Camilo Martínez Gaytán
Expediente 957/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Camilo Martínez Gaytán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 957/2019-I, promovido por * * * por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 del Estado de Colima, por estimarlo violatorio de derechos humanos consagrados en los artículos 14, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, Camilo Martínez Gaytán (en adelante, quejoso, agraviado o parte quejosa, o parte agraviada), solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que enseguida se precisan: ".Autoridades responsables. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 del Estado de Colima. Actos reclamados: .La falta de continuación de la audiencia de ley, lo cual se traduce en la paralización del procedimiento en el juicio agrario 134/2019." SEGUNDO. Admisión y desechamiento. Previa aclaración y cumplimiento de la misma por auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se desechó la demanda, la cual se registró con el número 957/2019. TERCERO. Queja parcialmente fundada y admisión de la demanda. El quejoso hizo valer el recurso de queja contra el desechamiento, el cual le correspondió él número 484/2019, la que se resolvió en sesión de veinte de febrero de dos mil veinte, el cual se declaró fundado por los actos reclamados consistentes en la falta de continuación de la audiencia de ley (foja 54), motivo por el cual por auto de tres de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito, quien no formuló pedimento; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibido en autos el informe justificado; seguidos los trámites legales, el trece de noviembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 904, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como, del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito del Estado de Colima, mediante resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, en el recurso de queja 484/2019 interpuesto por la parte quejosa, resolvió que se tiene únicamente como acto reclamado a saber: La falta de continuación de la audiencia de ley, lo cual se traduce en la paralización del procedimiento del juicio agrario 134/2019. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver, respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos, y en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que presentó la autoridad responsable en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 del Estado de Colima, manifestó que es cierto el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, Materia: Común, tesis: 278, registro 917812, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexó a su informe justificado y las diversas que obran agregadas al juicio de amparo indirecto 230/2020-I, del índice de este juzgado, mismas que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 del Estado de Colima, anexó como complemento a su informe con justificación en el juicio de referencia, consistentes en la audiencia de ley, celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veinte, derivada del juicio agrario 134/2019, correspondiente a la nulidad de actos y contratos, promovido por Camilo Martínez Gaytán en contra de Jesús Martínez Padilla, las cuales se ordena agregar al presente juicio como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, documentales a las que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, Página: 153, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Es pertinente establecer que las actuaciones del juicio de amparo 230/2020-I del índice de este juzgado son un hecho notorio para el suscrito, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, publicada en la página doscientos ochenta y cinco, Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. En vista de lo anterior, deben tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, consistente en la falta de continuación de la audiencia de ley, lo cual se traduce en la paralización del procedimiento del juicio agrario 134/2019, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro IUS: 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, de Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 353, registro IUS: 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, el artículo 77, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley". Al respecto, de la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 230/2020-I, del índice de este juzgado, mismas que la autoridad responsable exhibió como complemento a su informe justificado y que sirven a este juzgador para la resolución del presente asunto como un hecho notorio, se acredita que el diecinueve de febrero de dos mil veinte se celebró la audiencia de ley, derivada del juicio agrario 134/2019, correspondiente a la nulidad de actos y contratos, promovido por Camilo Martínez Gaytán en contra de Jesús Martínez Padilla. Por tanto, si la parte quejosa reclama la falta de continuación de la audiencia de ley, lo cual se traduce en la paralización del procedimiento del juicio agrario 134/2019, lo que se advierte ya aconteció, es evidente que el acto reclamado se destruyó en forma total e incondicional sin que al efecto hubiese dejado huella en la esfera jurídica del quejoso y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto, como si se hubiera otorgado el amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, con relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso * * * contra los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 del Estado de Colima, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que con fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte, fue emplazado a juicio el tercero interesado * * * , por lo que los informes rendidos no fueron conocidos por dicha parte con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éste se imponga del contenido del mismo, a fin de que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estime convenientes para desvirtuarlos y se apersone al presente juicio; lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con un minuto del trece de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales que la responsable acompaña a su misiva, misma que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Por otra parte, del estado de autos se advierte que se reservó emplazar a juicio a la parte tercera interesada; por tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que a * * * , le reviste tal carácter. Consecuentemente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en el domicilio de la parte tercera interesada de referencia que indicó la autoridad responsable al rendir su informe justificado y con copia de la demanda de amparo y auto admisorio, la emplacen al presente juicio constitucional.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales que la responsable acompaña a su misiva, misma que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Por otra parte, del estado de autos se advierte que se reservó emplazar a juicio a la parte tercera interesada; por tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que a * * * , le reviste tal carácter. Consecuentemente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en el domicilio de la parte tercera interesada de referencia que indicó la autoridad responsable al rendir su informe justificado y con copia de la demanda de amparo y auto admisorio, la emplacen al presente juicio constitucional.
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