Camilo Eduardo Toledo Gonzalez
Expediente 1884/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1884/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Camilo Eduardo Toledo Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión 37. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que la jueza responsable: 38. - Dé contestación, con libertad de jurisdicción, a las solicitudes de uno de diciembre de dos mil veintidós y dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, respecto a la solicitud de falta de legitimación para denunciar el Juicio Sucesorio Intestamentario de ********************, y la diversa de acumulación de autos del juicio sucesorio a nombre de ********************, radicado bajo el expediente ******************** del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial promovido por ******************** como apoderado de ********************." En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito signado por el autorizado de la quejosa mediante el cual solicita a este órgano jurisdiccional se declare que la sentencia dictada en el presente asunto cause ejecutoria. Al respecto, infórmese a la compareciente que se esté a lo acordado en la presente fecha. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito presentado electrónicamente por ********************, autorizada de la parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual, solicita copias certificadas digitalmente de las constancias que integran el Juicio de Sucesiones Unidas de Intestado con el número de expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino mismas que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, y le sean enviadas al correos electrónico que señala en su escrito de cuenta. En atención a su petición de que las constancias que integran el presente asunto le sean enviadas al correo que proporciona en el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con los artículos 22 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expídanse vía electrónica, en cuanto las labores del juzgado lo permitan, copia certificada de las constancias que solicita, y envíense al correo electrónico proporcionado en su escrito de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1884/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por Camilo Eduardo Toledo González, contra la omisión de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad. (...) SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado En principio conviene precisar que de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, el derecho humano que resulta vulnerado con la conducta omisiva de la autoridad responsable, es el reconocido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, relativo a la completitud de acceso a la justicia, ya que la solicitud formulada por la parte quejosa forma parte de un procedimiento judicial. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló, en síntesis, que cuando el acto reclamado consiste en afectaciones cometidas dentro de procedimientos jurisdiccionales y se aleguen violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Esto, ya que dichos actos no se tratan de omisiones autónomas al procedimiento, sino que se presentan justamente dentro de éste y, por ende no son susceptibles de trasgredir lo dispuesto en el artículo 8o. constitucional. Del anterior criterio surgió la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, visible a página 1086, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso concreto, la parte quejosa señala, en esencia, que la omisión de la responsable transgrede el principio de acceso a la justicia pronta y expedita, establecido en el artículo 17 constitucional. Dicho actuar, además transgrede el principio de completitud señalado en el indicado ordinal constitucional, porque no se dio respuesta todas las solicitudes formuladas por la parte quejosa en sus escritos presentados en fechas uno de diciembre de dos mil veintidós y dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, particularmente respecto de: Falta de legitimación para denunciar el juicio sucesorio intestamentario de mi abuela, la señora ***** y ***** Medidas urgentes para conservación de bienes. Solicitud de acumulación de autos del juicio sucesorio a nombre de ****, radicado bajo el expediente 235/2022 del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial promovido por ***** como apoderado de ****. Lo anterior, dentro de los autos del juicio de sucesiones unidas de ******* alias ****** y *****, radicado con el número de expediente 523/2022 de su índice. Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En tratándose de un procedimiento judicial, como ocurre en el caso, para considerar que un acto de autoridad no vulnera la norma suprema, debe observar el principio de completitud a que hace alusión el artículo 17 constitucional, el cual refiere en su parte conducente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.(.)" De tal principio, se desprenden las prerrogativas relativas a la exhaustividad y congruencia que todo acto de autoridad jurisdiccional debe contener. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la tesis II.1o.141 C del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Abril de 1994, visible a página 346, del rubro y texto siguientes: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario." Dichos principios imponen el deber de la responsable de agotar todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones, lo que se traduce en la exigencia de justicia completa. Así, los órganos del Estado deben cumplir, entre otros, el requisito de la congruencia al emitir una determinación, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. Por una parte, la congruencia externa, como principio rector, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, con la litis planteada por las partes, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia; mientras que la congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 71 de la entonces Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011, Tercera Época, VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, visible a página 88, del rubro y texto siguientes: "CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho." En el caso concreto, es necesario señalar que, si bien por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, expuso que dio contestación a las peticiones de la parte quejosa en sus escritos presentados en fechas uno de diciembre de dos mil veintidós y dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en autos del juicio de sucesiones unidas de ****** alias ***** alias ***** y ****, radicado con el número de expediente 523/2022 de su índice. Del contenido de dicho proveído se aprecia que respecto a las mismas, proveyó: 1) remitir a lo acordado mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés -el cual no exhibió la autoridad responsable-; 2) dejó sin efectos el nombramiento de asesor jurídico de abogado patrono hecho a favor de Ricardo Navarro González, y designando a nuevos asesores jurídicos, así como autorizados para reproducción electrónica; 3) expedir copias fotostáticas certificadas; 4) negó la petición de nombra a un interventor con cargo a la caja, así como comisionar a un actuario judicial para tal efecto, y se reconociera el carácter de heredero, precisó que ello se sustanciaría en la audiencia preliminar respectiva, en donde igualmente se resolvería sobre el nombramiento de albacea e interventor. Precisó que, en relación a las medidas solicitadas por el compareciente, no podía acceder a sus peticiones ya que aún no se le reconocía derecho hereditario alguno, sin embargo, a efecto de tomar medidas para estimar necesaria a fin de asegurar los bienes de la herencia, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a fin de que se procediera a realizar partida de anotación en el inmueble que ahí se precisó, a fin de señalar que el predio se encontraba en proceso judicial y por tanto, no era susceptible de efectuar acto traslativo de dominio, durante la tramitación y hasta la conclusión del procedimiento. Finalmente, respecto de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, se aprecia que previa prevención al promovente para que proporcionara la clave única de registro de población y registro federal de contribuyentes de la señora ***** también conocida como ***** y *****; mediante diverso acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintitrés se ordenó girar los oficios solicitados. De lo anteriormente expuesto se aprecia que la autoridad responsable sí emitió pronunciamiento sobre las medidas urgentes para la conservación de bienes, pues para tal efecto, ordenó girar oficio a Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, se aprecia que aunque la responsable expuso que no podía acceder a sus peticiones ya que aún no se le reconocía derecho hereditario alguno, sin embargo, sí tomó medidas para estimar necesaria a fin de asegurar los bienes de la herencia al girar los oficios solicitados por el quejoso Camilo Eduardo Toledo González. Sin embargo, lo fundado de lo expuesto por el quejoso radica en que de las constancias remitidas por la autoridad responsable no se aprecia que haya emitido algún pronunciamiento respecto a lo solicitado por el quejoso consistente en: falta de legitimación para denunciar el Juicio Sucesorio Intestamentario de ******* Alías ****, y la solicitud de acumulación de autos del juicio sucesorio a nombre de *****, radicado bajo el expediente ***/2022 del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial promovido por **** como apoderado de ****. Lo anterior es relevante porque, aún y cuando y la autoridad haya manifestado que dio contestación a las peticiones de la quejosa mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, lo cierto es que de las constancias remitidas no se advierte que se haya formulado pronunciamiento, alguno, pues aunque reseñó en una parte de su escrito remitir a lo acordado en auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, lo cierto es que, del contenido de dicho proveído que aportó la parte quejosa, y sobre el cual manifestó bajo protesta de decir verdad que es copia fiel e inalterada de su original; no se aprecia algún pronunciamiento sobre tales aspectos. Por tanto, aunque la responsable manifieste que sí contestó la totalidad de las peticiones, lo cierto es que no se aprecia contestación alguna, ello a pesar de que tiene la obligación de pronunciarse sobre los aspectos solicitados fundando y motivando su determinación de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, al resultar que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, así como de exhaustividad y congruencia, transgrediendo con ello lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Norma Suprema, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. OCTAVO. Efectos de la concesión En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que la jueza responsable: - Dé contestación, con libertad de jurisdicción, a las solicitudes de uno de diciembre de dos mil veintidós y dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, respecto a la solicitud de falta de legitimación para denunciar el Juicio Sucesorio Intestamentario de ****** alías *****, y la diversa de acumulación de autos del juicio sucesorio a nombre de *****, radicado bajo el expediente ***/2022 del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar, Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial promovido por ****** como apoderado de **************. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra las omisiones de la autoridad responsable, por los motivos indicados en el considerando séptimo de este fallo, para los efectos referidos en el diverso considerando último. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese al expediente el informe justificado rendido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, atendiendo a que la autoridad oficiante, adjuntó a su informe copia certificada del juicio de sucesiones unidas de intestado ******************** de su índice, constante de ochenta y un fojas, fórmese un LEGAJO con dichas constancias. Sin que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido de dicho informe, de conformidad con lo establecido en el citado numeral, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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