Candelario Mota Cortez
Expediente 905/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Candelario Mota Cortez
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso para desahogar el requerimiento formulado en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, transcurrió del uno al siete de octubre del año en curso, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar notificado para ello, como se advierte de la constancia de notificación respectiva (fojas 11 y 12). Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA: Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso para desahogar el requerimiento formulado en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, transcurrió del uno al siete de octubre del año en curso, sin que lo hubiera hecho, a pesar de estar notificado para ello, como se advierte de la constancia de notificación respectiva (fojas 11 y 12). Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la Representante Legal de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, para remitir las impresiones de los estados o movimientos realizados en la cuenta bancaria *** desde su apertura a la fecha. Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento de multa realizado en auto de nueve de septiembre del año en curso y se impone a la representante de dicha institución bancaria, una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario, por su incumplimiento. La multa anterior se hará efectiva, a través del oficio para la autoridad correspondiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que giraré en el momento procesal oportuno. Pese a lo anterior, se requiere por última ocasión para que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, remita las constancias antes precisadas. Hágasele saber que en caso de cumplir en el plazo antes precisado, este órgano jurisdiccional tomará en consideración dicha conducta y podrá dejarse sin efecto la multa impuesta en el presente asunto. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las ONCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos (con anexos) que suscribe ***, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Prevención De la lectura integral de la demanda advierto las siguientes irregularidades. En el apartado de autoridades responsables observo que señala con tal carácter a la: "Fiscal Metropolitano de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos [.]" Entonces, se entiende que las denominaciones de las autoridades señaladas son imprecisas, pues del Acuerdo del Fiscal General del Estado, por el que establece la Estructura Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se advierte dicha dependencia cuenta con cuatro Fiscalías Generales o Especializadas -de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, de Investigación Metropolitana y de Investigación Regional -. Las cuales a su vez cuentan con las Direcciones Generales, Direcciones, Unidades, Subdirecciones y Jefaturas o Departamentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. De lo anterior, se desprende que no existen las autoridades citadas, como lo señala el quejoso. Ello, pues si llegara a admitirse la demanda, se imposibilitaría la notificación a las referidas autoridades -al margen de que ninguna existe con esas denominaciones- como ha sucedido en otros asuntos que han terminado en sobreseimiento, por la falta de una autoridad concreta. Luego, es indispensable que el quejoso proporcione la denominación concreta y actual de las autoridades que pretende involucrar en este juicio, pues los órganos de protección carecen de facultades para elegir la autoridad que debe ser llamada, pues el numeral 108 fracción III, de la Ley de Amparo impone esa carga al quejoso. Como se ve, resulta imprecisa la denominación de las autoridades responsables, pues los términos en que está redactada la demanda de amparo son confusos. Por otra parte, advierto que el quejoso en su demanda de amparo señala como actos reclamados la orden de aprehensión y arraigo. Sin embargo, las autoridades señaladas en su demanda carecen de facultades para librar una orden de aprehensión o arraigo, pues dada la naturaleza de dichas ordenes, implicaría la participación de autoridades judiciales con el carácter de ordenadoras. Así, es indispensable la aclaración del reclamo planteado en la demanda, a fin de que las autoridades responsables puedan identificar el acto concreto por el cual deberán rendir informe -si llegara a admitirse el juicio de amparo-. Por tanto, con apoyo en los artículos 108, fracción III y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiero al quejoso, para que en el plazo de cinco días, siguientes a que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, manifieste bajo protesta de decir verdad las siguientes aclaraciones: 1. Señale las denominaciones completas, correctas y actuales de las autoridades. 2. Para evitar confusión respecto de las autoridades que señale como responsables, en su escrito aclaratorio deberá señalar todas y cada una de las autoridades que pretende señalar como responsables en este juicio de amparo. 3. Si lo que desea excluir en esta vía de amparo es la orden de arraigo y aprehensión, el cual podría resultar en la improcedencia del juicio; 4. O bien, manifieste si insiste en señalar como acto reclamado la orden de arraigo y aprehensión librada en su contra, y solo en caso afirmativo deberá señalar alguna autoridad judicial; y en su caso manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, o sólo la orden de presentación. Hago saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; una para cada autoridad que señale como responsable; una más para la persona que -en su caso- tenga el carácter de terceros interesados en términos del artículo 5, fracción III, de la ley de la materia y dos más para el incidente de suspensión. Asimismo, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento que antecede en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades e impresiones mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo, tengo por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona de nombre ***, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y solo oír y recibir notificaciones a las demás personas que nombra, por así haberlo solicitado el quejoso en su escrito de cuenta. Autorización para toma de fotografías. Hago del conocimiento al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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