Candelario Perez Jimenez
Expediente 1187/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Candelario Perez Jimenez
Actuaciones
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES;SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO....
- Principal
Villahermosa, Tabasco, treinta de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibida la demanda promovida por ..., contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como el juicio 1187/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Ahora, antes de proveer respecto la admisión o desechamiento de la demanda de derechos fundamentales, es menester precisar que el juicio de amparo es el medio de control constitucional que el Estado mexicano instauró para que el gobernado sea restituido en el pleno goce de los derechos humanos violentados por actos de las autoridades o particulares con potestad legal en contravención de las disposiciones legales y constitucionales. La tutela constitucional de la que se habla, únicamente puede ocurrir tratándose de un acto de autoridad y, excepcionalmente, de dos o más, empero, para ello, se requiere que entre éstos exista una estrecha relación, de tal forma que pueda ser objeto de análisis en una sola demanda. Lo anterior, se puede evidenciar del contenido de la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley." En ese orden de ideas, es de estimarse que si la parte quejosa al promover juicio de amparo señala dos o más actos reclamados desvinculados entre sí, el Juez de Distrito debe ordenar la separación de juicios de manera oficiosa, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Jurisprudencias P./J. 76/97 y P./J. 77/97, al resolver la contradicción de tesis 6/96, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, visible a fojas 118, Tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establecen: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación" "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá". Expresado lo anterior, es de decirse que de la lectura de la demanda de amparo de cuenta, se puede advertir que la parte quejosa reclama diversos actos, las que por su naturaleza no guardan relación entre sí, lo que permite al suscrito separar juicios de forma oficiosa. Para evidenciar lo anterior, resulta oportuno destacar que del estudio integral del contenido de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes "ACTO RECLAMADO. La omisión del Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de notificar el acuerdo que en su momento recaiga al escrito de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dirigido al expediente laboral 392/2016 de estadística La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dirigido al expediente laboral 392/2016 de su índice." AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Presidente Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. En esas condiciones, es dable determinar la existencia de diversos actos reclamados, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; por tanto, al tratarse de actos desvinculados entre sí; entonces, lo procedente es decretarse la separación de juicios. Se sostiene tal aseveración porque de su escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala distintos actos reclamados omisivos que se encuentran desvinculados entre sí, no obstante que se promovió una sola demanda de amparo. En ese tenor, conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aplicados a contrario sentido, procede la separación de juicios, pues de conformidad con el principio de unidad que rige el juicio de amparo, no es posible resolver las diferentes controversias en una sola audiencia constitucional; quedando únicamente para analizar en este juicio de amparo el acto consistente en: a) La omisión del Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de notificar el acuerdo que en su momento recaiga al escrito de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dirigido al expediente laboral 392/2016 de estadística." Derivado de lo anterior, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en: b) La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de acordar el escrito de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dirigido al expediente laboral 392/2016 de su índice. Obténgase copia certificada del escrito de demanda inicial, a fin de remitirla a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO; para que proceda a registrarla y la remita a este órgano de control constitucional. Tiene aplicación, en lo conducente y en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, agosto de dos mil cuatro, novena época, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva". ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Precisado lo anterior, por lo que respecta al acto reclamado señalado en el inciso a), cabe destacar que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, parte in fine de la Ley de Amparo; y a continuación se analiza la que se actualiza en la especie, la cual es la prevista en el referido precepto legal, en su fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 1, fracción I ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, se tiene que el acto reclamado señalado con en el inciso a), la omisión del Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de notificar el acuerdo en su momento pudiera recaer al escrito de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dirigido al expediente laboral 392/2016 de estadística, es un acto futuro, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior es así, porque, como lo manifestó el propio quejoso, dentro del juicio laboral 392/2016, de la estadística del Tribunal señalado como responsable, no se ha emitido el acuerdo respectivo, por lo cual, se itera, el acto reclamado es un acto futuro; pues no hay que perder de vista que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores. Es aplicable la jurisprudencia número 133 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Octava Época, Materia Común, registro 1002199, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Igualmente, es aplicable la tesis IX.1º. 17 L (10ª), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Libro 13, Diciembre de 2014, página 835, Materia Común, Decima Época, cuyo rubro y texto dice: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." En ese orden de ideas, es evidente que en el caso a estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, se desecha la amparo respecto del acto señalado en el inciso a) por los motivos expuestos en párrafos precedentes. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles, ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese..."
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