Candelario Corrales Frausto

Expediente 339/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
339/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Candelario Corrales Frausto

Actuaciones

  1. Principal

    ... Ténganse por recibido el escrito signado por el promovente del amparo, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en el sentido de que se le expidan copias simples de todo lo actuado en la presente causa penal, carpeta administrativa y carpeta de investigación, así como los audios y videos. En ese sentido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que el sumario en el que se actúa se trata de un juicio de amparo indirecto, no así una causa penal o carpeta de investigación; asimismo, por acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda que dio origen al presente y, por acuerdo de veintiocho siguiente causó estado dicho desechamiento, ordenándose su archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, proveído que no fue recurrido dentro del término legal Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: no es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) ...

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA *****EL PROVEÍDO DICTADO EL SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama del Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la sede de Irapuato, y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 339/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente respecto del acto que en esta vía reclama, consistente en: - La orden de citación girada en contra del quejoso, así como su ejecución. Lo anterior, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo primero, concatenando con la fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, como actos de imposible reparación deben entenderse aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente. Ahora bien, en el caso concreto, el acto reclamado en estudio se hace consistir en la orden de citación girada en contra del quejoso y su ejecución; sin embargo, se estima que no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, tales como, en sus bienes o derechos, ni tienen una ejecución que sea de imposible reparación, como es el derecho a la libertad. En efecto, la orden de citación dictada en contra del aquí quejoso, así como su ejecución, se hace notar que la misma representa un aviso de que debe comparecer ante autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia tendente a solucionar un conflicto derivado de una carpeta de investigación en la que pudiera estar involucrado, sin que hasta el momento conozca la naturaleza de la citación. Sobre esa base, en el supuesto de que se le considere imputado, al encontrarse la carpeta de investigación en estado de integración, en principio, no se tiene certeza de que el agente del ministerio público correspondiente determinará ejercitar acción penal en su contra, o bien, que dicte el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; y, aún en la hipótesis de que determinara ejercer acción penal, como se dijo, sería el Juez de proceso a quien le compete resolver sobre el pedimento del representante social, cuya decisión, en todo caso, sería la que podría causar una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relativos a la citación de la parte quejosa, como en el caso acontece, toda vez que los actos en estudio no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte; aunado a que, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social. Ello es así, pues se considera que dicho acto sólo puede afectar derechos adjetivos o procesales en la integración de una indagatoria, por la emisión de actuaciones tendentes a la investigación de los hechos, de los cuales se duele la parte quejosa. Sin embargo, el acto reclamado que se analiza no trasciende a la esfera jurídica del quejoso, pues aun cuando tengan el carácter de imputado, existe la posibilidad de que puedan obtener resolución favorable como lo es el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la parte agraviada, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. En el caso particular, se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común, Penal) Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." PRIMERA SALA Contradicción de tesis 141/2018. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 17 de octubre de 2018. La votación se dividió en dos partes: Mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro González Piña. Criterios contendientes: El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja 31/2018, consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. El emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 137/2016, determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 111/2017, consideró que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial, porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. Tesis de jurisprudencia 78/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, consistente en la orden de citación, dictada en contra del aquí quejoso; por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, respecto del acto en estudio, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. AUTORIZADOS A la persona que indica el quejoso en su demanda, se tiene como su autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte quejosa y al resto de las partes para que propongan diversos medios de contacto, tales como otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que puedan tener intervención en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al período de vigencia, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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