Camilo Olvera Robles

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Camilo Olvera Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto dictado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Valoración de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Se recibe exhorto diligenciado Agréguese a los autos el oficio de cuenta, con firma electrónica del secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 255/2020-I del índice de este juzgado. Dese de baja y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales enviadas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Estado de autos Visto la comunicación oficial que se recibe de la que se advierte que el quejoso fue notificado del proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, por el que se le previno para que dentro del término de cinco días aclarara la demanda de amparo, el veinte de noviembre de dos mil veinte, por lo que tal notificación debe tenerse por hecha al día hábil siguiente, que lo es el veintitrés del citado mes y año. En dicho acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, fue apercibido el quejoso que para el caso de no cumplir con la prevención ahí contenida dentro del término indicado, se tendría por no presentada la demanda de que se trata, sin que a la fecha desahogara dicha prevención, lo que se desprende de la certificación de cuenta. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación por lista al quejoso Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso Camilo Olvera Robles no ha acudido a este órgano jurisdiccional a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, practíquensele por medio de lista la presente notificación así como las subsecuentes que sean de índole personal, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante exhorto electrónico número 255/2020-I, se solicitó al órgano jurisdiccional en turno con sede en Guanajuato, capital, para que en auxilio de la labores de este juzgado realizara la encomienda de notificar personalmente al quejoso Camilo Olvera Robles la prevención contenida en proveído de cinco de noviembre pasado. Ahora bien, como se evidencía de la papeleta que antecede, de dicha comunicación oficial conoce el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, bajo el exhorto 237/2020, y a la fecha no se ha recibido información al respecto. En tal virtud, solicítese atentamente vía interconexión al juez Segundo de Distrito en Guanajuato, capital, que de no tener inconveniente legal alguno informe el estado procesal que guarda la comunicación oficial de referencia; ello con la finalidad de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponde.

  4. Principal

    Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por xxxxxxxx, en contra de actos del juez de Control de Oralidad Penal de San José Iturbide, Guanajuato y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 590/2020-I. Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda, la subsane y bajo protesta de decir verdad: Indique si desea señalar autoridades responsables ejecutoras en esta ciudad o en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional; y de ser el caso, especifique con claridad su denominación. Lo anterior obedece a que en su demanda inicial no señala a ninguna autoridad ejecutora en este municipio ni en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Especifique en qué municipio o comunidad se encuentra ubicado su domicilio en el que aduce se pretende ejecutar la orden de aprehensión reclamada, ya que en su libelo constitucional manifiesta que dos personas del sexo masculino se presentaron en su domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero número 26 (veintiséis), sin indicar nombre de ciudad, municipio o localidad, en que se encuentra. Tiene aplicación a lo antes anotado, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, registro 2004166, del texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Cuestión la requerida que resulta indispensable para estar en aptitud de determinar la procedencia del conocimiento de la demanda de amparo, fijar adecuadamente la litis constitucional y los alcances y efectos de la suspensión provisional solicitada. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por Camilo Olvera Robles, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma, de ser posible, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia; es decir, una para cada una de las autoridades responsables, que previo cumplimiento a la prevención señale; una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y dos para la formación del incidente de suspensión solicitado. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Notificación del presente proveído Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Carretera Iturbide número 1 (uno), El Capulín, municipio de San José Iturbide, Guanajuato; es decir, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por única ocasión y debido a la trascendencia del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) al juez de Distrito en el estado de Guanajuato en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional instruya a quien corresponda para que notifique el presente acuerdo, inserto en la comunicación de que se trata, a Camilo Olvera Robles, en el domicilio antes señalado. Asimismo, deberá requerir a dicha parte para que señale domicilio en esta ciudad -Celaya, Guanajuato-, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; apercibimiento que se hará efectivo, sin ulterior acuerdo. Finalmente, se solicita a la autoridad encargada de desahogar la diligencia encomendada que una vez practicada esta, envíe las constancias que así lo acrediten por la misma vía electrónica, por la que le es remitida la comunicación oficial derivada de la presente determinación. Autorizados Se tiene al quejoso autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Alberto Camacho Pérez, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tiene registrada su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en tanto que las demás personas que indica en su escrito de demanda, se les tiene como autorizados en términos restringidos del citado numeral, al no encontrarse en dicho supuesto, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho artículo. Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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