Camerino Morales Valdovinos
Expediente 1762/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 37 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1762/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 22/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Camerino Morales Valdovinos
- agente del MInisterio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Del estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, mismo que transcurrió sin que hiciera manifestación alguna; por lo que, se procede a resolver lo conducente al cumplimiento de la misma. El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en este expediente, sobreseyendo por un lado y concediendo por otro el amparo y protección de la Justicia Federal, misma que fue confirmada por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 250/2018, para los efectos siguientes: Que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación deje insubsistente, únicamente en lo que respecta al quejoso, los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/39437/2014 y SEGOB/CNS/OADPRS/40048/2014, de cuatro de septiembre de dos mil catorce, así como SEGOB/CNS/OADPRS/40305/2015 y SEGOB/CNS/OADPRS/40306/2015, de veinte de noviembre de dos mil quince, que materializaron las ordenes de traslado del quejoso del Complejo Penitenciario Islas Marías al Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, y de este al diverso Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Se tomen las medidas necesarias para que el quejoso sea regresado al lugar donde se encontraba recluido previamente a la emisión de las órdenes de traslado, esto es, al Complejo Penitenciario Islas Marías. Finalmente, si el Comisionado responsable insiste en ordenar el traslado del quejoso deberá acudir ante el juez que conoció del proceso penal por el que fue sentenciado para que esa autoridad judicial autorice la orden de traslado, en los términos que señala la jurisprudencia. Es por ello que de conformidad con lo establecido en el numeral 192 de la Ley de Amparo, el quince de junio de dos mil dieciocho, se procedió a requerir su cumplimiento. Con la finalidad de dar cumplimiento al fallo protector, este órgano jurisdiccional el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, tuvo a la Subdirectora de Área en ausencia del Director de Área Adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y este a su vez en ausencia del titular de dicha unidad quien firmó en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, remitiendo a este juzgado copia certificada de dos oficios donde se autorizó el egreso del aquí quejoso Camerino Morales Valdovinos, del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-OAXACA", Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para ser ingresado al Complejo Penitenciario Islas Marías; así también, informó que la autoridad encargada para materializar el traslado se encontraba realizando el estudio y logística correspondiente para el traslado del referido quejoso, por cuestiones de seguridad y así cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que solicitó se le concediera un plazo prudente para dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que, este juzgado le concedió a dicha autoridad una prórroga de diez días más para continuar con las gestiones al cumplimiento del amparo. Posteriormente en proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional tuvo al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México, informando la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en autos, toda vez que no estaba en condiciones de reingresar al aquí quejoso Camerino Morales Valdovinos al Complejo Penitenciario Islas Marías, porque el Presidente de la República en su conferencia de prensa matutina de dieciocho de febrero del año en curso, informó que el complejo penitenciario dejaría de ser "prisión" y por ello, refirió que no era posible ingresar a más personas a ese centro, pues la población que existía seria trasladada a diversos penales del País, lo que se tuvo por acreditado por la responsable hasta el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, con el acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y se ordenó dar vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera. En atención a la vista ordenada, el once de abril de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa solicitando que se remitieran las constancias del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Tercer Circuito, para que resolviera la alegada imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, considerando que es derecho humano del quejoso purgar pena en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio; a lo que este órgano jurisdiccional decidió no remitir los autos al tribunal de alzada, toda vez que ante la imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo, primeramente se ordenó dictar la resolución relativa a si existía imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional emitió el pronunciamiento en relación a la imposibilidad de cumplimiento a la ejecutoria de amparo manifestada por la autoridad responsable y declaró la imposibilidad jurídica para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y ordenó que en su momento se remitieran los autos del amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en turno, para que se pronunciara sobre esa imposibilidad jurídica en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo de referencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, devolviendo los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y remitiendo testimonio de la ejecutoria dictada el veintiséis de junio de dos mil veinte, relativo al incidente de inejecución de sentencia iniciado en relación con la emitida en dicho juicio; así también, requirió a este juzgador para que en el plazo de tres días cumpliera con la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad este juzgador ordenó la reposición del procedimiento en este juicio de amparo a partir del treinta de agosto de dos mil diecinueve, dejando sin efecto dicho auto, y procedió a requerir al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, para que cumpliera con la ejecutoria dictada por el Tribunal de alzada. En acató a lo anterior, la Directora de Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la ciudad de México, envió a este juzgado diversas constancias donde se advirtió dejó insubsistente el acto reclamado, y acreditó que el aquí quejoso Camerino Morales Valdovinos, egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS Michoacán", al haber compurgado la pena que le fue impuesta, encontrándose actualmente en libertad; Al tenerse por acreditado que el quejoso Camerino Morales Valdovinos, egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS Michoacán", al haber compurgado la pena que le fue impuesta, encontrándose actualmente en libertad, se considera que ha quedado sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Entonces, la anterior circunstancia hace evidente la existencia de la imposibilidad por parte de las autoridades para cumplir con el fallo protector en este juicio de amparo, precisamente porque el quejoso obtuvo su libertad personal en virtud de haber compurgado la pena que le fue impuesta y por ello, egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS Michoacán", encontrándose actualmente en libertad. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos, los testimonios del Tribunal de alzada y este proveído. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-----SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJO
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, informa a este órgano jurisdiccional que se encuentra realizando las gestiones necesarias a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita se le conceda un plazo prudente para dar total cumplimiento a la misma; en consecuencia, se provee: Dígase a la autoridad responsable que este órgano jurisdiccional le concede un plazo de diez días más para cumplir en su totalidad con la sentencia dictada en este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mesa de Amparo VI-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informando a este Juzgado que aceptó la competencia declinada por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este propio circuito; que se avocó al conocimiento y admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia por falta de cumplimiento de las autoridades responsables a la ejecutoria dictada en autos del juicio de amparo 1762/2016. NOTIFÍQUESE.
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