Camilo Armas Hernández
Expediente 1559/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 52 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1559/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 16/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Camilo Armas Hernández
- Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
...el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que precede hecha por la Secretaria de este Juzgado y, toda vez la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído de veinticuatro de enero del año en curso, por medio del cual se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General...
- Principal
...el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que precede, se estima necesario precisar lo siguiente: 1. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de septiembre de dos mil quince (fojas 1 a 22 del expediente de amparo) y, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado, Camilo Armas Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como acto reclamado: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada en el toca 199/2015, del índice de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, determinado por el Agente Primero del Ministerio Público Investigador de Acayucan, Veracruz, en la Investigación Ministerial 354/2014. 2. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil quince, se previno al promovente para que, entre otras cosas, precisara el domicilio actual y correcto de los terceros interesados Ricardo Carrillo de la Fuente y/o Ricardo Castillo de la Fuente, Javier Linares Saure, Álvaro González Díaz, Carlos Figarola Acuá, Edmundo Padua Alor, José Mendoza Cazarín, Abel Pacheco Torres, Félix Daniel Padua Fernández, Jesús Olguín García y/o Jesús Olguín Salcedo, Lourdes Baruch Sánchez, María Guadalupe Betanzos Sánchez, Tomás Jiménez Armas, José Maldonado Nolasco, Romero Olguín Velázquez, Luis Alberto González Reyes y César Abraham Gómez Ramírez, para que pudieran ser emplazados a juicio o, en su caso manifestara bajo protesta de decir verdad que lo desconocía; así, mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil quince, se dio cumplimiento a dicha prevención, sin embargo, en auto de ocho de octubre de dos mil quince, la demanda de amparo fue desechada por extemporánea. 3. Inconforme con dicha resolución, por auto de veinte de octubre de dos mil quince, se tuvo a José Eduardo Landa Ceballos, en su carácter de autorizado de la parte quejosa Camilo Armas Hernández, interponiendo recurso de queja contra el desechamiento en cuestión (foja 63); por lo que, en esa misma fecha, mediante oficio 46361/2015, se remitieron el original del escrito de queja, tres anexos y legajo de copias relativas al juicio en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común Adscrita a los Órganos Colegiados en Materia de Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación del medio defensivo hecho valer (foja 64). 4. Posteriormente, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la oficialía de partes de este juzgado el oficio 9919, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, con el que remitió copia certificada del testimonio de la resolución de treinta de diciembre de dos mil quince, dictada la Queja 104/2015 de su índice (fojas 72 a 82), de la que se advierte que la superioridad resolvió: ".ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por Camilo Armas Hernández." 5. En virtud de lo anterior, por auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se dio trámite a la demanda de amparo origen de este asunto, ordenándose el emplazamiento de los terceros interesados (fojas 83 a 86 del expediente de amparo). 6. En diverso acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, este Juzgado Federal ordenó realizar la investigación prevista por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, girando para ello oficio a diversas autoridades oficiales, para que informaran a este órgano jurisdiccional si con motivo de sus funciones tenían registrado algún domicilio del tercero interesado Jesús Olguín García y/o Jesús Olguín Salcedo. 7. En proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a Jesús Olguín García y/o Jesús Olguín Salcedo, por conducto de exhorto librado para tal efecto, sin que se lograra dicho emplazamiento (fojas 374 y 375). 8. En auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, ante la imposibilidad de emplazar a juicio al referido tercero interesado, se ordenó su emplazamiento por edictos, requiriendo a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días contados a partir de aquél al que se le notificara dicho proveído, acreditara lo siguiente: "(...) En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, contado a partir de aquél al en que se le notifique este proveído:- a) Se presente ante este Juzgado a recoger los edictos.- b) Acuda ante los medios de publicación ordenados y realice las gestiones correspondientes para ello; y, c) Acredite a este órgano jurisdiccional que los entregó para su publicación (...)."; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se decretaría el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio; proveído que se notificó a la parte quejosa por lista de acuerdos, el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, previo citatorio que se dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (fojas 538 a 540 del expediente de amparo). Precisado lo anterior, dado que el impetrante del amparo no acudió a recoger los edictos ordenados en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, como se advierte de la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, por tanto, se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto. Para evidenciar lo anterior, conviene reproducir los preceptos de la Ley de Amparo aplicables, que dicen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) III. El tercero interesado (...)." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (. . .) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (. . .) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo (. . .)." "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se comprueba que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." De lo transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo, establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa, en principio acuda a este órgano a recoger los edictos, realice las gestiones correspondientes para su publicación y, en tercer lugar, acredite a este Juzgado que los entregó para tal efecto, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado a juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento a juicio constituye un presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que rigen a todo procedimiento; además, porque las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por no acudir a recoger los edictos para su publicación ante este órgano, lo cual impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, al no ser válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado, sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado Jesús Olguín García y/o Jesús Olguín Salcedo, se contraviene con lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniendo con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Así pues, se advierte que la parte quejosa al no haber acudido a recoger los edictos para su publicación ante este órgano, como se ordenó en auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, a pesar de haber sido notificado oportunamente para ello, como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tanto, es dable sobreseer en el presente juicio de amparo, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve. Congruente con lo hasta aquí expuesto, con fundamento en los artículos 63, fracción ll, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 27, fracción III, inciso b), y 5°, fracción III, inciso d), del propio ordenamiento, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. (...) Lo anterior es así, ya que si bien es cierto este Juzgado debe ponderar que una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y, lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos; también lo es que de las constancias que integran el presente juicio de amparo no se advierte que Camilo Armas Hernández, hubiera manifestado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar la ponderación a que se refiere la jurisprudencia transcrita. Finalmente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las doce horas con diez minutos del treinta de enero de dos mil diecisiete y hágase del conocimiento de las autoridades responsables el presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, y por oficio a las autoridades responsables...
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... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACION, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que precede, se estima necesario precisar lo siguiente: 1. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de septiembre de dos mil quince (fojas 1 a 22 del expediente de amparo) y, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado, Camilo Armas Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como acto reclamado: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada en el toca 199/2015, del índice de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en la cual se confirmó el no ejercicio de la acción penal, determinado por el Agente Primero del Ministerio Público Investigador de Acayucan, Veracruz, en la Investigación Ministerial 354/2014. 2. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil quince, se previno al promovente para que, entre otras cosas, precisara el domicilio actual y correcto de los terceros interesados Ricardo Carrillo de la Fuente y/o Ricardo Castillo de la Fuente, Javier Linares Saure, Álvaro González Díaz, Carlos Figarola Acuá, Edmundo Padua Alor, José Mendoza Cazarín, Abel Pacheco Torres, Félix Daniel Padua Fernández, Jesús Olguín García y/o Jesús Olguín Salcedo, Lourdes Baruch Sánchez, María Guadalupe Betanzos Sánchez, Tomás Jiménez Armas, José Maldonado Nolasco, Romero Olguín Velázquez, Luis Alberto González Reyes y César Abraham Gómez Ramírez, para que pudieran ser emplazados a juicio o, en su caso manifestara bajo protesta de decir verdad que lo desconocía; así, mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil quince, se dio cumplimiento a dicha prevención, sin embargo, en auto de ocho de octubre de dos mil quince, la demanda de amparo fue desechada por extemporánea. 3. Inconforme con dicha resolución, por auto de veinte de octubre de dos mil quince, se tuvo a José Eduardo Landa Ceballos, en su carácter de autorizado de la parte quejosa Camilo Armas Hernández, interponiendo recurso de queja contra el desechamiento en cuestión (foja 63); por lo que, en esa misma fecha, mediante oficio 46361/2015, se remitieron el original del escrito de queja, tres anexos y legajo de copias relativas al juicio en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común Adscrita a los Órganos Colegiados en Materia de Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación del medio defensivo hecho valer (foja 64). 4. Posteriormente, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la oficialía de partes de este juzgado el oficio 9919, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, con el que remitió copia certificada del testimonio de la resolución de treinta de diciembre de dos mil quince, dictada la Queja 104/2015 de su índice (fojas 72 a 82), de la que se advierte que la superioridad resolvió: ".ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por Camilo Armas Hernández." 5. En virtud de lo anterior, por auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se dio trámite a la demanda de amparo origen de este asunto, ordenándose el emplazamiento de los terceros interesados (fojas 83 a 86 del expediente de amparo). 6. En diverso acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, este Juzgado Federal ordenó realizar la investigación prevista por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, girando para ello oficio a diversas autoridades oficiales, para que informaran a este órgano jurisdiccional si con motivo de sus funciones tenían registrado algún domicilio del tercero interesado Jesús Olguín García y/o Jesús Olguín Salcedo. 7. En proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis, se ordenó emplazar a Jesús Olguín García y/o Jesús Olguín Salcedo, por conducto de exhorto librado para tal efecto, sin que se lograra dicho emplazamiento (fojas 374 y 375). 8. En auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, ante la imposibilidad de emplazar a juicio al referido tercero interesado, se ordenó su emplazamiento por edictos, requiriendo a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días contados a partir de aquél al que se le notificara dicho proveído, acreditara lo siguiente: "(...) En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, contado a partir de aquél al en que se le notifique este proveído:- a) Se presente ante este Juzgado a recoger los edictos.- b) Acuda ante los medios de publicación ordenados y realice las gestiones correspondientes para ello; y, c) Acredite a este órgano jurisdiccional que los entregó para su publicación (...)."; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se decretaría el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio; proveído que se notificó a la parte quejosa por lista de acuerdos, el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, previo citatorio que se dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (fojas 538 a 540 del expediente de amparo). Precisado lo anterior, dado que el impetrante del amparo no acudió a recoger los edictos ordenados en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, como se advierte de la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, por tanto, se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto. Para evidenciar lo anterior, conviene reproducir los preceptos de la Ley de Amparo aplicables, que dicen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) III. El tercero interesado (...)." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (. . .) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (. . .) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo (. . .)." "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se comprueba que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." De lo transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo, establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa, en principio acuda a este órgano a recoger los edictos, realice las gestiones correspondientes para su publicación y, en tercer lugar, acredite a este Juzgado que los entregó para tal efecto, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado a juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento a juicio constituye un presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que rigen a todo procedimiento; además, porque las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por no acudir a recoger los edictos para su publicación ante este órgano, lo cual impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, al no ser válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado, sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado Jesús Olguín García y/o Jesús Olguín Salcedo, se contraviene con lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniendo con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Así pues, se advierte que la parte quejosa al no haber acudido a recoger los edictos para su publicación ante este órgano, como se ordenó en auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, a pesar de haber sido notificado oportunamente para ello, como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tanto, es dable sobreseer en el presente juicio de amparo, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve. Congruente con lo hasta aquí expuesto, con fundamento en los artículos 63, fracción ll, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 27, fracción III, inciso b), y 5°, fracción III, inciso d), del propio ordenamiento, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 27/2015 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 120/2015, consultable en la página 27, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2009915, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN.- Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable por su contenido, la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que este Juzgado de Distrito inadvierta el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J.108/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Lo anterior es así, ya que si bien es cierto este Juzgado debe ponderar que una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y, lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos; también lo es que de las constancias que integran el presente juicio de amparo no se advierte que Camilo Armas Hernández, hubiera manifestado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar la ponderación a que se refiere la jurisprudencia transcrita. Finalmente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las doce horas con diez minutos del treinta de enero de dos mil diecisiete y hágase del conocimiento de las autoridades responsables el presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Fabiola Bandala Baéz, secretaria quien autoriza y da fe
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..... el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, del que se advierte que por auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del proveído de referencia, se presentara en este juzgado federal a recoger los edictos para efectos de su publicación y así poder emplazar a juicio al tercero interesado Jesús Olguín García y/o Jesús Olguín Salcedo, término que a la fecha se encuentra transcurriendo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se encuentra debidamente integrado, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que, se difiere y como nueva fecha se señalan las doce horas con diez minutos del treinta de enero de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo.
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