Candelaria Torres Monroy
Expediente 651/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Candelaria Torres Monroy
Actuaciones
- Principal
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad... declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción...
- Principal
... promueve juicio de amparo contra actos del... se concluye respetuosamente que este juicio de amparo es improcedente, debido a que la omisión del Juez responsable de pronunciarse respecto de la tramitación del recurso de apelación interpuesto por la promovente, deriva de una solicitud efectuada en un procedimiento seguido en forma de juicio; máxime que incluso la violación que alega no implica necesariamente que vaya a obtener una respuesta desfavorable... cuando la omisión reclamada ocurre dentro de un procedimiento, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los términos que rigen el procedimiento; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta... Lo anterior no implica dejar en estado de indefensión a la promovente, debido a que la omisión reclamada será subsanada una vez que el expediente de origen se encuentre debidamente integrado con la razón de emplazamiento que refirió, y el Juez responsable emita el pronunciamiento respectivo... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se facultan como autorizados... a las personas que refiere, debido a que no cuentan con cédula profesional registrada... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 651/2019 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley, es decir, se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que en la fracción XXIII de dicho artículo, se da sustento a la improcedencia legal y jurisprudencial; esto es, que puede derivar de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues las enumeradas por el artículo 61 no son limitativas sino enunciativas. Por otra parte, existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que es improcedente el juicio de amparo cuando se reclama de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición cuando el particular eleve la solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Época: Décima Época Registro: 2008884 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Página: 480 "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Cabe precisar que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia constituida por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser acatada por los Juzgados de Distrito. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que la promovente hace consistir el acto reclamado en el auto de diecinueve de junio del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual dicho Juzgado se reservó proveer respecto del recurso de apelación interpuesto por la promovente. Cabe destacar que el Juzgado responsable se reservó proveer hasta en tanto constara en los autos del expediente de origen, el emplazamiento incidental respectivo. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo es improcedente, debido a que la omisión del Juez responsable de pronunciarse respecto de la tramitación del recurso de apelación interpuesto por la promovente, deriva de una solicitud efectuada en un procedimiento seguido en forma de juicio; máxime que incluso la violación que alega no implica necesariamente que vaya a obtener una respuesta desfavorable. Es así que, cuando la omisión reclamada ocurre dentro de un procedimiento, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los términos que rigen el procedimiento; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior no implica dejar en estado de indefensión a la promovente, debido a que la omisión reclamada será subsanada una vez que el expediente de origen se encuentre debidamente integrado con la razón de emplazamiento que refirió, y el Juez responsable emita el pronunciamiento respectivo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se facultan como autorizados en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, debido a que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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