Candelaria Diaz Sánchez

Expediente 319/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
319/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Candelaria Diaz Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el correo electrónico firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula B-V-7, con sede en esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que dentro de la carpeta de investigación FED/VER/PRICA/0002441/2023, de su índice, determinó el no ejercicio de la acción penal, a favor de quien resulte responsable. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el correo electrónico firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula B-V-7, con sede en esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, mediante el cual solicita que se le permita el acceso al perito oficial en grafoscopía forense el día dieciséis de los actuales a fin de que pueda consultar los documentos originales que obran en este expediente para efectos de integrar la carpeta de investigación FED/VER/PRICA/0002441/2023. Por tanto, signifíquese a la representación social federal que se le autoriza la consulta del expediente tanto físico como electrónico si le es necesario al profesionista que indica, quien deberá comparecer a las instalaciones de este juzgado en el horario de atención al público de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos debidamente identificado, dejándose constancia en autos de su consulta. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 20, fracciones I y III, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia y al haberse negado la medida cautelar definitiva. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberán destruirse los expedientes y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con el segundo párrafo del artículo 20 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obra la constancia de notificación del oficio con el que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquella carece de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para la parte impetrante del amparo, quien es la que tiene el agravio personal y directo, al verse afectada por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    (aviso) notificación por lista al quejoso.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 20, fracciones I y III, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia y al haberse negado la medida cautelar definitiva. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberán destruirse los expedientes y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con el segundo párrafo del artículo 20 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el sumario no obra la constancia de notificación del oficio con el que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquella carece de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para la parte impetrante del amparo, quien es la que tiene el agravio personal y directo, al verse afectada por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir.

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