asunto respectivo, es suficiente para que se actualice la causal de impedimento referida, siendo los elementos relevantes para ello no la actitud de las partes, sino el ánimo del juzgador, el señalamiento de la causa objetiva y razonable generadora del impedimento, así como la credibilidad y presunción de veracidad de su manifestación, sustentada en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, considerando, además, que el deber de los juzgadores de abstenerse de conocer de los asuntos en que se encuentren impedidos, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, constituye un límite a la tolerancia, templanza y fortaleza judicial interna admitido por el propio legislador, al haber previsto el supuesto de impedimento respectivo.". Por tanto, con la finalidad de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, así como para preservar la imparcialidad e independencia de la impartición de justicia, el suscrito me excuso para conocer del juicio de amparo de que se trata, al acreditarse la causa de impedimento contenida en la fracción VII del numeral 51 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 55 y 58 de la Ley de Amparo, comuníquese la presente determinación al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a efecto de que califique el impedimento planteado, remitiéndose para los efectos legales a que haya lugar, los autos originales del presente asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes..M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Solicita acuse de recibo e informe del estado procesal. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, acúsese recibo de las constancias que dieron origen al juicio de amparo en que se actúa. De igual manera, infórmese a la autoridad oficiante que, mediante auto de treinta de junio pasado, este juzgado federal se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por ********************, y actualmente dicho asunto se encuentra en trámite.M-I
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