Candelaria Aztatzi Rugerio

Expediente 697/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
697/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Candelaria Aztatzi Rugerio

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que con fecha once de mayo del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido; en consecuencia, resulta necesario precisar el destino de los cuadernos incidentales que se formaron con las copias certificadas que se obtuvieron del juicio de amparo 791/2019, de nuestro índice, acordadas el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y las resoluciones relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.  Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ************* por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 697/2021-I. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso.  Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la liquidación de pago previa incorporación a nómina y concesión de pensión por viudez, folio ************, emitida el veintidós de julio de dos mil veintiuno y dada a conocer a la quejosa el treinta siguiente, respecto de la cual se considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia1, el juicio constitucional es improcedente en contra actos de autoridades administrativas (distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo), que deban ser revisados de oficio, o en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del medio de defensa, con los mismos alcances que prevé la propia ley y, sin exigir mayores requisitos que los requeridos para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el de la suspensión provisional. Sin embargo, se prevé que no existe obligación de agotar tales medios de defensa y, por tanto, se puede acudir directamente al juicio de amparo, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Como se puede observar, la disposición referida constituye un reflejo del principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, según el cual, la intervención de la justicia constitucional solo puede ocurrir en casos excepcionales; es decir, una vez que los medios de defensa ordinarios han sido insuficientes para remediar la transgresión a los derechos del gobernado. Así, para cumplir con el aludido principio, tratándose de actos administrativos, deben agotarse todos los recursos o juicios disponibles, antes de acudir a la instancia constitucional; lo anterior, siempre que el medio de defensa supere todos y cada uno de los siguientes requisitos de idoneidad previstos en la Ley de Amparo:  Se suspendan los efectos del acto de oficio o mediante la interposición del medio de defensa.  La medida suspensional tenga los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo.  No se exijan mayores requisitos que los requeridos para conceder la suspensión definitiva.  No se establezca un plazo mayor que el fijado para el otorgamiento de la suspensión provisional.  El recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Adicionalmente, también se prevén otros supuestos, ajenos a la idoneidad del recurso o juicio, que permiten el acceso al juicio constitucional sin agotar los medios ordinarios de defensa; a saber, cuando:  El acto reclamado carece de fundamentación.  Solo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Ahora, en el caso que nos ocupa, se tiene que el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo2, establece que el juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -antes Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.. En el numeral 3 de este último ordenamiento, se dispone que el mencionado juicio procede contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que ahí se establecen3. En particular, la fracción VII del artículo mencionado, estipula que el juicio contencioso administrativo federal procede en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese orden de ideas, es dable estimar que la liquidación de pago previa incorporación a nómina y concesión de pensión por viudez, folio ************* de veintidós de julio de dos mil veintiuno, emitida por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Tlaxcala, encuadra en el supuesto de actos administrativos que se dictan en materia de pensiones civiles, con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en tanto que se trata de una determinación administrativa vinculada con una pensión a cargo del referido Instituto. En particular, importa destacar que no pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito que la parte quejosa hace valer la inconstitucionalidad del artículo 12, fracción II, inciso a), y segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; empero, dado que dicho numeral ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está en aptitud de aplicar dicha jurisprudencia temática, incluso sin tener que verificar si se trata del primer acto de aplicación o uno ulterior. .. JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE APLICARLA CUANDO SEA PROCEDENTE, SIN ANALIZAR SI EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADOS CONSTITUYEN EL PRIMERO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL QUE LO FUNDA. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que le imponen los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, consistente en aplicar la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación al juzgar sobre la legalidad o ilegalidad del acto o resolución impugnados en el juicio de nulidad, no está facultado para analizar si la disposición legal que los funda y que se ha declarado jurisprudencialmente inconstitucional, fue consentida tácitamente por el actor al no haber promovido el juicio de amparo en contra del primer acto de su aplicación, esto es, no debe verificar si la resolución impugnada constituye el primero o ulterior acto de aplicación de dicha disposición, ya que, por un lado, el referido tribunal carece de competencia no sólo para juzgar sobre la constitucionalidad de la ley sino también para analizar la procedencia de su impugnación y, por otro, la aplicación de la jurisprudencia respectiva opera sin que obste que el acto o resolución impugnados en el juicio de nulidad constituyan el primero o ulterior acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, pues en ese tipo de juicios, al igual que en el amparo directo, la sentencia dictada produce efectos únicamente contra el acto o resolución impugnados, mas no contra la ley que le sirve de fundamento. Máxime que que si bien la parte quejosa hace valer la referida inconstitucionalidad, no expresa su intención de controvertir de forma destacada el artículo 12, fracción II, inciso a), y segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puesto que para ello habría designado a la autoridad que emitió dicha norma general; sino que, únicamente, se duele de que el acto administrativo que reclama está fundado en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que -como se dijo- puede analizar la instancia ordinaria al examinar la legalidad del referido acto. Asentado que el juicio de nulidad de que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente contra el acto aquí reclamado, en la medida que es una resolución definitiva en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, corresponde ahora establecer si el citado juicio cumple con los requisitos de idoneidad previstos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, basta recordar que el Alto Tribunal de la Nación ya ha definido que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Este razonamiento está comprendido en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2011289, de epígrafe: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". En esas condiciones, es dable establecer que, en el caso analizado, en contra del acto reclamado consistente en la liquidación de pago previa incorporación a nómina y concesión de pensión por viudez, folio ************* de veintidós de julio de dos mil veintiuno, emitida por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Tlaxcala, la parte quejosa estaba constreñida a agotar, antes de acudir a la instancia de amparo, el juicio contencioso previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En el entendido de que, dado que la referida resolución administrativa fue hecha del conocimiento de la quejosa el treinta de julio de este año, aun cuenta con el término de treinta días hábiles para acudir al juicio contencioso administrativo federal de que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo5. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa.  Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; no ha lugar a tenerle por señalado el mismo. No obstante lo anterior, con apoyo en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones, incluso aquéllas de carácter personal, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que dice: ...NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público."  Autorizado en términos restringidos. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones; en virtud de que no acredita contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito.  Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos consulta de expediente electrónico, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica notificaciones vía electrónica a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación FIREL o e.firma, antes firma electrónica avanzada o FIEL, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.  Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.  Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna.  Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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