Camila Pech Nahuil

Expediente 2195/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2195/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Camila Pech Nahuil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 3-B. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de dieciocho de marzo del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho proveído; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el capítulo décimo del mencionado Acuerdo General. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral.

  2. Principal

    MESA 3-B. Visto la certificación que antecede, se advierte que en sesión ordinaria celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción del Juez Carlos Alberto Elorza Amores, como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, a partir del dieciséis de marzo del año en curso; notificado por oficio SEADS/151/2021, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de un año a que alude el párrafo quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, sin que nadie se apersonara en representación legal de la directa agraviado XXXX; por tanto, se demuestra un abierto desinterés de su parte en proseguir con el juicio de amparo en que se actúa, lo que no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la directa quejosa. Consecuentemente, se levanta la suspensión del procedimiento en el presente juicio, decretada en auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; y con fundamento en el párrafo quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesta la demanda, promovida por XXXX, por lo que se dejan sin efecto las providencias decretadas en este expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se citan como apoyo de lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVIII, página 1031, Quinta Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, RATIFICACIÓN DE LA, ENCONTRÁNDOSE DETENIDO EL AGRAVIADO. Si se interpuso demanda de amparo en favor de una persona que se encuentra detenida en una cárcel pública, y el Juez de Distrito ordena la ratifique por conducto del Juez local del lugar de la detención, y este funcionario informa no haber encontrado al citado agraviado en la cárcel, si el inferior tiene por no interpuesta la demanda de garantías, debe revocarse tal determinación, a fin de que proceda con arreglo a derecho, ya que el artículo 17 de la Ley de Amparo establece: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad o mujer casada. En este caso, el Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y habido que sea, ordenará se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado.", y aunque el Juez de Distrito haya dirigido al Juez local requisitoria para obtener la ratificación de la demanda, por el directamente agraviado, si no aparece de autos que el mismo Juez Federal hubiese dictado, conforme al precepto transcrito, todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de dicho agraviado, o para encontrarlo; y, por otra parte, éste, en su escrito de revisión ratifica la demanda promovida en su favor, y manifiesta que el agente subalterno del Ministerio Público lo ha estado deteniendo y le impide todo medio de comunicación, debe revocarse el auto que tuvo por no interpuesta la demanda, y ordenar que se admita y tramite." Así como la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, página 943, instancia Tribunales Colegiados, Octava Época, que establece: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SOLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, la demanda debe ser presentada por quien no sea el quejoso cuando se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; en ese orden de ideas, fuera de esos casos, el ordenamiento legal aludido no permite ordenar la ratificación de la demanda presentada por persona distinta del quejoso". Igualmente, resulta ilustrativa la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, página 2204, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Cuando la demanda de amparo se presenta por un tercero, debe ser ratificada por el quejoso, salvo el caso de secuestro, en que se procederá como lo manda el artículo 49 de la ley reglamentaria". Y la tesis con registro 313467, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXVII, página 22, Materia Penal, Quinta Época, cuyo rubro y texto textualmente dicen: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. El juicio de garantías puede ser promovido por la persona a quien perjudique el acto reclamado, ya por sí misma, ya por medio de apoderado o de representante legítimo, o ya por su defensor, si se trata de una causa criminal; y también puede iniciarlo cualquier otra persona, aunque no reúna alguno de los requisitos antes dichos, en los casos expresamente permitidos por la ley, entre los que figuran, el amparo promovido contra la pena de muerte o contra ataques a la libertad individual. El espíritu de la ley al permitir que pueda ser promovido el amparo por el defensor, por personas allegadas al inculpado, o por un extraño, en los casos en que la libertad individual o la vida se hallen en peligro, no es otro que realizar la voluntad del legislador, tendente de salvaguardar las garantías individuales; pero exige la comparecencia de la persona en cuyo favor se pide el amparo ya que, de esa manera y mediante la ratificación, puede esclarecerse, si efectivamente han sido violadas las garantías individuales, o si, se trata de un subterfugio para impedir el esclarecimiento de los actos delictuosos o la aplicación de las penas. Por lo mismo, interpretando a contrario sensu el artículo 9o. de la ley reglamentaria del amparo, se llega a la conclusión de que debe ser suspendido el procedimiento durante un año, antes de dictar el sobreseimiento, sólo en aquellos casos en que, por haber sido secuestrado el reclamante, sea imposible su comparecencia; pero si quien reclama la violación de las garantías individuales, no comparece ante la presencia judicial, para eludir la acción de la justicia, ni ratifica la demanda, procede el sobreseimiento en el juicio, sin que sea necesario fundar esa determinación, en la parte final del artículo 668 del Código Federal de Procedimientos Civiles".

  3. Principal

    mesa 3-B.- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Se ordena agregar a los autos sin realizar mayor pronunciamiento los informes de las autoridades Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, con sede en Esta Ciudad, y Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, toda vez que por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 31), se suspendió el procedimiento del presente asunto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA 3-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Mexico, con residencia en Naucalpan de Juárez; mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado el diez de octubre de dos mil diecinueve (foja 19), informa que no cuenta con domicilio actual de la quejosa Camila Pech Nahuil. Ahora bien, visto el estado de los autos, se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial adscrita para notificar a la directa agraviada. En razón de lo narrado en párrafos precedentes, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo párrafo cuarto y quinto, se ordena suspender el procedimiento del presente asunto, promovido por Camila Pech Nahuil, por el término de un año, transcurrido dicho término téngase por no presentada la demanda. Hágase lo anterior, del conocimiento al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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