Candelario Ramirez Esquivel

Expediente 1130/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1130/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Candelario Ramirez Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Glósese el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por virtud del cual remite las constancias de notificación de las determinaciones por las cuales dio cumplimiento a la sentencia dictada en este expediente, sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el diverso oficio signado por el promovente, mediante el cual dio cumplimiento a la sentencia dictada en este expediente.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve (vía interconexión) el juicio de amparo de su índice, formado con motivo del diverso de este Juzgado, e informa que no acepta la competencia planteada por este Órgano Jurisdiccional, por las consideraciones que expone; criterio que no comparte este juzgador, como se expondrá más adelante. Se acusa recibo. En consecuencia, acúsese recibo de dicha comunicación al homólogo federal. El artículo 48 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior [.]". Del precepto legal transcrito, se advierte que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. El órgano requerido, una vez que reciba la demanda y sus anexos por éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Caso concreto. De autos se advierte que este Juzgado Federal, mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo ********************. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de quien reclama la paralización total del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado con clave única de refugiados ********************y la omisión de emitir resolución en dicho procedimiento. Asimismo, en el apartado de antecedentes el promovente refirió que el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda, a través de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, el reconocimiento de condición de refugiado, la cual se admitió al uno de junio del año en curso, a la que se le asignó la clave única de refugiados ********************; sin embargo, a la fecha no le ha sido realizada ninguna entrevista, ni le ha sido notificada resolución alguna de dicho procedimiento. En atención a lo anterior, se estima que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer y resolver del presente asunto; para demostrar esta premisa, es necesario trascribir el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la interpretación literal del artículo citado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla que se encuentra contenida en el señalado numeral, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo trascrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. Ahora bien, tratándose de actos omisivos la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión, puesto que en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación; en ese sentido, las autoridades no solo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Desde la Sexta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendía que dentro de los actos negativos se encuentran las decisiones, ejecuciones u omisiones. En su jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los actos negativos -omisivos- en realidad producen efectos meramente declarativos, es decir, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular, consecuentemente, carecen de ejecución material, empero, ha precisado que los actos negativos -omisivos- con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo, producen un cambio en la realidad o modifican un estado existente en las cosas. Ahora, para fijar la competencia por cuestión de territorio, respecto de actos que requieren de ejecución material, no basta que los actos omisivos únicamente produzcan efectos positivos en virtud de un cambio en la realidad o modifiquen un estado existente en las cosas, sino que esos efectos generen o puedan generar materialmente una ejecución. Ahora bien, en la contradicción de tesis 327/2021 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, por lo que a partir de tal premisa y atendiendo a que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que afecta la esfera jurídica del particular, el acto consistente en la omisión de resolver un procedimiento trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, concluyó que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión de resolver un procedimiento, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir la determinación correspondiente, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Así mismo, en la contradicción de criterios 1/2023, que dio origen a la jurisprudencia con robro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN." la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Ahora bien, en el caso el quejoso reclama de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México la omisión de resolver el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado con clave única de refugiados ********************, por lo que la autoridad que resulta legalmente competente para conocer de la acción constitucional intentada es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado, esto es el que ejerce jurisdicción en Ciudad de México, que en el caso lo es alguno de los residentes en esa Ciudad, como lo establece el Acuerdo General 3/2013, pues es ahí en donde se desarrolla el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En consecuencia, quien resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se dictara la resolución del procedimiento de refugiados que promovió el quejoso; es decir, el Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En consecuencia, se insiste en declinar competencia en favor del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse vía electrónica las constancias que mediante interconexión devolvió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para que tenga a bien resolver lo conducente, respecto del conflicto competencial que se plantea. Habilitación del expediente electrónico. Por tanto efecto de facilitar acceso a las constancias relativas al juicio de amparo ********************, se instruye a la analista jurídica de esta adscripción para que permita la disponibilidad y el acceso al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relacionando dicho juicio, a fin de que el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del conflicto de mérito, esté en posibilidad de vincular el mismo con el expediente que al efecto se forme. Por lo que las actuaciones de este juicio de amparo, las podrá consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Glósese el oficio signado por el Director General de Gobernación y Secretario de la Comisión del Registro Estatal de Peritos, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en el proveído de dieciséis de agosto del año en curso, informa que una vez revisada la base de datos del Registro de los Peritos en Materia de Topografía, los expertos tienen la responsabilidad de cobro de sus honorarios por sus servicios, por lo que no se tiene la autoridad por parte de esa Comisión de instruir a que realicen algún dictamen. Estado de constancias. De lo anterior se advierte que no se ha obtenido respuesta favorable de los requerimientos efectuados a fin de que se proporcionara el nombre y domicilio de un perito en materia de Topografía (agrimensura), para que funja como experto de este Juzgado. En vista de lo anterior, y tras una búsqueda en la "Lista de personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintitrés" en materia de topografía, se observa que el perito ********************se encuentra registrado con el número ********************. Asimismo, del artículo 9 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, se advierte que a efecto de designar peritos con cargo al presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, se deben colmar los siguientes requisitos: I. Formular solicitud a dos instituciones públicas, educativas o colegios de profesionistas a fin de que proporcionen el auxilio de un perito gratuito; II. De no obtener respuesta favorable, accederá al Directorio de Peritos para elegir en el Circuito de su jurisdicción, el nombre y datos de localización del perito registrado. En caso de no encontrarlo, se elegirá al más cercano a su domicilio; III. Deberá asegurarse de designar de manera consecutiva los peritos en la materia, dentro del mismo circuito; IV. Una vez seleccionado el perito le solicitará manifieste estar en aptitud de prestar el auxilio y su conformidad con el Arancel correspondiente a la materia de su dictamen pericial; V. El Solicitante informará a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, el monto de los honorarios para hacer la previsión de los recursos; y VI. Realizado el servicio encomendado, se solicitará al perito presentar el comprobante fiscal digital y, en su caso, la documentación comprobatoria de Gastos, a fin de remitirla a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería para el pago correspondiente. Pues bien, en el caso se advierte que en el presente juicio se encuentran colmados los requisitos I, II y III. Lo anterior, puesto que esta autoridad ya solicitó a más de dos instituciones públicas el auxilio con el fin de que proporcionaran un perito gratuito, sin haber obtenido respuesta favorable. Sin embargo, a efecto de dar cabal cumplimiento a los puntos IV, V y VI se estima necesario que el perito aludido manifieste lo siguiente: a) Si se encuentra en aptitud de prestar el auxilio para la emisión del dictamen requerido, esto es, si cuenta con los conocimientos necesarios para emitir el dictamen respectivo con relación a la prueba pericial ofertada en autos. b) Si está conforme con el "ARANCEL para el cálculo de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritas y peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación", correspondiente a dos mil veintitrés. Requerimiento a perito. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a ********************con el fin de que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante este órgano jurisdiccional lo especificado en los incisos a) y b) antes precisados. Para lo cual se ordena que al momento de su notificación se le proporcione copia autorizada del escrito inicial de demanda con registro ********************, de la sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, así como de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito de registro ********************, y finalmente del acuerdo de veintitrés de mayo del año en curso, en que se admitió la prueba pericial en materia de Topografía (agrimensura). Ello, con el fin de que esta autoridad se encuentre en aptitud de nombrarlo como perito oficial y se pueda efectuar el pago de los honorarios correspondientes una vez que emita el dictamen que se le encomiende. Apercibimiento. Se apercibe al citado experto que de no hacer lo anterior en el plazo concedido, de conformidad con la aplicación análoga del artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tendrá por no conforme y se procederá a designar un diverso perito. Se ordena notificar a perito. Por tanto, toda vez que en el oficio con que se da cuenta se advierte que el mencionado profesionista ********************tiene su domicilio ubicado en ********************; en consecuencia, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, se constituyan en la citada dirección a fin de notificarle la presente determinación. Notifíquese; y personalmente al perito ********************.

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