Candelario Sánchez Luciano

Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
729/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Candelario Sánchez Luciano
  • Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de cinco de noviembre de la presente anualidad, respecto del cumplimiento que el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar lo siguiente: Por resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Candelario Sánchez Luciano. En el caso, destaca que el fallo protector se otorgó, en los términos siguientes: "Con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice los trámites conducentes y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución de la sentencia emitida en el juicio administrativo 460/2014-S-3 de su índice, que en el caso consiste en hacer la devolución al quejoso Candelario Sánchez Luciano, de sus aportaciones de seguridad social y la gratificación correspondiente, por los años que laboró en Seguridad Pública del Estado de Tabasco." En proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia; y por ello, se requirió a la responsable, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento al fallo protector. Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente administrativo 460/2014-S-3, de su índice. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, el suscrito juzgador federal estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, porque la referida responsable hizo devolución al quejoso de mérito de sus aportaciones de seguridad social las cuales fueron establecidas en la sentencia emitida en el expediente administrativo 460/2014-S-3, del índice de la Sala responsable, lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio y anexos de cuenta signado por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual aduce haber dado cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, para lo cual remite copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente administrativo 460/2014-S-3, de su índice, con las que acredita tal circunstancia. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las citadas constancias, por el término de tres días para que manifiesten lo que a sus derechos convengan y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuara´ el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Candelario Sánchez Luciano; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, esto es: [.]Con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice los trámites conducentes y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución de la sentencia emitida en el juicio administrativo 460/2014-S-3 de su índice, que en el caso consiste en hacer la devolución al quejoso Candelario Sánchez Luciano, de sus aportaciones de seguridad social y la gratificación correspondiente, por los años que laboró en Seguridad Pública del Estado de Tabasco. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 6 VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 729/2020-6, promovido por Candelario Sánchez Luciano, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, el veinticinco de agosto de dos mil veinte, y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiséis siguiente, Candelario Sánchez Luciano, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y la autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La omisión de la autoridad responsable de dictar medidas eficaces para que se ejecute lo resuelto en la sentencia definitiva de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, así como de cumplir con las formalidades, plazos y términos del procedimiento para la ejecución de dicha sentencia. La dilación en que ha incurrido la responsable en la ejecución de la sentencia de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, que lleva dos años con ocho meses sin que se cumpla cabalmente, así como la pasividad para que las autoridades den cumplimiento a dicha sentencia. La actitud contumaz y omisiva de las autoridades demandadas en el juicio de origen, para cumplir con la sentencia de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio contencioso administrativo 460/2014-S-3, del índice de la Sala responsable. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 729/2020-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La dilación de la Sala responsable de ejecutar la sentencia emitida en el juicio administrativo 460/2014-S-3, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable al rendir informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la dilación para ejecutar la sentencia emitida en el juicio administrativo 460/2014-S-3, de su índice; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la documental que exhibió consistente en copia certificada del referido juicio administrativo de origen; misma que obra por cuerda, a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. De las referidas constancias se advierte la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, en virtud que desde el veintitrés de enero de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva del cual se duele de la dilación de ejecución, por lo tanto, la carga de probar la debida ejecución de la sentencia corresponde a la autoridad responsable, pues hasta la presentación de la demanda de amparo no había cumplido con la ejecución de dicha resolución; por tanto es cierto el acto reclamado a la referida autoridad señalada como responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el Magistrado de la Sala responsable manifestó que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio al existir una causal de improcedencia; sin embargo, no expresó argumentos tendentes a justificar cuál hipótesis normativa se actualizaba y las razones que sustentan su afirmación. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 142/2006, definió criterio en el sentido de que, si bien el estudio de las causas de improcedencia es oficioso, cuando una de las partes invoca alguna sin exponer razones para sustentar su afirmación, el juzgador de amparo no está obligado, por regla general, a analizarlo, salvo que se trate de una cuestión de obvia y objetiva constatación, lo que no ocurre en la especie, por tanto, no se impone su análisis. El aludido criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, de octubre de 2006, página 365, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN". QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. En términos generales, la parte quejosa aduce que la Sala responsable viola en su perjuicio, entre otros, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no proveer a la eficaz e inmediata ejecución de la sentencia emitida en el juicio administrativo 460/2014-S-3 y omitir el dictado de las medidas adecuadas para lograrlo. Al respecto, esta juzgadora considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el concepto de violación propuesto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El derecho fundamental contenido en el precepto constitucional precitado, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Así, el precepto constitucional en comento señala, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a la administración de justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En ese tenor, la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios administrativos, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos. De igual forma, el imperativo constitucional contenido en el referido artículo 17, es el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; cobrando mayor relevancia cuando lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación o locales. Lo anterior es así, pues el derecho de acceso a la administración e impartición de justicia se haría nugatorio si las resoluciones definitivas no fueran acatadas tampoco de manera pronta y expedita, por quien se encuentra obligada a ello y por tanto, la función jurisdiccional carecería de objeto alguno el cual consiste, precisamente, en resolver las controversias entre los particulares o entre éstos y los órganos públicos; sobre todo cuando quien obtiene resolución favorable a sus intereses, no puede conseguir el cumplimiento de la misma por omisión o retardo, ya sea por parte de la autoridad jurisdiccional o de la parte obligada a ello. En esa tesitura, el incumplimiento del principio de justicia pronta se puede manifestar a través de dos vertientes: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio, y la tramitación del procedimiento respectivo (en este caso el de ejecución de una sentencia). En razón de lo anterior, basta que el retardo u omisión anotados se prolonguen más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y solución del juicio respectivo, para así actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución del resultado. En el mismo tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversas consideraciones en torno a la ejecución de las sentencias, en los términos siguientes: Una sentencia con carácter de cosa juzgada tiene que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto, y tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad. La efectividad de las sentencias depende de su ejecución. El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento. El cumplimiento de las sentencias está fuertemente ligado al derecho de acceso a la justicia, el cual se encuentra consagrado en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana. No basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión. Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. Sin embargo, la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia; se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. El retardo en la ejecución de una sentencia por parte del algún Estado se considera como una violación al artículo 25 de la Convención Americana. Para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, no es suficiente con que en el respectivo proceso o recurso se emita una decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y obligaciones o se proporcione la protección a las personas; además, es preciso que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. La ejecución de tales decisiones y sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario supone la negación misma de este derecho. El derecho a la protección judicial sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de una de las partes. Para satisfacer el derecho de acceso a un recurso efectivo no es suficiente con que se emitan decisiones definitivas, además, es preciso que existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados, pues uno de los efectos de la cosa juzgada es su obligatoriedad. La ejecución de las sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso al recurso, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva, ya que lo contrario supone la negación misma de este derecho. En ese contexto y conforme a los antecedentes previamente destacados, podemos colegir que la sala responsable, además de no proveer a la eficaz e inmediata ejecución de la sentencia emitida en el expediente administrativo 460/2014-S-3, ha omitido el dictado de las medidas adecuadas para lograrlo. Ello porque el acceso a la jurisdicción no sólo implica que toda persona tenga derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes. También comprende la eficaz ejecución de la sentencia que haya resultado favorable, con la certeza de que lo obtenido en la misma no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, sino que, con base en tal garantía, el órgano jurisdiccional sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada. En el caso, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en el juicio administrativo 460/2014-S-3 del índice de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en el que se resolvió que la moral demandada tendría que hacer la devolución al quejoso de las aportaciones de seguridad social y la gratificación correspondiente por los años que laboró en la dependencia de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, con el apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a las medidas de apremio previstas en el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Resolución que causó ejecutoria por la responsable hasta el veintiséis de febrero de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, vigente hasta el catorce de julio de dos mil diecisiete, requiriéndose al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para que en el término de diez días, diera cumplimiento a lo precitado en el párrafo que antecede; siendo, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de agosto de dos mil veinte), la entidad pública demandada no había dado cumplimiento a la precitada determinación. Ahora bien, por escritos presentados el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, siete de noviembre de dos mil diecinueve y veinte de febrero de dos mil veinte, ante la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se advierte que el quejoso en el juicio administrativo de origen solicitó que se requiriera a la autoridad demandada Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a fin de que cumpliera con la sentencia emitida en el citado expediente natural. Por lo que, se desprende que el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en el cual causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio administrativo 460/2014-S-3, fue lo último que se proveyó en el citado expediente de origen, aunado al tiempo excesivo que transcurrió desde la emisión de la sentencia (veintitrés de enero de dos mil dieciocho), hasta esa fecha en que causó ejecutoria dicha determinación, de ahí que se estime que en el caso se vulnera el derecho fundamental de la parte quejosa a que se le administre justicia pronta y expedita, tutelado en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. Además que la sala responsable de mérito ha inobservado el procedimiento de ejecución de la sentencia previsto en los numerales 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Tabasco aplicable, que disponen: "Artículo 89. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala o en su caso el Pleno, la comunicará sin demora alguna y por oficio, a las autoridades u organismos demandados para su cumplimiento. En el mismo oficio en que se haga la notificación, se les prevendrá, para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia correspondiente, en el término que prudentemente fije el Magistrado atendiendo a la naturaleza de la ejecución. Artículo 90. Cuando las autoridades u organismos demandados, no den cumplimiento a la sentencia dentro del término de tres días o al señalado por la Sala, o en su caso, el Pleno, de oficio o a petición de parte, dará vista a los mismos para que en el término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. La Sala, o en su caso el Pleno, resolverá si las enjuiciadas han cumplido con los términos de la sentencia y de no ser así, las requerirá para que la cumplan amonestándolas y previniéndolas que, en caso de renuencia, se les impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente a 250 días de salario mínimo general vigente en el Estado de Tabasco. Artículo 91. Cuando la autoridad demandada persista en su actitud, el Pleno resolverá a instancia de la Sala del conocimiento, solicitar del titular de la dependencia Estatal, Municipal u organismo a quien se encuentre subordinada, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a la resolución del Tribunal, sin perjuicio de que se apliquen los medios de apremio por una vez más. Si la autoridad persistiere en su actitud, el Tribunal solicitará al Gobernador del Estado, como superior jerárquico, obligue al funcionario responsable para que dé cumplimiento a sus determinaciones en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si la autoridad omisa es el Presidente Municipal o Primer Concejal en su caso, se pondrá en conocimiento del Cabildo o del Concejo Municipal esta circunstancia, por conducto del Síndico de Hacienda, como representante legal del mismo, para que se conmine al Presidente o Primer Concejal en su caso, a obedecer y en caso de que ambos desacaten lo ordenado se comunicará al Congreso del Estado para los efectos legales del caso. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de la demandada. Artículo 92. Cuando la autoridad demandada goce de fuero constitucional, el Pleno formulará la excitativa de declaración de procedencia, de conformidad con la legislación en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ante la Legislatura Local." Conforme a los citados preceptos, se aprecia que cuando las autoridades u organismos demandados, no den cumplimiento a la sentencia dentro del término de tres días o al señalado por la Sala, o en su caso, el Pleno, de oficio o a petición de parte, darán vista a los mismos para que en el término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en caso de que no cumplan en los términos de dicha sentencia las requerirá para que la cumplan amonestándolas y previniéndolas que, en caso de renuencia, se les impondría una multa. De igual forma, de dichos numerales se advierte que cuando la autoridad o servidor público condenado persiste en una actitud de incumplimiento de la sentencia de nulidad, el Pleno resolverá a instancia de la Sala del conocimiento, solicitar al superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal u organismo obligada a que conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del tribunal, sin perjuicio de que se apliquen nuevamente los medios de apremio por una vez más. Así, no obstante los requerimientos realizados, si no se logra el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, el Tribunal solicitará al Gobernador del Estado, como superior jerárquico, obligue al funcionario responsable a que dé cumplimiento a sus determinaciones en un plazo no mayor a diez días. Además, si la autoridad omisa es el Presidente Municipal o Primer Concejal en su caso, se pondrá de conocimiento del Cabildo o del Consejo Municipal, por conducto del Síndico de Hacienda, como representante legal del mismo, para que se les conmine a obedecer el fallo condenatorio, y en caso de desacatar lo ordenado se comunicará al Congreso del Estado para los efectos legales del caso. Asimismo, si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, el Pleno formulará la excitativa de declaración de procedencia, de conformidad con la legislación en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ante la legislatura local. Así, no obstante que el artículo 91 referido disponga que el Tribunal puede, como en el caso, reiterar cuantas veces sea necesario la aplicación de una multa para lograr el cumplimiento de la sentencia, lo cierto es que el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, debe requerir al superior jerárquico de la dependencia estatal, municipal u organismo obligada a que conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del tribunal; lo anterior, sin perjuicio de reiterar cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. En el caso, las medidas adoptadas por la Sala responsable han sido insuficientes e ineficaces para conseguir el cumplimiento de la sentencia en cuestión emitida en el expediente administrativo 460/2014-S-3, pues hasta la fecha en que se dicta la presente sentencia, no se advierte constancia alguna que evidencie que ya se dio cabal ejecución a lo determinado en dicha resolución. Por lo que, es dable sostener que el Pleno del Tribunal responsable ha sido omisa en acatar lo dispuesto por los artículos 90, 91 y 92 de la ley en consulta. Lo anterior es así, toda vez que dichas actuaciones resultan indispensables para la continuación del procedimiento de ejecución, y es jurídicamente posible concluir que aquél ha incumplido con esa obligación. Por tanto, la actuación de la sala responsable hace nugatorio el derecho fundamental de las accionantes del amparo, específicamente el contenido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional y el diverso 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues al no realizar los actos jurídicos y eficaces a su alcance para ejecutar de manera pronta y completa la sentencia, se traduce en una denegación de justicia al gobernado, pues ningún fin práctico le produce haber obtenido la declaración de un derecho, si no puede concretarlo o ejecutarlo. Máxime que desde la emisión de la sentencia de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, no se ha podido dar cumplimiento a ella, al ser insuficientes las medidas adoptadas por la citada responsable, esto, porque como se dijo anteriormente, una sentencia con carácter de cosa juzgada tiene que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva Pues para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, no es suficiente con que en el respectivo proceso o recurso se emita una decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y obligaciones o se proporcione la protección a las personas; es preciso que existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados, lo que en el caso no ha sucedido. En las relatadas circunstancias, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la justifica federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad: Con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice los trámites conducentes y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución de la sentencia emitida en el juicio administrativo 460/2014-S-3 de su índice, que en el caso consiste en hacer la devolución al quejoso Candelario Sánchez Luciano, de sus aportaciones de seguridad social y la gratificación correspondiente, por los años que laboró en Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Para lo cual deberá adoptar las medidas necesarias y eficaces en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir su cumplimiento, de conformidad con lo previsto por los artículos 90, 91 y 92 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco aplicable. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Candelario Sánchez Luciano, contra el acto reclamado a la autoridad responsable en los términos señalados en el considerando quinto de esta resolución y para los efectos del considerando sexto. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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