Camila Cortes Montes

Expediente 82/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
82/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
10/06/2015

Partes del expediente

  • Camila Cortes Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual, el Juez Quinto Civil de Toluca con Residencia en Metepec, Estado de México; mediante el cual rinden su informe justificado y remite copias certificadas del expediente 472/2009 en dos tomos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido íntegro de la misiva de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la ley de la materia, se tienen por admitidas dada su propia naturaleza las pruebas que adjunta la responsable, para dar cuenta con las mismas en la audiencia constitucional. Dado su volumen de las constancias, fórmense legajo de pruebas correspondientes previa certificación que conste en autos, los cuales deberán estar debidamente identificados.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido el auto por el que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento el diverso 81, fracción I, inciso d), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Toluca, Estado de México, por medio del cual cumple el requerimiento realizado el cuatro de los constantes. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la autoridad responsable ya ha pronunciado respecto a la reserva de pruebas dentro del juicio de origen se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] A fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno referir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Vid. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Octubre de 1996, páginas 31 a la 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Vid. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Ahora, del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho constitucional violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha referido que del análisis de la legislación de amparo, se deriva que, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta otorgada a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. A lo anterior sirve de sustento la jurisprudencia emitida por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Enero de 2009, que refiere en su rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consiste en: La omisión de dictar la reserva para el desahogo de pruebas dentro del expediente **. En efecto, en el caso ha sobrevenido una cesación ante la determinación que la responsable emitió el veintitrés de febrero del año en curso, el auto por el cual levantó la reserva de pruebas dentro del juicio laboral **, adjuntando copia certificada de dicha actuación, y la notificación practicada a las partes de dicha determinación; actuaciones que fueron practicadas con posterioridad a la interposición del juicio de amparo en que se actúa. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, como en éste caso fue la violación al artículo 8° Constitucional. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es del contenido siguiente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SOLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (S. J. F., Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; página 2456). Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para el verificativo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, por medio del cual remite copia certificada del auto de veintitrés de febrero del año en curso, por medio del cual se pronunció respecto de la reserva de las pruebas dentro del expediente ** de su índice. Ahora, de las constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte que ordenó la notificación personal a las partes de la determinación antes citada, sin que remitiera a su misiva de cuenta, las constancias de notificación respectivas; por tanto requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del término de tres días las remita a este juzgado, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en autos.

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