Candelario Hernández Rodríguez
Expediente 45/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Candelario Hernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudiera recurrir en queja contra el auto de catorce de enero de dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida al parecer por **, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Estado, y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 45/2022-VII-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, pues, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 61 de la Ley de Amparo y 107, fracción I2 , de la Constitución Federal. En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. 2 Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado. En el entendido que, en todo caso, la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o, al haberlo presentado por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de su firmante. Ello obedece a que la firma tiene como función esencial no sólo identificar a su autor, sino también la de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Así, una vez recibida la demanda de amparo ante el órgano jurisdiccional, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquella externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o bien, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En el caso concreto, de la certificación de cuenta sea aprecia que la demanda de amparo con registro 608, promovida al parecer por ***, carece de firma autógrafa o electrónica, toda vez que no se presentó el original del libelo constitucional, como de desprende del rubro de observaciones de la papeleta de turno con número de registro 000195/2022, por ende la firma que obra al calce de ésta no es autógrafa, ya que es copia simple de la misma. En ese sentido, no puede otorgársele validez, en razón que las copias fotostáticas simples constituyen reproducciones de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, por lo que existe la posibilidad, dada su naturaleza y los avances de la ciencia, que no correspondan a una documental realmente existente, sino por el contrario, a uno prefabricado, que para efecto de su fotocopiado permita reflejar la existencia irreal de la constancia que se pretende hacer aparecer. De ahí que, por sí mismas, las copias fotostáticas simples sólo constituyen un indicio de la reproducción que reflejan, quedando al prudente arbitrio del juzgador su alcance jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 127, registro digital 192109, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles". En adición a lo expuesto, entonces si el ocurso constitucional carece tanto de la firma autógrafa como electrónica de ***, quien figura como parte quejosa, de ahí que sea evidente que no existe plasmada en ese ocurso constitucional manifestación de voluntad del impetrante para acudir a la presente instancia constitucional, pues tal ocurso, como se dijo, carece de firma autógrafa y electrónica, lo cual constituye el medio con el cual las partes en el juicio expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, ya que con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Por ello, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por carecer de la firma autógrafa o electrónica de su promovente, lo que implica que no existe voluntad de ejercer la acción de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 214 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Quinta Parte, página 71, registro 242775, que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así como la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Compilada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, octubre de 1992, página 315, registro 218142, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el promovente, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con los artículos 26, inciso j) y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones, aún las de carácter personal medio de listas que se publican en los estrados de este juzgado. Sin que sea el caso tener como medio de notificación el correo electrónico que proporciona, toda vez que el mismo no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tal efecto. En el entendido que de solicitar que las notificaciones se practiquen vía electrónica, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, con la exigencia que deberá proporcionar el nombre de usuario a que se refiere el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, pues sin este requisito no es factible conceder la autorización que requiere. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico y de los números telefónicos que precisa, para efectos de comunicaciones no procesales. Por otra parte, no ha lugar a tener como autorizado a la persona que designa en los términos que lo hace, en razón de que la demanda de amparo que dio origen al presente acuerdo carece de firma autógrafa o electrónica, por ende no se tiene la certeza jurídica que es voluntad del promovente designar a dicha persona como su autorizado en este juicio. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19", se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el arábigo 5 del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al número telefónico 9626987434 extensiones 1101 y 1109. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INICIO DE JUZGADO Toda vez que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese; y, personalmente
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes
- CAMILA DE LA CARIDAD ARIAS DIAZ y Otros.1584/2022
- Camila Sanchez Salazar1464/2022
- Camilo Jaime Guzmán504/2021
- Camilo Ojeda Domínguez327/2022
- Candelario Hernández Rodríguez598/2023
- Candelario Hernández Rodríguez575/2023
- Caridad Diaz Gabriel812/2023
- Carla Esthela Rodriguez Parrilla85/2023
- Carlo Ulises Fuentes Paz236/2021
- Carlos Acevedo Morales600/2022
- Carlos Adrian Cabrera Peña661/2023
- Carlos Adrián García Flores y Otros.552/2021