Camilo Martínez Altamirano

Expediente 239/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
239/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2017

Partes del expediente

  • Camilo Martínez Altamirano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso Camilo Martínez Altamirano, no impugnó el proveído de trece de junio del año en curso (fojas 14 a 19), por el que se desechó su demanda de amparo promovida contra actos del Apoderado y Residente de Obra, Zona Veracruz-Oaxaca, adscrito a la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste de la Comisión Federal de Electricidad con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, atendiendo a la certificación de cuenta, y toda vez que en el presente expediente no quedan cuestiones pendientes por acordar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales y el auto que desechó la demanda de amparo, dio por concluido este juicio, sin decidirlo en lo principal; como consecuencia de lo anterior, con fundamento en la fracción I del punto vigésimo primero, del referido acuerdo 1/2009, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y carátula de este expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito aclaratorio del quejoso Camilo Martínez Altamirano, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de seis de junio del año en curso. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: Pues bien, en el caso, del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio de cuenta se advierte que el quejoso Camilo Martínez Altamirano, promueve demanda de amparo contra actos del Apoderado y Residente de Obra, Zona Veracruz, Oaxaca, adscrito a la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste de la Comisión Federal de Electricidad con residencia en Juchitán, Oaxaca, en su doble carácter de autoridad ordenadora y autoridad ejecutora. De quien reclama: El pago de manera anticipada de las indemnizaciones de acuerdo a los montos establecidos por los conceptos del derecho de servidumbre de paso y bienes distintos a las tierras. Y como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tiene su domicilio bien conocido en Llano Grande sin número, Llano Grande Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca; que es posesionario de un terreno comunal de temporal de quince hectáreas ubicado en el poblado de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca; que el poblado de Santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, Oaxaca, es afectado en sus tierras debido a los trabajos de la línea de transmisión denominada XIPE-BENITO JUAREZ 400KV.2 C.218.7 KM, en una superficie de afectación de 766, 893-753 metros cuadrados de los bienes comunales; asimismo, señala que su terreno de temporal es uno de los que sufre afectación al estar dentro de los planos por donde pasarán las líneas de conducción de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, motivo por el cual es considerado como beneficiario del pago de las indemnizaciones que la Comisión Federal de Electricidad convino dentro de los acuerdos en cubrir anticipadamente el pago por los conceptos de servidumbre legal de paso y bienes distintos a la tierra que se encuentran dentro de dicha franja, y de los cuales ya se hicieron los recorridos en campo habiendo previamente aceptado cada posesionario los montos que se dieron a conocer en reuniones específicas por dichos conceptos que destinó el Gobierno Federal por conducto de dicha Comisión Federal de Electricidad; que en segunda convocatoria de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, firmada por los integrantes del comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, se convocó a todos los comuneros con sus derechos agrarios en vigor de la comunidad citada a una Asamblea General de Comuneros a celebrarse el diecisiete de febrero del mismo año a las diez horas, estableciéndose en el orden del día entre otros puntos el marcado con el numero 6.- Información del Comisariado  de Bienes Comunales. A) Para la aprobación de la servidumbre legal de paso propuesta por la comisión Federal de Electricidad para el proyecto denominado L.T XIPE-BENITO JUAREZ 400 KV 2C., así como la presentación del avalúo a pagar; que mediante Acta de Asamblea en segunda convocatoria, celebrada a las diez horas del día diecisiete de enero del año dos mil dieciséis, en el lugar acostumbrado (casa comunal), se pasó lista de asistencia existiendo quórum legal para la celebración de la misma, siendo aprobados los 9 puntos de la Asamblea, en la que se informó a la misma que le correspondía una indemnización por servidumbre legal de paso de SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N), de los cuales (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 36/100 M.N) correspondieron al uso común y los (CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N) a bienes distintos de las tierras que se encuentran en la relación, del cual forma parte el suscrito; que el día jueves veintiocho de mayo del año en curso, siendo aproximadamente las diez horas se presentó a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en busca del lng. Jaime Aníbal Sánchez Lagunés, residente de obra de la Zona Veracruz, Oaxaca, ubicado en Calle Buganvilias No. 11, Fraccionamiento la Rivera de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, con el propósito de hablar con él para reclamar su pago de acuerdo a los montos establecidos y exponerle el motivo del por qué no se le cubre dicha indemnización como convino con el comisariado de bienes comunales; y que desafortunadamente al hablar con personal de dicha dependencia se le comunicó que no era posible su pago, sin darle más explicaciones y como ya han indemnizado a otros posesionarios, es por ello que reclama el derecho a ser indemnizado conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución Federal y en términos del artículo 93 Fracción I de la Ley Agraria en vigor, al ser una obra pública que pasará por su terreno. De los preceptos legales transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada a que los actos que en el mismo se reclamen, violen derechos humanos y garantías individuales reconocidos por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o invadan la esfera de la autoridad federal. Esto es, el artículo 1 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es el medio de defensa que tienen los particulares contra cualquier acto proveniente de una autoridad que vulnere sus garantías individuales o derechos humanos, como gobernados. Es decir, en este caso, resolver las controversias que se susciten entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como característica, la unilateralidad, la imperatividad, y la coercitividad, tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, toda vez que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Asimismo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; así como por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. Esto es, aquellos emitidos por la autoridad de un órgano del poder público federal, que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a los Estados, con los cuales penetre al ámbito de atribuciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos; o viceversa, que la autoridad de un órgano del poder público local al emitir una Ley o acto, ejerza facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, penetrando con ello al ámbito de atribuciones del poder público federal. Hipótesis que en el caso no se actualizan, en la medida que el quejoso señala como acto reclamado el pago de manera anticipada de las indemnizaciones por concepto del derecho de servidumbre de paso y bienes distintos a la tierra; en ese sentido, a pesar de que la servidumbre la constituya una empresa productiva del Estado, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, cuando la instalación de los postes y el cableado para la conducción de energía eléctrica se realiza sin el consentimiento del propietario del predio donde se constituye la servidumbre respectiva, con la consecuente falta de pago de la indemnización correspondiente a ésta, no puede considerarse que se está en presencia de un acto administrativo emitido por una autoridad. Al efecto, cabe precisar que las servidumbres legales con el propósito de prestar el servicio público de energía eléctrica se encuentran regidas por las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal que al respecto, en su artículo 1108, prevé: .... De igual manera, el citado ordenamiento civil federal, dispone que en cuanto se establezca el acceso o se instalen los materiales necesarios, como postes y cables de conducción de energía eléctrica, surge la servidumbre legal, sin necesidad de orden previa de autoridad jurisdiccional, salvo que exista discrepancia en cuanto a la ubicación del material y a la indemnización al propietario del inmueble por la afectación. De las anteriores precisiones se deduce que el Apoderado y Residente de Obra, Zona Veracruz, Oaxaca, adscrito a la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste de la Comisión Federal de Electricidad con residencia en Juchitán, Oaxaca, al negarse a pagar la indemnización por concepto del derecho de servidumbre legal de paso constituido sobre el predio que tiene en posesión la parte quejosa, no lo hace con el carácter de autoridad en un plano de supra-subordinación respecto de un gobernado, toda vez que tales actos, esto es, el establecimiento legal de una servidumbre de paso para la conducción de energía eléctrica, y el pago de la indemnización correspondiente se rige por las disposiciones del Código Civil Federal, el cual forma parte del derecho privado para regular las relaciones entre particulares. Ello es así, en razón que la servidumbre legal de paso, como se precisó en párrafos precedentes, se da cuando se instalan los materiales en el predio con la voluntad del propietario del terreno gravado, previa indemnización, por tanto, es evidente que si no existe tal indemnización, como en el caso, correspondería a la autoridad jurisdiccional resolver la acción que se haga valer para exigir el pago correspondiente. En efecto, si la autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de las voluntad del afectado; es inconcuso que cuando se reclama una indemnización por la constitución de una servidumbre legal de paso por la instalación de líneas de energía eléctrica, no puede considerarse que se está frente a un acto de autoridad, toda vez que ante esa discrepancia se tendrá que acudir ante un tribunal ordinario para que dilucide esa controversia, esto es, la Comisión Federal de Electricidad no puede imponerse unilateralmente. Por tanto, cuando exista inconformidad sobre el pago de la indemnización correspondiente, como acontece en el caso concreto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa como autoridad pues ante esa discrepancia será una autoridad jurisdiccional quien resuelva, lo que denota que no se trata de una relación de supra a subordinación, pues la Comisión no puede imponerse sin el consenso del afectado; de ahí que el acto reclamado no puede considerarse como un acto unilateral a través del cual la autoridad señalada como responsable pretenda crear, modificar o extinguir por sí, o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular quejoso. Así las cosas, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por motivo manifiesto de indudable improcedencia se desecha de plano la demanda de amparo..... Sin que sea óbice a lo anterior, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; pues, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del quejoso y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Finalmente, cabe señalar que, no obsta a lo anterior que algunos de los criterios jurisprudenciales invocados en párrafos precedentes se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de situaciones de la misma envergadura.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve Camilo Martínez Altamirano, contra actos del Apoderado y Residente de Obra, Zona Veracruz- Oaxaca, adscrito a la residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; por consiguiente, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Como se advierten irregularidades y omisiones en la demanda de amparo de que se trata, a fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 108, fracción IV, y 110 de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para la autoridad que señala como responsable, una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y dos para formar los cuadernos incidentales relativos, la aclare en base a las siguientes consideraciones. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: RECLAMO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EL PAGO DE MANERA ANTICIPADA AL SUSCRITO DE LAS INDEMNIZACIONES DE ACUERDOS A LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR LOS CONCEPTOS DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE DE PASO Y BIENES DISTINTOS A LAS TIERRAS CONFORME AL LISTADO DE POSESIONARIOS DEL QUE FORMA PARTE EL SUSCRITO POR LA AFECTACIÓN QUE SUFRA MI TERRENO DEL CUAL SOY POSESIONARIO Y TOMANDO EN CUENTA EL AVALUO REALIZADO PARA TALES EFECTOS." Y como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, en el punto número seis, manifiesta: "...siendo aprobados los 9 puntos de la Asamblea, en la que se informó a la misma que le correspondía una indemnización por servidumbre legal de paso de siete millones doscientos ochenta y un mil setenta y dos pesos 39/100 M.N), de los cuales (dos millones seiscientos sesenta y tres mil novecientos diez pesos 36/100 M.N) correspondieron al uso común y los (cuatro millones setecientos diecisiete mil ciento cincuenta y dos pesos 03/100 M.N) a bienes distintos de las tierras que se encuentran en la relación, del cual forma parte el suscrito". De lo anterior, resulta claro que los actos reclamados no cumplen con la exigencia de claridad que le impone el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues resultan ambiguos, oscuros e imprecisos; y ello impone requerir al quejoso para que aclare su demanda en el siguiente punto: 1.- Se requiere a la parte quejosa para que aclare el acto que reclama a la autoridad que señala como responsable, que denomina como: "bienes distintos a las tierras", esto es, señale con claridad a que se refiere con bienes distintos a las tierras; o en su caso, precise si lo único que reclama es la negativa de la responsable de pagar el derecho de servidumbre legal de paso que constituyó sobre el inmueble que el quejoso tiene en posesión; lo anterior a fin de que la autoridad responsable se encuentre en aptitud de rendir su informe previo y justificado. En el entendido que se tendrán como únicos actos reclamados los que señale en su escrito aclaratorio. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del plazo concedido con lo requerido, de no informar lo conducente en su caso, de no exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, o de contestar con evasivas, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor. Como el quejoso señala las listas de acuerdos de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este órgano de control constitucional; por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos; asimismo, se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que refiere, toda vez que en esos términos lo pide.

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