Candelario Jasso Velazquez

Expediente 978/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
978/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
03/05/2016

Partes del expediente

  • Candelario Jasso Velazquez
  • Candelario Jasso Velazquez y Otros.
  • Juzgado Quinto Mercantil del Distrito Jusdicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, habiéndolo hecho únicamente la parte quejosa; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El treinta de octubre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se sobreseyó. (Foja 37 a 40) 2. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien en los autos del amparo en revisión número 2/2016, el veinticinco de febrero del año en curso, resolvió (foja 61 a 83): II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. El Tribunal de Alzada concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para: "1. Que el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, deje insubsistente la sentencia interlocutoria impugnada. 2. Enseguida, emita una nueva, en la que reitere las consideraciones que no son materia de la presente concesión, y en seguimiento de los lineamientos jurídicos precedentes, determine si los gastos erogados por la parte demandada por concepto de servicios periciales, son cuantificables o no, sin soslayar que éstos se encuentran comprendidos dentro de las costas judiciales; de conformidad con lo establecido en la legislación federal o local que regule los mecanismos locales para tal efecto, y en caso de que dicho gasto no se encuentre incluido expresamente en la legislación aplicable, o bien, los aranceles no existan, deberá remitirse a las pruebas aportadas, y a las constancias de autos. 3. Hecho lo anterior, emita el fallo que en derecho corresponda.". En ese tenor, a través de la misiva 575, de quince de marzo de dos mil dieciséis, la Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que con fecha diez de dicho mes y año, emitió un acuerdo por el que dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de uno de junio de dos mil quince, la cual constituyó el acto reclamado, y turnó de nueva los autos parta el dictado de la resolución correspondiente, la cual emitió en la fecha en que emitió el comunicado; y, para corroborar su dicho, exhibió copia certificada de dichas actuaciones. (Fojas 90 a 113) Constancia a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregada a los presentes autos. Por acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere; haciéndolo únicamente la parte quejosa. (Fojas 114 y 119) Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la autoridad responsable, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que ésta cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: Por acuerdo de diez de marzo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, la Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dejó insubsistente la resolución de fecha uno de junio de dos mil quince, emitida por la propia autoridad en el cuaderno de ejecución de sentencia, derivado del expediente 280/2013, y ordenó turnar los autos, con la finalidad de que, en acatamiento al fallo protector, pronunciara otra. Así, en su lugar, el quince de marzo del año en curso, emitió una nueva sentencia en la que, reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión. Lo anterior es así, pues en principio, se pronunció en el sentido de que resultaba improcedente el reclamo de la actora incidental relativo al pago de la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de gastos y costas; de igual manera, determinó improcedente la condena por la diversa cantidad de $35,696.22 (treinta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), por concepto de gastos y costas judiciales, por las razones que ahí expuso. Enseguida, en seguimiento de los lineamientos jurídicos contenidos en la ejecutoria de amparo, tocante a los gastos reclamados por el promovente, aquí quejoso, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto del dictamen pericial emitido por Rafael Ángel Miranda Martínez, de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, determinó quedaban comprendidos dentro de las costas judiciales, por lo que resultaban cuantificables, pues se trataba de gastos realizados para el desarrollo del procedimiento. Consideró, que del articulado de la normatividad aludida no se advertía que contuviera expresamente contemplados los honorarios de los peritos o bien, el gasto que una de las partes realizara para el desahogo de la prueba pericial, sea cual fuera la materia para la que se hubiesen propuesto los expertos, puesto que el artículo 7° de dicha disposición legal, encierra en sus fracciones de la I a la XVI, las cantidades que se cobrarán por los trabajos ahí descritos, con las salvedades para el incremento de dichas cantidades a que se hace alusión en el diverso numeral 8° de la propia ley. Concluyó, que de la citada disposición se advierte que los dictámenes periciales no se encuentran comprendidos de forma expresa en la Ley del Arancel para el Pago de Honorarios de abogados y Costas Judiciales en el Estado de México, y dentro del cúmulo de las disposiciones legales vigentes en la entidad, no existía disposición arancelaria para el pago de honorarios de peritos, a diferencia de otros estados, por lo que, de conformidad a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, así como en la citada jurisprudencia, lleva a la responsable a remitirse y valorar las pruebas aportadas por la actora incidental, así como las constancias que integraban el expediente, en términos de lo dispuesto en el Código de Comercio, a fin de emitir el fallo correspondiente. Así, en relación con la documental privada, allegada al procedimiento de ejecución por el promovente incidentista, aquí quejoso, consistente en el recibo de honorarios, extendido a su favor por Rafael Ángel Miranda Martínez, en fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, que amparaba la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de honorarios, por el servicio prestado en la elaboración de un dictamen en materia de grafoscopía, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 280/2013, determinó que, en términos de lo establecido en el artículo 1296 del Código de Comercio, merecía plenos efectos demostrativos, ello, al no haber sido objetada por su contraparte, pues ésta no había desahogado la vista que se ordenó con la interposición del incidente, lo que conllevaba a tener por reconocido dicho documento; de ahí que, al resultar útil para acreditar la cantidad que erogó la parte demandada en lo principal y actora incidentista, con motivo de la prueba pericial que propuso, misma que sirvió de base para emitir la sentencia definitiva absolutoria, respecto de la citada cantidad debía aprobarse su liquidación. En las relatadas circunstancias, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que la juez responsable, en autos del cuaderno de ejecución de sentencia, derivado del expediente 280/2013, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de uno de junio de dos mil quince, y una vez que turnó los autos con la finalidad de que, en acatamiento al fallo protector, pronunciara otra, el quince de marzo del año en curso, en su lugar, dictó una nueva, en la que en seguimiento de los lineamientos jurídicos expuestos en aquélla, determinó que los gastos erogados por la parte demandada por concepto de servicios periciales, sí eran cuantificables, al quedar comprendidos dentro de las costas judiciales, de conformidad con lo establecido en la legislación federal aplicable, el cual merecía plenos efectos demostrativos, al no haber sido objetada por su contraparte, lo que conllevaba a tener por reconocido dicho documento; y que, al resultar útil para acreditar la cantidad que erogó la parte demandada en lo principal y actora incidentista, con motivo de la prueba pericial que propuso, misma que sirvió de base para emitir la sentencia definitiva absolutoria, respecto de la citada cantidad debía aprobarse su liquidación. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. e) De conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de constancias, las cuales coinciden con su original. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la autorizada del quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones con respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en autos, por las autoridades responsables. En atención a su contenido, téngase a la ocursante desahogando la vista otorgada en acuerdo de diecisiete de los cursantes; manifestaciones que podrán ser tomadas en consideración al momento de que este juzgado se pronuncie respecto al cumplimiento al fallo protector.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, mediante el cual informa sobre la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de siete de los cursantes y remite copias certificadas para acreditar su dicho. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con el cumplimiento otorgado por la responsable, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad, de oficio, se determinará si la ejecutoria amparante quedó o no cumplida.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE LISTA

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