Camelia Téllez Sereno
Expediente 491/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Camelia Téllez Sereno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. NO DESAHOGO DE PREVENCIÓN Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado al promovente para desahogar la prevención formulada en auto de uno de junio del año en curso; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se le tiene presentando la demanda únicamente por su propio derecho. ACTO RECLAMADO De la lectura del escrito constitucional se desprende que los actos reclamados en el presente juicio son: a) La interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 1142/2015, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como el auto aclaratorio de dicha determinación de once de mayo siguiente. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. En la especie, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario. Conforme a los preceptos invocados, el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo, así como las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa. En el caso, de acuerdo a la narrativa expresada en la demanda se advierte que los actos que se combaten fueron emitidos en la etapa de ejecución de sentencia y que la ahora quejosa es parte demanda en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Asimismo, se aprecia que en auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el juez responsable en atención a la solicitud formulada por la parte actora ordenó girar oficio al Director de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio de la Ciudad de México, a efecto de prorrogar la inscripción de embargo realizada en dicho sumario. Inconforme con esa determinación la aquí quejosa interpuso revocación, medio de impugnación que fue resuelto en interlocutoria de diez de mayo de la presente anualidad, por la que se resolvió modificar el proveído impugnado a fin de que previo a acordar lo relativo al envío del oficio dirigido al Director de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio de la Ciudad de México, se notificara personalmente a la demandada la cesión de derechos litigiosos realizada por Jazmin ... a Irving ... Luego, en auto de once de mayo del año en curso, el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, aclara la resolución interlocutoria en comento, refiriendo esencialmente que de autos advierte la existencia de una cesión de derechos litigiosos de Ángel Aguirre Huerta a Irving Alejandro Galicia Arteaga, precisando que si bien no se había notificado personalmente esa situación a la demandada, mediante diversa interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintiuno, ésta se hizo conocedora de dicha cesión, al desahogar la vista del incidente que motivo la resolución, convalidando su notificación, por lo que no estimó necesario reservar la emisión del oficio a la autoridad registral citada en párrafos precedentes. Es así que, es posible concluir que lo combatido en esta instancia constitucional tiende a evitar que se continúe el procedimiento de ejecución hasta en tanto se notifique personalmente a la aquí quejosa del cambio de acreedor con motivo de la cesión de derechos litigiosos a favor de Irving Alejandro Galicia Arteaga, por lo cual los actos reclamados no pueden considerarse como una resolución que ponga fin a la etapa de ejecución, puesto que no se aprueba de manera expresa o tácita su cumplimiento total, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, no existe la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, ni el acto reclamado consistente en una resolución que desestime excepciones sustanciales o perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, por lo cual no se adecúa a la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Por el contrario, se trata de actos intermedios dictados en dicho procedimiento de ejecución, por los que se ordena seguir realizando actos tendientes a obtener el cumplimiento del fallo definitivo dictado en el juicio de origen. Además, se reitera que la impetrante es parte demandada en el procedimiento de origen; de ahí que para la procedencia de la vía constitucional, los actos reclamados tendrían que ubicarse dentro de alguno de los supuestos que para tal efecto señala la ley y especificamente vulnerar derechos sustantivos ajenos a una sentencia firme; ello obedece al interés de la sociedad en que se ejecute un fallo que es cosa juzgada, por lo que las actuaciones intermedias de cualquier procedimiento de ejecución deben ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución de dicho procedimiento; en el entendido de que la promovente no se ostenta como tercera extraña a la controversia de origen, ni señala como acto reclamado el emplazamiento en dicho juicio, por el contrario refiere que fue demandada y no obtuvo una sentencia favorable. En la inteligencia que lo anterior no pasa por alto la última parte del segundo párrafo de la fracción IV del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que para la procedencia del juicio biinstancial se requiere que las violaciones cometidas en la etapa de ejecución de sentencia que hubieren dejado sin defensa al quejoso, deban trascender al resultado de la resolución; pues se estima que la aprobación de la cesión de derechos litigiosos en ese momento procesal actualiza dicha hipótesis, en la medida en que la resolución que tenga por cumplido lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para ello, recaería con relación al cesionario y no al ejecutante primigenio, sin embargo, por ese motivo, no se desnaturaliza el carácter adjetivo del reconocimiento de la cesión, que a su vez, puede trascender al resultado de la última resolución. Estimar lo contrario, es decir, asumir que el reconocimiento de la cesión de derechos litigiosos es un acto de imposible reparación, negaría el hecho de que ese reconocimiento tiene por objeto que el cesionario actué en el procedimiento, específicamente en la etapa de ejecución de sentencia, a fin de obtener lo sentenciado; que los actos que debe realizar el ejecutado para cumplir con la condena, no son de naturaleza procesal y no se relacionan con la cosa juzgada; que aquél no pueda cumplir con su obligación, cuando en realidad, el cambio de acreedor no le impide acudir ante la autoridad judicial para hacerlo; y que se afecta directamente un derecho sustantivo de forma actual, sin que pueda precisarse de qué derecho se trata. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C. J/65 K (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016357, que establece: CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme a los artículos 2029 y 2030, tanto del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, como del Código Civil Federal, la cesión de derechos litigiosos comprende la transmisión de los derechos de la relación materia de la controversia y, en consecuencia, de la posición procesal del cedente, lo cual puede acontecer, incluso, una vez concluido el juicio, pues no existe disposición legal que lo limite. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. Por tanto, dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). En todo caso, si al impugnarse la resolución referida a través del juicio de amparo conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia sería declarar su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia, pero ahora en favor del cedente. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se provee.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por Camelia ... y Jesús ..., mediante el cual solicitan prorroga de cinco días para estar en posibilidad de desahogar la prevención formulada en proveído de uno de junio de la presente anualidad. Al respecto, dígaseles que no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición, toda vez que la Ley de Amparo no prevé la prórroga que solicitan, por lo que deberán estarse a lo acordado en proveído de quince de junio de dos mil veintiuno. Es aplicable la tesis II.2o.C.370 C, del Segundo Tribunal Colegiado Civil del Segundo Circuito, visible a página mil cuatrocientos veintinueve, Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "PREVENCIÓN PARA ACLARAR DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO DE TRES DÍAS PARA QUE SE ACATE SUBSISTE Y NO SE PRORROGA CUANDO RESULTE INCOMPLETO SU CUMPLIMIENTO. La circunstancia relativa a que los Jueces de Distrito provean, tratándose de una prevención decretada previa a la admisión de la demanda de garantías, que "el término concedido sigue subsistente", de ningún modo implica la ampliación del plazo original, ya que sólo existe un término que es el inicial y no otro complementario. De esta forma, sostener un punto de vista adverso técnicamente es insostenible, ya que el parcial cumplimiento de lo ordenado por no satisfacer plenamente lo solicitado, obliga al requerido a sujetarse a la prevención o aclaración mandada sólo dentro del plazo de tres días en principio concedido, pues nunca se le concedió a posteriori uno nuevo o mayor al efecto." Criterio que resulta aplicable en términos del sexto transitorio de la normatividad de la materia, aun cuando fuera integrada conforme a la legislación abrogada, en tanto que no se opone a la presente ley.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por Camelia ... y Jesús ..., mediante el cual pretenden dar cumplimiento a la prevención formulada por auto de uno de junio de dos mil veintiuno; visto su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la primera de las mencionadas no ha exhibido documento idóneo con el que acredite la representación común a favor del segundo de los citados, la cual refirió le fue otorgada en el juicio del que emanan los actos reclamados. Por tanto, de conformidad con los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los promoventes para que desahoguen las prevenciones que se les hicieron en el auto en comento. Asimismo, deberán exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, de conformidad con los artículos 110 y 114 de la Ley de Amparo. Lo que deberá realizar en el término y bajo el apercibimiento decretado el uno de junio del año en curso; por lo que, cuenta con un día a partir de la legal notificación del presente proveído, para desahogar dicha prevención, considerando que han transcurrido cuatro días del plazo otorgado en el auto señalado, al haber presentado su escrito el catorce de junio del año en curso y haber quedado notificado del segundo auto aclaratorio el diez de junio de este año. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 39/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, libro VIII, Mayo 2012, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de la parte quejosa, por el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de uno de junio del año en curso. No obstante, se estima que no lo hace como le fue indicado; esto es, no exhibió las constancias necesarias que permitan establecer de manera fehaciente que Camelia Téllez Sereno, tiene acredita la representatividad legal para promover el juicio de amparo en nombre de los codemandados del juicio del que emanan los actos que combate, puesto que, exhibe copia simple del acuerdo de once de febrero de dos mil dieciséis, dictado por la autoridad responsable, la cual por tratarse de una simple imagen carece de valor probatorio por la facilidad que tendría su confección. Ello deriva de que la copia fotostática es una simple reproducción de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. En ese tenor, resulta menester precisar que el precepto 11 de la Ley de Amparo dispone que cuando quien comparezca en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre y cuando lo acredite con las constancias respectivas, en la inteligencia que los documentos deberá exhibirlos en original o copia certificada, junto con las copias necesarias para correr traslado con ellos a las partes. Por tanto, de conformidad con los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que desahogue las prevenciones que se le hicieron en el auto en comento. Asimismo, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, de conformidad con los artículos 110 y 114 de la Ley de Amparo. Lo que deberá realizar en el término y bajo el apercibimiento decretado el uno de junio del año en curso; por lo que, cuenta con dos días a partir de la legal notificación del presente proveído, para desahogar dicha prevención, considerando que han transcurrido tres días del plazo otorgado en el auto señalado, al haber presentado su escrito el ocho de junio del año en curso y haber quedado notificado del auto de aclaratorio el dos de junio de este año. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 39/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, libro VIII, Mayo 2012, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."
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