Camilo Vicente Barcenas Torres

Expediente 896/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
896/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Camilo Vicente Barcenas Torres
  • Alejandra Corona Zepeda apodera de

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del referido Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Asimismo, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, y en atención a la certificación de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa Alejandra Corona Zepeda quien se ostenta como apoderada de Camilo Vicente Bárcenas Torres, no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, en el municipio de Apizaco, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de que surtiera efecto su notificación, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que la parte de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se le hace efectivo dicho apercibimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de quince de febrero de dos mil dieciocho: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por Acuerdo General 3-2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio y residencia del Primer Tribunal Colegiado y del Tribunal Unitario, ambos del Vigésimo Octavo Circuito; de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, así como al cambio de denominación y domicilio de la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito de la propia entidad federativa, todos con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil dieciocho, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN PREDIO RÚSTICO, EN SANTA ANITA HUILOAC, CÓDIGO POSTAL 90407, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA y que por oficio SEFSP-DGRH-DCPG-SCP-5798-2018 de nueve de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos, de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento al acuerdo en cita, la denominación del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala concluyó funciones el once de febrero de dos mil dieciocho y cambia a JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO. Esto en la inteligencia que, la nueva denominación de este Órgano jurisdiccional y las labores en ese lugar, iniciaron a partir del día DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En tal virtud, requiérase a las partes para que dentro del plazo de tres días, señalen domicilio en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista, atento a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Finalmente, y toda vez que, como se advierte en párrafos que anteceden a partir del día doce de febrero de dos mil dieciocho este Juzgado Federal cambio de residencia y domicilio al EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN PREDIO RÚSTICO, EN SANTA ANITA HUILOAC, CÓDIGO POSTAL 90407, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA; por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y dar oportunidad a que de convenir a sus intereses, interponga recurso de inconformidad en contra del proveído de treinta y uno de enero del año en curso, el computo que transcurre para tal efecto, se interrumpe a partir del doce del mes y año en curso, y el mismo se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. En la inteligencia, que el aludido auto le fue notificado previo citatorio el siete de febrero del año que discurre, surtiendo efectos el ocho siguiente por lo que dicho término transcurriría del nueve de febrero al uno de marzo del citado año, es por lo que cuenta con catorce días, para que de creerlo conveniente interponga el recurso pertinente, apercibido que de no hacerlo así, se proveerá lo que legalmente corresponda.

  4. Principal

    con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho: Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil diecisiete, en el presente juicio de amparo indirecto número 896/2017-III, promovido por Camilo Vicente Bárcenas Torres a través de su apoderada legal Alejandra Corona Zepeda, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "VIII.DECISIÓN. 31. Ante lo fundado del concepto de violación expuesto, y con el fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho vulnerado, con apoyo en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Junta responsable, en estricto acatamiento al artículo 17, constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, formule el proyecto de laudo y una vez aprobado, lo eleve a la categoría de laudo, dentro del expediente laboral 433/2014. 32. Lo anterior, obedece a que el artículo 192, párrafos segundo y cuarto, de la Ley de Amparo permite considerar un tiempo prudente para que se ejecuten las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, pues señala que el fallo protector debe cumplirse dentro del plazo de tres días, siguientes al requerimiento de cumplimiento, el cual puede ser ampliado prudencialmente por el Juez que conozca del juicio, tomando en cuenta la complejidad del acto o la dificultad de la ejecución de la sentencia; de ahí que se justifique que en el presente caso, se constriña a la autoridad a efectuar los actos tendentes al dictado del laudo dentro de los plazos y términos previstos en la ley. 33. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, del tomo II, Apéndice (actualización 2001), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución." (.)" Transcurrido el término legal pertinente, y sin que las partes hubieran interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, la misma causó ejecutoria por auto del once de enero de dos mil dieciocho, por lo que se requirió a las autoridades responsables, dieran cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Mediante oficio MA.35/2018 de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del laudo de quince de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 433/2014 de su índice, en la cual manifestó dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio; sin embargo, dicha Junta omitió remitir las constancias de notificación realizadas a las partes de dicha resolución. Por lo que mediante oficio MA. 36/2018 de diecinueve de enero del año que transcurre, anexó las constancias de notificación realizadas a la parte actora y demandado del laudo dictado el quince de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 433/2014, por tanto se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la responsable, para que de esta forma estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Con base en lo anterior, y en atención a que la autoridad responsable remitió copia certificada el laudo de quince de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 433/2014 de su índice; así como sus respectivas notificaciones, documentales a las que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. De las mismas se aprecia que, en cumplimiento al fallo protector, la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, el quince de enero de dos mil dieciocho, dictó el laudo que resolvió el expediente laboral 433/2014 de su índice, por lo que es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercero interesada la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

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