Candelaria del Socorro Méndez Cruz
Expediente 1568/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1568/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Candelaria del Socorro Méndez Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- Mérida, Yucatán, quince de enero de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó el presente asunto, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCION: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al haber sido desechada la demanda de amparo del presente juicio, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que la parte quejosa no ejerció el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase de su conocimiento, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.
- Principal
AVISO.- MESA IV.- Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por ***, contra actos que reclama al Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, SE ACUERDA: Fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1568/2017-IV-B. En el presente asunto, a juicio de la suscrita, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en atención a las siguientes consideraciones: Introducción. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa ***, señala como acto reclamado el auto de veintiocho de noviembre del presente año, dictada en el expediente de origen 667/2016, por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se le fijó una multa por la cantidad de siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos, sin centavos, en el juicio de origen, por incumplimiento con el régimen de convivencia ordenado en sentencia de diez de julio del año en curso. Contexto legal. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o el trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. La propia ley, ha establecido los casos de excepción de este principio y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por su parte, los artículos 421 y 423 del código adjetivo local en materia familiar, disponen: "ARTÍCULO 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: Revocación, y Apelación." "ARTÍCULO 423.- Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." Como se ve de estos artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria que rige el acto reclamado conoce algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento que lo modifique, revoque o nulifique. Asimismo, en el procedimiento oral familiar, únicamente pueden interponerse los recursos de revocación y apelación. El recurso de revocación procede contra autos y decretos emitidos en audiencia o fuera de ella, siempre y cuando no fueren apelables, y el propio juez que los dictó es el encargado de resolver dicho recurso. Por su lado, el numeral 428 del mismo ordenamiento legal establece que el recurso de apelación procede contra: I. Resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. Auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia; y III. Resoluciones interlocutorias y definitivas. Análisis. En principio, cabe decir que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los casos de excepción que establece la ley de amparo, pues no es ninguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto restrictivo de libertad, ni comparece el quejoso como tercero extraño al juicio de origen. En la especie, el auto reclamado consistente en el auto de veintiocho de noviembre del año en curso, en el que se le fijó una multa a la aquí quejosa dentro de un procedimiento familiar, es impugnable mediante el referido recurso de revocación que se interpone ante la propia autoridad que emitió el auto reclamado. Se llega a esta conclusión, habida cuenta que dicha determinación no es apelable, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos que expone el citado ordinal 428 del código adjetivo local en materia familiar -enumerados en líneas precedentes-, por lo que de acuerdo al numeral 423 de la misma normatividad, puede ser revocada por el mismo juez que lo dictó. Lo anterior implica que el auto reclamado no puede ser combativo mediante el recurso de apelación, pues no pone fin a la controversia, no resuelve incompetencia ni se trata de una resolución interlocutoria ni definitiva; luego entonces, es revocable. En ese tenor, por ese medio de defensa puede ser confirmado, revocado o modificado por el propio juez que lo ordenó, previo a la promoción del juicio de amparo; de ahí, que al no haber agotado la parte promovente el citado medio de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser susceptible el acto reclamado de ser revocado, modificado o confirmado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que rige el procedimiento judicial del cual emana éste último. Al respecto se invoca la contradicción de tesis 277/2011 sustentada por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Décima Época Registro: 2001155 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.) Página: 729 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Contradicción de tesis 277/2011. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 18 de enero de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 44/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil doce. Sin que sea obstáculo que en el presente asunto, pudieran encontrarse inmersos intereses de un menor de edad, habida cuenta que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que cuando la contienda del juicio de amparo verse sobre actos de ejecución irreparable, deben observarse las reglas de procedencia establecidas en la propia ley de amparo, por lo que el principio de definitividad al constituir un presupuesto distinto y autónomo al de la irreparabilidad del acto, debe colmarse para atender la procedencia del juicio constitucional, aun cuando se vea afectada la esfera jurídica de un menor de edad, pues esto no genera una excepción a la regla de la definitividad, ya que esta se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a esta consideración, la siguiente jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen: Época: Décima Época Registro: 2005039 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Página: 350 DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Contradicción de tesis 265/2013. Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de octubre de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Jorge Mario Pardo Rebolledo reservó su derecho a formular voto concurrente. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Como corolario, cabe decir que la condición de menor de edad, cuyo interés superior protegen las leyes mexicanas, no puede utilizarse como fundamento para ignorar el cumplimiento de requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que la regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto; pero no para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio constitucional. Lo anterior cobra relevancia de conformidad con el siguiente criterio del más alto tribunal del país que dice: Época: Décima Época Registro: 2002359 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.) Página: 530 PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Conclusión. En esa tesitura, el acto reclamado en la demanda de amparo de cuenta, carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por consiguiente, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ***, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo en vigor. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la suscrita, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia que a continuación se cita: Registro No. 188643 Localización: Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Octubre de 2001 Página: 803 Tesis: P./J. 128/2001 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el predio que indica en su demanda inicial. Autorizados Por autorizados de la parte quejosa a JULIA BELEM EULALIA RAMAYO CACHÓN, GERARDO AUGUSTO DZUL SÁNCHEZ, JOSÉ EDUARDO ARGÁEZ CASTILLO y EDGAR IVÁN CANTO TORRES, en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que acreditan tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, y con las limitaciones a que se refiere dicho numeral a JOSÉ FIDEL PÉREZ GUZMÁN, CARINA SANTIAGO BRITO ni ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ CAB por no encontrarse registrados en dicho sistema, ya que el presente asunto versa sobre materia civil. Protección de datos personales. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se soliciten copias de este expediente, tomando en cuenta para ello si contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como para precisar las constancias que, en su caso, consideran reservadas confidenciales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente. Expediente electrónico. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justifica Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. Documentos Finalmente, esta Juzgado estima conveniente precisar a la parte quejosa, que los documentos que exhiba o que llegara a exhibir en original, no podrán ser devueltos, toda vez que del artículo 122 de la Ley de Amparo, así como el artículo 280 del Código supletorio, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente.
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