CANDELARIA DÍAZ HERNÁNDEZ y Otros.

Expediente 785/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
785/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa con sede en Puerto Escondido, Oaxaca
  • CANDELARIA DÍAZ HERNÁNDEZ y Otros.
  • Candelaria Díaz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, y secretario adscrito, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número ***...**. Se remite escrito del quejoso Por otra parte, toda vez que en auto de doce de septiembre del año en curso, se reservó proveer respecto al escrito del autorizado de la parte quejosa, hasta en tanto el Juez de Distrito en Turno en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, proveyera respecto a la competencia planteada en auto de seis de septiembre de esta anualidad; lo que en la especie acontece; en tales condiciones, previa copia simple que se deje en autos, remítase el escrito de que se trata al citado juez federal, para que provea lo que en derecho corresponda. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el escrito de ""..."", apoderado legal de la directa quejosa """...""", por el cual formula alegatos. Ahora bien, toda vez que en proveído de seis de septiembre que transcurre, este juzgado declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo ""..."" del que deriva este cuaderno de antecedentes, y se declinó competencia a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; por tanto, resérvese proveer lo conducente, respecto del escrito de la parte quejosa, hasta en tanto el titular del órgano que por razón de turno le haya correspondido tramitar dicho asunto, se pronuncie respecto de la incompetencia planteada. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa, en su escrito de demanda, señaló como actos reclamados en esta instancia constitucional Los siguientes: ? La resolución de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca en el cuaderno de antecedentes ""...."", a través de la cual determinó no admitir el medio de impugnación innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales interpuesto por la aquí quejosa ""..."" en su carácter de víctima- en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado, en la carpeta de investigación ""..."" en la que denunció hechos con apariencia de los delitos de abuso de autoridad, daños, despojo, robo, retención y uso indebido de documentos, cometido en su agravio, ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Puerto Escondido, Oaxaca, por estimar que carece de competencia legal, sin que haya declinado su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional. ? La resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal, en la carpeta de investigación ""..."". Incompetencia por razón de territorio Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: ""....."" "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". En ese contexto, es necesario establecer que de acuerdo con la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellas, la administración de justicia. Por otra parte, la jurisdicción es la función orgánica que se cumple con actos proyectivos en el proceso, los cuales califican y deciden una determinada pretensión. En este aspecto, la autoridad judicial tiene encomendada esta función primordialmente. En el juicio de amparo, las reglas de competencia se sitúan en los tres ámbitos siguientes: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo directo o indirecto). Reglamentado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Amparo. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). Regulado en materia penal por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio. Establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo, así como las constancias de autos, y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. La competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. El artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "".....""" Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del texto transcrito, se obtiene que para delimitar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, se desprenden tres reglas, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro; se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; y; 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Las reglas de competencia en comento se traducen en una serie de ventajas no sólo para el agraviado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia, que dentro de la lógica del sistema de competencias obedece, a la agilización de los trámites y comunicaciones procesales entre la autoridad jurisdiccional y las responsables, en beneficio de una pronta impartición de justicia y, por ende, del agraviado. Así, las reglas de competencia por razón de territorio, tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, sin embargo, tratándose de aquellos actos que no la tienen, se considera competente el juez de Distrito del lugar donde se presentó la demanda. En efecto, ejecutar atiende al significado ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Luego, el artículo 37 de la ley de la materia, al emplear la voz ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que solo tiene impacto en el mundo formal. ""..."" Así, la ejecución material implica un cambio en la situación jurídica de la quejosa, ya sea que le imponga una carga o le prive o limite algún derecho. Ahora bien, en el caso, la quejosa ""..."", por conducto de su apoderado legal Margarito Hernández López, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- En el presente Juicio de Amparo, se señalan como autoridades responsables las siguientes: Con el carácter de ordenadora: a).- Al C. Maestro en Derecho ""..."", Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. Con el carácter de ejecutoras: b).- A la C. Licenciada ""..."", AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO. IV.-ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad que señalamos con el carácter de ordenadora reclamo: La DETERMINACIÓN emitida el día veintiséis de abril de dos mil veintidós, dentro del Cuaderno de Antecedentes número ""..."", el cual se inició en razón de que hizo se valer el MEDIO DE IMPUGNAIÓN(sic) INNOMINADO en contra de la resolución de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL pronunciada por la autoridad responsable ejecutora, misma que es inconstitucional y violatoria de los Derechos Fundamentales de la Impetrante de Garantías, por virtud de que sin fundamento legal alguno y desde luego la misma no está debidamente fundada ni motivada, ya que ilegalmente se tiene por no interpuesto el MEDIO DE IMPUGNACION INNOMINADO, dejando a la quejosa en completo estado de indefensión, ya que en dicho procedimiento se viola el derecho humano de acceso a la Justicia, y al derecho a una tutela judicial efectiva, violando con ello nuestro Pacto Federal. De la autoridad que funge como ejecutor se reclama la resolución de fecha diecisiete de febrero del año 2022, por la que ilegalmente se determinó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, en la Carpeta de Investigación ""..."", misma que es a todas luces inconstitucional y violatoria de los Derechos Fundamentales." De lo anterior, se advierte que el acto reclamado consiste en la determinación del Agente del Ministerio Público que decretó el no ejercicio de la acción penal, de los hechos materia de la carpeta de investigación ""..."", así como el acuerdo dictado por el juez de control en el cual determinó no admitir el medio de impugnación innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales interpuesto por la aquí quejosa ""..."". Ahora bien, se estima, que el hecho de no admitir el medio de impugnación innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales interpuesto por la aquí quejosa "".....""" ejercicio de la acción penal, no pueden reputarse como actos de ejecución material sino como unos meramente declarativos, en virtud de que no requieren ejecución material, ya que en dichos actos, el juez responsable simplemente estableció no admitir el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, y el ministerio público, determinó no ejercitar acción penal, es decir, sus efectos no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a no admitir un medio de impugnación contra la determinación del Ministerio Público, así como no ejercitar la acción penal. Resulta aplicable al caso, por las consideraciones expuestas, la tesis aislada XVI.P.2 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2055, registro 2003247, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE DECRETÓ EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. El hecho de confirmar el no ejercicio de la acción penal, ya sea por falta de conducencia o de elementos, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del Ministerio Público, en el sentido de que no es factible continuar con la integración de la indagatoria. Una interlocutoria así, simplemente declara que no procede el ejercicio de la acción penal y, por lo mismo, la resolución de segundo grado que la confirma tampoco se ejecuta ni requiere de ejecución; sus efectos son estrictamente formales, pues se limitan a dar por buena la determinación del fiscal, sin que se traduzcan en prescripción o mandato para éste en el sentido de realizar una conducta determinada. En ese sentido y atento al artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto promovido contra la resolución que confirma la diversa que decretó el no ejercicio de la acción penal, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material. Así como la tesis aislada V.2°.P.A.12P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3340, con registro 2016503, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS OMISIONES DEL "".."" MINISTERIO PÚBLICO EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL NO REQUERIR EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, una de las cuales dispone que cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que esa regla competencial debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método: sistemático, teleológico, lógico, u otro, para desentrañar su sentido y alcance, a fin de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad y eficiencia de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita. En consecuencia, una omisión como la abstención del Ministerio Público de investigar e integrar una averiguación previa, notificarla al quejoso y desahogar las pruebas ofrecidas en ella, per se, no tiene un efecto distinto de la inhibición de la autoridad de actuar y, por tanto, tampoco requiere de ejecución material alguna, por lo que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra esa omisión es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, sin que sea factible considerar la posibilidad de que la omisión citada tenga efectos positivos si se otorga al quejoso el amparo solicitado, pues ésa es una interpretación que escapa a la literalidad contenida en el artículo 37 referido. Sin que la determinación de no admitir el medio de impugnación antes aludido, presuponga un principio de ejecución en el lugar donde radica la investigación (Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado, residente en Reyes Mantecón, Oaxaca), pues tal como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar quién es el Juez competente debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, en vez de atender simplemente al señalamiento de la autoridad ejecutora. Dicha premisa se advierte de la lectura de la tesis 2a. XII/95, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, página 49, con número de registro 200828, de rubro "COMPETENCIA, ACTO MATERIALMENTE EJECUTABLE. NO LO DETERMINA, NECESARIAMENTE, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE PROVENGA DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA". Lo anterior es así, ya que los actos reclamados en esta instancia constitucional, no repercuten en ninguna cuestión fáctica que requiera de ejecución material, sino que se trata de pronunciamientos meramente ""......""" declarativos que ocasionan que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran. Orienta lo anterior, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXV, página 606, Quinta Época, con número de registro 372500, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DECLARATIVOS. Por actos declarativos debe entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes." Máxime que en el caso concreto se advierte que la aquí quejosa "".."", inicialmente presentó su denuncia y/o querella, el cinco de enero de dos mil quince, ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Puerto Escondido, Oaxaca, en contra de diversas autoridades municipales de la agencia municipal de San Andrés Copala del Municipio de San Pedro Mixtepec, Distrito de Juquila, Oaxaca, por su probable participación de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, DAÑOS, DESPOJO, ROBO, RETENCIÓN y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS. Así, los actos reclamados consistentes en el no ejercicio de la acción penal, en la carpeta de investigación ""..."", así como el acuerdo dictado por el juez de control en el cual determinó no admitir el medio de impugnación innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales interpuesto por la aquí quejosa ""..."", no requieren de una actuación posterior y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda de amparo, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, ES COMPETENTE EL ÓRGANO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que afirma el Máximo Órgano Constitucional del País que, debe interpretarse ""..."" literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Ello, evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita. Encuentra apoyo lo anterior, en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, con número de registro 2006529, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Así, la hipótesis de competencia respecto al asunto en estudio, se ubica en la prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por ""..."", por conducto de su apoderado legal "".."", debe fincarse a favor del JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA DE AMPARO, siendo que en el caso concreto, la demanda de amparo se presentó ante el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca (según se advierte del sello de recibo ante el Juzgado responsable y de la certificación de uno de junio de dos mil veintidós), por lo tanto, es competente el Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. "".."" En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta Entidad Federativa, entre los cuales se encuentra Puerto Escondido perteneciente al municipio de San Pedro Mixtepec. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el lugar -Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca- donde tiene su residencia el Juez de Control ante quien se presentó la demanda de amparo, entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, en ""..."" términos de lo establecido por el ordinal 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Se ordena remitir los autos al Juez competente Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, 1) este juicio de amparo; 2) el disco compacto en formato DVD relativo al cuaderno de antecedentes ""......"" del registro del Juzgado de Control de del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, y 3) un tomo de pruebas, relativo a la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación ""..."" del índice de la Agente del Ministerio Público de la Mesa II, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado, y se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Cuaderno de antecedentes Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias respectivas y estese en espera de lo que el Titular del Juzgado al que se declina el conocimiento del asunto tenga a bien resolver. Solicítese de la manera más atenta al titular del referido órgano jurisdiccional, acuse el recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el escrito de ****, por el cual, en relación a la vista del informe justificado de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Mesa II, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado, manifiesta que objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio, el informe justificado de la citada autoridad. En ese orden, de la objeción que formula, resulta evidente que no la realiza respecto a la autenticidad de dicho documento, sino en cuanto a su alcance y valor probatorio, de ahí que esta resulte improcedente, toda vez que no se refiere a su autenticidad sino a su contenido y, el artículo 122 de la Ley de Amparo, constriñe a examinar y pronunciarse sólo respecto a la autenticidad del documento, por lo que no es dable examinar aspectos relacionados con la existencia o validez del acto jurídico que en él se hace constar. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia P./J. 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido. [Novena Época, registro: 190369, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Común, página 10]. En tales condiciones, respecto a las diversas manifestaciones que realiza en relación con el informe justificado, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, las mismas se tienen como alegatos, los cuales se tendrán por recibidos en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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